13 de diciembre de 2013

TUTELA; JLT de Castro, 10/12/2013; acoge denuncia por práctica antisindical en contra de la Asociación De Funcionarios Rural De La Corporación Municipal De Quellón, en la persona de su presidente al despedirlo y separarlo de sus funciones; si se revisa los fines de las organizaciones contempladas tanto en el art. 7 de la ley 19.296 y en el art. 220 del Código del Trabajo los propósitos de ellas son similares y evidentemente ambas tienen la calidad de organizaciones sindicales y por ende titulares de la libertad sindical; en relación con la existencia de la práctica sindical es claro que la denunciada no solo ha separado a un trabajador aforado en los términos del artículo 25 de la ley 19.296, sino que ha dado a dicha decisión un efecto inmediato sin que se haya ratificado la medida por Contraloría y ni siquiera se han esperado los resultados seguidos ante la propia entidad o los que aparentemente se están siguiendo en el orden judicial contra la negativa de la entidad contralora; nunca es baladí reiterarlo, que los Convenios 87, 98 y 151 de la OIT han establecido la obligación de proteger las organizaciones sindicales de toda índole; el derecho administrativo y el derecho laboral no son compartimentos estancos, son parte de un ordenamiento jurídico que tiene un pretensión regulatoria de todos los ámbitos del quehacer humano, en especial si se trata de situaciones conocidas por previsibles. El trabajo intelectual radica en su entendimiento armonioso. Tampoco hay una preeminencia de un estatuto sobre el otro. Lo único que es superior a ambos es el texto constitucional que en su artículo 1 reconoce como orientación la protección de los grupos intermedios y su fomento, lo que lleva necesariamente a entender que si la ley 19.296 no estableció sanciones especiales para la protección de las asociaciones sindicales es porque, en definitiva, ellas ya existían en la legislación laboral de base; Entender que esas conductas se encuentran impunes como postula la defensa es considerar en primer lugar que el fin de la ley 19.296 era crear asociaciones que fueran un verdadero “tigre sin dientes”; que el propósito del legislador era derechamente incurrir en responsabilidad internacional por incumplimiento de los convenios precitados y de la constitución de la OIT y de la Declaración de Filadelfia del mismo organismo de 1944 y que en definitiva la jurisdicción desatendería lo dispuesto en el artículo 10 inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales; S-2-2013

(No ejecutoriada) Castro, diez de diciembre de dos mil trece. VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que ha comparecido antes este Juzgado de Letras del Trabajo doña ALEJANDRA RIFFO NAVARRETE, Inspectora Comunal del Trabajo de Quellón, en representación de la INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE QUELLÓN, ambos con domicilio en Avenida La Paz N° 303, de la comuna de Quellón, interponiendo denuncia por práctica antisindical en contra de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y ATENCIÓN AL MENOR DE QUELLÓN, representada legalmente por don CRISTIAN OJEDA CHIGUAY con domicilio en Jorge Vivar N° 205, en la comuna de Quellón. Expone que con fecha 18 de agosto de 2013 comparece en oficinas de la Inspección del Trabajo de Quellón el trabajador don Fernando Pérez Guajardo, Presidente de la Asociación de Funcionarios de la Salud Rural de la Corporación Municipal de Quellón, denunciando que tras realización de sumario administrativo en su contra, se habría decretado su desvinculación y que esto se le habría comunicado al denunciante a través de Resolución N° 202 de fecha 23 de Julio de 2013. Sin embargo, respecto de lo resuelto en el sumario administrativo, la Contraloría General de la República no ha tomado razón. Añade que se analizó la denuncia, se acogió a tramitación y se dispuso hacer una visita inspectiva el 26 de agosto de 2013 en la que el Secretario de la Corporación Municipal, don Raúl Oyarzo Oyarzún se niega a la reincorporación del Señor Fernando Pérez, quien además confirma que la medida de separación no ha sido ratificada por la Contraloría General de la República. El trabajador Fernando Pérez, asegura la denunciante, posee contrato indefinido con la Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención al Menor de Quellón, de fecha 03 de Octubre de 2011, para realizar labores de Encargado de Salud Rural. Añade que el trabajador mencionado es Presidente de la Asociación de Funcionarios de la Salud Rural de la Corporación Municipal de Quellón, inscrita con el número 90160004, cuyo mandato se extiende desde 15 de marzo de 2013 hasta el 15 de marzo de 2015 según consta en certificado N° 1016/2013/92 de la Jefe de la División de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo. Detalla que con fecha 12 de Marzo de 2013 a través de Resolución Exenta N° 096 se ordena por la denunciada instruir sumario administrativo en contra de don Fernando Pérez Guajardo; que el resultado del sumario incoado seria la destitución del trabajador. Sin embargo, no hay constancia de dicha resolución ni tampoco se verifica que la Contraloría General de la República haya tomado razón de ella, ratificándola. Destaca como relevante además la existencia de un procedimiento de tutela laboral seguido ante este mismo Tribunal, interpuesto por el Señor Fernando Pérez en contra de su empleador, y sustanciado en este mismo Tribunal bajo el rol interno T-9-2013. En dicho procedimiento se dicta sentencia definitiva con fecha 1 de Agosto de 2013, resolviendo al respecto: "Il Que la denunciada deberá poner término inmediato a todo acto discriminatorio, en contra de la persona del denunciante, en particular el sumario instruido por Resolución Exenta N° 096 de 12 de mazo de 2013; respetar los beneficios remuneratorios que le corresponden al actor según contrato vigente, bajo apercibimiento de multa conforme a lo dispone el artículo 492 del Código del Trabajo.". Puntualiza que la sentencia se encuentra en espera de ejecutoria. Expone que la conducta denunciada infringe lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 19.296, sobre asociaciones de funcionarios de la administración del Estado que prescribe sobre el particular: “…Los directores de las asociaciones de funcionarios gozarán de fuero, esto es, de inamovilidad en sus cargos, desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado su mandato como tales, siempre que la cesación en él no se hubiere producido por censura de la asamblea de la asociación o mediante aplicación de la medida disciplinaria de destitución, ratificada por la Contraloría General de la República. Del mismo modo, el fuero no subsistirá en el caso de disolución de la asociación, cuando ésta derivare de la aplicación de las letras c) y e) del artículo 61, o de las causales previstas en los estatutos, siempre que, en este último caso, las causales importaren culpa o dolo de los directores de las asociaciones...”. Estima que dicha norma es aplicable conforme a lo dispuesto en el artículo 4 inciso primero de la ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud. Añade que el artículo 289 del Código del Trabajo, en su primer inciso establece: "Serán consideradas prácticas desleales del empleador, las acciones que atenten contra la libertad sindical", entendiendo por tal, tanto la autonomía `organizacional como el derecho a la actividad sindical, por lo que cualquier tipo de conducta del empleador, que perturbe, prive o amenace el ejercicio de cualquier derecho otorgado a las organizaciones de trabajadores y a sus representantes, debe necesariamente considerarse como una conducta antisindical. Añade que sin embargo el legislador no limitó la acción protectora de la libertad sindical a la norma meramente legal, sino que la elevó a la categoría de derecho garantizado por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 19 que reconoce: "El derecho de sindicarse en los casos y formas quo señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria... La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones...".Se suma y complementa lo anterior lo preceptuado en la misma carta fundamental, en su artículo 1 inciso tercero: "El Estado reconoce y ampara a Ios grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos". Por lo tanto, expone la denunciante, que queda de manifiesto que el bien jurídico "libertad sindical" goza de una protección constitucional y legal. Pide en definitiva, se declare que la empresa denunciada ha incurrido en la práctica antisindical consistente en desvincular de sus labores al trabajador y dirigente sindical don Fernando Pérez Guajardo, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Salud Rural de la Corporación Municipal de Quellón. 2) Disponer el pago de las remuneraciones del trabajador afectado por todo el tiempo comprendido entre la fecha de separación ilegal y la reincorporación a sus funciones; 3) Ordenar el cese inmediato de las conductas constitutivas de práctica antisindical, otorgándole al trabajador sus funciones de encargado de salud rural para las cuales fue contratado; 4) Ordenar al denunciado de abstenerse de ejecutar a futuro toda acción tendiente a menoscabar la libertad sindical; 5) Que se condene a la denunciada al pago de una multa equivalente al máximo legal previsto en el artículo 292 del Código del Trabajo y; 6) Que se condene a la denunciada al pago de las costas. SEGUNDO: Que la parte demandada ha comparecido oponiendo primeramente excepción de falta de legitimación activa, cuestionando la titularidad que se arroga la Inspección del Trabajo de Quellón para accionar en contra de ella por una supuesta práctica antisindical, habida consideración a que no existe norma legal alguna que le otorgue a ese organismo facultades para intervenir en las cuestiones que se susciten en las relaciones entre una asociación de funcionarios, de aquellas constituidas con arreglo a lo dispuesto en la ley 19.296 sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, y la repartición a que estos se encuentran adscritos. Estima que la Asociación de Funcionarios de la Salud Rural de la Corporación Municipal de Quellón no puede confundirse con un sindicato porque lisa y llanamente no lo es. Y no lo es, porque los que la han formado tienen la naturaleza jurídica de funcionarios públicos y, dada esa condición, no pueden constituir sindicatos; y, tampoco lo es porque, si de acuerdo con la ley, pudieran constituir sindicatos, no les sería aplicable la ley 19.296, y la asociación de marras se ha constituido precisamente de acuerdo con la normativa de esta última. Así las cosas, al no ser un sindicato, no tiene la denunciante titularidad para emprender una acción por prácticas antisindicales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 486 del Código del Trabajo, pues tal facultad solo puede ejercerse en los casos que el sujeto pasivo de la práctica desleal sea un sindicato o alguno de sus miembros. Del mismo modo, opone excepción de legitimidad pasiva en el entendido que mal puede entonces ser denunciada como responsable de haber realizado prácticas desleales o antisindicales, pues ello supone la premisa básica de que debe existir un “sindicato” constituido con arreglo a la normativa del Código del Trabajo; y en un sector que permita la existencia de este tipo de organización. Luego, al no ser ello legalmente posible; y, además, al no ser efectiva la existencia de ningún sindicato en el ámbito del servicio de salud primaria en la comuna de Quellón, el resultado de lo anterior es la absoluta imposibilidad de que la entidad administradora haya podido incurrir en prácticas desleales o antisindicales respecto de un sindicato inexistente; y, aún más, impedido legalmente de existir. En tercer lugar, se ha opuesto la excepción de incompetencia de la Inspección del Trabajo para intervenir, administrativamente primero y judicialmente después, en una materia como aquella en que sustenta su acción. De este modo, el que la denunciante se haya arrogado competencia para intervenir en una cuestión suscitada entre un dirigente de una asociación de funcionarios y la repartición de la que formó parte, infringe el principio de legalidad; de la misma forma que lo infringe el atribuirse la autoridad y el derecho de denunciar como práctica antisindical una actuación que la ley 19.296 no considera como tal. Con todo, entiende que la incompetencia de la Inspección del Trabajo arrastra a su vez a la incompetencia del Tribunal, atendido que la ley 19.296 no otorga competencia a los tribunales laborales para conocer de eventuales infracciones que los órganos de la Administración pudieren cometer tratándose de los asuntos que regula esta ley. Añade que precisar que la regla procesal de supletoriedad del aludido inciso tercero del artículo 1° del Código del Trabajo no es de carácter pura y simple, sino que está sujeta a una condición de admisibilidad que pasa por la no contradicción entre las materias reguladas por uno y otro estatuto normativo, y esta contradicción, como es de toda evidencia, no necesariamente ha de ser expresa, esto es, que dos reglas sean derecha y literalmente contrarias entre sí –nada de esto se desprende de aquella norma-, sino que, como sucede en la situación en análisis, dicha contradicción fluye de la naturaleza y características de la preceptiva correspondiente, tal como fácilmente se advierte de lo que consagran los artículos 1°, 3°, 9° y 10° del Estatuto Administrativo en lo que a las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa se refiere. Luego, frente a la anotada contradicción no cabía aplicar a la situación de la actora lo referente a la normativa regulatoria de la tutela laboral de los trabajadores establecida en el Código del Trabajo. Por último y en cuanto al fondo de la controversia, detalla que la ley 19.296 no contiene disposición sancionatoria alguna en relación con eventuales conductas que pudieren significar una perturbación al derecho de asociación de los funcionarios. Al contrario, como ya se ha expresado, prevé y permite que un funcionario dirigente pueda ser destituido, sin que el fuero obste a la aplicación de la medida disciplinaria expulsiva. En consecuencia, en el marco del Estatuto de Salud Primaria Municipal y el propio de la ley 19.296, la destitución de un funcionario, aforado o no, no puede bajo ningún aspecto ser considerada como práctica antisindical. Pide en definitiva ase acojan las excepciones opuestas y en subsidio se desestime la práctica antisindical interpuesta. TERCERO: Que la parte denunciada ha expresado en relación con las excepciones opuestas que Dirección del Trabajo es un organismo competente para interpretar la ley N° 19.378, respecto a entidades administradoras de salud municipal de aquellas establecidas en el artículo 2, letra B de la Ley 19.378, en relación con lo señalado en el artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967 que se refieren a las atribuciones de la Dirección del Trabajo. Así lo ha señalado la Contraloría General de la República, sostiene, en Dictamen que figura bajo el número 29.730 de fecha 21 de septiembre del año 1995. También ratifica lo anterior la Dirección del Trabajo en Dictamen 480 del año 1997 que resuelve que la Dirección del Trabajo es el organismo competente de interpretar la Ley 19.378 sólo respecto a entidades administradoras de salud municipal a la que se refiera la letra B del artículo 2 de la citada ley, cuyo personal ejecute personalmente funciones y acciones directamente relacionadas con la tención primaria de salud. Añade que es preciso atender a la importancia que reviste para este caso particular, lo señalado en el artículo 1° inciso 3 del Código del Trabajo que dispone como todos los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos siempre que ellas no fueran contrarias a éste último. De este modo, si bien la Ley 19.296 no contempla específicamente la figura de las practicas desleales o antisindicales, también es cierto que en atención a lo dispuesto en el artículo 1°, inciso 3 del Código del Trabajo, la aplicación de la normativa respectiva contemplada en este Código, resulta plenamente compatible con los estatutos especiales que regulan a los funcionarios municipales y con la Ley 19.296. Es más, su aplicación en este caso en particular, resulta necesaria ya que de no ser así las Corporaciones Municipales podrían tener continuas prácticas antisindicales quedando en la impunidad y los dirigentes sindicales, sus derechos quedarían, en indefensión, vulnerándose de esta forma distintas normativas sindicales y constitucionales al respecto. Recuerda, lo señalado en el artículo 6 de la Constitución Política de la República que señala claramente que los órganos del estado sin hacer distinción deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, por lo que el limite en el ejercicio de sus atribuciones siempre va a estar fijado por las garantías y derechos fundamentales de las personas, cómo por ejemplo en este caso específico la libertad sindical. En tal sentido a la Inspección del Trabajo, agrega, le cabe la obligación de denunciar tales practicas en atención a lo que dispone en mismo artículo N° 292, inciso 4 del Código del Trabajo. Agrega que desde la legitimación pasiva la Corporación Municipal de Quellón es un órgano legitimado pasivamente en cuanto realiza prácticas antisindicales, debiendo ser sancionado conforme a la Ley, de lo contrarios se estarían infringiendo principios de justicia, incluso principios de lógica pretendiendo su impunidad, por que no se contempla específicamente figuras antisindicales en la Ley 19.296, resultando en este caso las normas del Código del Trabajo no contradictorias, sino que al contrario complementarias Respecto a al excepción de incompetencia, determinar la competencia o no de los Tribunales laborales en caso de denuncias entabladas por de funcionarios públicos, son una cuestión netamente de interpretación judicial, estimando que, resulta cuestionable el carácter o la calidad jurídica de funcionarios públicos de los funcionarios la Corporación Municipal. Es un hecho y así lo ha establecido la misma Contraloría que dispone que la naturaleza jurídica de los funcionarios que se reconoce del personal que labora en las Corporaciones Municipales de derecho privado que administran y operan en la salud municipal no tiene el alcance ni las consecuencias jurídicas propias de los servidores de otros organismo públicos. CUARTO: Que no se ha discutido en la causa que el señor Fernando Perez era trabajador de la denunciada y que se desempeñaba como Encargado de Salud Rural de la misma.. QUINTO: Que se fijaron como hechos a probar la efectividad que don Fernando Pérez ha sido destituido de la organización denunciada. Causal aplicada; efectividad que la destitución ha sido ratificada por Contraloría General de la República; efectividad que el Señor Pérez es Presidente de la Asociación de Funcionarios de la Corporación Municipal de Quellón. Fecha de su elección y duración en el cargo según sus estatutos. SEXTO: Que se ha incorporado como documental Ordinario N° 14 de fecha 18 de Marzo de 2013 de la Asociación de Funcionarios de Salud Rural a don Cristián Ojeda Chiguay. Certificado de fecha 1 de Marzo de 2013 firmado por don Pedro Pacheco Peña. Contrato de trabajo indefinido de don Fernando Pérez Guajardo de fecha 3 de Octubre de 2011. Resolución exenta 096 de 12 de Marzo de 2013. Resolución exenta 202 de 23 de Julio de 2013. Oficio de la Corporación Municipal de Quellón donde se le notifica el término de la relación laboral a don Fernando Pérez Guajardo. Certificado N° 1016/2013/92 extendido por la abogada Jefe de la División de Relaciones Laborales, Señora María Soledad Neveu Muñoz. Acta de fecha 15 de Marzo de 2013 de la Asociación Rural de fecha 15 de Marzo de 2013. Certificado N° 02 de 8 de Abril de 2011 emitido por la Inspectora Comunal del Trabajo de Quellón. Informe de exposición realizado por el Fiscalizador Patricio Mansilla Vera, N° de fiscalización 301 y acta de mediación y la Copia de sumario administrativo en contra de don Fernando Pérez, que consta de dos carpetas. Además se ha tenido a la vista lo resuelto en la sentencia definitiva de causa T-9-2013 de este Tribunal. SÉPTIMO: Que además han declarado los siguientes testigos: a) Juliett Vásquez Cárcamo: Quien asegura que es encargada de remuneraciones del Departamento de Salud y es la Tesorera de la asociación de funcionarios de salud rural de Quellón. Detalla que lo es desde que se inició en marzo del 2011. Recuerda que al momento de su constitución eran 33 personas. Actualmente forman parte 59 socios y que el año pasado eran 108 socios. La directiva son Fernando Pérez, ella y el secretario Ariel MIllanao con duración hasta marzo de 2015 en su mandato. Dice que prácticamente no tienen relaciones con la Corporación porque reciben amenazas de que no van renovárseles contrato o que van a ser trasladados. Existe otra asociación que es la AFUSAM. Dice que don Fernando Pérez fue reintegrado por orden del Tribunal del Trabajo de Castro. Afirma que la separación de don Fernando afectó el funcionamiento de la asociación y en buenas cuentas se encuentran sin presidente desde marzo. La asociación se esta debilitando por lo mismo, relata. Desde que comenzó a presentar su carta para postular se le empezaron a quitar asignaciones al dirigente, puntualiza. Ella también tuvo problemas con la Corporación, destaca. Expone que las formulaciones de las amenazas las han hecho socios de otras asociaciones En la Corporación Municipal de Quellón, explica, existen dos asociaciones de funcionarios: Una es la AFUSAM y la otra que ella representa. Expone que los socios de ella se han presentado renunciando a la suya, ya que en la otra asociación les aseguran continuidad y estabilidad laboral. Dice que de la otra no han sido perseguidos ni trasladados. Algunos socios han dicho que el Secretario Municipal les ha dicho que se cambian a la AFUSAM. Otros socios dicen que se les quitaron asignaciones y después les fueron restituidas de manera retroactiva y no se les siguió un procedimiento disciplinario b) Mauricio Pérez Guajardo: Es administrativo de salud del Departamento de Salud de la denunciada. Dice que pertenece a la AFUSAR desde que se constituyó en marzo de 2011. Comenzó con 40 socios. En el 2012, a mitad de noviembre llegaron a 108 funcionarios y hoy han bajado considerablemente y actualmente tienen unos 59 socios. Don Fernando Pérez es el presidente de la asociación. Dice que las relaciones entre la asociación y la Corporación, particularmente con el Secretario de la Corporación, don Raúl Oyarzo no son buenas. Relata que una funcionaria fue a conversar para que se le contratara de nuevo por un año, pero que para ello se le exigió que se cambiara de gremio a la AFUSAM. En esa oportunidad estaba también Pedro Barría, concejal de Quellón. Él, particularmente recuerda, que estaba afuera de la oficina y notó que ella estaba llorando. Menciona que a la funcionaria Tamara Garay se le renovó contrato y no se cambió de asociación, finalmente. La AFUSAM, asegura, tiene unos 130 asociados. A él también se le descontó dinero y el secretario le dijo que no le iba a dar ningún peso y que lo iba a echar a fin de año. Respecto de la situación de don Fernando Pérez sabe que esta reintegrado por un proceso laboral pero que el Secretario dice que una vez que termine va ser despedido nuevamente. Dice que también esta amenazada doña Claudia Colivoro. A don Fernando Pérez, añade, se le inició sumario por ser de una tendencia política distinta. Las asignaciones que no se le pagan son 2 y eran las que el contrato comprendía. Las asignaciones son transitorias, por movilización y cargo directivo y encargado de programas de medio ambiente. Reconoce que es hermano de don Fernando Pérez. Expone que la situación de él los ha afectado como sindicato y que la gente no se quiere reunir porque piensan que los vana destituir también. Reconoce que en el Tribunal tiene actualmente una denuncia por vulneración de derechos en contra de la denunciada. Dice que estas modificaciones son por persecución política. Dice que el papá de un concejal tiene una nueva asignación remuneratoria, inclusive. c) Raúl Hernández Ojeda: Es administrativo en el CESAFM de Quellón. Dice que participa de la Asociaron Rural de Funcionario, desde marzo de 2011. Conoce a la directiva que conforman Fernando Pérez, tesorero Juliett Vásquez, el Señor Millanao como secretario. Detalla que existe también una asociación de funcionarios de salud municipal también. Su asociación tiene actualmente unos 50 socios. En el año pasado tuvieron más de 100. Atribuye la disminución por persecuciones políticas. Asegura que con el cambio de autoridad edilicia, que se presentó la circunstancia de que en caso de concursos se debía preferir a aquellos que fueran del otro gremio. Hay un concejal del partido comunista que es presidente de la AFUSAM. El alcalde es demócrata cristiano, aclara. Sabe que a don Fernando Pérez se le hizo un sumario administrativo por asignaciones de lo que no sabe mas detalles. No sabe de otra persona que haya sido objeto de sumario por el mismo motivo. Expone que la ausencia del señor Pérez les ha afectado como asociación. La mayoría de la gente se fue a otro gremio por esta campaña del terror. Esto la gente lo comenta, se sabe, asegura. Esto ha sido orquestado por Pedro Barría y por el Secretario Municipal, Raúl Oyarzo. Supo de una niña que se llama Tamara. No es Garay, eso sí. le habían dicho que tenía que cambiarse de asociación para que se le prorrogara su contrato. No conoce de gente que haya sido afectada en sus remuneraciones. d) Winston Parra Solis: Sabe que don Fernando Pérez fue destituido por sumario ordenado por la jefatura. Él fue el fiscal del proceso y se ordenó por falta de probidad administrativa y ella resultó acreditada. Sabe que el señor Pérez esta en proceso de reintegro, pero no está al tanto de ello. La irregularidad cometida fue por la recepción de asignaciones que no correspondían. Él solo supo por rumores de que era miembro director de una asociación de funcionarios municipales. En cuanto al resultado del requerimiento de destitución por el sumario, la Contraloría dice que se abstuvo de hacerlo y se alegó de ello ante la Corte de Apelaciones. Detalla que los requisitos para el pago de las asignaciones están en la ley. Expone que en el curso del sumario no se ha determinado la existencia de otros funcionarios que hayan percibido asignaciones indebidas. Dice que los descargos respecto a la petición de diligencias del inculpado fueron proveídos por su jefatura. No obstante, exhibida que le es la providencia recaídas sobre los mismos, reconoce que a firma que esta al pie le pertenece. Dice que los emolumentos recibidos por el Señor Pérez le fueron otorgados por el empleador. Él dice que como trabajador y jefe tiene obligación de conocer la ley y de saber que esos dineros no le pertenecían. Ellos estaban en el contrato, reconoce. No ha verificado si otros funcionarios percibieron esos emolumentos. Niega pertenecer a alguna asociación de funcionarios e) Marcela Silva Díaz: Sabe que el señor Fernando Pérez ha sido destituido por un sumario administrativo y que no sabe si es director de alguna asociación de funcionarios, solo es por rumores, que se ha enterado. Ella es tesorera de la AFUSAM. Recuerda que se remitieron los antecedentes a la Contraloría, pero esta se abstuvo de pronunciarse y existe un litigio en la Corte de Apelaciones. Ella fue actuaria del sumario. Encontraron en la investigación que había otros funcionarios con asignaciones que no les correspondían, como Pedro Pacheco y se sugirió investigar. No sabe si esta sumariado. Los emolumentos cuestionados fueron otorgados por el Alcalde de la época y estaban en el contrato de trabajo de don Fernando Pérez. El Reglamento de la carrera funcionaria decía que se podía otorgar asignaciones, afirma, pero ella entiende que siempre y cuando fueran distintas a las contempladas por la ley. OCTAVO: Que se han atacado por la demandada los presupuestos procesales que tienen que ver con la posición jurídica de ambas partes y de la competencia del Tribunal. Si bien esta última se ha opuesto en tercer lugar y sin claridad, si de manera subsidiaria o conjunta respecto de las de legitimidad activa y pasiva. Es de toda lógica conocer en primer lugar de esta, toda vez que la resolución de la última determinará si este Tribunal puede ser conociendo de las otras alegaciones formuladas en el proceso. NOVENO: Que lo primero que destaca al momento de revisar el texto de la ley 19.296 es que ella sea una ley sectorial firmada junto con la del Presidente de aquel entonces, por las autoridades del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, al igual que el Decreto Ley 2.757 de 1979 y a diferencia del Estatuto de Funcionarios Municipales, que es firmado por el Ministro de Interior de la época; el Estatuto Administrativo por el Ministerio de Hacienda y la ley 19.378, por el Ministro de Salud. Adicionalmente, a lo largo de todo el articulado de la ley 19.626 se aprecia que tanto en la formación y funcionamiento de los mismos se le entrega la fiscalización y tuición de las mismas a la Inspección del Trabajo y de las controversias que nazcan a propósito de ellas a los Juzgados de Letras del Trabajo (artículos 9, 10, 19, 20, 22, 47, 62 y 67 del texto precitado). Por otro lado, el artículo 420 del Código del Trabajo establece que le corresponderá a los Tribunales del Trabajo el conocimiento de las “…las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas sobre organización sindical…” que la ley entrega a estos Tribunales. A su vez el artículo 289 de Código del Trabajo detalla, al igual que el artículo 290 del Código del Trabajo y siguientes que lo que se protege es la “libertad sindical”, no una persona o grupo de personas específicas. Por último el artículo 292 del Código del Trabajo expone que “…El conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales o antisindicales se sustanciará conforme las normas establecidas en el Párrafo 6º, del Capítulo II, del Título I, del Libro V, del presente Código...”. Es decir. Al procedimiento de Tutela contemplado para los tribunales con competencia laboral. DÉCIMO: Que la competencia dice relación con la aptitud de un sujeto u órgano para conocer de un asunto determinado y esta determinación no puede estar teñida con la procedencia o resultado que se pueda estimar como previsible de la acción o denuncia interpuesta. De esta manera, interpuesta que ha sido una denuncia por práctica antisindical, independiente de las consecuencias que haya de tener la misma, fluye de las razones y argumentos señalados que este Tribunal del Trabajo es competente para conocer de la denuncia interpuesta. Respecto a la incompetencia, en lo administrativo, de la Inspección del Trabajo para haberse avocado al conocimiento de la denuncia resulta decidor el que no existe constancia en autos que el denunciado no haya pedido ante el mismo organismo la invalidación del conjunto de actos que significaron su intervención. Tampoco se ha pedido interpuesto acción de nulidad en sede judicial teniendo como fundamento la supuesta violación de lo dispuesto en el artículo 6 y 7 de nuestra Constitución, por lo que no es esta via excepcional el camino procesal para restarles validez. DÉCIMOPRIMERO: Que legitimación activa y legitimación pasiva deben ser entendidas la primera como idoneidad para realizar actos de ejercicio del poder de acción y, la segunda, como aptitud para soportar el ejercicio de dicho poder. La legitimación es una cuestión estrictamente procesal, no vinculada a la existencia de un derecho subjetivo en sí misma. Solo presume su existencia, puesto que su real establecimiento es una cuestión que tiene que ver con el fondo de la controversia. DÉCIMOSEGUNDO: Que el artículo 292 del Código del Trabajo ha puesto a la Inspección del Trabajo en la obligación de denunciar los hechos que estime constitutivos de prácticas antisindicales o desleales, de los cuales tome conocimiento. DÉCIMOTERCERO: Que para resolver la excepción de autos, se hace necesaria sabe si existen organizaciones sindicales dentro de la Administración Pública. En este sentido es necesario tener presente que el actual artículo 84 del Estatuto Administrativo (originalmente 78) dispone que a los funcionarios públicos les está prohibido “…organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración del Estado…”. Sin perjuicio de lo anterior, con posterioridad a esta norma se dictó la ley 19.626 la que a decir del profesor Luis Lizama su objeto era “garantizar el derecho de sindicación de los funcionarios de la Administración Pública”. Adicionalmente se han ratificado con posterioridad a la entrada en vigencia del referido estatuto los convenios 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo, disponiendo el primera en su artículo 2° que “…Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas…”; en su artículo 10 que, “…el término organización significa toda organización de trabajadores o de empleadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores...”. A su vez el Convenio 151 contempla que su aplicación es respecto de todas las personas empleadas por la Administración Pública y en su artículo 4 previene que “…Los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical en relación con su empleo…”. DÉCIMOCUARTO: Que si se revisa los fines de las organizaciones contempladas tanto en el artículo 7 de la ley 19.296 y en el artículo 220 del Código del Trabajo los propósitos de ellas son similares y evidentemente ambas tienen la calidad de organizaciones sindicales y por ende titulares de la la libertad sindical. De esta manera la única forma en que se debiera entender la pretendida vigencia de artículo 84 del Estatuto Administrativo, para el caso en que no deba estimarse como derogado en la parte precitada, es entendiendo que la prohibición de sindicación para trabajadores del sector público y por añadidura de la existencia de sindicatos dice relación con la de asociarse en organizaciones sindicales que no sean aquellas contempladas en la ley 19.296, vale decir, las reguladas en el Código del Trabajo. De esta manera, establecida la obligación legal de la Dirección del Trabajo de denunciar aquellos hechos que estime vulneratorio de la libertad sindical, no habiendo ningún otro organismo que esté autorizado ni genérica ni específicamente para ello resulta evidente que se encuentra legitimado para denunciar dichos hechos a justicia. DÉCIMOQUINTO: Que en relación con la legitimidad pasiva, es un hecho pacífico que el trabajador que ha sido removido de su puesto había sido contratado por la denunciada. Por ende el requisito que exigía el artículo 289 del Código del Trabajo, norma invocada en autos se encuentra cumplido, toda vez que el destinatario de la denuncia es el empleador que acoge a los trabajadores de dicha organización sindical, a la luz de lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 19.296 y que presuntivamente es el que ha desplegado la conducta vulneratoria. De esta manera, la excepción de legitimidad pasiva deberá también ser desestimada. DÉCIMOSEXTO: Que en relación con los hechos del proceso el contrato de trabajo indefinido de don Fernando Pérez Guajardo da cuenta que a partir del 03 de octubre de 2011 este fue contratado por la denunciada como Encargado de Salud Rural, en virtud de concurso público; la resolución 096 de la denunciada de 12 de marzo de 2013 ordenó la instrucción de un sumario administrativo a fin de establecer la responsabilidad que le pudiere caber al funcionario señor Fernando Pérez Guajardo, como también a cualquier otro que pudiere aparecer involucrado durante la sustanciación del procedimiento , en la percepción indebida de las asignaciones de responsabilidad y de desempeño difícil, designándose como Fiscal al testigo Winston Parra Solís; que con fecha 23 de julio de 2013 la denunciada expide carta de despido del dirigente en cuestión en conformidad a lo ordenado en Resolución N° 202 de fecha 23 de julio de 2013 del Presidente de la Corporación Municipal. Adicionalmente, la resolución exenta 202 de 23 de julio de 2013 ha expresado que se ha dispuesto la expulsión por falta de probidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 letra b de la ley 19.378 en atención a la percepción indebida de asignaciones de responsabilidad directiva, de desempeño difícil y de movilización. El oficio de la Asociación de Funcionarios de la Salud Rural de la Corporación Municipal de 18 de marzo de 2013 comunica al Alcalde y actual presidente de la Corporación municipal de Quellón la conformación de la directiva de la misma con el señor Fernando Pérez como Presidente, hecho que se entiende conocido por la denunciada con fecha 19 de marzo de 2013, según timbre de la oficina de partes y antes de la notificación del sumario incoada en contra del dirigente según se aprecia al pie de la resolución respectiva en que aparece la leyenda “”25-03-2013 Marcela Silva. Entrega Ministra de Fe en calidad de actuaria. Se entrega copia a don Fernando Per”(sic). La Contraloría General de los Lagos, informa en virtud de oficio 4600 que se abstiene de registrar la resolución Exenta 202 de la denunciada por las razones que ahí invocan, informando que es la Dirección del Trabajo el organismo encargado de conocer el asunto. El certificado N° 02 de la Inspectora Comunal del Trabajo de Quellón, extendido con fecha 08 de abril de 2011 da cuenta de la existencia de la Asociación de Funcionarios de la Salud rural de la Corporación Municipal de Quellón. A su vez, el certificado N° 1016/2013/92 da cuenta que a la fecha de su emisión, esto es, 12 de septiembre último, la entidad tenía su personalidad jurídica vigente y el señor Fernando Pérez mantenía su calidad de Presidente hasta el 15 de marzo de 2015. DECIMOSÉPTIMO: Que en relación con la existencia de la práctica sindical es claro que la denunciada no solo ha separado a un trabajador aforado en los términos del artículo 25 de la ley 19.296; sino que ha dado ha dicha decisión un efecto inmediato sin que se haya ratificado la medida por Contraloría y ni siquiera se ha esperado los resultados seguidos ante la propia entidad o los que aparentemente se están siguiendo en el orden judicial contra la negativa de la entidad contralora. El oficio conductor de la denunciada es de fecha 04 de septiembre de 2013; el despido fue notificado con fecha 29 de julio e inclusive el proceso de mediación de la Inspección denunciante es de fecha 03 de septiembre último, sin perjuicio que se constata en informe de exposición que hubo gestión previa con fecha 28 de agosto de 2013. Sobre el particular hay que tener presente que el organismo contralor ha resuelto en dictamen 19.488 que “…el dictamen N° 4.660, y el oficio circular N° 15.700 -que imparte instrucciones en materia de registro de decretos alcaldicios-, ambos de 2012, de este origen, han señalado que los decretos alcaldicios relativos al personal rigen in actum, esto es, desde la fecha de su notificación al afectado, sin que su eficacia se subordine al trámite de registro al que se encuentran sujetos, ya que este consiste en una mera anotación material del acto administrativo respectivo, y no constituye en sí un control preventivo de legalidad, debiendo este Organismo Fiscalizador, para tales efectos, llevar un registro del personal municipal en la forma y condiciones en que lo hace para el resto del sector público. “…Ahora bien, en la situación específica que se analiza, debe hacerse presente que según lo dispuesto en el artículo 25 de la ley N° 19.296, que establece Normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, las medidas disciplinarias de destitución que se impongan a los dirigentes de dichas organizaciones -calidad que poseía la aludida servidora al aplicarse la sanción de que se trata-, deben ser ratificadas por esta Entidad de Control, estableciéndose así, un mecanismo de protección al afectado con tal sanción frente a la Administración activa…”. DÉCIMOCTAVO: Que adicionalmente ha de tenerse presente lo expuesto en la sentencia dictada en autos RIT T-9-2013 de este Tribunal en relación con el contexto en que se ha instruido el sumario en cuestión, entendiendo que no le corresponde revisar su mérito al no tratarse de acto completamente finalizado. En efecto se entendió en esa oportunidad que el mismo fue una conducta más bien relacionada con un desvío de poder y con miras a cobrar revanchas en relación con la participación del trabajador Pérez en campañas electorales respecto de rivales políticos de la actual administración edilicia. De tal manera la maquinación desnudada en dichos autos además ha revelado la afectación de otro bien jurídico que es la libertad sindical de la organización de la que era Presidente, en su vertiente de no sufrir agresiones o injerencias de otras asociaciones o del empleador. Libertad que nuestro texto constitucional garantiza “a todas las personas”, debiendo comprenderse en este contexto tanto a las naturales como a las ideales o jurídicas. DECIMONOVENO: Que las figuras contenidas en los artículos 289 y siguientes del Código del Trabajo son ilícitos establecidos para la protección de la libertad sindical. Como se ha dicho más arriba los titulares de la libertad sindical pueden ser personas naturales y jurídicas y dentro de estos últimos sindicatos de base, federaciones, confederaciones y centrales en el ámbito del sector particular y en el ámbito del sector público las asociaciones contempladas en la ley 19.296. También se ha sostenido más arriba, pero nunca es baladí reiterarlo que los Convenios 87, 98 y 151 de la OIT han establecido la obligación de proteger las organizaciones sindicales de toda índole. VIGÉSIMO: Que el derecho administrativo y el derecho laboral no son compartimentos estancos, son parte de un ordenamiento jurídico que tiene un pretensión regulatoria de todos los ámbitos del quehacer humano, en especial si se trata de situaciones conocidas por previsibles. El trabajo intelectual radica en su entendimiento armonioso. Tampoco hay una preeminencia de un estatuto sobre el otro. Lo único que es superior a ambos es el texto constitucional que en su artículo 1 reconoce como orientación la protección de los grupos intermedios y su fomento, lo que lleva necesariamente a entender que si la ley 19.296 no estableció sanciones especiales para la protección de las asociaciones sindicales es porque, en definitiva, ellas ya existían en la legislación laboral de base. Entender que esas conductas se encuentran impunes como postula la defensa es considerar en primer lugar que el fin de la ley 19.296 era crear asociaciones que fueran un verdadero “tigre sin dientes”; que el propósito del legislador era derechamente incurrir en responsabilidad internacional por incumplimiento de los convenios precitados y de la constitución de la OIT y de la Declaración de Filadelfia del mismo organismo de 1944 y que en definitiva la jurisdicción desatendería lo dispuesto en el artículo 10 inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales. VIGÉSIMOPRIMERO: Que el resto de la prueba testimonial en nada altera lo razonado más arriba y aún más las declaraciones del testigo Parra y el contexto del reconocimiento de su firma, su contradicción con la testigo Silva, respecto a su calidad de asociado hacen dudar seriamente de su honestidad y por ende de su aptitud para haber actuado como Fiscal del proceso administrativo, Y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 19 N° 15, N° 19, N° 26 de la Constitución Política de la República; Convenios 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo; artículo 25 de la ley 19.296; artículos 1, 289 y siguientes del Código del Trabajo; se declara. I Que la denunciada CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y ATENCIÓN AL MENOR DE QUELLÓN ha incurrido en práctica antisindical en contra de la Asociación De Funcionarios Rural De La Corporación Municipal De Quellón, en la persona de su presidente Fernando Pérez, al proceder a despedirlo y separarlo de sus funciones sin haber sido ratificado su despido por la Contraloría General de la República. II Que el denunciado deberá dar pago de las remuneraciones que por contrato se le hayan conferido al trabajador afectado por todo el tiempo comprendido entre la fecha de separación ilegal y la reincorporación a sus funciones con los reajustes e intereses que comprende el artículo 173 del Código del Trabajo. III Que el denunciado deberá el cesar de inmediato la conducta constitutiva de práctica antisindical, debiendo devolverle al dirigente afectado sus funciones de encargado de salud rural. IV Que el denunciado de abstenerse de ejecutar a futuro toda acción tendiente a menoscabar la libertad sindical de la organización y directivos afectados. V Que se condena a la denunciada al pago de una multa 100 Unidades Tributarias Mensuales a favor del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. VI Que la denunciada quedara inhabilitada para participar en procedimientos de contratación pública con el Estado chileno por un lapso de dos años a partir de la fecha en que este fallo quede ejecutoriado, de conformidad a lo prevenido en el artículo 4 de la ley 19.886. VII Que se condene a la denunciada al pago de las costas. Regístrese y archívese. Remítase copia a la Dirección del Trabajo para los efectos del artículo 294 bis del Código del Trabajo. RIT S-2-13 RUC N° 13-4-0034928-7 Dictada por Eduardo Ramírez Urquiza, Juez de Letras del Trabajo de Castro

30 de noviembre de 2013

RECLAMACIÓN DE MULTA; JLT San Bernardo, 29/10/2013; Rechaza reclamación de multa por no pago de bono de reemplazo de huelguistas; la interpretación de las normas que recaen sobre derechos fundamentales se efectúa de una forma tal que sea amplia, es decir, que permita el mayor ejercicio del derecho, esto se denomina interpretación pro homine; Debe entenderse por personal de reemplazo de la función o puesto de trabajo, entonces, al personal contratado directamente por el empleador a través de terceros o ajenos a la empresa que se encuentren desempeñando las funciones de los trabajadores involucrados en la huelga, a los estudiantes en práctica dentro de la empresa cumpliendo labores de las señaladas en el punto precedente, a trabajadores de la misma empresa a quienes el empleador haciendo uso de su facultad del artículo 12 los hubiere cambiado de funciones con el objeto de suplir la de los trabajadores involucrados en la huelga; RIT I-65-2013

(no ejecutoriada) San Bernardo, veintinueve de octubre del dos mil trece. VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que compareció don Juan Javier Casas del Valle Merello, factor de comercio en representación de CASAS DEL VALLE BARROS HERMANOS LIMITADA, empresa del giro de su denominación, ambos domiciliados en Panamericana Sur km. 26 comuna de San Bernardo, y dedujo reclamación conforme al artículo 503 y siguientes del Código de Trabajo en relación al artículo 496 y siguientes del mismo cuerpo legal contra la Resolución Administrativa N° 1383/13/50 de fecha 16 de agosto del 2013 que aplicó una multa de 30 U.T.M. (unidades tributarias mensuales) cursada por el fiscalizador don Ángelo Maximiliano Bavestrello Molins de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO MAIPO, representada por el Inspector del Trabajo don Rene Díaz Guler, todos domiciliados en Freire 473 segundo piso comuna de San Bernardo. Señala que se aplicó esta multa por una supuesta infracción relacionada con no pagar el bono de reemplazo equivalente a 4 UF (unidades de fomento) por cada trabajador contratado como remplazante o destinado para cumplir labores de trabajadores involucrados en la huelga finalizada el 20 de junio del 2013, dentro de los 5 días siguientes de finalizada ésta, siendo los trabajadores remplazados: Segundo Cortés Espinoza, Luis Bravo Vargas, Nelson Muñoz Toro, Felipe Abarca Morales, Jorge Pizarro Bahamondes, Francisco Meneses Garcés, Alejandro Valenzuela González, Javiera Aguilera Leiva, Marcos Medina Pacha, Ramiro Cornejo González, Yerko Cornejo González, Fabián Silva Rivera, Víctor Osorio Troncoso, Freddy Manzor Baeza, Juan Valdebenito Hidalgo, Héctor Jofré Padilla, Eduardo Avello Valenzuela, Elvis Martínez Aránguiz, Claudia Alegría Cid, Luis Baeza Molina, Cecilia Villar Valenzuela, Iván Herrera Berríos y Felipe Abarca Morales. Señala que se ha incurrido en un grave error jurídico por parte de la Inspección del Trabajo toda vez que estos trabajadores individualizados no tenían la calidad jurídica de remplazados y los que ejecutaron labores durante la huelga tampoco eran remplazantes en los términos del artículo 381 del Código del Trabajo. No habiendo remplazantes ni remplazados no correspondía que la reclamante pagara el bono de reemplazo como estima el fiscalizador y el ente administrativo, por cuanto la prohibición del artículo 381 del Código del Trabajo en cuanto a prohibir el reemplazo de trabajadores en huelga dice relación sólo a la contratación de trabajadores a efectos de que se efectúe aquel reemplazo, esa es la interpretación que debe darse al reemplazo de trabajadores que proscribe el artículo 381 del Código del Trabajo, limitándose entonces la aplicación a la contratación de nuevos trabajadores, es decir, a la contratación de personal ajeno a la empresa una vez que se ha hecho efectiva la huelga; en este sentido ha fallado la Excelentísima Corte Suprema y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel en fallos que cita. En este caso la reclamante remplazó a los trabajadores en huelga sustituyéndolos por otros trabajadores de la misma empresa, todos quienes tenían contrato vigente antes de hacerse efectiva la huelga, por lo tanto no estaba en la obligación de pagar el bono de reemplazo establecido en al artículo 381 inciso primero letra c del Código del Trabajo. Así esta resolución debe ser dejada sin efecto, lo cual pide con expresa condenación en costas. SEGUNDO: Que, en audiencia única se dio traslado a la Inspección del Trabajo quien contestó reconociendo efectivamente que se cursó esta multa y que el fiscalizador don Ángelo Bavestrello constató el hecho de que no se pagó el bono de reemplazo de 4 U.F. por cada trabajador contratado como remplazante o destinado para cumplir labores de trabajadores involucrados en la huelga legal finalizada el 20 de junio del 2013, dentro de los 5 días siguientes de finalizada la huelga, afectando a los trabajadores constatados en las actas efectuadas en las fiscalizaciones N° 1313/2013/1105 y 1313/2013/1127 siendo los remplazados Segundo Cortés Espinoza y otros, reiterando a las mismas personas que fueron referidas en la motivación primera. Que estos hechos gozan de presunción legal de veracidad conforme al artículo 23 del DFL 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo. En cuanto a la cualidad de derecho fundamental de la libertad sindical que tutela los intereses del colectivo de trabajadores ante el Estado y el empleador y también de las organizaciones de empleadores, señala que está reconocido internacionalmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas suscrito por Chile en 1989, el artículo 19 N° 16 y N° 19 de la Constitución que establecen el derecho de negociación colectiva y a sindicarse, Código del Trabajo libro IV titulo VI y los convenios N° 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. En cuanto a la prohibición de reemplazo de trabajadores en huelga señala que la ley lo prohíbe y establece ciertos requisitos para que pueda éste proceder y el reemplazo, por tanto, es una institución excepcional. Ahora, ¿qué se entiende por personal de reemplazo? Acude a la interpretación que ha hecho la propia institución administrativa, conforme al mandato legal que le compete, en el ordinario 1303/04 señalando que como tal se debe entender al personal contratado directamente por el empleador a través de terceros o ajenos a la empresa que se encuentren desempeñando la función de los trabajadores involucrados en la huelga, los estudiantes en práctica dentro de la empresa cumpliendo las labores señaladas en la referencia anterior, los trabajadores de la misma empresa a quienes el empleador haciendo uso de las facultades que le entrega el artículo 12 del Código del Trabajo hubiera cambiado de funciones para suplir a los trabajadores involucrados en la huelga y los trabajadores de la empresa a quienes el empleador hubiera cambiado de funciones y/o lugar de trabajo sin explicitar la facultad del artículo 12 del Código del Trabajo o respecto de los cuales se verifique una mayor carga de trabajo, aumento de jornada u horas extraordinarias. Por lo tanto, estando reconocido en este caso el reemplazo por sustitución de trabajadores de la misma empresa con contrato vigente, el fiscalizador constató el hecho de que se ha efectuado un reemplazo en los términos que se ha expuesto, conforme a la doctrina de la Dirección del Trabajo. Haciendo presente finalmente que el derecho de huelga quedaría prácticamente sin capacidad y se dejaría a los trabajadores sin una herramienta esencial para el logro del resguardo de sus intereses. TERCERO: Que, no se recibió a prueba la causa entendiendo que se reconocen los hechos y no hay por lo tanto controversia sobre los mismos. Estos hechos son, básicamente, que la empresa utilizó trabajadores que ya estaban contratados para remplazar las funciones de aquellos que se habían declarado en huelga, lo cual fue recogido y sancionado en la resolución de multa N°1383/13/50 de fecha 22 de agosto del 2013. Por lo tanto tratándose de una controversia únicamente de derecho se dicta inmediatamente la sentencia. CUARTO: Que la controversia de Derecho pasa, básicamente, por definir qué vamos a entender por reemplazo de trabajadores en huelga, cuándo se puede hacer y en qué circunstancias y si en este caso ha habido o no tal. Para resolverlo tenemos que ir al inicio de todo esto, por qué existe. La huelga es un fenómeno que existe desde hace muchísimos años y desde que existe el fenómeno del trabajo subordinado. El trabajo subordinado comienza con el inicio del trabajo masivo, la Revolución Industrial. En Inglaterra los primeros fenómenos de huelga son considerados delitos y se reacciona por parte del Poder Estatal fuertemente contra ello. Pasado el tiempo, de las características de considerársele un delito pasa a tolerarse y a considerarse un derecho. En nuestro país vemos una evolución similar, ejemplos históricos sobran acerca de la represión sobre ciertos fenómenos de huelgas en las salitreras del norte, por ejemplo, que terminaron con la aplicación de violentas soluciones por parte del Estado, y así el fenómeno se va tolerando y regulando hasta que, en la evolución jurídica de los países, de la humanidad en general y de Chile en concreto, se va reconociendo el derecho a huelga como un derecho, ya no considerándolo un delito sino que pasando a ser un derecho. Ahora bien ¿qué tipo de derecho? La invocación que el abogado de la Inspección del Trabajo ha hecho respecto a los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adaptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966 suscrito por Chile el 16 de Septiembre de 1969 y promulgado finalmente por Decreto N° 326 del 27 de mayo de año 1989, vienen en recoger este derecho y elevarlo a la categoría de derecho fundamental, derecho humano. Es decir en el catálogo de derechos de las personas que empieza con el derecho a la vida, sigue con el derecho a la integridad psíquica, en un momento se llega a establecer que el derecho a establecer un sindicato, a negociar colectivamente y a declararse en huelga es un derecho fundamental, un derecho humano. La Constitución Política de la República en su artículo 5 establece que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que es deber de los órganos del Estado “respetar y promover tales derechos garantizados por ésta Constitución así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes”. La doctrina y la interpretación conteste de toda la comunidad jurídica nacional han sostenido que los tratados internacionales sobre derechos humanos se incorporan a la Constitución y el catálogo de derechos se incorpora al catálogo de derechos de las personas de la Constitución. Por lo tanto, los órganos del Estado a través de sus distintos poderes están obligados a la promoción y respeto de estos derechos. En el caso en concreto, tenemos que ver la aplicación de una norma legal que establece el reemplazo de los trabajadores en huelga y definir cómo la vamos a interpretar. Los abogados especialistas en derecho laboral – y en general los abogados – deben saber que la interpretación de las normas que recaen sobre derechos fundamentales se efectúa de una forma tal que sea amplia, es decir, que permita el mayor ejercicio del derecho, esto se denomina interpretación pro homine. Por lo tanto, la interpretación de las normas que restringen el ejercicio de los derechos se efectúa de manera restrictiva. Las restricciones al ejercicio de los derechos deben estar limitadas y se involucra en esta interpretación – efectuada en este caso por el Tribunal de Justicia de judicatura laboral – se vincula especialmente con el mandato del artículo 5 de la Constitución Política de la República. A modo de ejemplo, la reforma penal adolescente contiene la regulación de la responsabilidad penal adolescente y recoge expresamente que la interpretación de los derechos fundamentales debe ser amplia y la restricción de los mismos debe ser restringida. La referencia anterior va a que, si vamos a interpretar el reemplazo de trabajadores en huelga, tenemos que hacerlo desde esa perspectiva. El reemplazo de los trabajadores en huelga es una norma que, si bien esta muy cuestionada, va directamente a limitar el ejercicio de un derecho fundamental. El artículo 19 N° 16 y N°19 de la Constitución Política de la República contienen la definición de libertad sindical y establecen el derecho a negociar colectivamente y el derecho a formar sindicatos, y también si lo relacionamos con el Convenio 87 N°1, 2 y 3 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile con fecha 1 de febrero de 1999 y promulgado en el Diario Oficial con fecha 12 de mayo de 1999, se reconoce en ello el derecho de los sindicatos a formar sus planes de acción y derecho fundamental del plan de acción es la Huelga, componente de la libertad sindical. Por lo tanto, la interpretación de una norma que restringe el ejercicio de un derecho fundamental debe hacerse en forma estricta. El artículo 381 del Código del Trabajo en su encabezado señala que estará prohibido el reemplazo de trabajadores en huelga y luego, los requisitos cuando estará permitido. Lo prohibido es el reemplazo; el sentido natural y obvio de la palabra está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que señala que “reemplazar” es “sustituir algo por otra cosa, poner en su lugar otra cosa que haga sus veces, suceder a alguien en el empleo, cargo o comisión que tenia o hacer accidentalmente sus veces”. En este sentido este juez comparte plenamente el razonamiento expuesto por la Dirección del Trabajo en el Ordinario N°1303/64 en cuanto a entender que debe entenderse por personal de reemplazo en la función o puesto de trabajo y, en general, se trata de cualquier persona que remplace al huelguista, cualquier persona que remplace a aquel que está ejerciendo un derecho fundamental reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, reconocido por el Convenio 87 y 98 de la OIT, reconocido por el articulo 19 N° 16 y N°19 de la Constitución Política de la República e incorporado como derecho fundamental a través del artículo 5 de la misma Constitución. Debe entenderse por personal de reemplazo de la función o puesto de trabajo, entonces, al personal contratado directamente por el empleador a través de terceros o ajenos a la empresa que se encuentren desempeñando las funciones de los trabajadores involucrados en la huelga, a los estudiantes en práctica dentro de la empresa cumpliendo labores de las señaladas en el punto precedente, a trabajadores de la misma empresa a quienes el empleador haciendo uso de su facultad del artículo 12 los hubiere cambiado de funciones con el objeto de suplir la de los trabajadores involucrados en la huelga. En este caso, estamos en esta última hipótesis y, por lo tanto, habiéndose constatado que ese es el hecho con que se enfrenta el fiscalizador correspondía, por tanto, cursar la multa, y está correctamente ejecutada, no hay error de hecho al respecto al no pagar el bono de reemplazo, hecho que además está reconocido y en consecuencia la reclamación debe ser rechazada. QUINTO: Que, hacemos presente que la interpretación de la restricción de derechos fundamentales debe ser estricta. Hacemos presente que la judicatura laboral debe aplicarse en clave de Derecho Laboral, hacemos presente además que la interpretación de normas que contienen derechos fundamentales también debe hacerse conforme a las normas de ese derecho. No estamos ante Derecho Civil ni un Derecho inminentemente patrimonial, estamos ante un Derecho que trata sobre las personas. Por lo tanto, si se estima del caso que esta interpretación está equivocada, deberían expresarse – en la resolución o en la argumentación que intente rebatir – cómo entonces no se considera esto una restricción de un derecho fundamental, entendiéndolo dentro de la doctrina del Derecho Laboral, dentro de la aplicación de las normas de derecho que se han referido y – más allá del Derecho Laboral y más grande aún – de la aplicación de los Derechos Humanos y Fundamentales. Por las consideraciones precedentes, visto lo dispuesto en los artículos 1, 381, 420 y siguientes, 503 y siguientes del Código del Trabajo, artículo 23 del DFL N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas artículo 8 letra d, Convenio N° 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de la OIT de 1948, Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva de 1949 de la OIT, articulo 1, 5, 19 N° 16 y N° 19 de la Constitución Política de la República se RESUELVE: 1. Que SE RECHAZA la reclamación en todas sus partes. 2. Que, no se condena en costas entendiéndose que existen motivos plausibles para litigar. Se ordena registrar y otorgar copia a quien lo solicite.

19 de mayo de 2013

TUTELA; 1er JL de San Antonio, 28/06/2012; acoge acción de tutela laboral por vulneración de garantías constitucionales con ocasión del despido indirecto de la actora; la acción de tutela laboral, fundada en la vulneración de garantías fundamentales con ocasión del despido indirecto, en virtud del cual puso término al contrato de trabajo que lo unía con la demandada, resulta procedente pues, la circunstancia que en el art. 489 CT se mencione como requisito de tal acción que se haya producido un “despido”, esta referencia no debe ser interpretada en forma restrictiva al acto unilateral ejercido por el empleador en que pone término al contrato de trabajo de un trabajador en particular, ya que esta referencia a la palabra “despido”, debe ser entendida en términos amplios, en el sentido de que también comprende la “acción de despido indirecto”, el que puede ser definido como un tipo de despido, establecido por el legislador, para el caso en que un trabajador se ve obligado a poner término a su contrato de trabajo, en virtud de incumplimientos de parte de su empleador a obligaciones que resultan ser esenciales en toda relación laboral, debiendo tenerse presente, que se trata de la fuente laboral del trabajador, de la cual obtiene los recursos para su mantención y, eventualmente de su familia, por lo que tales incumplimientos son de tal entidad que resulta atendible la necesidad de terminar la relación laboral; RIT T-1-2012

San Antonio, veintiocho de junio de dos mil doce. VISTO, OÍDO LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que ante este Primer Juzgado de Letras de San Antonio, comparece doña ........................................, Secretaria, domiciliada en calle ………………….., comuna de San Antonio, quien interpone demanda de tutela laboral por violación de derechos fundamentales y de despido indirecto, en contra de SOCIEDAD ESPECIALIZADOS BROWN S.A, del giro transportes, representada, en conformidad al artículo 4º del Código del Trabajo por don SERGIO SABAS BROWN SARRALDE, desconoce profesión u oficio, ambos domiciliados en calle Centenario Nº 193, oficina 44, Edificio Huallipén, comuna de San Antonio, a fin que se declare que su empleador ha incurrido en conductas que implican vulneración de sus derechos fundamentales, amparados en el artículo 485 del Código del Trabajo, específicamente, aquellos contenidos en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Asimismo, se declare que la conducta del demandado se enmarca en las hipótesis del artículo 171 del Código del Trabajo y en consecuencia se encuentra habilitada para poner término al contrato de trabajo que mantenía con la sociedad demandada, disponiendo el pago de las prestaciones que se señala en su demanda. Señala que ingresó a prestar servicios a la empresa demandada el 15 de marzo de 2003, la que en aquella época se denominaba “Químicos Brown Ltda.”, para posteriormente pasar a ser “Especializados Brown S.A.”, desempeñándose como Secretaria Administrativa (Jefa de Flota), en la oficina de la empresa ubicada en Centenario Nº 193, Oficina 44, “Edificio Huallipen”, comuna de San Antonio, hasta el 17 de enero de 2012; que la jornada de trabajo se distribuía de lunes a viernes, desde las 09:00 a 13:00 y tarde de 15:00 a 18:00 horas, que en cuanto a la remuneración, esta se pactó de carácter mixta, por una parte un sueldo fijo de $220.000, más gratificación mensual de $57.000.- y una parte variable equivalente al 1% de las ventas netas del mes, el que se reflejaba en las liquidaciones como “bono de producción”, sin que durante todo el tiempo trabajado se le pagara la denominada semana corrida respecto del este último ítem, como tampoco se le otorgaron las vacaciones por el mismo tiempo trabajado. Indica que dada esa anomalía y en la medida que pasaba el tiempo y no se le otorgaban esas contraprestaciones legales y que además su superior directo y representante de la empresa, don Sergio Brown Sarralde le informa que la empresa pretende modificar su razón social nuevamente, por “TANK STORAGE E.I.R.L.”, lo que implicaba que tendría que finiquitar su contrato y recontratarla a través de esa nueva empresa, le exigió que previo a firmar el nuevo contrato debía otorgarle y/o pagarle las vacaciones pendientes, como asimismo cancelarle la semana corrida de todo el período trabajado. Esta exigencia de su parte, produjo inmediatamente reacciones adversas en su trato laboral, padeciendo de ese momento malos tratos de su parte. Señala que es del caso que con fecha 14 de diciembre de 2011, mientras ejercía sus labores le informa que a partir de esa fecha y por tiempo indefinido, la relación laboral quedaba suspendida, negándole en consecuencia el acceso a la empresa y por ende a toda la documentación que con razón de su cargo manejaba, señalándole que dicha suspensión se realizaría en términos tales que no debía presentarme a sus labores ni concurrir a las dependencias de la empresa, entregándole una carta en que se manifestaba además que la suspensión que le aplicaba era con goce de sueldo, incluyendo todos los beneficios y condiciones contractuales vigentes y que lo anterior tenía como fundamento, eventuales anomalías administrativas y financieras de la empresa. Que ante dicha situación y dado que esta institución no se encuentra consagrada en el Código del Trabajo y a objeto de no ser acusada posteriormente de abandono de sus labores, acudió ante la Inspección Provincial del Trabajo de San Antonio, en donde dedujo el reclamo respectivo, cuyo informe de fiscalización emitido con fecha 06 de enero de 2012 constata la veracidad de la denuncia, cursando a su empleador una multa administrativa fundado en “No otorgar trabajo y/o suspender labores, ello conforme al artículo 7º y 506º del Código del Trabajo”, y su juicio aquello también configura una vulneración a las causales de término del contrato establecida en el Nº 1 y 7 del artículo 160 del cuerpo legal. Indica que con posterioridad a la suspensión de sus labores mencionadas, se enteró que su empleador acudió ante el Ministerio Público de San Antonio, en donde dedujo una denuncia en su contra, acusándola de un presunto delito de hurto de dinero en su contra, en la cual sostiene que haciendo abuso de su cargo, habría obtenido, sin su autorización, transferencias de dinero desde la cuenta corriente que la empresa posee en Banco Estado a la de ella, mediante el uso de la clave secreta, apropiándose de ese modo de diversas sumas de dinero; que aquello resulta absolutamente absurdo, básicamente por cuanto las empresas utilizan para dichas operaciones un aparato electrónico denominado Pin Pass que es el nuevo nombre para la clave secreta de las cuentas bancarias, la cual resulta ser obligatoria para efectuar cualquier tipo de transacciones que digan relación con cargos a dichas cuentas, tanto en los comercios adheridos, como para realizar avances de dinero en efectivo en cajeros Redbanc y/o transferencias electrónicas, y que el instrumento mencionado jamás le fue entregado por su empleador, de modo que resulta imposible que hubiere estado en capacidad de ejecutar aquellos actos. Señala que si bien en varias oportunidades debía transferir fondos de la empresa, ello siempre se realizó por instrucciones directas de don Sergio Brown Sarralde, quien lo llamaba por teléfono, le indicaba el monto que debía transferir y el destino de aquellos dineros, los que habitualmente se utilizaban para pagar remuneraciones, proveer viáticos a los conductores que manejaban los camiones de la empresa, sin perjuicio de ello, también se pagaban gastos personales de su ex empleador; que para esos efectos y una vez que le indicaba el monto a transferir, doña ……………………– esposa y socia de la empresa o en su defecto doña …………………………… – Contadora, que eran quienes manejaban el Pin Pass, se comunicaban con él y le entregaban la clave, la primera habitualmente y la segunda cuando viajaban o estaban de vacaciones los primeros; que nunca jamás quedó en su poder el mencionado aparato y una vez que realizada la transacción, inmediatamente la clave muda, de tal suerte que aquella no puede utilizarse otra vez. Consigna que mientras trabajó para su ex empleador, siempre existieron roces que nunca pasaron a mayores, por cuanto don Sergio Brown debido a los problemas financieros de la empresa, le exigía ocultar a sus socios la forma en que se utilizaba el dinero que obtenía la empresa a través del ejercicio de su giro, básicamente aquellos que utilizaba en sus gastos personales, de tal suerte que cuando se le consultaba del estado de los negocios, se le obligaba a decirles que el trabajo estaba malo y que no se recibía dinero suficiente para mantener la empresa en funcionamiento, negándoles de este modo la existencia de utilidades, cuestión que lógicamente resulta improcedente, por cuanto su contrato de secretaria, no implica de modo alguno participar de sus mentiras y cada vez que le representé su malestar, él sencillamente le decía que ella no era parte de la empresa y por ende, no debía meterse en eso y que si no le gustaba sencillamente debía renunciar, reiterándole todas esa veces la prohibición absoluta de divulgar la situación real a los demás socios, bajo apercibimiento de perder su empleo, obligándola a mentir cuando aquellos le consultaban alguna materia de ese tenor. Que de lo anterior se extrae que en realidad la conducta de su empleador, en orden a presentarse la acusación a que ha hecho mención y la suspensión de sus funciones, con abierta infracción a los derechos fundamentales contenidos en el inciso primero del Nº 1º y 4º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, no es más que un artificio destinado, en primer lugar a impedir que en razón de su cargo continuara conociendo de las maniobras que realizaba para evitar que los socios conocieran el verdadero estado de los negocios que realizaba la empresa, a quienes les informaba que el giro de transportes estaba tan bajo, que la empresa no obtenía utilidades y por otra parte obtener que renunciara a la relación laboral, perdiendo con ello todos los derechos que el Código Laboral confiere a los trabajadores que son despedidos. Señala que por último, con fecha 17 de enero de 2012 se le envía una carta por parte de la empresa en que don Sergio Brown Sarralde, en representación de Especializados Brown S.A., le informa el término de la suspensión y le convoca a cumplir funciones, citándome para el 19 de enero del mismo mes a las 09:00 horas, y a este respecto expresa que no acudió, por cuanto con lo acontecido, vale decir, el hecho de haber sido suspendida de sus labores, a lo que se agrega una denuncia ante la Fiscalía Local de San Antonio absolutamente carente de veracidad y fundamento por hurto, sin duda provocan a un trabajador que lleva 8 años y 10 meses trabajando para el mismo empleador, un enorme stress laboral, una profunda angustia e inseguridad y vergüenza que indudablemente provocan el quiebre de la relación laboral de tal magnitud que resulta inconciliable con una reanudación de la misma, a mera exigencia del empleador, por ello con fecha 19 de enero de 2012 envió a su ex empleador una carta certificada comunicándole el término de su contrato de trabajo por falta de probidad e incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato, la primera debido a la falta de honradez en su obrar al tratar de inculparla de hurto a sus socios y así justificar un faltante que él ha utilizado en sus gastos propios y la segunda, por no otorgarle efectivamente el trabajo convenido, mediante el expediente de suspender unilateralmente la relación laboral, sin perjuicio de no otorgarle las contraprestaciones legales a que tiene derecho, tal es el pago íntegro de sus remuneraciones y sus vacaciones legales por todo el tiempo que prestó sus servicios. Agrega que don Sergio Brown Sarralde, le ordena no divulgar a los socios el movimiento real, bancario y negocios que realizaba la nueva empresa, en especial los dineros que se obtenían por las contrataciones de transportes que efectuaba la empresa con terceros, todo ello bajo apercibimiento de su despido inmediato. Ante la condición impuesta por su persona y su negativa para el evento de no cumplirse aquella, su empleador, como un medio de presión a fin de obtener su renuncia, suspende unilateralmente la relación laboral, impidiendo su acceso a la empresa a objeto de prestar efectivamente sus labores y denunciarla a la Fiscalía local de San Antonio por el delito de hurto, causa que rola con el R.U.C. 11/1333907-6 cuya investigación a la fecha se encuentra pendiente. Que el modo en que el empleador ha vulnerado sus derechos fundamentales del Nº 1 y 4 de la Constitución política del Estado, que autorizan a ejercer la acción de tutela laboral y de conformidad con el artículo 485 del Código del Trabajo, el empleador resulta especialmente obligado a respetar la salud física y psíquica de sus dependientes, garantía consagrada en el artículo 19 Nº 1 inciso 1º y el Respeto a la honra, de la persona y su familia, del Nº 4º de la Constitución Política de la República, estableciendo el legislador, la presente acción de tutela laboral para el evento que estos derechos hayan sido conculcados en el ejercicio de la relación laboral. Indica que con el mérito de la relación de hechos expresados en el acápite I de su presentación, se advierte sin duda que la conducta de su ex empleador ha traspasado ampliamente la esfera de protección con que le ampara la Carta Fundamental, por cuanto, por una parte su empleador al suspenderla de sus labores a objeto de presionarla para que renuncie a su contrato y acusarla de un delito que resulta imposible que en su calidad de secretaria pueda concretarlo, es francamente grave, afectando con ello, por una parte su estabilidad en el empleo y por ende un daño a su salud física y psicológica, sin perjuicio que también se afecta en su honra personal. Cualquier persona honrada que de un momento a otro, sin haber realizado actos que justifiquen medidas en su contra no queda indemne ante irregularidades como las realizadas por el empleador. Agrega que hasta la fecha se encuentra en un estado depresivo, intenta vanamente justificar la actitud de su jefe directo, con quien trabajó casi 9 años de quien estimaba yo era una persona de confianza y nunca faltó a ella, quien a objeto de presionarla para que renunciara y no pagar los derechos laborales que el Código del Trabajo le otorga, no trepida en privarla de su derecho a ejercer efectivamente las labores que ejerció durante todos esos años y además, la utiliza como “chivo expiatorio” acusándola de un delito que sabe que no es efectivo, para justificarse de dinero faltante de la empresa que gastó en sus necesidades personales, afectando con ello a la honra de su persona; indica que los hechos descritos le producen en la actualidad un estrés laboral, angustia e inseguridad respecto de su persona, a extremos que de hecho, la sola idea que concurra a buscar trabajo en esta ciudad en donde vive con su familia y en donde la mayoría de los empresarios del transporte se conocen, le hace temer que la rechacen por cuanto fue sindicada por su empleador como una “ladrona” y con ello se han vulnerado las garantías constitucionales que protege el legislador laboral, agravado aun más, generándole un estado de fuerte angustia ante una citación que recibió por parte de la Policía de Investigaciones de Chile, por la imputación de un supuesto hurto, supuestamente generado a través de transferencias electrónicas, estos hechos constituyen una vulneración al derecho a la salud física y psíquica del Nº 1 del artículo 19 y el Derecho a la honra personal Nº 4º del mismo artículo, ambos de la Carta Fundamental. Agrega que sin duda, la actitud asumida por el empleador a objeto de obligarla a renunciar a su contrato, esto es, suspender unilateralmente la relación laboral, denunciarla ante la autoridad por un presunto delito de hurto sin duda constituye un acto por decir lo menos inmoral, que no se aviene con la un empleador recto y probo si aquello le agregamos que proviene de un acto lícito de la trabajadora, como es exigir de su empleador sus derechos, tales como el pago de la semana corrida y sus vacaciones que se le adeudan, cuestiones de por sí constituyen falta de probidad, básicamente por cuanto el no pago de la semana corrida le significa al empleador un ingreso ilegítimo a costa del trabajador, como asimismo, no otorgarle las vacaciones constituye una vulneración de ley. Indica que también ha incurrido el demandado en incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato, el no otorgar el empleador al trabajador el trabajo efectivo para el que fue contratado, mediante el expediente de suspender la relación laboral” hecho del cual fue infraccionado por la Inspección Provincial del Trabajo. Señala que con el mérito de todo lo anterior, deduce las presentes acciones conjuntas de Tutela laboral y despido injustificado, solicitando se ordene a su empleador el pago de las prestaciones que de base de cálculo debe servir para el evento de ser acogidas las acciones deducidas, y atendido que sus remuneraciones poseen un carácter mixto a objeto de determinar la base de las remuneraciones que deben promediarse a objeto de obtener el monto que debe servir de base al pago de las prestaciones que se ordenen pagar, hace presente al Tribunal que esas corresponden a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2011, por cuanto diciembre y enero no fueron laborados íntegramente, por ende, no figura en esas liquidaciones el porcentaje que constituye la remuneración variable. Además a aquellas liquidaciones, debe agregarse la semana corrida que su ex empleador le ocultaba y por ende no le pagaba, en consecuencia, el promedio de los últimos tres meses completos de remuneraciones alcanzan el valor de $466.656.- Solicita que con el mérito de lo expuesto y las disposiciones legales que invoca se tenga por deducida conjuntamente, demanda de tutela laboral por violación de derechos fundamentales y despido indirecto en contra de del demandado y se declare en definitiva que la demandada, con ocasión del despido indirecto ha vulnerado sus derechos fundamentales amparados en el artículo 485 del Código del Trabajo, por infracción a las garantías constitucionales del artículo 19 Nº 1 y 4 de nuestra Carta Fundamental, como asimismo, declarar que su conducta autoriza al Trabajador a poner término a la relación laboral en los términos expresados en el artículo 171 del Código del Trabajo, condenando a la demandada a pagarme, sobre la base de la remuneraciones promedio por el valor de $466.656.- mensuales: 1.- Al máximo de la indemnización establecidas en el inciso tercero del artículo 489 del Código del Trabajo o lo que el Tribunal estime de justicia aplicar por vulneración de derechos fundamentales, 2.- $4.199.904.- por indemnización por 8 años y fracción superior a 6 meses de servicio, más el incremento del 100% para el evento que estime que la causal de despido indirecto sea la falta de probidad del empleador, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 168 del Código del Trabajo, lo que arroja un total de $8.399.808; 3.- $466.656 por mes sustitutivo de aviso previo 4.- $775.578 por diferencia de remuneraciones por semana corrida durante los dos últimos años 5.- $909.792 por dos años de vacaciones y proporcionales de 10 meses 6.- $248.915 Remuneraciones correspondientes al del mes de enero de 2012, y 7.- Las costas de la causa, y sin perjuicio de lo anterior, todas las prestaciones deberán reajustarse conforme al artículo 173 del Código del Trabajo. En el primer otrosí de su presentación la actora en subsidio y para el evento que se desestime la demanda principal o que estime que ambas son incompatibles, viene en deducir desmanda de despido indirecto en contra de la demandada, fundando en los mismos hechos y fundamentos de derecho expresados en lo principal de su demanda, los que da por expresamente reproducidos. Señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código del Trabajo, solicita que se declare terminado su contrato con la empresa demandada suscrito el 15 de marzo de 2003, vigente hasta el 19 de enero de 2012, por haber incurrido su ex empleador en conductas que habitan al trabajador a poner término a la relación laboral, específicamente, la causal Nº 1 y 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, falta de probidad e incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, por cuanto a fin de obtener de su parte la renuncia del contrato, se negó a otorgarle sus vacaciones durante todo el período que prestó servicios a la empresa se negó a conferirme sus vacaciones, no le pagó en el mismo tiempo las contraprestaciones que dicen relación con la semana corrida y finalmente, ante su requerimiento en estas materias, y como una forma de presión la denuncia ante la Fiscalía Local de San Antonio por un delito que nunca he estado en condiciones de concretar, por último, unilateralmente, decidió suspender la relación laboral, impidiéndole el acceso a las dependencias de la empresa a fin de realizar en forma efectiva sus funciones de Secretaria para las que fue contratada, es decir, no le otorgó la ocupación efectiva para la que fue contratada. Que lo anterior, constituye vulneración a las normas legales vigentes que se subsumen en las causales de caducidad debidamente comunicadas a su empleador, por carta certificada enviada al domicilio del empleador expresado en el contrato y a mayor abundamiento en el domicilio actual que este posee en la actualidad. Solicita que con el mérito de lo anterior, se declare que el despido indirecto se encuentra justificado, condenando a su ex empleador al pago de las siguientes prestaciones: 1.- $4.199.904 por indemnización por 8 años y fracción superior a 6 meses de servicio, más el incremento del 80% para el evento que se estime que la causal de despido indirecto sea la falta de probidad del empleador, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 171 del Código del Trabajo, lo que arroja un total de $7.559872.- Que en subsidio, para el evento que estime que el despido obedece a incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato el recargo se aplique en un 50%, lo que arroja la suma de $6.299.856.- 2.- $466.656 por mes sustitutivo de aviso previo; 3.- $775.578 por diferencia de remuneraciones por semana corrida durante los dos últimos años 4.- $909.792 por dos años de vacaciones y proporcionales de 10 meses; 5.- $248.915.- remuneraciones correspondientes al del mes de enero de 2012 6.- Las costas de la causa. Sin perjuicio de lo anterior, todas las prestaciones deberán reajustarse conforme al artículo 173 del Código del Trabajo. SEGUNDO: Que, encontrándose debidamente notificada la demandada del presente juicio, no contestó la demanda, como asimismo no compareció a la audiencia preparatoria y de juicio, por lo que se tuvo por contestada la demanda en su rebeldía. TERCERO: Que, con fecha 04 de mayo de 2012, tuvo lugar la audiencia preparatoria con la asistencia de la demandante debidamente asistida por su abogado y en rebeldía de la parte demandada, ocasión en la cual se tuvo por frustrado el llamado a conciliación atendida la contumacia de la demandada; el 11 de junio del año 2012, tuvo lugar la audiencia de juicio, también con la asistencia de la demandante debidamente acompañada por su abogado y en rebeldía de la demandada. CUARTO: Que los hechos a probar son los siguientes: 1.- Efectividad de haber existido un vínculo laboral entre la demandante y la demandada fecha de inicio, remuneraciones y clausulas pactadas, naturaleza de los servicios y lugar donde se prestaron 2.-Efctividad que la relación laboral habida entre las partes se suspendió periodo razones y circunstancias 3.-Efectividad que la suspensión de labores y la acusación presentada por la demandada a que alude la demandante han infringido derechos fundamentales de esta última, naturaleza y razones de ello 4.- Efectividad que la demandante puso término al contrato de trabajo fecha y motivos 5.- Efectividad de adeudar el demandado a la demandante las prestaciones e indemnizaciones que esta reclama en su demanda. QUINTO: Que la parte demandante rindió la siguiente prueba: a).- Documental: 1.- Contrato de trabajo suscrito entre empresa especializadas Brown y doña ........................................ 2.- informe de fiscalización emanado de la Inspección del trabajo N° 1187 de fecha 06 de enero de 2012 3.- Carta emitida por la empresa Especializada Brown S.A. de fecha 14 de diciembre de 2011 a la trabajadora 4.- Carta emitida por la empresa Especializada Brown S.A. de fecha 17 de enero de 2012 a la trabajadora, en la que comunica la revocación de la acción inicialmente interpuesta de suspensión de las labores 5.- Carta de renuncia con su correspondiente envió por correos de chile, enviado por la demandante a su empleador 6.- Aviso de despido indirecto ante la Inspección del Trabajo de San Antonio 7.- Denuncia formulada por el ex empleador ante el Ministerio Público de San Antonio; Liquidaciones de remuneraciones de los meses de noviembre y diciembre del año 2011 8.- Certificado de pago de cotizaciones de AFP capital 9.-Denuncia formulado por el empleador ante la fiscalía local de San Antonio. b).- Testimonial: En la audiencia de juicio, previo juramento, prestaron declaración los siguientes testigos: 1.- ……………………. 2.- ………………... El primero señala que es socio accionista de Especializados Brown Ltda., en un 10%, por las cuales pagó $12.000.000 y la actora era secretaria de la demandada, el empleador le prohibió a la trabajadora entregar información de sus acciones en el año 2010, después del terremoto, y hasta octubre de 2009 se enviaba un estado financiero mes a mes, y los estados reflejaban gastos que no correspondían a la empresa de transportes. El segundo indica que la actora desempeñaba labores de secretaría administrativa, organizaba los viajes de transportes, esto es, contactar a los conductores, contactar los dineros para suministros de combustibles, peajes, ella sacaba el dinero por las transferencias de su cuenta Rut, a esa cuenta la demandada le transfería los dineros, proporcionaba los suministros, su jefe directo era don Sergio Brown, también hacía de jefe doña ……………………., que era su esposa. Aclara que retiraba dinero la actora para gastos de luz, pago de cuentas de la casa, alimentos para perros, todas del jefe, la información no la podía entregar a otros socios, a quienes les informaba que había poca plata, las remuneraciones de la actora se hacían por transferencia electrónica., de lo cual se entregaba las facturas y se firmaba un cuaderno ambas partes, la actora y su jefe el señor Sergio Brown, todo el dinero para los pagos era a través de la transferencias electrónicas que le hacía el demandado, también le entregaban un código pin pass para que ella pagara las facturas, es decir, se le entregaba un código, la actora dejó de trabajar en diciembre y le entregaron una carta de suspensión porque querían hacer una revisión en aquella ocasión ella se sentía mal estaba temblorosa, y después en enero le enviaron una carta para invitarla a reintegrarse, pero ella no se reintegró porque se le acusó de robo. SEXTO: Que la parte demandada, no rindió medio de prueba alguna en la presente causa. SÉPTIMO: Que la actora, ha entablado una denuncia por vulneración de derechos fundamentales, específicamente, la salud física y síquica y la honra, consagrados en el N° 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y por despido indirecto de conformidad al artículo 171 del Código del Trabajo. OCTAVO: Que el artículo 485 del Código del Trabajo establece que el procedimiento de tutela laboral “se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, inciso primero, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral, 4º, 5º, en lo relativo a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, 6º, inciso primero, 12º, inciso primero, y 16º, en lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido en su inciso cuarto, cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador. También se aplicará este procedimiento para conocer de los actos discriminatorios a que se refiere el artículo 2° de este Código, con excepción de los contemplados en su inciso sexto”. NOVENO: Que, de las disposiciones legales recién citadas, aparece que el fundamento jurídico que sustenta la acción de autos se encuentra contemplado dentro de las posibilidades que regula nuestro procedimiento de tutela laboral. Así cabe precisar que la acción de tutela laboral deducida por el actor en lo principal de su demanda, fundada en la vulneración de garantías fundamentales con ocasión del despido indirecto, en virtud del cual puso término al contrato de trabajo que lo unía con la demandada, resulta procedente teniendo presente para ello, que la circunstancia que en el artículo 489 del Código del Trabajo se mencione como requisito de tal acción que se haya producido un “despido”, esta referencia no debe ser interpretada en forma restrictiva al acto unilateral ejercido por el empleador en que pone término al contrato de trabajo de un trabajador en particular, en virtud de alguna de las causales legales que se contemplan, ya que esta referencia a la palabra “despido”, debe ser entendida en términos amplios, en el sentido de que también comprende la “acción de despido indirecto”, el que puede ser definido como un tipo de despido, establecido por el legislador, para el caso en que un trabajador se ve obligado a poner término a su contrato de trabajo, en virtud de incumplimientos de parte de su empleador a obligaciones que resultan ser esenciales en toda relación laboral, debiendo tenerse presente, que se trata de la fuente laboral del trabajador, de la cual obtiene los recursos para su mantención y, eventualmente de su familia, por lo que tales incumplimientos son de tal entidad que resulta atendible la necesidad de terminar la relación laboral. DÉCIMO: Que, según el libelo pretensor, los hechos constitutivos de la trasgresión a los derechos fundamentales de la trabajadora se habrían ocasionado cuando su empleador al suspenderla de sus labores a objeto de presionarla para que renunciaría a su contrato para no pagarle sus prestaciones y acusarla de un delito de hurto en su calidad de secretaria a través de transferencias electrónicas que a su juicio no son efectivas, y le afectaría la estabilidad en el empleo y le provoca un daño a su salud física y síquica y su honra personal, sin haber realizado actos que justifiquen medidas en su contra, lo cual no la deja indemne ante las irregularidades de su empleador, encontrándose hasta la fecha con un estado depresivo, intentando vanamente justificar la actitud de su jefe con quien trabajó casi nueve años, todo lo cual le genera un estrés laboral, angustia e inseguridad respecto de su persona y la idea de salir a buscar trabajo le hace temer que le rechacen por haber sido sindicada por su empleador como una ladrona, agravado ello con una citación que recibió de la Policía de Investigaciones, todo lo cual constituyen en su concepto una vulneración al derecho a la salud física y síquica del Nro. 1 del artículo 19 y el derecho a la honra personal nro. 4 del mismo artículo, ambos de la Carta Fundamental. UNDÉCIMO: Que como ya se dijo el procedimiento establecido en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, tiene por finalidad la “tutela” o “garantía” de ciertos derechos laborales, consagrados en diversos numerales del artículo 19 de la Constitución Política de la República y también de ciertos actos discriminatorios que se encuentran comprendidos en el artículo 2 del Código del Trabajo, respecto de cuestiones que se susciten en la relación laboral por aplicación de la normativa laboral y que lesionan derechos fundamentales de trabajadores y establecido lo anterior, cabe consignar que siendo una acción de tutela de derechos fundamentales del trabajador regulada por el párrafo VI del Título II del Libro V del Código del Trabajo, se impone a la demandante, como exigencia mínima probatoria, aportar antecedentes que constituyan indicios suficientes del acaecimiento de los hechos que se denuncian como constitutivos de la vulneración de derechos fundamentales, correspondiéndole acreditar o explicar la demandada -cumplida la exigencia antedicha por el denunciante- la justificación y proporcionalidad de las medidas adoptadas. DUODÉCIMO: Que procede en primer lugar dejar establecida la efectividad de haber existido una relación laboral entre las partes, lo cual fue acreditado del tenor del contrato de trabajo incorporado como prueba documental por la actora denunciante. En efecto, en dicho instrumento consta que con fecha 01 de mayo de 2009, Especializados Brown S.A., representado legalmente por don Sergio Brown Sarralde y doña ……………………….. celebraron un contrato de trabajo, por el cual la actora se compromete y obliga a desempeñar las labores de secretaria administrativa (jefa de flota) en la sección oficina del establecimiento ubicado en Centenario Nro. 193, oficina 46, Edificio Huallipén, estableciéndose que la trabajadora tendrá una jornada de trabajo que se extenderá de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, siendo su remuneración consistente en un sueldo base de $220.000, gratificación mensual de $57.000 y un 0,85 del porcentaje de ventas netas del mes, estipulándose que dicho contrato es de carácter indefinido, considerando que la trabajadora ingresó al servicio el 15 de marzo de 2003, sin dar por finiquitada la relación laboral por el cambio de la razón social de Transportes Químicos Brown Ltda., a la actual. Además la existencia de dicho contrato y específicamente de la relación laboral existente entre las partes ha sido reafirmada con el informe de fiscalización de la Inspección Provincial del Trabajo de San Antonio en donde se indica que al empleador le fue requerida la documentación constatándose la existencia del contrato de trabajo, siendo dicho vínculo laboral demostrado también con el certificado de remuneraciones imponibles emitido por AFP Capital S.A. y las liquidaciones de sueldo de noviembre y diciembre de 2011 de la trabajadora. DÉCIMO TERCERO: Que establecido el vínculo laboral entre las partes, fecha de inicio las cláusulas pactadas en el contrato, las labores desempeñadas por la demandante, remuneraciones, lugar de trabajo y su jornada laboral, procede analizar la procedencia de la acción entablada y al respecto, como se ha venido diciendo la demandante afirma en su demanda que ha sido vulnerado en sus derechos fundamentales con ocasión de haber sido suspendida de sus labores sin otorgársele el trabajo convenido y haber sido denunciada por un delito de hurto, lo cual la llevó a poner término a su contrato de trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del Código del Trabajo con fecha 19 de enero de 2012, por las causales de falta de probidad del empleador en contra del trabajador e incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. DÉCIMO CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso 3° del artículo 485 y 493 del Código del Trabajo, en relación a los hechos contenidos en la denuncia que origina este pleito, han sido demostrados en primer lugar en cuanto a la suspensión de sus funciones de la actora, con la comunicación a ella dirigida por el empleador con fecha 14 de diciembre de 2011, informándole que a partir de dicha fecha, la relación laboral se entenderá suspendida entendiéndose por tal, la obligación de su parte a concurrir a las dependencias de la empresa a prestar servicios mientras se investigan eventuales anomalías administrativas y financieras de la empresa, dicha suspensión ha quedado también demostrada con el informe de fiscalización de la Inspección Provincial del Trabajo de San Antonio Nro. 1187 de fecha 06 de enero de 2012, mediante el cual el fiscalizador actuante constata que el empleador denunciado no otorga el trabajo convenido en el contrato de trabajo respecto de la trabajadora doña ........................................, infracción por la cual se le cursa una multa de 10 unidades tributarias mensuales, sumándose a ello que en el informe de exposición respectivo, se establece que en la visita del día 03 de enero de 2012 a Especializados Brown S.A. se constató que efectivamente a la fecha se encuentra suspendida de sus funciones de secretaria administrativa la demandante, suspensión que se encuentra por escrito, en forma unilateral y sin contar con el consentimiento de la trabajadora. DÉCIMO QUINTO: Que además la actora demostró la efectividad de haber realizado el demandado una denuncia ante el Ministerio Público de San Antonio, lo cual se acredita tanto con la denuncia interpuesta por don Sergio Brown Sarralde como por la ficha del parte denuncia con identificación del denunciante, la denunciada y los hechos pertinentes, que en lo medular señala como delito hurto simple por un valor sobre 40 UTM, ocurrido en el establecimiento productivo, lo cual detallado en la denuncia indica que en los últimos tres meses, ha reportado la empresa pérdidas superiores a los $2.000.000 mediante traspasos desde la cuenta corriente de la empresa de que es titular en el Banco Estado, sucursal San Antonio a una chequera electrónica de que es titular la denunciada, sin que medie orden, mandato u otro título que justifique dichos traspasos, siendo las únicas transferencias a que la denunciante tenía derecho las que corresponden a sus liquidaciones de sueldo correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2011. DÉCIMO SEXTO: Que sumado a lo anterior, los testigos de la demandante don ………………………, quien indicó ser socio accionista de Especializados Brown Ltda., en un 10%, relata que la actora era secretaria de la demandada y el empleador le prohibió a la trabajadora entregar información de sus acciones en el año 2010, después del terremoto; agregando …………………., que la actora desempeñaba labores de secretaría administrativa, organizaba los viajes de transportes, esto es, contactar a los conductores, contactar los dineros para suministros de combustibles, peajes, ella sacaba el dinero por las transferencias de su cuenta Rut, a esa cuenta la demandada le transfería los dineros, proporcionaba los suministros, su jefe directo era don Sergio Brown, y retiraba dinero para gasto de él, y a raíz de la suspensión ella se sentía mal, estaba temblorosa, demostrándose así con la declaración de los testigos que a la actora restringiéndosele en sus labores, fue suspendida de ella y que las transferencias que se le hacían eran para los gastos del empleador, significando su suspensión angustia y temor. DÉCIMO SÉPTIMO: Que las pruebas referidas y aportadas por la demandante, resultan ser indicios suficientes de que la suspensión de la trabajadora por una investigación financiera y la posterior denuncia ante el Ministerio Público de que fue objeto por una desviación de fondos desde la cuenta corriente del empleador hacia la de la trabajadora, vulneraron garantías fundamentales de la trabajadora, tanto en su salud física como síquica al verse expuesta a una suspensión de sus labores sin una justificación clara ni precisa en la respectiva comunicación, en relación a la continuidad y estabilidad en el empleo aún cuando ello significase percibir la remuneración, pero sin tener certeza acerca de su futuro laboral, lleva necesariamente a concluir que dicha vulneración se produjo. Por otra parte, la denuncia por el delito transferencias electrónicas de dinero hacia cuentas de la actora, señalándose al respecto el abuso de confianza, el traspaso injustificado de dinero, todo lo cual no se encontraba aparejado a antecedente alguno, solo cifras y no fueron justificadas en el proceso, ello no hacen más que confirmar la efectividad de verse la trabajadora expuesta y vulnerada su honra y dignidad tras la denuncia. DÉCIMO OCTAVO: Que así se ha demostrado que dichas actuaciones por parte del empleador ha limitado el pleno ejercicio del derecho de la trabajadora al respeto y la protección de su honra, reconocido en el numeral 4° del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, sin justificación, sin respeto a su contenido esencial no probando el demandado los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. En consecuencia, habiendo la denunciante aportado, según aparece del mérito del proceso, los medios de prueba suficientes, forzosamente cabe concluir que se han establecido procesalmente la efectividad de sus asertos, lo que son sin duda, hechos atentatorios contra su honra y dignidad como persona; entendiendo la honra como una facultad que emana de la dignidad humana y de su realidad de persona inserta en la sociedad, constituida por el aprecio de los demás por nuestros actos y comportamientos y por la conciencia de la autenticidad de su accionar, protegiendo la verdad e integridad de la persona, sus actos y comportamientos societales. Así las cosas ha sido posible dar por sentada la vulneración de derechos de que fue objeto la actora, la que se inició con la suspensión de sus funciones con fecha 14 de diciembre de 2011 y por haber efectuado su empleador una denuncia ante la Fiscalía de San Antonio por las sospechas que la demandante desvió fondos y dineros de la cuenta corriente de la empresa hacia sus cuentas bancarias personales, manteniéndose la suspensión hasta el 17 de enero de 2012, sin que la parte demandada hubiese acreditado con antecedentes necesarios el haber adoptado dicha medida y por el tiempo que estimó. DÉCIMO NOVENO: Que finalmente cabe hacer presente que la actora al no saber si continuaría vinculada laboralmente a su empleador, quien no le otorgó el trabajo convenido durante un lapso de tiempo de más de un mes y por las razones denunciadas ante el Ministerio Público, sin duda justifica la decisión de la trabajadora de poner término a su contrato de trabajo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 171, en relación con el artículo 160 N 1 y 7 ambos del Código del Trabajo, lo cual se demostró a través de carta de aviso de término de servicios dirigida por la actora a la demandada, comprobante de envío postal y comunicación dirigida a la Inspección del Trabajo, se tiene por establecido en estos antecedentes que la demandante puso término a los servicios para con la demandada por las causales esgrimidas. VIGÉSIMO: Que dado todo lo analizado y del mérito de la prueba referida en la presente sentencia, se cumple con el tipo exigido por el legislador sobre este punto, en lo que dice relación con la afectación a su integridad psíquica y afectación a su dignidad y en cuanto al monto de la indemnización sancionatoria, la cual va de seis a once meses de la última remuneración mensual, corresponde al Juez fijar en concreto el quantum de la sanción, donde se tendrá en consideración, que la trabajadora debió presentar su carta de autodespido a la empresa, quedando el velo de duda respecto a los reales motivos y su efectividad que llevaron a su empleadora a suspenderla de sus funciones en dicho establecimiento, además de la gravedad de la vulneración efectuada por el empleador, la que se determina a partir de los derechos fundamentales afectados, de la intensidad de afectación de los mismos y de la conducta que haya tenido la sancionada en relación al debido respeto que se debe tener de este tipo de derechos y se tendrá como última remuneración mensual de la actora, la suma de $466.656.-, cantidad que no ha sido controvertida entre las partes y que se extrae de las liquidaciones de sueldo acompañadas por la trabajadora y se ordena el pago de las indemnizaciones establecidas en el artículo 162 inciso cuarto y la indemnización establecida en el artículo 163, incrementada esta última en un 50%, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 168 letra c) del Código del Trabajo, y una indemnización adicional, la que regula esta Juez en seis remuneraciones, además la remuneración del mes de enero de 2012. Sin embargo, el Tribunal no accederá al pago de la diferencia de remuneraciones por semana corrida por los dos últimos años, por no existir antecedentes en el juicio, que acredite su procedencia y monto pedido. VIGÉSIMO PRIMERO: Que habiendo sido acogida la acción principal, se omitirá pronunciamiento respecto de la acción subsidiaria. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que la prueba ha sido analizada en conformidad a las normas de la sana crítica, y que la restante prueba rendida en nada altera lo resuelto. Por lo expuesto y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1°, 2º, 3°, 4°, 5°, 6°, 7º, 9º, 63, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 173, 425 y siguientes, 446 y siguientes, 485 y siguientes, todos del Código del Trabajo, el N° 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, los principios inspiradores del Derecho Laboral, en especial, el de la primacía de la realidad y el de la protección del trabajador, se declara: I.- Que SE ACOGE la acción de tutela laboral por vulneración de garantías constitucionales interpuesta por ........................................, en contra de Sociedad Especializados Brown S.A, representada por don Sergio Sabas Brown Sarralde, con ocasión del despido indirecto de la actora, facultad contenida en el artículo 171 del Código del Trabajo, en consecuencia la demandada deberá pagar a la actora, las siguientes sumas por conceptos que se indician: 1.- $2.799.936 por concepto de indemnización en el artículo 489 inciso 3° del Código del Trabajo. 2.- $4.199.904 por concepto de indemnización por años de servicios. 3.- $2.099.952 por recargo legal del 50%, conforme a lo dispuesto 171 del Código del Trabajo. 4.- $466.656.- por indemnización sustitutiva de aviso previo. 5- $909.792, por feriado legal y proporcional. 6.- $248.915, por remuneración correspondiente al mes de enero del año 2012. II.- Que, no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida en el juicio. Regístrese y archívese en su oportunidad. R.U.C. 12-4-0009658-7. R.I.T. T-1-2012. Dictada por Olga Rosa Fuentes Ponce, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras de San Antonio. Certifico que en San Antonio, a veintiocho días del mes de junio del año dos mil doce, se notificó por el estado diario de hoy la resolución que antecede.