9 de marzo de 2010

TUTELA; SJL Valparaíso 08/03/2010; Rechaza por caducidad denuncia de prácticas antisindicales (no descuento y pago del 75 por ciento de cuota sindical); RIT S-33-2009

(no ejecutoriada)

Valparaíso, ocho de marzo de dos mil diez.
VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que don RODRIGO MORALES CACERES, Inspector Provincial del Trabajo de Valparaíso, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, ambos con domicilio en calle Blanco Sur N° 1281, Valparaíso, en virtud de la obligación legal otorgada por el artículo 292 inciso 4º del Código del Trabajo deduce denuncia por prácticas antisindicales en contra de la empresa PARIS ADMINISTRADORA NORTE LTDA, representada legalmente por don EMILIO CARTENS ECHEVERRÍA , ambos con domicilio en Avenida Argentina Nº 51, Valparaíso.
I.- LOS HECHOS:
1.- Expone que con fecha 23 de julio de 2009, don Marcelo Cornejo Gómez, Presidente del Sindicato Grandes Tiendas Administradora Norte Ltda., interpone denuncia en contra de Paris Administradora Norte Ltda., argumentando que la empresa utilizando un "supuesto" cambio de contrato de los trabajadores que prestan servicios como cajeros elude el pago del 75 % de la cuota sindical, afectando el patrimonio de la organización sindical.
2.- Refiere que el caso fue asignado al fiscalizador Juan Carlos Avalos Montoya, quien conjuntamente con la Unidad Jurídica de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, determinan como estrategia de investigación, la revisión documental y la entrevista al Presidente del Sindicato y al representante de la empresa.
3.- Relata que en dicha entrevista el Presidente del Sindicato denunciante manifestó que la empresa ha hecho extensivos los beneficios de colación, movilización, asignación de caja, uniformes, gratificación y horas extras a un grupo de trabajadores contratados a partir del mes de julio de 2008, sin embargo escudándose en que dichos trabajadores tienen un contrato distinto, no ha efectuado el descuento del 75% de la cuota sindical a este nuevo grupo de trabajadores. Agrega que estos trabajadores cumplen las mismas funciones que los trabajadores sindicalizados, no obstante la distinta denominación del cargo establecida en sus contratos de trabajo.
4.- Señala que la empresa por su parte, reconoció a través del Gerente de Tienda don Eduardo Cumplido Mayrock que con posterioridad al 21 de julio de 2008, por tener la empresa que dar cumplimiento a la ley N° 20.281 y establecer un monto de sueldo igual al ingreso mínimo, estimó necesario ajustar en lo posible el presupuesto de remuneraciones y esto hace que los valores en los beneficios que siempre ha dado la empresa, tales como colación, movilización y asignación de caja tengan un valor inferior en los contratos de trabajo celebrados con posterioridad al 21 de junio de 2008. Indica que por esta razón y por ser beneficios existentes antes del proceso de negociación colectiva celebrado con el Sindicato Empresa Grandes Tiendas Administradora Norte S.A. y por considerar que las condiciones contractuales debieron cambiar para dar cumplimiento a la ley, es que no corresponde se descuente a estos trabajadores un valor igual al 75%. Por último, sostiene que para la empresa el cambio en la denominación de las funciones que desarrollan los trabajadores es sólo por un tema de lenguaje interno y para diferenciar en el sistema computacional, pero en la práctica no existen nuevas funciones y "vendedor de tienda integral - vendedor cajero full time" en la práctica son lo mismo.
5.- Afirma que durante el desarrollo de la investigación fue posible a través de la documentación obtenida además de las entrevistas, determinar y constatar los siguientes hechos:
a.- Que la empresa antes del 15 de mayo de 2007 fecha de la firma del Contrato Colectivo celebrado con el Sindicato Grandes Tiendas Administradora Norte Ltda., pagaba a los trabajadores la suma de $8.000 por colación, $8.000 por movilización y 10.000 por pérdida de caja.
b.- Que en el proceso de negociación dichos valores se establecieron en los siguientes montos: colación $10.000, movilización $9.400 y asignación pérdida de caja $12.000, estableciendo proporciones de acuerdo al tipo de la jornada de trabajo.
c- Que los nuevos montos de colación movilización y asignación de caja a contar de la suscripción de contrato colectivo, se hicieron extensivos a todos los trabajadores.
d.- Que la empresa a contar de esa fecha comienza a hacer el aporte del 75% de la cuota sindical al sindicato denunciante.
e.- Que la empresa a contar del 27 de junio de 2009 para todos los trabajadores contratados establece en los contratos de trabajo los beneficios de colación y movilización en montos iguales a $ 8.000, cada uno de ellos y por asignación de caja en el caso de los trabajadores que cumplen función "vendedor-cajero" un monto igual a $ 10.000.
f.- Que la empresa ha argumentado que por ser los valores distintos de los beneficios colación, movilización, asignación de caja, para los trabajadores contratados a contar del 27 de junio de 2009, no paga aporte del 75% de la cuota sindical.
g.- Que los trabajadores contratados a contar del 27 de junio de 2008, independiente de la denominación que se emplee para indicar la función que realizan en el contrato y de acuerdo a lo señalado por el empleador en su declaración, cumplen iguales labores en los respectivos cargos que los trabajadores contratados con anterioridad a esa fecha.
h.- Que la empresa señala que la nueva forma de escrituración del contrato de trabajo tuvo por objeto el dar cumplimiento a lo señalado en la Ley 20.281 y esto significó una readecuación del su presupuesto al tener que establecer un monto de sueldo base igual al Ingreso Mínimo, situación que no ocurre en el caso de los trabajadores antes de esa fecha contratados, viéndose por tanto obligada a disminuir los valores de los beneficios de movilización, colación y asignación de caja.
i.- Que la empresa argumenta que el dar cumplimiento a lo señalado en la Ley 20.281 le significa un incremento en casi 10 veces el valor de sueldo base antes pactado, y que la disminución en los valores de colación, movilización y asignación de caja significa solo alrededor de un 25% menos.
6.- Acota que una vez efectuadas las conclusiones jurídicas por parte de la abogada de la Inspección, y en que se constatan indicios suficientes de los hechos denunciados, se citó a las partes a mediación. La mediación se efectuó el día 14 de septiembre de 2009, y en ella la empresa no reconoció los hechos constitutivos de práctica antisindical.

II.- EL DERECHO Y LA TIPIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS ANTISINDICALES:
Bajo este capítulo indica las consideraciones de derecho que sirven de fundamento a su libelo y expone:
1.- El inciso 3º del artículo 292 del Código del Trabajo dispone: "El conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales o antisindicales se sustanciará conforme a las normas establecidas en el párrafo 6o del Capítulo II del Libro V del presente Código."
2- Por otro lado el artículo 289 del mismo cuerpo legal, en su inciso 1º señala que "Serán consideradas prácticas desleales del empleador, las acciones que atenten contra la Libertad Sindical", dando a continuación un listado, no taxativo de ejemplos de conductas atentatorias.
3.- Asevera que el legislador no limitó la acción protectora de la libertad sindical a la norma meramente legal, sino que la elevó a la categoría de un derecho garantizado por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N°19.
4.- Sin perjuicio de ello, el Estado de Chile ratificó los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, especial atención debe tenerse respecto del convenio 98 en su artículo 1o que dispone:
"1.- Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.
2- Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:
a.- Sujetar el empleo de un trabajador a la condición que no se afilie a un sindicato a la de dejar de miembro del un sindicato.
b.- Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier forma a causa de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo"
5.- Finalmente en este punto, la discusión respecto de la aplicabilidad de los citados convenios quedó superada a contar del fallo de fecha 19 de octubre de 2000 de la Excma. Corte Suprema, en los autos rol 3.394-2000, especialmente su considerando 12° que señala: "Que, además importa destacar que la sentencia recurrida, revocatoria de la de primer grado, es de fecha tres de agosto del año en curso, es decir, posterior a la ratificación por Chile y vigencia en nuestro país de los Convenios Internacionales del Trabajo N°s 87, 98 y 135, por lo que es de toda evidencia que frente a eventuales dudas que pudiere ofrecer nuestro derecho interno, se deben considerar los preceptos de la normativa internacional, especialmente teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 5o de la Constitución Política de la República."
6.- En otras palabras el bien jurídico "libertad sindical", goza de una protección constitucional y legal.
7.- Sostiene la denunciante que se hace necesario entonces dotar de contenido el concepto de Libertad Sindical, recurriendo a la doctrina especializada:
a.- "Los derechos y garantías de los trabajadores y de sus organizaciones para constituir organizaciones sindicales, afiliarse a ellas y desarrollar actividad sindical para defensa de sus intereses, entre los que se cuentan, necesariamente, los derechos de negociación colectiva y de huelga" (Rojas Irene en "Libertad Sindical, Homenaje al profesor Alfredo Bowen", pág. 119)
b.- "La libertad sindical abarca tres cuestiones fundamentales:
b.1 Libertad de organizar sindicatos con plena capacidad de representación.
b.2 Reconocimiento del derecho de plena autodeterminación de los sindicatos y autonomía sindical; y
b.3 Libertad de sindicalizarse o no" (Pacheco Kermes y otros en "Estudios de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en homenaje a Francisco Walker", pág. 11).
8.- Destaca que es importante tener presente que las conductas constitutivas de prácticas desleales o antisindicales se observan en un contexto omnicomprensivo y pocas veces se aprecian de manera clara y compartimentada, por lo que se hace necesario un análisis holístico para poder apreciarlas con claridad.
9.- Expresa que en cuanto a la tipificación concreta, la descripción que hace el legislador no supone un número cerrado o una tipificación autosuficiente, por el contrario la descripción legal es abierta (número abierto), es una mera enunciación, lo que no impide calificar otras conductas como constitutivas de prácticas antisindicales.
5.- En este sentido, dice, y únicamente de manera ejemplar es menester tener presente que el artículo 289 del Código del Trabajo señala como ejemplo de conductas antisindicales: a) El que obstaculice la formación o funcionamiento de sindicatos de trabajadores.
6.- Concluye que conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes hay indicios suficientes de que la empresa a contar del 27 de junio de 2008 cambió la denominación de la función que realizaban los vendedores de "vendedor de tienda integral" a "vendedor-cajero full time" para los contratados después de esa fecha, no obstante lo cual en la práctica ambos desarrollan la misma función. Esto se produce, según lo declarado por el empleador para ajustarse a lo dispuesto en la ley. 20.281. Expone que esta razón no parece suficiente argumento, y puede atribuirse a una intención manifiesta del empleador de cambiar la denominación del cargo para eludir el pago del 75% de la cuota sindical ordinaria respecto de los trabajadores ingresados a contar de la fecha señalada.
Por ello y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 289 y siguientes, del Código del Trabajo, solicita del tribunal, se sirva tener por interpuesta denuncia por prácticas antisindicales contra de la empresa la Paris Administradora Norte Ltda. y se declare en definitiva:
1.- Que la empresa denunciada ha incurrido en las prácticas lesivas de la libertad sindical antes señaladas en contra de los trabajadores señores Marcelo Cornejo Gómez y Héctor Velásquez González, dirigentes del Sindicato Grandes Tiendas Administradora Norte Ltda., debiendo poner término a las mismas y/o abstenerse de ejecutarlas en el futuro.
2.- Que se condena a la demandada al pago de una multa equivalente al máximo que permita la ley de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 292 del Código del Trabajo.

SEGUNDO: Que doña MARIANA ROJAS PEDRINI, abogado, en representación de PARIS GRANDES TIENDAS ADMINISTRADORA NORTE LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, ambos domiciliados en Avenida Argentina 51, Valparaíso, y para estos efectos, en 9 Norte esquina 1/2 Oriente 831, Edificio Olympus, oficina 605, Viña del Mar, contesta la denuncia interpuesta contra su representada por la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, solicitando se desestime en todas sus partes, con costas.
Expone que previo a contestar, se le hace un deber manifestar al tribunal que desde la salida del señor Cristian Gálvez, ex gerente de tienda de la empresa, tanto su representada como los trabajadores dependientes de ésta, se han visto en forma periódica y constante, expuesta a los diferentes modos de descrédito que tanto el Presidente del Sindicato Grandes Tiendas Administradora Norte Limitada, así como su Secretario, señores Marcelo Cornejo y Héctor Velásquez, han proferido en su contra.
En efecto, señala, han acusado a distintas personas tanto de supuestos persecuciones, seguimientos, hostigamientos, imposiciones, y de distintas actividades, en diversas oportunidades, y sin que estas presuntas actividades, hayan redundado en multa alguna finalmente.
De hecho, dice, los mismos hechos fueron denunciados por el Presidente del Sindicato tanto a la Inspección del Trabajo como a Tribunales, siendo imposible determinar por esta parte la supuesta verdad o falta de veracidad de las mismas.
Afirma que los esfuerzos, antes productivos, ahora se intentan desviar a una seguidilla de litigios y cuestionamientos sin objeto alguno. Por lo demás, agrega, la supuesta conducta etérea de "Persecución" que se ventila en estos autos, ya ha sido señalada por la Inspección del Trabajo también como una supuesta práctica antisindical en los autos seguidos ante el Segundo Juzgado del Trabajo de Valparaíso, caratulados "Inspección con Grandes Tiendas", Rol 477 - 2008, autos que se encuentran para fallo.
De esta forma, se debe hacer notar que siempre el Presidente y el Secretario del Sindicato, ya individualizados, han señalado a Tribunales la existencia de estas supuestas prácticas.

Excepción perentoria de caducidad.
Bajo este epígrafe, alega excepción de caducidad, argumentando que esta denuncia se basa en alguna modificación en contratos de trabajo o contratos de trabajo nuevos, a partir de 28 de julio de 2008. De esta forma, afirma, todas las supuestas figuras de prácticas antisindicales a este respecto, están caducas.
Si tiene relación la modificación señalada, con los contratos que se modificaron de común acuerdo para algunos trabajadores en enero de 2009, también se encuentra caduca la denuncia por prácticas antisindicales.
Fundamentándose, expone que el artículo 485 delimita la competencia y aplicación de la normativa relativa de la "tutela laboral", o tutela de los derechos fundamentales, agregando que en el artículo 486, se establece quiénes son los titulares activos de las acciones señaladas, precisando quienes pueden ejercerlas y el plazo para hacerlo. De este modo, el artículo 486 del Código del Trabajo, señala, en su inciso final, que: “La denuncia a que se refieren los incisos anteriores deberá interponerse dentro de sesenta días contados desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales alegada. Este plazo se suspenderá en la forma a que se refiere el artículo 168”. Asevera que el plazo de caducidad que indica el Código del Trabajo, es ipso jure y así deberá ser declarado por el tribunal, toda vez que no existe plazo pendiente para interponer la denuncia respecto de la cual han sido emplazados. En consecuencia, solicita se declare que la denuncia se encuentra caduca, con costas.
En cuanto al fondo, contesta la denuncia y solicita su rechazo en todas sus partes, con expresa condenación en costas, y expone que no es efectivo lo que señala la denunciante, ya que no se hacen extensivos los beneficios del contrato colectivo de trabajo, sino sólo los que históricamente se pactaban igualmente con los trabajadores, aún sin necesidad de contrato colectivo.
Refiere que los montos señalados son inferiores a lo que se ha pactado en el instrumento colectivo, y no son asimilables tampoco.
Niega que hubiere existido una modificación contractual a partir de junio de 2009, sino que la modificación contractual a la que se refiere el denunciante, dice relación con una que se propuso a los trabajadores en enero de 2009, respecto de la cual la denuncia se encontraría caduca, según se expresó precedentemente.
Sostiene que no hubo aumento de los montos a principio de año. Agrega que los contratos nuevos, es decir, a contar del 21 de julio de 2008, vienen con sueldo base igual al sueldo mínimo. Por ello, su representada, desconociendo el contenido de la información que tenía la parte denunciante, era imposible llegar a un acuerdo razonable en la audiencia de supuesta "mediación".
Acota que no son efectivos ninguno de los asertos vertidos por la denunciante ante este Tribunal. Es más, señala, el documento que funda la denuncia, lo ratifica, es decir, que no existe infracción alguna ni tampoco práctica antisindical que pueda ser denunciada, la que, igualmente, se encontraría ya caduca en cuanto a su acción, como se ha señalado en lo principal de este escrito.
Por otra parte, señala que el régimen infraccional que pretende imponer la Inspección del Trabajo, es de orden excepcional, y como tal, las disposiciones a este respecto, deberán ser interpretadas de manera estricta y no amplia.
Hace presente que es la parte denunciante quien deberá acreditar la supuesta práctica antisindical y que el artículo 1 inciso tercero de la Constitución de la República, contiene el deber de Servicio dependiente del Estado, de estar al servicio de la persona humana, y desde este punto de vista, no puede ejercer funciones que no le están expresamente contempladas. Explica que esta norma está ratificada y especificada en el artículo 6 y su sanción en el artículo 7, todas de la misma norma fundamental. Dice que la Inspección Provincial del Trabajo, no puede avocarse a fiscalizar o revisar situaciones que no están al margen de la ley, como corresponde a este caso, ya que la supuesta infracción, no existe.
Además, el artículo 5 inciso final del mismo cuerpo legal, contempla el límite del ejercicio de la soberanía del Estado, el cual se encuentra precisamente en los derechos de la persona.
Agrega que el artículo 19 Nº 3 inciso final, establece expresamente lo que se convierte en un principio general del Derecho, en materia infraccional: nadie puede ser sancionado por una conducta no contemplada en la ley, y menos aún, si la conducta no cumple ni se ajusta precisamente a lo que la legislación vigente contempla.
Afirma que el sentenciador no puede ampliar la interpretación de la norma sancionatoria, por ningún motivo, y de esta forma, el sentenciador no puede sancionar sin existir una norma que precisamente contenga la conducta e imponga una sanción a este respecto.

TERCERO: Que llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce, motivo por el que el tribunal recibe la causa a prueba, fijándose como hechos a probar:
1. Si la denunciada hizo extensivos los beneficios de colación, movilización, asignación de caja, uniformes, gratificaciones y horas extras obtenidos por negociación colectiva a un grupo de trabajadores contratados en julio de 2008. Cuáles son estos trabajadores y funciones que desempeñan;
2. En el supuesto de ser efectivo que se les hizo extensivo tales beneficios, si se les ha efectuado el descuento del 75% de la cuota sindical, si así no fuere, fecha en las cuales se habrían omitido los descuentos;
3. Si las funciones desempañadas por estos trabajadores contratados en julio de 2008, son las mismas que realizan los trabajadores sindicalizados cuyos beneficios se habrían hecho extensivos a aquellos.

CUARTO: Que con el fin de acreditar sus asertos, la DENUNCIANTE ofreció e incorporó las siguientes pruebas:
- DOCUMENTAL:
1.- Acta de Mediación Nº 0501-2009-1708, de fecha 11 de septiembre de 2009, audiencia llevada a cabo conforme lo señala el artículo 486 del Código del Trabajo
2.- Minuta de conclusiones jurídicas efectuada por la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, como culminación del proceso de fiscalización llevada a cabo de acuerdo de la circular 67 del año 2007, las que indican que fueron entrevistados los dirigentes sindicales, el representante de la demandada; revisión de los contratos de trabajo de los dependientes contratados en junio de 2008 y los contratados con posterioridad a esa fecha y sus liquidaciones de sueldos y el contrato colectivo celebrado entre la empresa y el sindicato. A contar del 27 de junio de 2008, se modifica la denominación de la función de los vendedores de “tienda integral” a vendedores- cajero “full time” para los contratados después de esa fecha, no obstante en la práctica ambos desarrollan la misma función. Esto se produce según lo declarado por el empleador para ajustarse a lo dispuesto sobre semana corrida, ley 20.281.

- TESTIMONIAL: Que finalmente, la parte denunciante se vale del atestado de don Juan Carlos Avalos Montoya, quien previo juramento, declara que su función es fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Valparaíso, específicamente sobre investigación de los derechos fundamentalmente, incluyendo las prácticas sindicales, desde que comenzó a operar el nuevo sistema.
Expone sobre la metodología de las denuncias especiales, indicando que se realiza una reunión con la abogada y jefa encargada de estas materias, se le entrega una pauta y se comienza una investigación. Refiriéndose a la fiscalización sobre denuncia del Sindicato de Almacenes Paris y las prácticas antisindicales, indica que el empleador no estaría haciendo el descuento del 75% de la cuota sindical a los trabajadores a los cuales se les hacía extensivo los beneficios del contrato colectivo celebrado por el sindicato y la empresa en mayo de 2007.
Señala que producto de la investigación se determina que la empresa está haciendo extensivo los beneficios de colación, movilización, caja, vestuario y otros a los trabajadores que no están en el sindicato y que fueron contratados a partir de julio de 2008, sin hacerle el descuento. En el caso, al resto de los trabajadores contratados con anterioridad a junio de 2008 no sindicalizados, también se le hacen extensivos los beneficios y sí se le está haciendo el descuento de la cuota sindical.
Explica que la empresa señaló razones primero, que por dar cumplimento a la ley que dice relación con la semana corrida, debió hacer una modificación en la escrituración de los contratos, lo que provocó un ajuste de los valores de los beneficios señalados y segundo, por un cambio en las funciones de forma y no de fondo, no correspondería el descuento del 75%.
Reafirma que constató esta situación por ser ello declarado por el representante legal don Alejandro Cumplido, al señalar que era para manejo interno, control interno, pero que en la realidad desarrollaban las mismas funciones.
Lo que constató respecto de los contratados, después de junio de 2008, es que los beneficios son inferiores a los establecidos en el contrato colectivo, no se les realiza el descuento y realizan las mismas funciones. Y los trabajadores anteriores a esa fecha tenían asignaciones y beneficios señalados en el contrato colectivo, sin perjuicio de eso, la empleadora realizó el descuento de 75% a los trabajadores a quienes les hizo extensivo los beneficios.
Señala que respecto al convenio colectivo, las diferencias o mejoras, son los montos superiores. Añade que en relación a los contratos nuevos, son a partir de 27 junio de 2008, y la supuesta aplicación de estos beneficios de descontar el 75% de aquellos que están suscritos al sindicato que parte desde el nuevo modelo o tipo de contrato de la empresa.
Finalmente, sostiene que no hay diferencia entre los vendedores, Full time, que son de jornada completa; Part time jornada parcial; y Pic time, cuando hay pic en los fines de semanas por ejemplo, ya que sus funciones son iguales por ser todos vendedores y lo que los diferencia son sus jornadas.

QUINTO: Que la parte DENUNCIADA aporta la siguiente prueba:
- DOCUMENTAL:
1.-Tres legajos, consistentes en contratos de trabajo y liquidación de remuneraciones de trabajadores que han sido contratados con fechas 02 de septiembre, 09 y 11 de agosto de 2008, es decir, con posterioridad al convenio colectivo y que durante su relación laboral se han incorporado al sindicato. Ellos son de doña Evelyn Maritza Pizarro Danus, doña Valeria Geraldina Apablaza Arzola y doña Jacqueline Alejandra Hidalgo Basáez, cuyos trabajos son cajera en el primer caso, en el segundo vendedor cajero pic time y en el tercer caso vendedor cajero full time. Dichos trabajadores son contratados con posterioridad a la vigencia del contrato colectivo, y todos estos trabajadores están adscritos al sindicato Grandes Tiendas Administradora Norte, y de las liquidaciones de remuneraciones por períodos noviembre y diciembre de 2008 y enero a octubre de 2009, fluye que ello ocurrió en junio de 2009, fecha en que comienzan a aparecer los descuentos de la cuota sindical. En la cláusula quinta de cada uno de estos contratos de trabajos se señalan los emolumentos que reciben los trabajadores. La dependiente Pizarro Danuz, percibe un sueldo base $173.389 mensual, asignaciones de colación mensual de $8.000, asignación de movilización mensual de $8.000 y asignación por pérdida de caja que asciende a $10.000; en la cláusula sexta se obliga la empresa a pagar a los trabajadores una gratificación anual garantizada equivalente al 25% de lo devengado mensualmente por concepto de remuneración con un tope de 4.75% mínimos de ingreso mensual. En el contrato de la trabajadora Valeria Geraldina Apablaza Arzola, se pacta un sueldo base de $71.550 mensuales, asignación de colación de $2.000 asignación de movilización $2.000 y asignación por pérdida de caja $2.000. En cuanto a las gratificaciones se conceptualiza en la cláusula sexta que la empresa pagará una gratificación anual garantizada equivalente a 25% de lo devengado mensualmente por concepto de remuneración con un tope de 4.75% mínimos de ingreso mensual. En el caso de la señora de Jaqueline Alejandra Hidalgo Basáez en el contrato se pacta, en base a la cláusula quinta del mismo, una remuneración base equivalente a $159.000, asignaciones de colación mensual $8.000, asignación de movilización mensual $8.000 y asignación por perdida de caja por $10.000.

2.-Legajo consiste en tres contratos de trabajo y liquidaciones de remuneraciones de los trabajadores don Mauricio Antonio Vásquez Ortega, doña María Corolina Moreno Espinoza y de doña Celeste Paola Cataldo Alarcón; estos trabajadores se encuentran contratados con fecha 12 de noviembre 2008, 9 de octubre 2008 y 14 de noviembre de 2008, respectivamente y no están adscritos al sindicato denunciante. Los beneficios según contratos de trabajo son: en el primero, la asignación de colación de $5.000, la asignación de movilización de $5.000 y asignación por pérdida de caja $5.000. En la cláusula sexta se establece el pago de las gratificación anuales garantizadas equivalente a un 25% de lo devengado mensualmente por concepto de remuneración con un tope de 4.75% mínimo de ingreso mensual.
La dependiente María Carolina Moreno Espinosa, según contrato su función es administrativo de servicio de atención al cliente con una remuneración de sueldo base de $159.000, asignación de colación de $8.000 y asignación de movilización de $8.000 y no tiene asignación de pérdida de caja por las funciones que realiza. Respecto a las gratificación, en la cláusula sexta del contrato de trabajo se establece que la empresa pagara una gratificación anual garantizada equivalente a 25% de lo devengado mensualmente por concepto de remuneración con un tope de 4.75% mínimos de ingreso mensual.
Y la trabajadora Celeste Cataldo Alarcón desempeña la función de administrativo de tienda y su sueldo base equivale a $159.000, asignación colación de $8.000, asignación de movilización de $8.000, y la cláusula 6ta del contrato de trabajo establece que la empresa pagará una gratificación anual garantizada equivalente a un 25% de lo devengado mensualmente por concepto de remuneración con un tope de 4.75% mínimo de ingreso mensual.
Estas liquidaciones de remuneración por período que corre entre octubre 2008 a octubre 2009 no registran descuento de la cuota sindical por no pertenecer al sindicato.

3.-Tres legajos de contratos de trabajo y liquidaciones de remuneraciones de trabajadores, cuyos contratos se celebraron con fechas 03 de septiembre de 2007, 21 de agosto de 2006 y 01 de febrero de 2008, de doña Margarita Mercedes Muñoz Erazo, de don Salomón Andrés Muñoz Cifuentes y de doña Julieta del Carmen Meneses González respectivamente; los contratos señalan como función de los dos primeros, vendedor de tienda integral, y la última, cadete de tienda.
En cuanto a las prestaciones, en el contrato de trabajo de la dependiente Muñoz Erazo, en su cláusula quinta, se conviene que recibirá un sueldo base de $16.755 mensuales, comisión por ventas netas y asignaciones de colación mensual de $10.155, asignación de movilización mensual de $9.546 y asignación por pérdida de caja que asciende a $12.186.
En el caso del señor Salomón Muñoz, éste percibe un sueldo base de $16.500 mensuales, asignaciones de colación mensual de $8.000, asignación de movilización mensual de $8.000 y asignación por pérdida de caja que asciende a $10.000. En la cláusula sexta se obliga la empresa pagar a los trabajadores una gratificación anual garantizada equivalente a 25% de lo devengado mensualmente por concepto de remuneración con un tope de 4.75% mínimos de ingreso mensual.
Y la dependiente Meneses González recibe un sueldo base de $151.836 mensuales, asignaciones de colación mensual de $10.000, asignación de movilización mensual de $10.019 En la cláusula sexta se obliga a la empresa pagar a los trabajadores una gratificación anual garantizada equivalente a 25% de lo devengado mensualmente por concepto de remuneración con un tope de 4.75% mínimos de ingreso mensual.
En cuanto a las liquidaciones todas éstas consignan lo establecido en el contrato de trabajo y asimismo el descuento de 75% de la cuota sindical por aplicarse el convenio colectivo.

4.- Un legajo de tres grupos de documentos, consistentes en contratos celebrados con fechas 01 de septiembre de 2008, 08 de abril de 2008, 21 de agosto del 2006, donde se contrata a doña Andrea de Lourdes Vega González, a don Hugo Patricio Mendoza Ramos y a don Franciso José Polli Bravo, trabajadores adscritos al sindicato en cuyas liquidaciones de remuneraciones se registran los descuentos sindicales respectivos..

SEXTO: Que la denunciada, además, rinde prueba TESTIMONIAL y presenta el atestado de doña Yasna Galleguillos Galleguillos, quien declara conocer el motivo del juicio, ya que trabaja desde el año 2007, desempeñándose en el Departamento de Personal de Almacenes París de Valparaíso en Avenida Valparaíso Nº 51 y que ésta fue demandada por la Inspección del Trabajo, por trabajadores a quienes se les esta pagando unos beneficios de acuerdo a su contrato pero no se les está descontando el 75% de la cuota sindical.
Dice que los trabajadores contratados luego de julio de 2008 están sujetos a un contrato de trabajo y remunerados a su respecto, pero que no están afectos al contrato colectivo, no reciben los mismos beneficios de aquellos que están afectos al contrato antiguo; beneficios como asignación de caja, movilización, colación gratificación, y que son distintos a los trabajadores ingresados antes de julio de 2008, porque éstos se fijan por el contrato colectivo.
Declara que los trabajadores adscritos al sindicato se les descuentan la cuota sindical y a los nuevos no se les descuenta porque no están adscritos al contrato colectivo. Antes del convenio existían los beneficios de asignaciones de caja, movilización, colación y también las gratificaciones y aguinaldos.
Precisa que la diferencia entre los afectos al contrato colectivo y los trabajadores antiguos es que perciben montos superiores por dichos beneficios a los montos de los trabajadores posteriores.
Señala que no se aplican beneficios del convenio colectivo a los trabajadores no sindicalizados a partir de julio de 2008, porque todos los beneficios que perciben están en el contrato de trabajo.
En relación a las funciones, las diferencias contractuales entre los contratos antiguos y nuevos están referidas a los pagos de las asignaciones y beneficios.
Finalmente, explica que la diferencia entre los vendedores pic time, full time, part time y vendedor de tienda integral radica en el nombre del cargo, ya que todos los vendedores realizan ventas y manejan cajas.

SEPTIMO: Que las partes formularon las observaciones a la prueba rendida y sus conclusiones de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 454 Nº 8 del Código del Trabajo.

OCTAVO: Que la reclamada en forma previa a contestar la denuncia opone la excepción de caducidad de la acción. Es necesario entonces determinar la época de la vulneración del derecho de la libertad sindical que se denuncia.
Que con los antecedentes allegados al proceso por las partes, especialmente de la documental rendida por la denunciada y testimonial de la denunciante, don Juan Carlos Avalos fiscalizador, quien producto de la investigación determina que la empresa está haciendo extensivo los beneficios de colación, movilización, caja, vestuario y otros a los trabajadores que no están en el sindicato y que fueron contratados a partir de julio de 2008, sin hacerle el descuento del 75% de la cuota sindical, agregando que al resto de los trabajadores contratados con anterioridad a junio de 2008 no sindicalizados, también se le hacen extensivos los beneficios y sí se les está haciendo el descuento de dicha cuota, permite concluir que la situación que se denuncia se produjo, precisamente, en el mes de julio de 2008. No aparece plausible que el Presidente del Sindicato, quien también dispone de la titularidad de la acción hubiere ignorado dicha circunstancia, procediendo sólo un año después (julio de 2009) a presentar denuncia por ese hecho ante el Servicio, sin que pueda considerarse la alegación de la reclamante en el capítulo observaciones a la prueba, en el sentido de que el contrato colectivo tiene una ejecución de tracto sucesivo, en cuya virtud las obligaciones van naciendo y extinguiéndose en el tiempo, no obstante que esta omisión del pago del 75% se extiende desde el año 2008, porque la correlatividad con que los derechos y obligaciones nacen y se extinguen en un contrato de tracto sucesivo no implica que la acción que se ventila en esta causa nazca y se extinga cada vez que se dé cumplimiento a las prerrogativas y deberes que emanan naturalmente del contrato de trabajo, porque ello convertiría a la acción en permanente, haciendo inoficiosa la limitación legal temporal contemplada en el artículo 486 inciso final del Código del Trabajo que señala: “La denuncia a que se refieren los incisos anteriores deberá interponerse dentro de sesenta días contados desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales alegada”, disposición que se remite claramente a la época de la vulneración que se alega y no al momento en que se tome conocimiento de ella. Así las cosas, no resulta pertinente, obviar el origen de la conducta que se denuncia, so pretexto de que sus efectos se siguen produciendo en el tiempo, porque con ello se estaría extendiendo y perpetuando artificialmente la oportunidad legal de una acción de características especialísimas.
De esta manera, la acción de denuncia por práctica antisindical de que se trata, sometida al procedimiento de tutela conforme lo dispone el artículo 292 inciso 3º del Código del Trabajo, se encontraba caduca a la fecha de la presentación de la demanda - 7 de octubre de 2009 - según consta del timbre-cargo del tribunal, lo que así se declarará.

NOVENO: Que atendido lo resuelto en el motivo precedente, no se emitirá pronunciamiento sobre el fondo de la acción incoada.
Y visto lo dispuesto en los artículos 289, 292, 485. 486, se declara:
I.- Que se acoge la excepción de caducidad opuesta por la denunciada.
II.- Que no se condena en costas en costas a la denunciante por estimar el tribunal tuvo motivo plausible para litigar.
Regístrese.
RIT S-33-2009
09- 4-0023290-0

Pronunciada por doña Edith Simpson Orellana, Juez Titular del Juzgado de letras del Trabajo de Valparaíso.

TUTELA; SJL Antofagasta 16702/2010; Rechaza denuncia práctica desleal en la negociación colectiva ; Hechos no constitutivos de tales prácticas (las partes suscriboeron contrato en mejores condiciones a las ofrecidas al reintegro individual y quienes se reintegraron fueron un porcentaje menor de huelguistas); RIT T-22-2009

(no ejecutoriada)

Antofagasta, dieciséis de febrero del año dos mil diez.-
VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, ante este Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, se inició esta causa R.I.T. T-22-2009, R.U.C. 09-4-0027170-1, seguida por Práctica Desleal en Negociación Colectiva, solicitado en procedimiento de Tutela, mediante denuncia entablada por don MARCO RODRIGO LOPEZ PEREZ, C.I. Nº 10.440.401-4, abogado, domiciliado en calle Sucre Nº 220, oficina 406 de Antofagasta, en representación del SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPRESA MINERA SPENCE S.A., organización sindical con domicilio en calle Los Ñandú Nº 294, casa 2, Villa Los Flamencos, Antofagasta seguida en contra de MINERA SPENCE S.A., sociedad del giro de su denominación, representada legalmente, por Gastón Moya Rodríguez, Gerente de Recursos Humanos y Comunicaciones, ambos domiciliados en General Borgoño Nº 934, Oficina Nº 1201, piso 12 de Antofagasta.
SEGUNDO: Que, el actor funda su demanda en que la empresa denunciada ha incurrido en actos que entorpecen los procedimientos de la negociación colectiva establecidos en la ley, incurriendo con ello en la conducta desleal en negociación colectiva establecida en el inciso primero del artículo 389 del Código del Trabajo. Esto porque no sólo ha entorpecido el procedimiento de reintegro individual en la forma que la ley lo contempla, sino que ha alterado plenamente a su conveniencia, desnaturalizándolo mediante la privación de los efectos esenciales que implica forzosamente dicho reintegro. Añade que el reintegro consiste que el trabajador reingresa o reasume efectivamente sus labores; que no existe el reintegro individual meramente declarativo, que no basta una declaración escrita del trabajador en el sentido de reintegrarse a las labores reanudando la prestación de servicios personales bajo dependencia y subordinación. Que, esta efectiva prestación de servicios implica el pago de remuneraciones como correlato u obligación recíproca del empleador de pagar por los servicios personales. Y agrega que la empresa por medios escritos y formales ha ofrecido a los trabajadores involucrados en la negociación, el reintegro individual a través de una mera declaración del trabajador en ese sentido, debiendo permanecer en sus domicilios, sin prestar servicio alguno y ha ofrecido, además, el pago íntegro de las remuneraciones a los trabajadores que suscriban esta declaración. Que, lo anterior constituye la entrega de una dádiva o premio por efectuar tal declaración, puesto que tales sumas no tienen como causa la efectiva prestación de servicios y que este ofrecimiento o el pago de estas sumas, constituyen un práctica desleal en la negociación colectiva, al ofrecerse y pagarse remuneración a trabajadores que sin cumplir con su elemental obligación de prestar servicios, se “desafecten de la huelga”, impactando la posición y fuerza negociadora del Sindicato. Añade, asimismo, que a través de la alteración de los procedimientos y las disposiciones fundamentales que rigen tanto la negociación colectiva como el contrato individual de trabajo, la empresa introduce artificiosamente un elemento que enturbia el desarrollo del proceso, ya que permite la afirmación de existir un número relevante, pero a la vez interminable de “descolgados”. Que la manipulación y alteración del procedimiento de reintegro individual que realiza la empresa produce incertidumbre en los trabajadores en huelga, al desconocerse en verdad el número real de trabajadores que efectivamente se habrían reintegrado, todo ello sumado a que la condición de la oferta individual realizada, es sólo para la mitad más uno de los trabajadores que lo acepten primeramente, dejando a los restantes con la última oferta del empleador que no contempla ningún nuevo beneficio. Que, tal situación produce presión en los trabajadores, ya que ante el desconocimiento del número efectivo de trabajadores reintegrados, se instala total incertidumbre sobre el desarrollo del proceso y sobre a que oferta pueden acceder-última oferta del empleador u oferta de reintegro individual mejorada, lo que llevará a equívocos en la toma de decisiones tanto al Sindicato como a los trabajadores que lo conforman. Que tales acciones constituyen práctica desleal en la negociación colectiva.
TERCERO: Que, contestando la denunciada solicita el rechazo de la denuncia puesto que falta un elemento esencial en toda práctica antisindical, esto es, el entorpecimiento del proceso de negociación colectiva, señala que no existen indicios respecto que la conducta atribuida a esa parte haya podido entorpecer el proceso de negociación colectiva, afirman que la antedicha conducta no tuvo la capacidad real ni potencial de afectar ni entorpecer la negociación colectiva. Que, la conducta atribuida a esa parte no se ajusta a la descripción de la conducta sancionada por el artículo 387 del Código del Trabajo, faltando el supuesto fundamental de aplicación de dicha norma, cual es el haber provocado un entorpecimiento al proceso de negociación colectiva; en segundo lugar y en subsidio, sostienen que la conducta de esa parte, la misma tuvo una justificación adecuada y proporcional a la situación existente de ocupación ilegal de las instalaciones mineras en donde debían laboral los trabajadores que se descolgaban de la huelga, puesto que se basó en el cumplimiento del deber de cuidado y protección del artículo 184 del Código del Trabajo; que si bien en un primer momento esa parte dispuso que aquellos trabajadores que abandonasen la huelga y manifestara su voluntad de reincorporarse a su trabajo no retornasen inmediatamente a sus funciones se debió a la ocupación que un grupo de trabajadores llevaron a cabo en instalaciones de minera Spence, que esta ocupación ilegal y los episodios de desmanes y actos de sabotaje ocurridos mientras duró la huelga, impidieron que su representada pudiese desarrollar sus actividades con la normalidad que la huelga permitía, circunstancia que obligó a la administración, a fin de resguardar la seguridad de sus colaboradores y bienes, a paralizar completamente las labores de extracción y reducir al mínimo permitido operacionalmente el funcionamiento de las plantas, puesto que no existían condiciones de seguridad apropiadas para desarrollar las actividades mineras que le son propias. En tercer lugar y también en subsidio, su conducta no tuvo como finalidad o intención entorpecer la negociación colectiva. En cuarto lugar y también en subsidio, se debe rechazar la denuncia por cuanto al haberse suscrito un contrato colectivo, se hacen innecesarias algunas de las medidas solicitadas, que el proceso de negociación colectiva reglada llegó a su fin.
CUARTO: Que, con fecha veintinueve de diciembre del año en curso, se efectuó la audiencia preparatoria, no prosperando la conciliación se recibió la causa a prueba y se fijaron como hechos a probar: 1° Efectividad de haber entorpecido la empresa el proceso de negociación colectiva al proceder al ofrecimiento del reintegro individual de trabajadores en huelga mediante una mera declaración del trabajador y ofrecer el pago de remuneraciones sin prestar servicios. Antecedentes. 2° Efectividad que la forma que se produce el reintegro de trabajadores produjo desafectación de la huelga y haya afectado la negociación colectiva. 3° Efectividad de existir trabajadores individualmente reintegrados y en su caso, si cumplieron las labores asignadas al contrato y si la empresa pagó las remuneraciones convenidas y 4° Efectividad de existir una situación fáctica que hacía desaconsejable permitir que los trabajadores que ejercían su derecho a reincorporarse, reasumirán inmediatamente sus puestos de trabajo.
QUINTO: Que, cuatro de febrero del año dos mil diez, se efectuó la audiencia de juicio, en la que la parte demandante incorporó a) documental: 1. Informativo de negociación colectiva, de fecha 05 de Noviembre de 2009, emanado de la empresa denunciada. 2. Comunicación de Spence, datada en el mes de Noviembre de 2009, en que aparece como pie de firma Gerencia de Recursos Humanos y Comunicaciones de Minera Spence S.A.3. Publicaciones efectuadas en el diario “El Mercurio de Antofagasta. La primera publicación aparecida el día 10 de noviembre de 2009, página N° 8. La segunda publicación aparecida el día 13 de noviembre de 2009, página N° 12. b) Confesional: Ariel Emilio Huenchullán San Martín, quien señala que trabaja en la Minera Spence como superintendente de recursos humanos, que precisamente estuvo a cargo de Recursos Humanos durante la huelga, señala que transcurrido el plazo en que los trabajadores debían reintegrarse, se dispuso una línea telefónica para que los trabajadores hicieran consultas, que efectivamente se ofreció el reintegro a través de la firma de un formulario que debían llenar y que en las comunicaciones se establece que los trabajadores debían quedarse en sus casas y esa decisión se tomó puesto que el control de acceso a las instalaciones se encontraba tomado, que desconoce si la empresa reconoció el buen comportamiento de los trabajadores en huelga. Puede señalar que la huelga tuvo dos etapas. Que, cualquier persona que entraba o salía de la faena debía ser autorizada por los huelguistas. Que, es efectivo que hubo trabajadores que aceptaron el reintegro, sabe que fueron 70 personas, que nunca se comunicó el número de trabajadores que aceptaron la oferta. Que, no hubo agresiones físicas a trabajadores, si tiene conocimiento que hubo amenazas a los trabajadores reintegrados. c) Exhibición de documentos: 1) Controles de asistencia que efectivamente se realizaron a los trabajadores reintegrados, los que ascienden a sesenta y seis trabajadores. 2) Liquidaciones de remuneraciones de los trabajadores que suscribieron el formulario de reintegro individual, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2009. 3) Comunicados que Minera Spence emitió durante el proceso de negociación colectiva y que mantuvo informado a los trabajadores respecto de las distintas circunstancias que se provocaron durante la huelga. 4) Copia de los formularios en virtud de los cuales los trabajadores se reintegraron a cumplir sus funciones, de los cuales consta su nombre y firma. d) oficio de la Inspección del Trabajo, en el cual se remiten las actas de mediación.
Que, la parte denunciada incorporó la siguiente prueba: a) documental: 1. Acta notarial de fecha 18 de Noviembre de 2009, suscrita por el notario público don Edmundo Devia Osorio. 2. Acta notarial de fecha 20 de Noviembre de 2009, suscrita por el notario público don Edmundo Devia Osorio. 3. Informe falla derrame solución electrolito agua en Tank Farm, proceso afectado: sistema tanques de circulación de electrolito TK-101 al 106 y agua retro lavado TK-119. 4. Informe emitido por Spence de análisis de falla del proceso y equipo “Preliminar”, presentación de la falla: derrame de solución electrolito y agua de proceso en el sector Tank Farm. 5. Medida de protección concedida por el Ministerio Público de la ciudad de Antofagasta, en virtud del oficio N° 1793-2009. 6. Comunicado de negociación colectiva, de fecha 18 de Noviembre de 2009. 7. Comunicado denominado: Minera Spence Informa, relativo a la negociación colectiva, de fecha 19 de Noviembre de 2009. 8. Comunicado: Minera Spence Informa, relativo a la negociación colectiva, también de fecha 19 de Noviembre de 2009. 9. Comunicado: Minera Spence Informa, relativo a la negociación colectiva de fecha 20 de Noviembre de 2009. 10. Set de fotografías contenidas en 26 páginas relativas a fotos del estado en que quedaron las instalaciones de Minera Spence después de la ocupación. 11. Copia de la inscripción de la servidumbre minera concedida por el 1° Juzgado de Letras de Antofagasta, bajo el Rol N° 43.680, específicamente de fojas 7 N° 7 del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial de Calama, esta inscripción corresponde al 02 de enero de 2003. 12. Copia de inscripción de servidumbre minera concedida por el 2° Juzgado de Letras de Antofagasta en la causa Rol N° 12.578. 13. Carta de fecha 17 de Octubre de 2009 emanada de Minera Spence y dirigida a don Francisco Duarte de Autotrim, informando de la suspensión de servicios y obras. 14. Carta de fecha 17 de Octubre de 2009 emanada de Minera Spence y dirigida a doña Lorena Cortés de Guiñez Ingeniería Limitada, informando de la suspensión de servicios y obras. 15. Carta de fecha 17 de Octubre de 2009 emanada de Minera Spence y dirigida a don José Fuentes de Kaltire, informando de la suspensión de servicios y obras.16. Carta de fecha 17 de Octubre de 2009 emanada de Minera Spence a don Fernando León de KDM, informando de la suspensión de servicios y obras.17. Carta de fecha 17 de Octubre de 2009 emanada de Minera Spence a don Juan Astete de Linsa, informando de la suspensión temporal de servicios y obras. 18. Carta de fecha 17 de Octubre de 2009 emanada de Minera Spence a don Luis Farías de la empresa Mabet, informando de la suspensión de servicios y obras. 19. Carta de fecha 17 de Octubre de 2009 emanada de Minera Spence a don Raúl Bernal de MB Ingeniería, informando de la suspensión de servicios y obras. 20. Carta de fecha 17 de Octubre de 2009 emanada de Minera Spence a don Eduardo Rodríguez de la empresa Minepro, informando de la suspensión de servicios y obras. 21. Carta de fecha 17 de Octubre de 2009 emanada de Minera Spence a don Ricardo Ríos de la empresa Morris, informando de la suspensión de servicios y obras. 22. Carta de fecha 17 de Octubre de 2009 emanada de Minera Spence y dirigida a don Rafael Marnonii de la empresa Tecmind, informando de la suspensión de servicios y obras. 23. Carta de fecha 17 de Octubre de 2009 emanada de Minera Spence a don Eduardo Álvarez de la empresa Plastro Mining, informando de la suspensión de servicios y obras. 24. Informe de estado de las instalaciones de Minera Spence, luego de terminada la ocupación. 25. Presupuesto emitido por la empresa Fulltek para la reparación de conectores y cableado de fibra, de fecha 09 de diciembre de 2009. 26. Presupuesto emitido por la empresa Fulltek por levantamiento y rectificación de la fibra óptica, de fecha 09 de diciembre de 2009. 27. Copia del recurso de protección deducido por el abogado Rodrigo Marín Etérovic en representación de Minera Spence, de fecha 13 de Octubre de 2009, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta. 28. Copia de la denuncia penal efectuada por don Rodrigo Marín Etérovic, en representación de Minera Spence, con fecha 14 de Octubre de 2009, en relación a la ocupación ilegal. b) Confesional: declaración de Marco López Pérez, abogado, asesor legal del Sindicato de Minera Spence, quien señala que el periodo de negociación comenzó el 19 de agosto y terminó el 24 de noviembre, todos del año 2009, que durante la primera fase se efectuaron reuniones periódicas, que luego la empresa efectuó una última oferta, se votó la huelga, que se solicitó la intervención de la Inspección del Trabajo a través de buenos oficios; que en definitiva la huelga se desarrolló a partir del 13 de octubre, se montó un campamento en terrenos adyacentes a la faena, la decisión fue que la huelga sería pacífica, se mantendrían los accesos despejados, que el 22 de noviembre se votó la oferta aprobada por un 70% de los socios del sindicato, y el día 24 de noviembre se suscribió el documento. Que, el campamento se instaló el día 13 de octubre y que no existieron desbordes, sino hasta el día 38 corrido desde que se votó la huelga.c) testimonial:1)Marco Arturo Lagos Castillo, señala que es Ingeniero Civil Industrial que trabaja para BHP Billiton más 13 años y dos en operaciones de Spence, su cargo es Gerente de Administración y Finanzas, fue parte de la mesa negociadora, que el proceso partió aproximadamente en septiembre; que la última oferta se efectuó en octubre, la huelga partió el 14 de octubre, una semana después se terminaron las conversaciones. Que, miembros del Sindicato ingresaron a la empresa y se instalaron cerca del casino, que dicha permanencia se mantuvo hasta que se acabó la huelga, que el campamento luego se movilizó a las áreas industriales, hubo rayado de muros, hubo derrame de ácidos corrosivos, se violentaron oficinas, se descerrajaron los escritorios. No puede hablar de sabotaje pero se cortó el suministro eléctrico, hubo daños y robos en instalaciones de la empresa y de contratistas, la mina no operó, el chancado y aglomeración no operó, el proceso de electro-depositación operó “un poco”, es decir el área seca, no operó y el área húmeda operó un 50%, luego un 20% y luego dejó de operar, a los operadores de sala de control se les permitía entrar pero no salir. Que hubo reintegro individual de trabajadores 70 de 600 trabajadores en huelga, que al momento del reintegro no se daban las condiciones para comenzar la operación, existía riesgo para los trabajadores descolgados, que en condiciones normales cualquier persona se reintegra inmediatamente a la faena luego de un periodo de re-inducción y de reentrenamiento, que se reintegraran dos personas no sirve para reanudar la operación, puesto que existen puestos de trabajo que requieren de más de un operador. Que, al finalizar la huelga las personas iniciaron un proceso de re-inducción en forma gradual. Que, Spence cuenta con una pequeña oficina en Antofagasta a parte del campamento en Sierra Gorda. Que, la empresa siempre estuvo bajo la supervisión de la Inspección del Trabajo y del Sernageomin. Señala que en las reuniones con la Inspección del trabajo se planteó el tema de la seguridad de los mismos huelguistas. Que la empresa nunca solicitó el desalojo de los trabajadores como requisito para seguir con las conversaciones. Que, una vez que los trabajadores avanzaron hasta las áreas industriales se sacó a toda la gente. Que después del 15 de noviembre se produce el cambió y se altera el comportamiento de los huelguistas. Agrega que la huelga se inició el 13 o 14 de octubre y el ofrecimiento de reintegro se produjo 20 días después, que una vez que se producía el reintegro los trabajadores comenzaron a percibir sus remuneraciones pero imposible el reintegro efectivo de los trabajadores. 2) René Marcelo Jáuregui Bordones, señala que trabajó en el proceso de negociación, en el grupo de logística y planificación, debió atender a la inspección del Trabajo y al Sernageomín. Señala que la toma de las instalaciones fue al principio tranquila que poco a poco fue radicalizándose, que el día uno se tomaron el sitio, que el día dos o tres hicieron una marcha, se tomaron caminos y los bloquearon, cometieron actos vandálicos, traspasaban los límites fijados ocupaban los baños y dejaban basuras. Que vio rayados en la empresa refiriéndose a los “reincorporados”. Que se reintegraron 70 trabajadores de 570, que estos estaban a disposición de la empresa. Que, estos trabajadores no podían reintegrarse efectivamente pues no tenían “faena” donde se desempeñaran, que además se debía de re-inducir a los trabajadores. Señala que la huelga duró 42 días que en a primera etapa existieron agresiones verbales, al día 25 o 30 tomó otro cariz. 3) Iván Antonio Poblete Retamal, Señal que es líder de servicios operacionales, trabajó en faena durante la huelga en turnos de 8 por 6, que el 12 de octubre se votó la huelga y esta empezó el 13 de octubre, que al principio los trabajadores efectuaban actividades en el campamento, luego del 16 comenzó un periodo crítico “estuvo muy complicado”, ingresaron al edificio de la administración, hubo destrozos, robos y rayados, se tomaron el área húmeda. El ambiente estaba complicado, debían pedir ayuda a los líderes huelguistas para sacar al personal, existía peligro para los propios huelguistas, hacían fogatas por lo que se corría el riesgo de explosión. Que, desde los inicios de la huelga el personal administrativo trabajaba desde su domicilio. Señala que la mima se paralizó completamente. Que se enteró en las reuniones que el personal que se encontraba trabajando estaba recibiendo llamados telefónicos para molestar, llamados ofensivos. Que no sabe de agresiones físicas ,si de insultos. Que pudo ver rayados con amenazas, en contra de los trabajadores descolgados. Que, entre los descolgados había trabajadores que podían subir y otros no, que el reintegro debía de ser paulatino. Señala que desde que se inició la huelga el 13 de octubre no era seguro trabajar en faena. Sabe que los trabajadores efectuaron talleres en la ciudad de Antofagasta. d) oficio LBP N° 91 de la Fiscalía de Antofagasta, de fecha 12 de enero de 2010, específicamente orden verbal de investigar, de fecha 23 de noviembre de 2009, entrega de novedades turno día de fechas 9,16,18 y 19 de noviembre de 2009, parte denuncia de fecha 18 de noviembre de 2009, oficio N° 802 de la Prefectura de Carabineros de Antofagasta a la fiscal Lorena Pavés Barros, de fecha 19 de noviembre de 2009 y respuesta al mismo, comunicaciones de fecha 19 y 20 de noviembre de 2009 del Ministerio Público comunicando medida de protección a Carabineros de Chile y orden de investigar N° 1234, de fecha 16 de octubre de 2009 y el oficio de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, en causa Rol N° 711-2009, específicamente el informe de contestación del recurso de protección, de fecha 16 de noviembre de 2009, solicitados por la parte denunciada, los cuales informa al tenor de lo solicitado en los términos de la lectura efectuada en audiencia.
SEXTO: Que, en mérito de la prueba incorporada en la audiencia de juicio, apreciada conforme las reglas de la sana crítica, se ha podido establecer que efectivamente la denunciada efectuó comunicaciones a los trabajadores a las que adjuntó una oferta de reintegro individual, que en aquellas comunicaciones, se señala que el trabajador que acepte reintegrarse a sus labores permanecerá en su domicilio, recibiendo sus remuneraciones hasta ser contactados por la empresa, según da cuenta la prueba documental acompañada por la denunciante. Que, de la lectura de las actas de mediación incorporadas en audiencia remitidas por la Inspección del Trabajo a solicitud de la denunciante, se ha podido establecer que los trabajadores en huelga montaron un campamento en dependencias de Minera Spence, tal como se señala en las actas en las que se discute sobre el cambio de lugar del campamento base, según acta de 23 de octubre del año pasado, lo que se ratifica con la orden verbal de investigar de fecha 20 de noviembre de 2009. Que revisadas las copias de la carpeta investigativa del Ministerio Público, efectivamente se produjeron desmanes dentro de las instalaciones de Spence, que se efectuaron rayados amenazantes en contra de la jefatura tal como se muestran en las fotografías incorporadas por la denunciada y ratificado por los testigos René Jauregui e Iván Poblete. Que, estos hechos comienzan al menos el 16 de octubre según la orden de Investigar N° 1234 de la misma fecha. Que, por otro lado con fecha 13 de octubre de 2009 la empresa Minera Spence interpone recurso de protección en contra del Sindicato N° 1 de Trabajadores, que de la misma causa también existen fotografías con rayados con insultos a diversa personas. Que, según dan cuenta las cartas enviadas por la Minera Spence a las empresas contratistas con fecha 17 de octubre de 2009 procedió a la suspensión “total y temporalmente” de los servicios. Que, según se desprende de los comunicados de Minera Spence incorporados en la audiencia la empresa decidió con fecha 18 de noviembre la evacuación y detención de las operaciones, que es concordante con lo señalado por el testigo Marco Lagos Castillo, quien señala que la faena en lo referente al área húmeda siguió funcionando, aunque a medias hasta su paralización total. Que, en virtud de los documentos exhibidos se pudo establecer que efectivamente se reintegraron 67 trabajadores de un total aproximado de 560 trabajadores en huelga.
SEPTIMO: Que, son prácticas desleales en la negociación colectiva las acciones del empleador, del trabajador y de las organizaciones sindicales que entorpezcan el legitimo ejercicio a negociar colectivamente.
OCTAVO: Que, en el artículo 381 del Código del Trabajo se contienen dos importantes instituciones del proceso de negociación colectiva: 1) el reemplazo de las funciones de los trabajadores involucrados en la huelga y 2) el reintegro individual de trabajadores. Que, este último derecho puede ser invocado por los trabajadores en un proceso de negociación colectiva reglada cumplidos los requisitos del artículo 381 ya citado, esto es, los trabajadores pueden reintegrarse individualmente después del decimoquinto día de haberse iniciado la huelga y que la última oferta reúna los mismos requisitos señalados para el reemplazo de trabajadores a contar del primer día de huelga.
NOVENO: Que, el Sindicato N° 1 de Minera Spence deduce denuncia en contra de la empresa por práctica desleal en negociación colectiva, señalando como causal aquella contenida en el artículo 389 del Código del Trabajo que, en definitiva establece la sanción a las infracciones contenidas en los artículos 387 y 388 del Código del Trabajo a los que alude en el petitorio de su demanda. Que, en definitiva la actuación del empleador constitutiva de práctica desleal dice relación con que la empresa ofreció el reintegro individual a través de una declaración, debiendo permanecer los trabajadores en sus domicilios, recibiendo por cierto el pago de sus remuneraciones. Que, la denunciada no niega que se efectuara un ofrecimiento de reintegro en los términos señalados, pero recalca que tal hecho no entorpeció la negociación colectiva y que los trabajadores reintegrados no se reincorporaron materialmente a faena, dada la situación de ocupación que afectó a la empresa.
DECIMO: Que, como se ha señalado anteriormente la conducta descrita no se encuadra en ninguno de los numerales del artículo 387 del Código del Trabajo, aunque si bien podría encuadrarse en la letra c), del mismo: “el que ejecuta durante el proceso de negociación colectiva acciones que revelen una manifiesta mala fe que impida el normal desarrollo de la misma”, puesto que se trata de una situación genérica que engloba a las demás, pero este supuesto llevaría necesariamente a la prueba de de la mala fe, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico descansa en la presunción general de buena fe. Por consiguiente, y no habiéndose referido el actor expresamente a una causal específica de aquellas del 387 ya citado, y considerando que la enumeración legal de conductas constitutivas de prácticas antisindicales y prácticas desleales en negociación colectiva no es taxativa y al tenor del concepto de práctica desleal cualquier conducta que entorpezca la negociación colectiva puede ser considera tal, es necesario establecer si el hecho atribuido a la denunciada entorpeció la negociación colectiva.
UNDECIMO: Que, en cuanto al hecho que los trabajadores pudieren reintegrase a sus labores, permaneciendo en sus domicilios, es necesario revisar el artículo 7° del Código del Trabajo, que establece que “contrato individual de trabajo es una convención por el cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada”, de esta definición es posible advertir que la principal obligación del trabajador es la de prestar servicios personales y la del empleador es pagar por éstos servicios la remuneración convenida; unido lo anterior a los efectos propios de la huelga, en la que se entiende suspendido el contrato de trabajo, suspendiéndose por ende las obligaciones de prestar servicios por parte del trabajador y de pagar la remuneración por parte del empleador; que en el caso de marras, ejercido por los trabajadores el derecho a reintegro comenzó a regir su contrato individual de trabajo y por ende las obligaciones ya referidas, que se debe tener presente que es obligación del trabajador el prestar los servicios y la obligación correlativa del empleador, además de pagar por éstos, una remuneración es entregar el trabajo convenido; pero nada obsta a que el empleador solicite al trabajador que permanezca en su domicilio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 del Código del Trabajo a propósito de las facultades del ius variandi, que permite el reclamo del trabajador si no se observan las condiciones contenidas en el inciso primero del artículo 12 del Código del Trabajo. Que, por lo demás ha quedado establecido en considerandos que anteceden que el empleador dispuso el 17 de octubre la suspensión total y temporal de los servicios prestados, que tal como los señalaron los testigos en la audiencia, una vez que comenzó la huelga, el personal no sindicalizado permaneció en sus casas, que por otro lado es también posible advertir que existía riesgo para los trabajadores en ciertas dependencias de las instalaciones y que por otro lado, existió al menos rayados con insultos para aquellos trabajadores que se descolgaban, por lo que a juicio de esta sentenciadora la decisión que los trabajadores no ingresaran a laborar efectivamente obedece necesariamente al contexto en que se desarrollaba la huelga.
DUODECIMO: Por lo razonado precedentemente es necesario entonces revisar como esta actividad del empleador entorpeció la negociación colectiva, y efectivamente, 67 de 560, trabajadores aceptaron la oferta individual e hicieron uso de su derecho a reintegro suscribiendo el instrumento que se incorporó y exhibió en la audiencia, que efectivamente los trabajadores del sindicato no tuvieron conocimiento cuantos trabajadores se reincorporaron a sus labores, salvo la información de prensa que también fue incorporada en la audiencia; tal como lo señaló el absolvente Ariel Huenchullan y los testigos René Jauregui e Iván Poblete, quienes señalan que esa información se mantuvo en reserva y ni siquiera ello sabían cuantos trabajadores se reintegraron a su labores.
Que, por otro lado, es de público conocimiento, y así también lo sostuvieron absolventes y testigos en la audiencia, la huelga finalizó y en definitiva las partes suscribieron un contrato colectivo con fecha veinticuatro de noviembre del año recién pasado. Que si bien, los términos de ese contrato colectivo no fueron incorporados en la audiencia, el contenido de ese acuerdo fue ampliamente difundido por la prensa nacional, a través de la cual esta sentenciadora toma conocimiento, que de esta forma es posible comparar las condiciones de la oferta individual de reintegro con la información aparecida en la prensa y es posible sostener que el contrato firmado por los trabajadores fue mucho más beneficioso que dicha oferta.
Demás está decir que en audiencia no se discutió los términos del ofrecimiento y si este reunía los requisitos del artículo 381 del Código del Trabajo, sino más bien, toda la prueba versó sobre la reincorporación efectiva versus la meramente enunciativa que ofrecía la empresa y como tal hecho pudo o no debilitar el movimiento sindical, al desconocer los trabajadores el número exacto de descolgados. Es por esta misma razón que esta Juez debe desestimar el oficio emanado de la Inspección del Trabajo en el que da a conocer hechos que según así lo manifiesta la abogada que lo suscribe constituirían prácticas desleales en negociación colectiva, ya que se refiere al contenido de la oferta individual de reintegro contrastándola con el contenido de la última oferta depositada en ese servicio, antecedente no incorporado en la audiencia por lo que no es de conocimiento de esta sentenciadora.
DECIMO TERCERO: Que, en consecuencia habiéndose establecido que la negociación colectiva concluyó y que las partes suscribieron con fecha 24 de noviembre recién pasado un contrato colectivo en condiciones superiores a las ofrecidas en la oferta de reintegro individual y que sólo 67 trabajadores de un total de 560 ejercieron su derecho establecido en el artículo 381 del Código del Trabajo, esta sentenciadora estima que el hecho denunciado no es de aquellos que entorpecen la negociación colectiva por lo que no es práctica desleal en la negociación colectiva, debiendo entonces rechazar la denuncia.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 5 a 11, 21, 22, 34, 35, 41, 42, 44, 54 a 58, 67, 73, 153, 154, 159, 160 Nº 1 y Nº 7, 161, 162, 163, 168, 172, 173, 174, 178, 201, 372, 374, 381, 382, 383, 387 420, 423, 425 a 432, 434 a 438, 440 a 462, 485 a 495 del Código del Trabajo;
Se declara:
I.- Que, se rechaza en todas sus partes la denuncia de práctica desleal en negociación colectiva formulada por el abogado don Marco López Pérez en representación del SINDICATO N° 1 DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERA SPENCE dirigido en contra de MINERA SPENCE S.A., todos ya individualizados.
II.- Que, no se condena en costas a la parte denunciante por haber tenido motivo plausible para litigar.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
R.U.C. 09-4-0027170-1
R.I.T. T-22-2009





Dictada por doña Yohana María Chávez Castillo, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta.

TUTELA; SJL Antofagasta 06/03/2010; Acoge denuncia práctica desleal en negociación colectiva; Sanción contenida en Estatutos constituye fuerza moral que impide a los trabajadores ejercer libremente su derecho de huelguistas a reincorporarse a sus labores; RIT T-16-2009

Antofagasta, seis de marzo del año dos mil diez.-
VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, ante este Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, se inició esta causa R.I.T. T-16-2009, R.U.C. 09-4-0024270-1, solicitado en procedimiento de Tutela de Derechos Fundamentales, mediante demanda interpuesta por don Rodrigo Marín Eterovich, abogado en representación de COMPAÑÍA MINERA SPENCE S.A., dirigida en contra del SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPRESA MINERA SPENCE, representada por su directorio, integrado por los señores Andrés Ramírez Jamett, en su calidad de Presidente, Alberto Carvajal Bravo, en su calidad de Secretario, Pablo Trujillo Barrera, en su calidad de Tesorero; Francisco Aravena Valdebenito, en su calidad de Primer Director y Daniel Ibacache Henríquez, en su calidad de segundo Director, todos domiciliados para estos efectos, en calle Los Ñandú N° 294, casa 2, Villa Los Flamencos de Antofagasta.
SEGUNDO: Que, el actor funda su denuncia en que dentro del marco de la negociación colectiva en que se encontraban las partes, se tomó conocimiento por la empresa que los socios del Sindicato aprobaron una reforma estatutaria que impone severas multas a los trabajadores que hicieran uso de su derecho a reintegrase a sus labores una vez hecha efectiva la huelga. Que su juicio esta clausula es ilegal puesto que vulnera los límites impuestos al sindicato por la ley para fijar sus estatutos y para imponer sanciones a sus miembros, que por lo que además adolece de nulidad por ilicitud de su objeto. Que, además imponer a los socios una multa a quien como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 381 del Código del Trabajo, ejerza su derecho a reintegro, asoma como contraria a los fines propios de la organización sindical. Que, en la especie se reúnen los requisitos para que la empresa pueda ofrecer a los socios del sindicato el reintegro individual por consiguiente la reforma estatuaria al imponer condiciones tan gravosas para el ejercicio de un derecho a sus socios infringe el orden público, ejerce fuerza moral en las personas durante el proceso de negociación colectiva y configura las práctica antisindical en negociación colectiva de los artículos 388 letras a) y b). Que, con fecha 18 de noviembre del año 2009, se hicieron parte en esta causa como terceros coadyuvantes los trabajadores Renato Colin y Manuel Zamora.
TERCERO: Que, contestando la denunciada, solicita el rechazo de la denuncia toda vez que efectivamente el sindicato aprobó una reforma de sus estatutos que se llevó a cabo conforme al procedimiento establecido en el Código del Trabajo para ello, efectuándose su depósito de acuerdo a la ley y al que la Inspección del Trabajo no había efectuado observaciones a la fecha, por consiguiente el empleador no está legitimado para actuar en esta causa y el presente procedimiento no es idóneo por existir uno previsto en el Código del Trabajo. Que, por lo demás no es posible aceptar que el empleador intervenga en asuntos propios del sindicato porque afecta el principio de autonomía sindical; por otro lado la reforma persigue fortalecer el régimen disciplinario interno consistente en que cada socio deba acatar la decisión de la mayoría, que en ningún caso pretende restringir derechos de los afiliados, quienes pueden renunciar al sindicato sin mayores consecuencias para ellos. Que tampoco se constituyen en práctica desleal, puesto que en este caso los afectados serían los mismos socios que aprobaron por mayoría la reforma, que tampoco ha existido mala fe o dolo de esa parte.
CUARTO: Que, con fecha uno de diciembre se efectuó la audiencia preparatoria a la que comparecieron las partes, no prosperando el llamado a conciliación, por lo que se fijó como hechos a probar: 1° Efectividad que el empleador se encuentra legitimado para impugnar los estatutos. 2° Procedencia del procedimiento empleado para obtener el pronunciamiento de ilegalidad de disposiciones del estatuto del sindicato. 3° Efectividad que la cláusula que impone multa a los trabajadores que se reincorporen a sus labores es ilegal y constituye práctica antisindical. Hechos y circunstancias. 4° Efectividad que la reforma estatutaria referida afecta la libertad sindical. Hechos y circunstancias. 5° Efectividad que el empleador se encuentra legitimado para impugnar los estatutos y 6° Efectividad que se ejerció fuerza moral contra los socios del sindicato para obtener la reforma estatutaria y que ésta además adolece de objeto ilícito.
QUINTO: Que, con fecha veintitrés de febrero se efectuó la audiencia de juicio, en la que las partes para acreditar sus dichos incorporaron sus medios de prueba. Al efecto el demandante incorporó: a) documental: 1) Copia de los estatutos actualizados del Sindicato de Trabajadores de Minera Spence, que incorpora la modificación que ha sido objeto de este juicio, con las correspondientes certificaciones de los ministros de fe. 2. Ordinario N° 2392/103, de fecha 08 de junio de 2004, emanado de la Dirección del Trabajo, departamento jurídico, se hace presente el párrafo quinto y sexto de la página cinco de dicho dictamen. 3. Acta de Notificación Observaciones a Constitución, Reforma o Fusión, emanado de la Inspección Provincial del Trabajo de Copiapó. 4. Observaciones notificadas mediante el documento anterior, emanado de la Inspección del Trabajo de Copiapó. 5 Copia de la denuncia por práctica antisindical hecha en procedimiento de tutela laboral, interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de Minera Spence en contra de Minera Spence y que se tramita bajo el RIT T-18-2009 de este Tribunal. 6. Oficio Ordinario N° 1722, emanado de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, de fecha 06 de octubre de 2009. 7. Copia de la última oferta presentada por Minera Spence S.A. en el proceso de negoción colectiva, con fecha 23 de septiembre de 2009. 8. Copia del contrato colectivo de trabajo suscrito entre Minera Spence S.A. y el Sindicato de Trabajadores de Minera Spence S.A., con fecha 25 de septiembre de 2006. 9. Informe elaborado por la empresa auditora Deloitte, de fecha 28 de septiembre de 2009 y dirigido a la empresa Minera Spence. 10. Copia de la noticia periodística aparecida en el diario La Tercera, sección empresas, titulada “Sindicato de Spence cobrará 7,3 millones a empleados que se descuelguen de eventual huelga”. b) confesional: declaración de Marco Rodrigo López Pérez, quien señala que el objeto de la multa es establecer la disciplina interna de la organización, con el objeto que se acataran las decisiones del sindicato y mantuvieran la huelga, lo que se sanciona es no acatar una decisión interna. Que, en definitiva no cumplió el objetivo, porque el 12% de los trabajadores se reintegraron y que el ofrecimiento de asesoría por parte de la empresa no influyó en la decisión de reintegrarse de los trabajadores. Que, la reforma de estatutos sufrió observaciones de ilegalidad por parte de la Inspección del Trabajo, las que se basaron en que contenían una decisión ajena al reintegro y que la multa podía ser aplicada a los socios que renunciaran al Sindicato, que esta observación fue objeto de reclamo por parte del sindicato y que dio origen a la causa I-05-2010, que se tramita ante este tribunal. c) testimonial: 1) Patricio Orlando Picero Espinoza, quien se desempeña como gerente área Mina Spence, que durante el proceso de negociación colectiva participó en la comisión negociadora. Durante el proceso no supo de la modificación de estatutos. Durante la huelga se enteró de la modificación asociada a la letra de cambio, se enteró a través de las preguntas de los trabajadores, ellos querían saber si la letra era cobrable y si el pago de la letra se descontaría de los beneficios otorgados por la Compañía. A raíz de lo anterior la empresa debió generar un número de ayuda que era atendido por personal de recursos humanos, la respuesta era que no era legal el cobro de la letra de cambio. Luego la empresa ofreció asesoría ante el eventual cobro y luego ofreció hacerse cargo del pago de la misma, con ello aumentó el reintegro de los trabajadores. Desconoce cómo se gestó la reforma, pero que los trabajadores no tenían claro de que se trataba; 2) Ricardo Andrés García Berg, Se desempeña como Superintendente de recursos humanos participó en la comisión negociadora. En la comisión se enteraron que existía una multa para los trabajadores que se reintegraran al trabajo. Se enteran de manera informal puesto que los trabajadores temían que se hiciera efectivo el cobro de la letra de cambio. Así los trabajadores se comunicaban con sus supervisores quienes lo consultaban con ellos. Cuando se inició el proceso de reintegro se creó una línea de atención telefónica. La respuesta de la Empresa era que no se podía cobrar la letra, ofreció asesoría legal en caso de su cobro y luego ofreció el pago de la misma. La inquietud de los trabajadores siempre se mantuvo, entre el día 35 o 40 cuando la empresa ofrece el pago de la letra de cambio, los trabajadores se reintegran al trabajo. Los trabajadores no se descolgaban por la letra de cambio y conoce a una persona que no lo hizo por esa razón; 3) Gastón Eduardo Moya Rodríguez, Señala que trabajó en Minera Spence desde el 2004 y hasta el 31 de enero de 2010 en el cargo de gerente de recursos humanos y participó de la mesa negociadora. Se enteró de la reforma estatutaria a través de los propios dirigentes, por los trabajadores y por la prensa local. Recibió comentarios de trabajadores que la multa era una barrera para reintegrarse. El descuelgue se produce cuando la empresa ofrece pagar la multa. La mesa negociadora se enteró a través de los supervisores, quienes recibían consultas de los trabajadores en orden a su preocupación por el cobro de la letra. La empresa esperaba que la Dirección del Trabajo se pronunciara al respecto. Que, a firma de la letra de cambio produjo un desbalance entre las partes porque los trabajadores no podían ejercer su derecho a reintegro. A la empresa le interesaba que los trabajadores se reintegraran, por un tema del respeto al derecho, que se terminara la huelga y el temor a los trabajadores, quienes solo aceptaron el reintegro cuando la empresa ofreció el pago de la letra de cambio. Señala que la oferta de buenos oficios y la oferta de reintegro era marginal. Desconoce cómo se efectuó la reforma de estatutos. La empresa tomó la decisión de actuar antes de la Inspección del Trabajo, en el convencimiento que se atentaba un derecho, se generaba una merma para la compañía y se alteraba el balance en la negociación. d) Exhibición de documentos: cinco letras de cambio a la vista que fueron suscritas por los socios del Sindicato, correspondientes a Angél Aravena Gaete, Juan Esquivel Oyanedel, Marcial Guaringa Ortiz, Oscar Pizarro Riquelme y don Álvaro Soto Arredondo.
Que, la demandada incorporó la siguiente prueba: a)documental: 1) Citación a asamblea extraordinaria del Sindicato de Trabajadores de Minera Spence, de fecha 10 de agosto de 2009.2) Acta de asamblea extraordinaria del Sindicato de Trabajadores de Minera Spence S.A., de fecha 21 de agosto de 2009.3) Certificado de la Inspección Provincial del Trabajo, unidad de relaciones laborales, de fecha 27 de agosto de 2009, se adjuntan el acta de votación y escrutinio parcial de reforma de estatutos del Sindicato de Trabajadores de empresa Minera Spence y el listado de socios participantes en la votación de la reforma de estatutos.4) Estatuto del Sindicato de Trabajadores de empresa Minera Spence con certificado de la Inspección del Trabajo, de fecha 27 de agosto de 2009.5) Comunicación del sindicato de trabajadores de Minera Spence a la Inspección del Trabajo, de fecha 09 de septiembre de 2009. 6) Carta de renuncia de don Manuel Zamora Riveros al Sindicato de Trabajadores de Minera Spence, recibida con fecha 09 de noviembre de 2009. 7) Carta de renuncia de don Renato Colin Colin al Sindicato de Trabajadores de Minera Spence, recibida con fecha 09 de noviembre de 2009. 8) Ejemplar del contrato colectivo de trabajo, celebrado entre las partes, el 24 de noviembre de 2009. b) confesional: declaración de Ariel Emilio Huenchullán, quien sabe que la empresa tomó conocimiento de una observación hecha por la Inspección del Trabajo a los estatutos, sabe que estas observaciones vienen hechas por haberse prohibido el reintegro. Sabe que los trabajadores no han pagado las multas y sabe que los trabajadores no entendieron los alcances de la letra de cambio; c) testimonial: 1) Vianey Carmen Luque Flores, funcionaria pública, participó en la votación de la reforma de estatutos en su calidad de Ministro de fe, votación parcial que se efectuó el 28 de agosto de 2009. Su función fue observar el proceso, no hubo nada anormal, la votación fue secreta; los trabajadores ya tenían conocimiento de la reforma y estaban conscientes de la votación. Nadie mencionó nada irregular. 2) Francisca Alejandra Orellana Santa Ana, quien es funcionaria pública, fue Ministro de fe durante el procedimiento de votación, su función es observar y dejar constancias. El procedimiento fue en Spence el 27 de agosto de 2009, fue bastante tranquilo, sin nada que llamara la atención. Todos los trabajadores mostraron su carne o credencial. No hubo presiones para que votaran, en el lugar de la votación no hubo presión por parte de los dirigentes u otros trabajadores. Que, ningún trabajador presentó dudas respecto de lo que se estaba votando, había claridad respecto de lo que se estaba votando. d) oficios provenientes de la Inspección del trabajo, consistente en Informe de Derechos Fundamentales, que concluye señalando que a esa fecha no existen denuncias práctica antisindical en la negociación colectiva y oficio de fecha 7 de enero de 2010 que remite la minuta de observaciones y/o recomendaciones a la reforma de estatutos del Sindicato de Minera Spence y sus notificaciones.
SEXTO: Que, en mérito de la prueba reseñada apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, se ha podido establecer que el Sindicato de Minera Spence S.A. aprobó una reforma a sus estatutos con fecha 27 de agosto de 2009; que las actas de reforma y copia de los estatutos certificados por el Ministro de fe se depositaron e inscribieron bajo el N° 02.01.0549 según da cuenta el estatuto y las certificaciones de Ministro de fe; que con fecha 10 de agosto de 2009, el Directorio del Sindicato citó a Asamblea extraordinaria a fin de tratar la reforma de estatutos; con fecha 21 de agosto de 2009, se efectuó asamblea extraordinaria en la que se presentó el proyecto, se explicó su contenido manifestando la Asamblea de socios su conformidad con la propuesta ”planteando la modificación a la letra e) propuesta, en el sentido de elevar la multa por inasistencia a la votación de la última oferta del empleador y/o actividades diarias durante la huelga” según dan cuenta las actas respectivas incorporadas en audiencia; que según los certificado extendidos por la Ministro de fe, la votación se efectuó con fecha 27 de agosto de 2009, proceso que se efectuó sin mayores complejidades y nada que observar según lo corroboran doña Francisca Orellana y doña Vianey Luque, que prestan declaración en audiencia. Que, una vez aprobada la reforma a los estatutos los socios del Sindicato firmaron letras de cambio a la orden del Sindicato por la cantidad equivalente en pesos a 200 unidades tributarias mensuales, según se desprende de las letras de cambio exhibidas en audiencia; que la Inspección del Trabajo observó dicha disposición estatutaria, puesto que lo que ella establece vulnera lo dispuesto en el artículo 381 del Código del Trabajo y que dicho pago es incluso exigible a los ex¬ - socios. Finalmente, la parte denunciada incidentó en razón que don Gastón Moya, citado a absolver posiciones en audiencia de juicio, compareció como testigo de la denunciante y designó mandatario a don Ariel Huenchullan San Martín, señalando que no es procedente tal situación, puesto que una misma persona no puede comparecer a la vez como testigo y como absolvente, incidente que se rechazará toda vez que la citada a confesar es la persona jurídica quien comparece a través de su representante legal, caso en que la ley el único requisito que exige es que se trate de alguna de las personas a que se refiere el artículo 4° del Código del Trabajo, y que cuando la ley señala en la parte final del párrafo segundo del mencionado artículo a que las declaraciones hechas por el “mandatario” se consideraran para todos los efectos legales como si hubieren sido hechas personalmente por aquél cuya comparecencia se solicitó, necesariamente se está refiriendo a la persona jurídica denunciante en este caso. Que, todo caso las declaraciones efectuadas por el representante legal de la demandante en nada alteran lo concluido en este párrafo.
SEPTIMO: Que, en definitiva la reforma modifica los estatutos del Sindicato en lo que dice relación con el régimen disciplinario interno del mismo, específicamente el artículo 43, letra d) que dispone “el socio involucrado en una huelga legalmente aprobada, que decida reintegrarse individualmente a sus labores, en cualquier condición o tiempo, sin haberse celebrado el contrato colectivo por el Sindicato, será multado con el equivalente a 200 Unidades Tributarias Mensuales, según el valor de éstas a la fecha en que efectivamente se pague la multa. El Sindicato podrá a su elección, requerir del empleador el descuento de la multa y/o podrá exigir el pago de la multa indicada a través de los procedimientos judiciales ante los tribunales ordinarios de justicia. Se podrá solicitar el pago forzado de la multa, a través del embargo y remate de los bienes del socio multado, incluso embargar las remuneraciones mensuales en aquella parte que la ley lo autoriza. Para los efectos de facilitar el cobro judicial, cada socio deberá suscribir una letra de cambio a la vista a favor del sindicato por el importe equivalente a 200 unidades tributarias mensuales, la que será ejecutada por el sindicato por la sola verificación de la circunstancia del reintegro individual. La multa se aplicará aún cuando el socio se retire o desafilie del Sindicato antes del reintegro o término de la huelga. El socio tendrá un plazo de 30 días a contar de la aprobación de la reforma de estatutos para otorgar la letra de cambio. En el evento que así no lo haga, será multado por el equivalente a 200 unidades tributarias mensuales. Para las posteriores negociaciones colectivas cada socio deberá otorgar una letra de cambio a más tardar antes de presentar el proyecto de contrato colectivo.”
OCTAVO: Que, Minera Spence S.A. ha accionado en esta causa a través de demanda por práctica desleal en negociación colectiva, puesto que a su juicio la reforma de estatutos infringe el artículo 388 del Código del Trabajo, que a su vez la denunciada ha planteado la excepción de falta de legitimación activa del empleador para discutir la validez de los estatutos sindicales y la validez de este procedimiento. Al efecto se debe señalar que el Código del Trabajo, en los artículos 223 y 233, faculta a la Inspección del Trabajo para revisar el acto de legalidad de la Constitución del Sindicato, así como que los Estatutos de éste se ajusten a lo prescrito por el Código del Trabajo. De esta manera, dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha del depósito del acta, formulará observaciones a la Constitución del Sindicato, el que podrá en el plazo de 60 días contados desde la notificación de esas observaciones recurrir al Juzgado competente, el que resolverá de acuerdo a las reglas del procedimiento monitorio tal como lo dispone el artículo 504 del Código de la especialidad, que es lo que ocurrió en la especie, existiendo en la actualidad la causa I-5-2010, en la que se fijó audiencia para el martes 16 de marzo de 2010. En tanto que, de la revisión de la demanda y tal como se señala al comienzo de este párrafo Minera Spence S.A. ha denunciado al Sindicato por práctica desleal en negociación colectiva, al tenor de lo que dispone el artículo 389 en su relación con el artículo 388, ambos del Código del Trabajo que se conoce a través del Procedimiento de Tutela Laboral.
NOVENO: Que, en cuanto a la legitimación activa del empleador para iniciar la presente causa por práctica antisindical, se debe tener presente que la legitimación se refiere a quienes deben ser parte de un proceso concreto de actividad jurisdiccional, al respecto debemos puntualizar quienes son sujetos de la negociación colectiva y al decir de los artículos 304 y 305, lo son los empleadores o sus organizaciones por una parte, y las organizaciones de trabajadores por la otra, de lo que se desprende, entonces que el empleador se encuentra legitimado para denunciar las practicas que él considere desleales en la negociación colectiva, por lo que no puede acogerse la excepción intentada en autos.
DECIMO: Que, en cuanto a la reforma de estatutos, se debe señalar que de los artículos 212 a 216, se desprende que sindicato es “una organización de trabajadores”, cuyo fin principal, es representar a los socios en cada una de las instancias de la negociación colectiva, y no puede ser de otro modo, toda vez que la negociación colectiva en cada una de sus etapas y con cada uno de sus derechos se constituye en la actividad primordial del sindicato que no es otra que mejorar la situación de los trabajadores y equiparar fuerzas frente al empleador. Que, de esta manera la libertad sindical se erige como un principio fundamental, que persigue que los trabajadores puedan constituir sindicatos afiliarse o desafiliarse a ellos y disolver estas organizaciones sindicales, sin que el empleador pueda influir en esta decisión. Que, según el artículo 221 del Código del Trabajo, el estatuto deberá contemplar los requisitos de afiliación, de desafiliación y los derechos y obligaciones de sus miembros, los requisitos para ser elegido dirigente sindical, los mecanismos de modificación del estatuto o de fusión del sindicato y su régimen disciplinario interno. Que, tal como lo señala el artículo 233 del mismo Código la reforma deberá aprobarse en sesión extraordinaria, la votación ha de ser secreta y el directorio del sindicato deberá depositar en la Inspección del Trabajo el acta original y dos copias certificadas dentro de los 15 días contados desde la fecha de la asamblea. Lo que en la práctica se cumplió por lo que la reforma del artículo 43, a juicio de esta sentenciadora formalmente no merece reparos, según se desprende de la prueba documental acompañada y de lo dicho por las testigos Vianney Luque y Francisca Orellana.
UNDECIMO: Que, de esta manera es necesario analizar si el contenido de la clausula se constituye en práctica desleal en la negociación colectiva. Que, al decir de la doctrina la práctica desleal es aquella conducta ilícita de alguna de las partes que perjudica a la otra, el proceso negociador. Por lo que es necesario desentrañar como la cláusula en cuestión ha perjudicado a la otra en el proceso negociador y se ha dicho por la denunciada en la absolución de posiciones que el objetivo de la multa es sancionar a aquellos trabajadores que no acaten la decisión de la mayoría de continuar en huelga, en otras palabras, la sanción es para los trabajadores que decidan reintegrarse a sus labores una vez votada la huelga y así se desprende de la redacción de la letra d) del artículo 43, que señala que “el socio involucrado en una huelga legalmente aprobada, que decida reintegrarse individualmente a sus labores, en cualquier condición o tiempo, sin haberse celebrado el contrato colectivo por el Sindicato, será multado con el equivalente a 200 Unidades Tributarias Mensuales, según el valor de éstas a la fecha en que efectivamente se pague la multa”. Que, el derecho a reintegro está contenido en el artículo 381 del Código del Trabajo, que es una institución reconocida durante el proceso de negociación colectiva, al que pueden acceder los trabajadores en un proceso de negociación colectiva reglado cumpliéndose los requisitos que el mismo artículo establece. Que, en consecuencia la existencia de esta multa alteró el procedimiento de negociación colectiva, puesto que impidió el proceso de reintegro de trabajadores; ya que los trabajadores no podían acceder libremente a una oferta individual e integrarse a sus labores toda vez que existía una letra de cambio por más de 7 millones de pesos, que haría ilusorio cualquier beneficio obtenido o arriesgaba al cobro compulsivo de la misma. Por otro lado, los trabajadores se vieron obligados a firmar una letra de cambio, que si así no lo hacían serían multados por la misma cantidad (200 unidades tributarias mensuales) y que la multa se aplicaría aún cuando el socio quisiere desafiliarse del sindicato, antes del término de la huelga. Lo anterior, de todas maneras vulnera el derecho a la libertad sindical, consagrado en nuestra Constitución, toda vez que el artículo 19 N° 19 en su segunda parte, establece que la afiliación sindical será siempre voluntaria, por tanto, cierto es que la amenaza de una multa de casi siete millones de pesos impide a los trabajadores ejercer los derechos contenidos en el Código del trabajo, irrenunciables por cierto a la luz del artículo 5° del mismo, como es el derecho a reintegro y el poder desafiliarse del sindicato al que pertenecen, toda vez que la cláusula es bastante clara en el sentido que aprobada la huelga y pendiente el proceso de negociación, y aún cuando ejerza su derecho a renunciar al sindicato deben pagar la elevada multa de 200 UTM; y por otro lado, en el proceso de negociación colectiva que enfrentaron las partes la existencia de esta cláusula provocó claramente el entorpecimiento de la negociación colectiva, provocando a su vez la intervención del empleador ofreciendo asesoría legal a los trabajadores para impedir el cobro de la letra de cambio y en definitiva ofreciendo el pago de la misma, para que los trabajadores pudieran ejercer su derecho a reintegro con tranquilidad, lo que resulta a lo menos paradójico puesto que si el origen de la sindicalización no es otro que oponer al empleador dueño de los medios de producción la fuerza de un grupo de trabajadores asociados para mejorar sus condiciones de vida, ahora sea el empleador quien deba “defender” a los trabajadores ante el Sindicato, aunque sea para restablecer el procedimiento negociador como se señaló en audiencia. Que, si bien, como ya se señaló la negociación colectiva se erige como la actividad fundamental del grupo de trabajadores asociados al sindicato y que la huelga resulta ser una herramienta legal y eficaz para obtener sus fines, que el sindicato en el proceso requiere de fuerza y de cohesión, no es menos cierto que impedir que los trabajadores “se descuelguen”, renunciando a su legítimo derecho a acceder a una oferta individual y reintegrarse a su trabajo, constituye fuerza moral sobre quienes desean terminar con la incertidumbre que genera en algunas personas este proceso, por la situación en la que se encuentran, por sus expectativas y por la necesidad que tienen de llevar el sustento a sus hogares.
DUODECIMO: Que, en conclusión la sanción contenida en el artículo 43, letra d) del Estatuto del Sindicato de los trabajadores de Minera Spence, constituye fuerza moral que impide a los trabajadores ejercer libremente su derecho a reincorporarse contenido en artículo 381 del Código del Trabajo, alterando con ello el normal desarrollo de la negociación colectiva, por lo que deberá acogerse la denuncia pero solo en cuanto a declarar que la inclusión de la referida clausula constituye práctica antisindical, al tenor de lo dispuesto en artículo 388, letra b) del Código del Trabajo, toda vez que la revisión de la legalidad de la misma se encuentra pendiente en causa que se tramita ante este mismo tribunal.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 5 a 11, 21, 22, 34, 35, 41, 42, 44, 54 a 58, 67, 73, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 168, 172, 173, 178, 184, 212, a 220, 221, 222, 223, 231, 232, 303, 315 a 333, 381, 388, 389, 420, 423, 425 a 432, 434 a 438, 440 a 462 y 485 a 495 del Código del Trabajo;
Se declara:
I.-Que, se acoge la denuncia formulada, pero sólo en cuanto a que se declara la denunciada SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPRESA MINERA SPENCE S.A., ya individualizada ha incurrido en práctica desleal en negociación colectiva, y se condena a pagar una multa de 10 unidades tributarias mensuales, a beneficio del Servicio de Capacitación y Empleo.
II.- Que, no se condena en costas a la parte vencida por haber tenido motivo plausible para litigar.
III.- Remítase copia de esta sentencia a la Inspección del Trabajo de esta ciudad.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
R.U.C. 09-4-0012754-6
R.I.T. T-16-2009


Dictada por doña Yohana María Chávez Castillo, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta.





En Antofagasta, a seis de marzo de dos mil diez, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.