19 de mayo de 2013

TUTELA; 1er JL de San Antonio, 28/06/2012; acoge acción de tutela laboral por vulneración de garantías constitucionales con ocasión del despido indirecto de la actora; la acción de tutela laboral, fundada en la vulneración de garantías fundamentales con ocasión del despido indirecto, en virtud del cual puso término al contrato de trabajo que lo unía con la demandada, resulta procedente pues, la circunstancia que en el art. 489 CT se mencione como requisito de tal acción que se haya producido un “despido”, esta referencia no debe ser interpretada en forma restrictiva al acto unilateral ejercido por el empleador en que pone término al contrato de trabajo de un trabajador en particular, ya que esta referencia a la palabra “despido”, debe ser entendida en términos amplios, en el sentido de que también comprende la “acción de despido indirecto”, el que puede ser definido como un tipo de despido, establecido por el legislador, para el caso en que un trabajador se ve obligado a poner término a su contrato de trabajo, en virtud de incumplimientos de parte de su empleador a obligaciones que resultan ser esenciales en toda relación laboral, debiendo tenerse presente, que se trata de la fuente laboral del trabajador, de la cual obtiene los recursos para su mantención y, eventualmente de su familia, por lo que tales incumplimientos son de tal entidad que resulta atendible la necesidad de terminar la relación laboral; RIT T-1-2012

San Antonio, veintiocho de junio de dos mil doce. VISTO, OÍDO LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que ante este Primer Juzgado de Letras de San Antonio, comparece doña ........................................, Secretaria, domiciliada en calle ………………….., comuna de San Antonio, quien interpone demanda de tutela laboral por violación de derechos fundamentales y de despido indirecto, en contra de SOCIEDAD ESPECIALIZADOS BROWN S.A, del giro transportes, representada, en conformidad al artículo 4º del Código del Trabajo por don SERGIO SABAS BROWN SARRALDE, desconoce profesión u oficio, ambos domiciliados en calle Centenario Nº 193, oficina 44, Edificio Huallipén, comuna de San Antonio, a fin que se declare que su empleador ha incurrido en conductas que implican vulneración de sus derechos fundamentales, amparados en el artículo 485 del Código del Trabajo, específicamente, aquellos contenidos en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Asimismo, se declare que la conducta del demandado se enmarca en las hipótesis del artículo 171 del Código del Trabajo y en consecuencia se encuentra habilitada para poner término al contrato de trabajo que mantenía con la sociedad demandada, disponiendo el pago de las prestaciones que se señala en su demanda. Señala que ingresó a prestar servicios a la empresa demandada el 15 de marzo de 2003, la que en aquella época se denominaba “Químicos Brown Ltda.”, para posteriormente pasar a ser “Especializados Brown S.A.”, desempeñándose como Secretaria Administrativa (Jefa de Flota), en la oficina de la empresa ubicada en Centenario Nº 193, Oficina 44, “Edificio Huallipen”, comuna de San Antonio, hasta el 17 de enero de 2012; que la jornada de trabajo se distribuía de lunes a viernes, desde las 09:00 a 13:00 y tarde de 15:00 a 18:00 horas, que en cuanto a la remuneración, esta se pactó de carácter mixta, por una parte un sueldo fijo de $220.000, más gratificación mensual de $57.000.- y una parte variable equivalente al 1% de las ventas netas del mes, el que se reflejaba en las liquidaciones como “bono de producción”, sin que durante todo el tiempo trabajado se le pagara la denominada semana corrida respecto del este último ítem, como tampoco se le otorgaron las vacaciones por el mismo tiempo trabajado. Indica que dada esa anomalía y en la medida que pasaba el tiempo y no se le otorgaban esas contraprestaciones legales y que además su superior directo y representante de la empresa, don Sergio Brown Sarralde le informa que la empresa pretende modificar su razón social nuevamente, por “TANK STORAGE E.I.R.L.”, lo que implicaba que tendría que finiquitar su contrato y recontratarla a través de esa nueva empresa, le exigió que previo a firmar el nuevo contrato debía otorgarle y/o pagarle las vacaciones pendientes, como asimismo cancelarle la semana corrida de todo el período trabajado. Esta exigencia de su parte, produjo inmediatamente reacciones adversas en su trato laboral, padeciendo de ese momento malos tratos de su parte. Señala que es del caso que con fecha 14 de diciembre de 2011, mientras ejercía sus labores le informa que a partir de esa fecha y por tiempo indefinido, la relación laboral quedaba suspendida, negándole en consecuencia el acceso a la empresa y por ende a toda la documentación que con razón de su cargo manejaba, señalándole que dicha suspensión se realizaría en términos tales que no debía presentarme a sus labores ni concurrir a las dependencias de la empresa, entregándole una carta en que se manifestaba además que la suspensión que le aplicaba era con goce de sueldo, incluyendo todos los beneficios y condiciones contractuales vigentes y que lo anterior tenía como fundamento, eventuales anomalías administrativas y financieras de la empresa. Que ante dicha situación y dado que esta institución no se encuentra consagrada en el Código del Trabajo y a objeto de no ser acusada posteriormente de abandono de sus labores, acudió ante la Inspección Provincial del Trabajo de San Antonio, en donde dedujo el reclamo respectivo, cuyo informe de fiscalización emitido con fecha 06 de enero de 2012 constata la veracidad de la denuncia, cursando a su empleador una multa administrativa fundado en “No otorgar trabajo y/o suspender labores, ello conforme al artículo 7º y 506º del Código del Trabajo”, y su juicio aquello también configura una vulneración a las causales de término del contrato establecida en el Nº 1 y 7 del artículo 160 del cuerpo legal. Indica que con posterioridad a la suspensión de sus labores mencionadas, se enteró que su empleador acudió ante el Ministerio Público de San Antonio, en donde dedujo una denuncia en su contra, acusándola de un presunto delito de hurto de dinero en su contra, en la cual sostiene que haciendo abuso de su cargo, habría obtenido, sin su autorización, transferencias de dinero desde la cuenta corriente que la empresa posee en Banco Estado a la de ella, mediante el uso de la clave secreta, apropiándose de ese modo de diversas sumas de dinero; que aquello resulta absolutamente absurdo, básicamente por cuanto las empresas utilizan para dichas operaciones un aparato electrónico denominado Pin Pass que es el nuevo nombre para la clave secreta de las cuentas bancarias, la cual resulta ser obligatoria para efectuar cualquier tipo de transacciones que digan relación con cargos a dichas cuentas, tanto en los comercios adheridos, como para realizar avances de dinero en efectivo en cajeros Redbanc y/o transferencias electrónicas, y que el instrumento mencionado jamás le fue entregado por su empleador, de modo que resulta imposible que hubiere estado en capacidad de ejecutar aquellos actos. Señala que si bien en varias oportunidades debía transferir fondos de la empresa, ello siempre se realizó por instrucciones directas de don Sergio Brown Sarralde, quien lo llamaba por teléfono, le indicaba el monto que debía transferir y el destino de aquellos dineros, los que habitualmente se utilizaban para pagar remuneraciones, proveer viáticos a los conductores que manejaban los camiones de la empresa, sin perjuicio de ello, también se pagaban gastos personales de su ex empleador; que para esos efectos y una vez que le indicaba el monto a transferir, doña ……………………– esposa y socia de la empresa o en su defecto doña …………………………… – Contadora, que eran quienes manejaban el Pin Pass, se comunicaban con él y le entregaban la clave, la primera habitualmente y la segunda cuando viajaban o estaban de vacaciones los primeros; que nunca jamás quedó en su poder el mencionado aparato y una vez que realizada la transacción, inmediatamente la clave muda, de tal suerte que aquella no puede utilizarse otra vez. Consigna que mientras trabajó para su ex empleador, siempre existieron roces que nunca pasaron a mayores, por cuanto don Sergio Brown debido a los problemas financieros de la empresa, le exigía ocultar a sus socios la forma en que se utilizaba el dinero que obtenía la empresa a través del ejercicio de su giro, básicamente aquellos que utilizaba en sus gastos personales, de tal suerte que cuando se le consultaba del estado de los negocios, se le obligaba a decirles que el trabajo estaba malo y que no se recibía dinero suficiente para mantener la empresa en funcionamiento, negándoles de este modo la existencia de utilidades, cuestión que lógicamente resulta improcedente, por cuanto su contrato de secretaria, no implica de modo alguno participar de sus mentiras y cada vez que le representé su malestar, él sencillamente le decía que ella no era parte de la empresa y por ende, no debía meterse en eso y que si no le gustaba sencillamente debía renunciar, reiterándole todas esa veces la prohibición absoluta de divulgar la situación real a los demás socios, bajo apercibimiento de perder su empleo, obligándola a mentir cuando aquellos le consultaban alguna materia de ese tenor. Que de lo anterior se extrae que en realidad la conducta de su empleador, en orden a presentarse la acusación a que ha hecho mención y la suspensión de sus funciones, con abierta infracción a los derechos fundamentales contenidos en el inciso primero del Nº 1º y 4º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, no es más que un artificio destinado, en primer lugar a impedir que en razón de su cargo continuara conociendo de las maniobras que realizaba para evitar que los socios conocieran el verdadero estado de los negocios que realizaba la empresa, a quienes les informaba que el giro de transportes estaba tan bajo, que la empresa no obtenía utilidades y por otra parte obtener que renunciara a la relación laboral, perdiendo con ello todos los derechos que el Código Laboral confiere a los trabajadores que son despedidos. Señala que por último, con fecha 17 de enero de 2012 se le envía una carta por parte de la empresa en que don Sergio Brown Sarralde, en representación de Especializados Brown S.A., le informa el término de la suspensión y le convoca a cumplir funciones, citándome para el 19 de enero del mismo mes a las 09:00 horas, y a este respecto expresa que no acudió, por cuanto con lo acontecido, vale decir, el hecho de haber sido suspendida de sus labores, a lo que se agrega una denuncia ante la Fiscalía Local de San Antonio absolutamente carente de veracidad y fundamento por hurto, sin duda provocan a un trabajador que lleva 8 años y 10 meses trabajando para el mismo empleador, un enorme stress laboral, una profunda angustia e inseguridad y vergüenza que indudablemente provocan el quiebre de la relación laboral de tal magnitud que resulta inconciliable con una reanudación de la misma, a mera exigencia del empleador, por ello con fecha 19 de enero de 2012 envió a su ex empleador una carta certificada comunicándole el término de su contrato de trabajo por falta de probidad e incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato, la primera debido a la falta de honradez en su obrar al tratar de inculparla de hurto a sus socios y así justificar un faltante que él ha utilizado en sus gastos propios y la segunda, por no otorgarle efectivamente el trabajo convenido, mediante el expediente de suspender unilateralmente la relación laboral, sin perjuicio de no otorgarle las contraprestaciones legales a que tiene derecho, tal es el pago íntegro de sus remuneraciones y sus vacaciones legales por todo el tiempo que prestó sus servicios. Agrega que don Sergio Brown Sarralde, le ordena no divulgar a los socios el movimiento real, bancario y negocios que realizaba la nueva empresa, en especial los dineros que se obtenían por las contrataciones de transportes que efectuaba la empresa con terceros, todo ello bajo apercibimiento de su despido inmediato. Ante la condición impuesta por su persona y su negativa para el evento de no cumplirse aquella, su empleador, como un medio de presión a fin de obtener su renuncia, suspende unilateralmente la relación laboral, impidiendo su acceso a la empresa a objeto de prestar efectivamente sus labores y denunciarla a la Fiscalía local de San Antonio por el delito de hurto, causa que rola con el R.U.C. 11/1333907-6 cuya investigación a la fecha se encuentra pendiente. Que el modo en que el empleador ha vulnerado sus derechos fundamentales del Nº 1 y 4 de la Constitución política del Estado, que autorizan a ejercer la acción de tutela laboral y de conformidad con el artículo 485 del Código del Trabajo, el empleador resulta especialmente obligado a respetar la salud física y psíquica de sus dependientes, garantía consagrada en el artículo 19 Nº 1 inciso 1º y el Respeto a la honra, de la persona y su familia, del Nº 4º de la Constitución Política de la República, estableciendo el legislador, la presente acción de tutela laboral para el evento que estos derechos hayan sido conculcados en el ejercicio de la relación laboral. Indica que con el mérito de la relación de hechos expresados en el acápite I de su presentación, se advierte sin duda que la conducta de su ex empleador ha traspasado ampliamente la esfera de protección con que le ampara la Carta Fundamental, por cuanto, por una parte su empleador al suspenderla de sus labores a objeto de presionarla para que renuncie a su contrato y acusarla de un delito que resulta imposible que en su calidad de secretaria pueda concretarlo, es francamente grave, afectando con ello, por una parte su estabilidad en el empleo y por ende un daño a su salud física y psicológica, sin perjuicio que también se afecta en su honra personal. Cualquier persona honrada que de un momento a otro, sin haber realizado actos que justifiquen medidas en su contra no queda indemne ante irregularidades como las realizadas por el empleador. Agrega que hasta la fecha se encuentra en un estado depresivo, intenta vanamente justificar la actitud de su jefe directo, con quien trabajó casi 9 años de quien estimaba yo era una persona de confianza y nunca faltó a ella, quien a objeto de presionarla para que renunciara y no pagar los derechos laborales que el Código del Trabajo le otorga, no trepida en privarla de su derecho a ejercer efectivamente las labores que ejerció durante todos esos años y además, la utiliza como “chivo expiatorio” acusándola de un delito que sabe que no es efectivo, para justificarse de dinero faltante de la empresa que gastó en sus necesidades personales, afectando con ello a la honra de su persona; indica que los hechos descritos le producen en la actualidad un estrés laboral, angustia e inseguridad respecto de su persona, a extremos que de hecho, la sola idea que concurra a buscar trabajo en esta ciudad en donde vive con su familia y en donde la mayoría de los empresarios del transporte se conocen, le hace temer que la rechacen por cuanto fue sindicada por su empleador como una “ladrona” y con ello se han vulnerado las garantías constitucionales que protege el legislador laboral, agravado aun más, generándole un estado de fuerte angustia ante una citación que recibió por parte de la Policía de Investigaciones de Chile, por la imputación de un supuesto hurto, supuestamente generado a través de transferencias electrónicas, estos hechos constituyen una vulneración al derecho a la salud física y psíquica del Nº 1 del artículo 19 y el Derecho a la honra personal Nº 4º del mismo artículo, ambos de la Carta Fundamental. Agrega que sin duda, la actitud asumida por el empleador a objeto de obligarla a renunciar a su contrato, esto es, suspender unilateralmente la relación laboral, denunciarla ante la autoridad por un presunto delito de hurto sin duda constituye un acto por decir lo menos inmoral, que no se aviene con la un empleador recto y probo si aquello le agregamos que proviene de un acto lícito de la trabajadora, como es exigir de su empleador sus derechos, tales como el pago de la semana corrida y sus vacaciones que se le adeudan, cuestiones de por sí constituyen falta de probidad, básicamente por cuanto el no pago de la semana corrida le significa al empleador un ingreso ilegítimo a costa del trabajador, como asimismo, no otorgarle las vacaciones constituye una vulneración de ley. Indica que también ha incurrido el demandado en incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato, el no otorgar el empleador al trabajador el trabajo efectivo para el que fue contratado, mediante el expediente de suspender la relación laboral” hecho del cual fue infraccionado por la Inspección Provincial del Trabajo. Señala que con el mérito de todo lo anterior, deduce las presentes acciones conjuntas de Tutela laboral y despido injustificado, solicitando se ordene a su empleador el pago de las prestaciones que de base de cálculo debe servir para el evento de ser acogidas las acciones deducidas, y atendido que sus remuneraciones poseen un carácter mixto a objeto de determinar la base de las remuneraciones que deben promediarse a objeto de obtener el monto que debe servir de base al pago de las prestaciones que se ordenen pagar, hace presente al Tribunal que esas corresponden a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2011, por cuanto diciembre y enero no fueron laborados íntegramente, por ende, no figura en esas liquidaciones el porcentaje que constituye la remuneración variable. Además a aquellas liquidaciones, debe agregarse la semana corrida que su ex empleador le ocultaba y por ende no le pagaba, en consecuencia, el promedio de los últimos tres meses completos de remuneraciones alcanzan el valor de $466.656.- Solicita que con el mérito de lo expuesto y las disposiciones legales que invoca se tenga por deducida conjuntamente, demanda de tutela laboral por violación de derechos fundamentales y despido indirecto en contra de del demandado y se declare en definitiva que la demandada, con ocasión del despido indirecto ha vulnerado sus derechos fundamentales amparados en el artículo 485 del Código del Trabajo, por infracción a las garantías constitucionales del artículo 19 Nº 1 y 4 de nuestra Carta Fundamental, como asimismo, declarar que su conducta autoriza al Trabajador a poner término a la relación laboral en los términos expresados en el artículo 171 del Código del Trabajo, condenando a la demandada a pagarme, sobre la base de la remuneraciones promedio por el valor de $466.656.- mensuales: 1.- Al máximo de la indemnización establecidas en el inciso tercero del artículo 489 del Código del Trabajo o lo que el Tribunal estime de justicia aplicar por vulneración de derechos fundamentales, 2.- $4.199.904.- por indemnización por 8 años y fracción superior a 6 meses de servicio, más el incremento del 100% para el evento que estime que la causal de despido indirecto sea la falta de probidad del empleador, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 168 del Código del Trabajo, lo que arroja un total de $8.399.808; 3.- $466.656 por mes sustitutivo de aviso previo 4.- $775.578 por diferencia de remuneraciones por semana corrida durante los dos últimos años 5.- $909.792 por dos años de vacaciones y proporcionales de 10 meses 6.- $248.915 Remuneraciones correspondientes al del mes de enero de 2012, y 7.- Las costas de la causa, y sin perjuicio de lo anterior, todas las prestaciones deberán reajustarse conforme al artículo 173 del Código del Trabajo. En el primer otrosí de su presentación la actora en subsidio y para el evento que se desestime la demanda principal o que estime que ambas son incompatibles, viene en deducir desmanda de despido indirecto en contra de la demandada, fundando en los mismos hechos y fundamentos de derecho expresados en lo principal de su demanda, los que da por expresamente reproducidos. Señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código del Trabajo, solicita que se declare terminado su contrato con la empresa demandada suscrito el 15 de marzo de 2003, vigente hasta el 19 de enero de 2012, por haber incurrido su ex empleador en conductas que habitan al trabajador a poner término a la relación laboral, específicamente, la causal Nº 1 y 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, falta de probidad e incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, por cuanto a fin de obtener de su parte la renuncia del contrato, se negó a otorgarle sus vacaciones durante todo el período que prestó servicios a la empresa se negó a conferirme sus vacaciones, no le pagó en el mismo tiempo las contraprestaciones que dicen relación con la semana corrida y finalmente, ante su requerimiento en estas materias, y como una forma de presión la denuncia ante la Fiscalía Local de San Antonio por un delito que nunca he estado en condiciones de concretar, por último, unilateralmente, decidió suspender la relación laboral, impidiéndole el acceso a las dependencias de la empresa a fin de realizar en forma efectiva sus funciones de Secretaria para las que fue contratada, es decir, no le otorgó la ocupación efectiva para la que fue contratada. Que lo anterior, constituye vulneración a las normas legales vigentes que se subsumen en las causales de caducidad debidamente comunicadas a su empleador, por carta certificada enviada al domicilio del empleador expresado en el contrato y a mayor abundamiento en el domicilio actual que este posee en la actualidad. Solicita que con el mérito de lo anterior, se declare que el despido indirecto se encuentra justificado, condenando a su ex empleador al pago de las siguientes prestaciones: 1.- $4.199.904 por indemnización por 8 años y fracción superior a 6 meses de servicio, más el incremento del 80% para el evento que se estime que la causal de despido indirecto sea la falta de probidad del empleador, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 171 del Código del Trabajo, lo que arroja un total de $7.559872.- Que en subsidio, para el evento que estime que el despido obedece a incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato el recargo se aplique en un 50%, lo que arroja la suma de $6.299.856.- 2.- $466.656 por mes sustitutivo de aviso previo; 3.- $775.578 por diferencia de remuneraciones por semana corrida durante los dos últimos años 4.- $909.792 por dos años de vacaciones y proporcionales de 10 meses; 5.- $248.915.- remuneraciones correspondientes al del mes de enero de 2012 6.- Las costas de la causa. Sin perjuicio de lo anterior, todas las prestaciones deberán reajustarse conforme al artículo 173 del Código del Trabajo. SEGUNDO: Que, encontrándose debidamente notificada la demandada del presente juicio, no contestó la demanda, como asimismo no compareció a la audiencia preparatoria y de juicio, por lo que se tuvo por contestada la demanda en su rebeldía. TERCERO: Que, con fecha 04 de mayo de 2012, tuvo lugar la audiencia preparatoria con la asistencia de la demandante debidamente asistida por su abogado y en rebeldía de la parte demandada, ocasión en la cual se tuvo por frustrado el llamado a conciliación atendida la contumacia de la demandada; el 11 de junio del año 2012, tuvo lugar la audiencia de juicio, también con la asistencia de la demandante debidamente acompañada por su abogado y en rebeldía de la demandada. CUARTO: Que los hechos a probar son los siguientes: 1.- Efectividad de haber existido un vínculo laboral entre la demandante y la demandada fecha de inicio, remuneraciones y clausulas pactadas, naturaleza de los servicios y lugar donde se prestaron 2.-Efctividad que la relación laboral habida entre las partes se suspendió periodo razones y circunstancias 3.-Efectividad que la suspensión de labores y la acusación presentada por la demandada a que alude la demandante han infringido derechos fundamentales de esta última, naturaleza y razones de ello 4.- Efectividad que la demandante puso término al contrato de trabajo fecha y motivos 5.- Efectividad de adeudar el demandado a la demandante las prestaciones e indemnizaciones que esta reclama en su demanda. QUINTO: Que la parte demandante rindió la siguiente prueba: a).- Documental: 1.- Contrato de trabajo suscrito entre empresa especializadas Brown y doña ........................................ 2.- informe de fiscalización emanado de la Inspección del trabajo N° 1187 de fecha 06 de enero de 2012 3.- Carta emitida por la empresa Especializada Brown S.A. de fecha 14 de diciembre de 2011 a la trabajadora 4.- Carta emitida por la empresa Especializada Brown S.A. de fecha 17 de enero de 2012 a la trabajadora, en la que comunica la revocación de la acción inicialmente interpuesta de suspensión de las labores 5.- Carta de renuncia con su correspondiente envió por correos de chile, enviado por la demandante a su empleador 6.- Aviso de despido indirecto ante la Inspección del Trabajo de San Antonio 7.- Denuncia formulada por el ex empleador ante el Ministerio Público de San Antonio; Liquidaciones de remuneraciones de los meses de noviembre y diciembre del año 2011 8.- Certificado de pago de cotizaciones de AFP capital 9.-Denuncia formulado por el empleador ante la fiscalía local de San Antonio. b).- Testimonial: En la audiencia de juicio, previo juramento, prestaron declaración los siguientes testigos: 1.- ……………………. 2.- ………………... El primero señala que es socio accionista de Especializados Brown Ltda., en un 10%, por las cuales pagó $12.000.000 y la actora era secretaria de la demandada, el empleador le prohibió a la trabajadora entregar información de sus acciones en el año 2010, después del terremoto, y hasta octubre de 2009 se enviaba un estado financiero mes a mes, y los estados reflejaban gastos que no correspondían a la empresa de transportes. El segundo indica que la actora desempeñaba labores de secretaría administrativa, organizaba los viajes de transportes, esto es, contactar a los conductores, contactar los dineros para suministros de combustibles, peajes, ella sacaba el dinero por las transferencias de su cuenta Rut, a esa cuenta la demandada le transfería los dineros, proporcionaba los suministros, su jefe directo era don Sergio Brown, también hacía de jefe doña ……………………., que era su esposa. Aclara que retiraba dinero la actora para gastos de luz, pago de cuentas de la casa, alimentos para perros, todas del jefe, la información no la podía entregar a otros socios, a quienes les informaba que había poca plata, las remuneraciones de la actora se hacían por transferencia electrónica., de lo cual se entregaba las facturas y se firmaba un cuaderno ambas partes, la actora y su jefe el señor Sergio Brown, todo el dinero para los pagos era a través de la transferencias electrónicas que le hacía el demandado, también le entregaban un código pin pass para que ella pagara las facturas, es decir, se le entregaba un código, la actora dejó de trabajar en diciembre y le entregaron una carta de suspensión porque querían hacer una revisión en aquella ocasión ella se sentía mal estaba temblorosa, y después en enero le enviaron una carta para invitarla a reintegrarse, pero ella no se reintegró porque se le acusó de robo. SEXTO: Que la parte demandada, no rindió medio de prueba alguna en la presente causa. SÉPTIMO: Que la actora, ha entablado una denuncia por vulneración de derechos fundamentales, específicamente, la salud física y síquica y la honra, consagrados en el N° 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y por despido indirecto de conformidad al artículo 171 del Código del Trabajo. OCTAVO: Que el artículo 485 del Código del Trabajo establece que el procedimiento de tutela laboral “se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, inciso primero, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral, 4º, 5º, en lo relativo a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, 6º, inciso primero, 12º, inciso primero, y 16º, en lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido en su inciso cuarto, cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador. También se aplicará este procedimiento para conocer de los actos discriminatorios a que se refiere el artículo 2° de este Código, con excepción de los contemplados en su inciso sexto”. NOVENO: Que, de las disposiciones legales recién citadas, aparece que el fundamento jurídico que sustenta la acción de autos se encuentra contemplado dentro de las posibilidades que regula nuestro procedimiento de tutela laboral. Así cabe precisar que la acción de tutela laboral deducida por el actor en lo principal de su demanda, fundada en la vulneración de garantías fundamentales con ocasión del despido indirecto, en virtud del cual puso término al contrato de trabajo que lo unía con la demandada, resulta procedente teniendo presente para ello, que la circunstancia que en el artículo 489 del Código del Trabajo se mencione como requisito de tal acción que se haya producido un “despido”, esta referencia no debe ser interpretada en forma restrictiva al acto unilateral ejercido por el empleador en que pone término al contrato de trabajo de un trabajador en particular, en virtud de alguna de las causales legales que se contemplan, ya que esta referencia a la palabra “despido”, debe ser entendida en términos amplios, en el sentido de que también comprende la “acción de despido indirecto”, el que puede ser definido como un tipo de despido, establecido por el legislador, para el caso en que un trabajador se ve obligado a poner término a su contrato de trabajo, en virtud de incumplimientos de parte de su empleador a obligaciones que resultan ser esenciales en toda relación laboral, debiendo tenerse presente, que se trata de la fuente laboral del trabajador, de la cual obtiene los recursos para su mantención y, eventualmente de su familia, por lo que tales incumplimientos son de tal entidad que resulta atendible la necesidad de terminar la relación laboral. DÉCIMO: Que, según el libelo pretensor, los hechos constitutivos de la trasgresión a los derechos fundamentales de la trabajadora se habrían ocasionado cuando su empleador al suspenderla de sus labores a objeto de presionarla para que renunciaría a su contrato para no pagarle sus prestaciones y acusarla de un delito de hurto en su calidad de secretaria a través de transferencias electrónicas que a su juicio no son efectivas, y le afectaría la estabilidad en el empleo y le provoca un daño a su salud física y síquica y su honra personal, sin haber realizado actos que justifiquen medidas en su contra, lo cual no la deja indemne ante las irregularidades de su empleador, encontrándose hasta la fecha con un estado depresivo, intentando vanamente justificar la actitud de su jefe con quien trabajó casi nueve años, todo lo cual le genera un estrés laboral, angustia e inseguridad respecto de su persona y la idea de salir a buscar trabajo le hace temer que le rechacen por haber sido sindicada por su empleador como una ladrona, agravado ello con una citación que recibió de la Policía de Investigaciones, todo lo cual constituyen en su concepto una vulneración al derecho a la salud física y síquica del Nro. 1 del artículo 19 y el derecho a la honra personal nro. 4 del mismo artículo, ambos de la Carta Fundamental. UNDÉCIMO: Que como ya se dijo el procedimiento establecido en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, tiene por finalidad la “tutela” o “garantía” de ciertos derechos laborales, consagrados en diversos numerales del artículo 19 de la Constitución Política de la República y también de ciertos actos discriminatorios que se encuentran comprendidos en el artículo 2 del Código del Trabajo, respecto de cuestiones que se susciten en la relación laboral por aplicación de la normativa laboral y que lesionan derechos fundamentales de trabajadores y establecido lo anterior, cabe consignar que siendo una acción de tutela de derechos fundamentales del trabajador regulada por el párrafo VI del Título II del Libro V del Código del Trabajo, se impone a la demandante, como exigencia mínima probatoria, aportar antecedentes que constituyan indicios suficientes del acaecimiento de los hechos que se denuncian como constitutivos de la vulneración de derechos fundamentales, correspondiéndole acreditar o explicar la demandada -cumplida la exigencia antedicha por el denunciante- la justificación y proporcionalidad de las medidas adoptadas. DUODÉCIMO: Que procede en primer lugar dejar establecida la efectividad de haber existido una relación laboral entre las partes, lo cual fue acreditado del tenor del contrato de trabajo incorporado como prueba documental por la actora denunciante. En efecto, en dicho instrumento consta que con fecha 01 de mayo de 2009, Especializados Brown S.A., representado legalmente por don Sergio Brown Sarralde y doña ……………………….. celebraron un contrato de trabajo, por el cual la actora se compromete y obliga a desempeñar las labores de secretaria administrativa (jefa de flota) en la sección oficina del establecimiento ubicado en Centenario Nro. 193, oficina 46, Edificio Huallipén, estableciéndose que la trabajadora tendrá una jornada de trabajo que se extenderá de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, siendo su remuneración consistente en un sueldo base de $220.000, gratificación mensual de $57.000 y un 0,85 del porcentaje de ventas netas del mes, estipulándose que dicho contrato es de carácter indefinido, considerando que la trabajadora ingresó al servicio el 15 de marzo de 2003, sin dar por finiquitada la relación laboral por el cambio de la razón social de Transportes Químicos Brown Ltda., a la actual. Además la existencia de dicho contrato y específicamente de la relación laboral existente entre las partes ha sido reafirmada con el informe de fiscalización de la Inspección Provincial del Trabajo de San Antonio en donde se indica que al empleador le fue requerida la documentación constatándose la existencia del contrato de trabajo, siendo dicho vínculo laboral demostrado también con el certificado de remuneraciones imponibles emitido por AFP Capital S.A. y las liquidaciones de sueldo de noviembre y diciembre de 2011 de la trabajadora. DÉCIMO TERCERO: Que establecido el vínculo laboral entre las partes, fecha de inicio las cláusulas pactadas en el contrato, las labores desempeñadas por la demandante, remuneraciones, lugar de trabajo y su jornada laboral, procede analizar la procedencia de la acción entablada y al respecto, como se ha venido diciendo la demandante afirma en su demanda que ha sido vulnerado en sus derechos fundamentales con ocasión de haber sido suspendida de sus labores sin otorgársele el trabajo convenido y haber sido denunciada por un delito de hurto, lo cual la llevó a poner término a su contrato de trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del Código del Trabajo con fecha 19 de enero de 2012, por las causales de falta de probidad del empleador en contra del trabajador e incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. DÉCIMO CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso 3° del artículo 485 y 493 del Código del Trabajo, en relación a los hechos contenidos en la denuncia que origina este pleito, han sido demostrados en primer lugar en cuanto a la suspensión de sus funciones de la actora, con la comunicación a ella dirigida por el empleador con fecha 14 de diciembre de 2011, informándole que a partir de dicha fecha, la relación laboral se entenderá suspendida entendiéndose por tal, la obligación de su parte a concurrir a las dependencias de la empresa a prestar servicios mientras se investigan eventuales anomalías administrativas y financieras de la empresa, dicha suspensión ha quedado también demostrada con el informe de fiscalización de la Inspección Provincial del Trabajo de San Antonio Nro. 1187 de fecha 06 de enero de 2012, mediante el cual el fiscalizador actuante constata que el empleador denunciado no otorga el trabajo convenido en el contrato de trabajo respecto de la trabajadora doña ........................................, infracción por la cual se le cursa una multa de 10 unidades tributarias mensuales, sumándose a ello que en el informe de exposición respectivo, se establece que en la visita del día 03 de enero de 2012 a Especializados Brown S.A. se constató que efectivamente a la fecha se encuentra suspendida de sus funciones de secretaria administrativa la demandante, suspensión que se encuentra por escrito, en forma unilateral y sin contar con el consentimiento de la trabajadora. DÉCIMO QUINTO: Que además la actora demostró la efectividad de haber realizado el demandado una denuncia ante el Ministerio Público de San Antonio, lo cual se acredita tanto con la denuncia interpuesta por don Sergio Brown Sarralde como por la ficha del parte denuncia con identificación del denunciante, la denunciada y los hechos pertinentes, que en lo medular señala como delito hurto simple por un valor sobre 40 UTM, ocurrido en el establecimiento productivo, lo cual detallado en la denuncia indica que en los últimos tres meses, ha reportado la empresa pérdidas superiores a los $2.000.000 mediante traspasos desde la cuenta corriente de la empresa de que es titular en el Banco Estado, sucursal San Antonio a una chequera electrónica de que es titular la denunciada, sin que medie orden, mandato u otro título que justifique dichos traspasos, siendo las únicas transferencias a que la denunciante tenía derecho las que corresponden a sus liquidaciones de sueldo correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2011. DÉCIMO SEXTO: Que sumado a lo anterior, los testigos de la demandante don ………………………, quien indicó ser socio accionista de Especializados Brown Ltda., en un 10%, relata que la actora era secretaria de la demandada y el empleador le prohibió a la trabajadora entregar información de sus acciones en el año 2010, después del terremoto; agregando …………………., que la actora desempeñaba labores de secretaría administrativa, organizaba los viajes de transportes, esto es, contactar a los conductores, contactar los dineros para suministros de combustibles, peajes, ella sacaba el dinero por las transferencias de su cuenta Rut, a esa cuenta la demandada le transfería los dineros, proporcionaba los suministros, su jefe directo era don Sergio Brown, y retiraba dinero para gasto de él, y a raíz de la suspensión ella se sentía mal, estaba temblorosa, demostrándose así con la declaración de los testigos que a la actora restringiéndosele en sus labores, fue suspendida de ella y que las transferencias que se le hacían eran para los gastos del empleador, significando su suspensión angustia y temor. DÉCIMO SÉPTIMO: Que las pruebas referidas y aportadas por la demandante, resultan ser indicios suficientes de que la suspensión de la trabajadora por una investigación financiera y la posterior denuncia ante el Ministerio Público de que fue objeto por una desviación de fondos desde la cuenta corriente del empleador hacia la de la trabajadora, vulneraron garantías fundamentales de la trabajadora, tanto en su salud física como síquica al verse expuesta a una suspensión de sus labores sin una justificación clara ni precisa en la respectiva comunicación, en relación a la continuidad y estabilidad en el empleo aún cuando ello significase percibir la remuneración, pero sin tener certeza acerca de su futuro laboral, lleva necesariamente a concluir que dicha vulneración se produjo. Por otra parte, la denuncia por el delito transferencias electrónicas de dinero hacia cuentas de la actora, señalándose al respecto el abuso de confianza, el traspaso injustificado de dinero, todo lo cual no se encontraba aparejado a antecedente alguno, solo cifras y no fueron justificadas en el proceso, ello no hacen más que confirmar la efectividad de verse la trabajadora expuesta y vulnerada su honra y dignidad tras la denuncia. DÉCIMO OCTAVO: Que así se ha demostrado que dichas actuaciones por parte del empleador ha limitado el pleno ejercicio del derecho de la trabajadora al respeto y la protección de su honra, reconocido en el numeral 4° del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, sin justificación, sin respeto a su contenido esencial no probando el demandado los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. En consecuencia, habiendo la denunciante aportado, según aparece del mérito del proceso, los medios de prueba suficientes, forzosamente cabe concluir que se han establecido procesalmente la efectividad de sus asertos, lo que son sin duda, hechos atentatorios contra su honra y dignidad como persona; entendiendo la honra como una facultad que emana de la dignidad humana y de su realidad de persona inserta en la sociedad, constituida por el aprecio de los demás por nuestros actos y comportamientos y por la conciencia de la autenticidad de su accionar, protegiendo la verdad e integridad de la persona, sus actos y comportamientos societales. Así las cosas ha sido posible dar por sentada la vulneración de derechos de que fue objeto la actora, la que se inició con la suspensión de sus funciones con fecha 14 de diciembre de 2011 y por haber efectuado su empleador una denuncia ante la Fiscalía de San Antonio por las sospechas que la demandante desvió fondos y dineros de la cuenta corriente de la empresa hacia sus cuentas bancarias personales, manteniéndose la suspensión hasta el 17 de enero de 2012, sin que la parte demandada hubiese acreditado con antecedentes necesarios el haber adoptado dicha medida y por el tiempo que estimó. DÉCIMO NOVENO: Que finalmente cabe hacer presente que la actora al no saber si continuaría vinculada laboralmente a su empleador, quien no le otorgó el trabajo convenido durante un lapso de tiempo de más de un mes y por las razones denunciadas ante el Ministerio Público, sin duda justifica la decisión de la trabajadora de poner término a su contrato de trabajo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 171, en relación con el artículo 160 N 1 y 7 ambos del Código del Trabajo, lo cual se demostró a través de carta de aviso de término de servicios dirigida por la actora a la demandada, comprobante de envío postal y comunicación dirigida a la Inspección del Trabajo, se tiene por establecido en estos antecedentes que la demandante puso término a los servicios para con la demandada por las causales esgrimidas. VIGÉSIMO: Que dado todo lo analizado y del mérito de la prueba referida en la presente sentencia, se cumple con el tipo exigido por el legislador sobre este punto, en lo que dice relación con la afectación a su integridad psíquica y afectación a su dignidad y en cuanto al monto de la indemnización sancionatoria, la cual va de seis a once meses de la última remuneración mensual, corresponde al Juez fijar en concreto el quantum de la sanción, donde se tendrá en consideración, que la trabajadora debió presentar su carta de autodespido a la empresa, quedando el velo de duda respecto a los reales motivos y su efectividad que llevaron a su empleadora a suspenderla de sus funciones en dicho establecimiento, además de la gravedad de la vulneración efectuada por el empleador, la que se determina a partir de los derechos fundamentales afectados, de la intensidad de afectación de los mismos y de la conducta que haya tenido la sancionada en relación al debido respeto que se debe tener de este tipo de derechos y se tendrá como última remuneración mensual de la actora, la suma de $466.656.-, cantidad que no ha sido controvertida entre las partes y que se extrae de las liquidaciones de sueldo acompañadas por la trabajadora y se ordena el pago de las indemnizaciones establecidas en el artículo 162 inciso cuarto y la indemnización establecida en el artículo 163, incrementada esta última en un 50%, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 168 letra c) del Código del Trabajo, y una indemnización adicional, la que regula esta Juez en seis remuneraciones, además la remuneración del mes de enero de 2012. Sin embargo, el Tribunal no accederá al pago de la diferencia de remuneraciones por semana corrida por los dos últimos años, por no existir antecedentes en el juicio, que acredite su procedencia y monto pedido. VIGÉSIMO PRIMERO: Que habiendo sido acogida la acción principal, se omitirá pronunciamiento respecto de la acción subsidiaria. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que la prueba ha sido analizada en conformidad a las normas de la sana crítica, y que la restante prueba rendida en nada altera lo resuelto. Por lo expuesto y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1°, 2º, 3°, 4°, 5°, 6°, 7º, 9º, 63, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 173, 425 y siguientes, 446 y siguientes, 485 y siguientes, todos del Código del Trabajo, el N° 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, los principios inspiradores del Derecho Laboral, en especial, el de la primacía de la realidad y el de la protección del trabajador, se declara: I.- Que SE ACOGE la acción de tutela laboral por vulneración de garantías constitucionales interpuesta por ........................................, en contra de Sociedad Especializados Brown S.A, representada por don Sergio Sabas Brown Sarralde, con ocasión del despido indirecto de la actora, facultad contenida en el artículo 171 del Código del Trabajo, en consecuencia la demandada deberá pagar a la actora, las siguientes sumas por conceptos que se indician: 1.- $2.799.936 por concepto de indemnización en el artículo 489 inciso 3° del Código del Trabajo. 2.- $4.199.904 por concepto de indemnización por años de servicios. 3.- $2.099.952 por recargo legal del 50%, conforme a lo dispuesto 171 del Código del Trabajo. 4.- $466.656.- por indemnización sustitutiva de aviso previo. 5- $909.792, por feriado legal y proporcional. 6.- $248.915, por remuneración correspondiente al mes de enero del año 2012. II.- Que, no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida en el juicio. Regístrese y archívese en su oportunidad. R.U.C. 12-4-0009658-7. R.I.T. T-1-2012. Dictada por Olga Rosa Fuentes Ponce, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras de San Antonio. Certifico que en San Antonio, a veintiocho días del mes de junio del año dos mil doce, se notificó por el estado diario de hoy la resolución que antecede.