8 de enero de 2010

TUTELA; SJL La Serena 31/12/2009; Rechaza tutela y petición conjunta de declaración de nulidad; Hecho fundante no constituye vulneración de derechos fundamentales; RIT T-18-2009

(no ejecutoriada)

La Serena, treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:-
PRIMERO: Que ha comparecido ante este Tribunal laboral doña ANA MARÍA BLANLOT CECCHI, cesante, domiciliada en calle Rengo Nº 22, Peñuelas, Coquimbo, y señala que viene en interponer denuncia en procedimiento de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido a que fuera afecta, e interpone asimismo, en forma conjunta de acuerdo a lo prescrito en el artículo 489 del Código de Trabajo, acción de nulidad de despido y cobro de cotizaciones previsionales y en subsidio de la denuncia de tutela interpongo acción por despido injustificado y cobro de indemnizaciones por lucro cesante, en contra de mi ex empleadora la SOCIEDAD EDUCACIONAL PIERROT Y COMPAÑÍA LTDA., RUT 77.026.540-1, representada legalmente por doña FRANCA LANAS MELLADO, cédula nacional de identidad número 9.112.219-7, ambos domiciliados en calle Los Carrera Nº 851, comuna de La Serena, todo en virtud de los fundamentos de hecho y de Derecho que expone en su libelo.-
Señala que ingresó a trabajar para la demandada en calidad de Coordinadora de cursos del programa de Educación de Adulto, año escolar 2009, con fecha 1º de febrero 2009, no obstante el contrato de trabajo se firmó el 9 de marzo de 2009, en el mismo se señala que habría ingresado a trabajar el 1º de marzo y que no le han pagado remuneraciones ni imposiciones por el mes trabajado en febrero de 2009 .- La jornada de trabajo era de 29,5 horas semanales, distribuidas de la siguiente manera: de martes a viernes entre las 9.00 y las 14.00 horas, y el día lunes de 9.00 a 19.30 horas, sin perjuicio de las reuniones técnicas y otras actividades técnicas pedagógicas, cuya asistencia era obligatoria.
Agrega que su remuneración mensual bruta era de $ 370.992.-
Señala que el programa para el cual trabajaba en el colegio Pierrot, era el de continuidad de estudios para adultos los que en su mayoría provenían del programa “Contigo Aprendo” impartido por el Ministerio de Educación, el modo de trabajo era el de cursos satélites, es decir, clases impartidas directamente en una sede vecinal o un recinto de la población en que viven los alumnos, y el horario de clases es nocturno debido a que los alumnos son adultos y trabajan durante el día.
Su función como coordinadora era captar los alumnos, buscar la sede para la realización de las clases, y contratar los profesores, éste año se implementaron 12 cursos cada uno con un promedio de 10 alumnos, tenían cursos en Sindempart, El Canelo, Los Pescadores de Peñuelas, en la comuna de Coquimbo, y en La Antena y en las Compañías en la comuna de La Serena, por lo expuesto se hace presente a Usía que su labor se desarrollaba, gran parte, en terreno. No era su obligación velar por la asistencia de los alumnos a clases, sin perjuicio de lo anterior, realizaba regularmente visitas en terreno a los alumnos que por diversas razones dejaban de asistir, labor que era conocida por mi ex empleadora y que desarrollé en ocasiones con algunos de los profesores de los cursos satélites.
Hace presente que desde el año 2006 he trabajado para el colegio Pierrot, firmando cada año un contrato de similares características al referido, no obstante ello, los años anteriores sólo coordinaba un curso del cual además era profesora jefe.8.- Además señala, el libro de asistencia era firmado de manera irregular por los docentes y trabajadores del colegio, el mismo recién apareció en mayo de este año, yo firmaba mi asistencia cuando pasaba por las dependencias del colegio y en la medida que el libro estuviera, lo mismo hacían profesores, así por ejemplo los que hacían clases en la parte Alta de Coquimbo, quienes una vez al mes firmaban el referido libro de asistencia.
Así las cosas, trabajó normalmente para la demandada hasta el 10 de julio de 2009, (viernes anterior a la fecha en que se iniciaban las vacaciones de invierno y que se extendieron entre 13 y el 24 de julio), fecha en la que se realizó en dependencias del colegio una reunión de profesores para revisar el término de semestre, en la misma recibí algunas críticas, de parte de algunos profesores, por la labor que desempeñaba –en relación con la asistencia de los alumnos a clases-, se produjo una diferencia de pareceres en la misma reunión entre mi persona y los referidos profesores, por lo que el término de la reunión me reuní con la Sra. Lanas y le indique que regresaría a trabajar el 21 de julio –antes de que finalizasen mis vacaciones de invierno, el 24 de julio- para poder motivar y recuperar la asistencia de los alumnos inasistentes.
Lo anterior es ratificado por correo electrónico que remití a la Sra. Lanas, con fecha 15 de julio de 2009, que no me fuera contestado.
De esta manera señala siguió trabajando, desde el 21 de julio, trató de entrevistarme personalmente con la Sra. Lanas durante el 27 y el 28 de julio pero ella nunca estuvo disponible, el 31 de julio de 2009, fue citada a una reunión de profesores en donde la directora Sra. Lanas en presencia de los profesores del colegio indicó que yo había renunciado a mi cargo y que por lo tanto quien asumiría mis labores sería el otro coordinador Sr. Eric Cabrera, ante mi sorpresa y la de los profesores, con quienes había seguido trabajando durante los días después de vacaciones de invierno, traté de alegar en mi defensa pero no se me dejó hacerlo y luego estupefacta por la noticia salí del colegio, sintiéndome denigrada ante los profesores.
La forma en que se realizó mi despido de manera verbal y sin expresión de causa, mediante una mentira como es señalar que yo había renunciado, delante de los sostenedores del colegio y de los profesores a los que yo misma había contratado, me ha impedido volver al colegio.
Hago presente a Usía que aún mas humillante resultó el trato que recibió por parte de su ex empleadora la semana del 31 de julio de 2009, (semana del despido), pues la directora del colegio junto con el actual coordinador visitaron las sedes de los colegios que ella coordinaba, señalándole a los alumnos y a los encargados de las sedes que el nuevo coordinador era el Sr. Cabrera, todo fue hecho mientras aún trabajaba, a sus espaldas, sin su conocimiento; de lo que se enteró porque los propios profesores y encargados de sede, la llamaban preguntándole que sucedía, pues el mismo día o el anterior había estado con ellos realizando normalmente su trabajo.
A la fecha señala, no le han pagado las remuneraciones correspondientes al mes de febrero y julio, como tampoco las imposiciones legales inherentes a los mismos, por lo que con fecha 20 de agosto de 2009 ingresé un reclamo ante la Inspección del Trabajo de La Serena, en la que se citó a la demandada para el 26 de agosto de 2009, fecha en la que la representante del colegio Sra. Lanas concurrió sin documentos justificativos de su personería para representar al colegio, por lo que el comparendo no se realizó, quedando citados para una nueva audiencia para el 1º de septiembre de 2009, a la que no pudo concurrir, sin embargo su ex empleadora compareció señalando que la relación contractual se extendió entre el 9 de marzo de 2009 y el 31 de julio de 2009, y que la causal de término del contrato de trabajo era por 160 Nº3 del Código del Trabajo, no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada desde el 20 de julio en adelante, todo lo que no es efectivo, según lo expuesto.-
Señala también que sus remuneraciones fueron objeto de descuentos indebidos, lo que se refleja en el análisis de las liquidaciones de sueldo de los meses de marzo y junio de 2009, en los que por los 30 días trabajados se le pagó menos de lo estipulado en el contrato de trabajo.
En cuanto a las fundamentaciones de derecho de su demanda, señala que el artículo 485 del Código del Trabajo, nos presenta un catalogo bien definido, de los derechos y garantías constitucionales susceptibles de tutela laboral, contextualizando la vulneración de los derechos inespecíficos de fuente constitucional a hechos generados al interior de una relación laboral y como consecuencia del ejercicio írrito de derechos subjetivos laborales del empleador. La norma en comento incorpora dentro de los derechos “tutelados” la vida e integridad física y síquica de la persona, artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política del Estado, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.
En efecto agrega, no sólo el derecho a la vida e integridad física y psíquica han resultado lesionados ,sino el derecho a la honra contemplado en el artículo 19 numeral 4º de la Constitución Política del Estado, en cuanto el actuar de su ex empleadora, ha afectado severamente su dignidad moral de persona y muy especialmente de trabajadora, al verse expuesta a acciones de fuerza moral fundadas en afirmaciones falsas acerca de una supuesta renuncia, y que han significado un falso concepto de su reputación profesional.
Además, de conformidad a lo prescrito en el inciso final del artículo 489 del Código del Trabajo, interpone en forma conjunta con la acción de tutela laboral, la de nulidad del despido y cobro de cotizaciones previsionales del artículo 162 inciso 5º del mismo cuerpo legal, y cobro de remuneraciones adeudadas, por emanar de unos mismos hechos dos o más acciones de naturaleza laboral. A la fecha de su despido las cotizaciones previsionales correspondientes al mes de febrero y julio de éste año no se encontraban pagadas, lo que hace necesariamente nulo el despido al tenor de las normas legales citadas, procediendo en consecuencia que Usía declare y ordene el pago de las mismas. A la fecha se le adeudan las cotizaciones correspondientes a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP HBITAT), Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y Fondo Nacional de Salud (FONASA).
Asimismo señala, la demandada le adeuda las remuneraciones correspondientes a los meses de febrero y julio de 2009, y diferencia de remuneraciones en los meses de marzo y junio, pues las mismas fueron objeto de descuentos indebidos, de los que nunca se me explicó la razón.
Respecto de la “indemnización compensatoria”, directamente vinculado con el efecto patrimonial del despido indebido, cuya declaración se solicita en subsidio, hace presente a S.S. que si bien el Código del Trabajo no señala específicamente respecto de la tipología contractual “a plazo fijo”, las consecuencias de derecho en el caso de despido de un trabajador que se encuentra ligado a un contrato de esta naturaleza, la jurisprudencia ha señalado en forma reiterada que, respecto del término anticipado del contrato pactado, procede se indemnice al trabajador bajo el concepto de lucro cesante. Resultando aplicables las normas de derecho común que obligan al sentenciador a razonar en el entendido de sancionar el incumplimiento imputable a una de las partes de la relación contractual como conclusión del corolario jurídico “que todo daño deber ser indemnizado”.
Finalmente, conforme a los hechos expuesto y al derecho, señala las siguientes, señala como peticiones concretas las que someto a la decisión del Tribunal.-
En cuanto a la tutela:
1.- Se declare se han vulnerado mis derechos fundamentales reconocidos y amparador por la legislación laboral, específicamente el derecho a la vida y integridad física y psíquica, y el derecho a la honra con ocasión de mi despido.
2.- Hacer lugar y ordenar el pago de las indemnizaciones por lucro cesante correspondientes y devengadas entre la fecha de separación de funciones y vencimiento del plazo fijo convenido en el contrato, esto es, el año escolar 2009, que se extiende hasta el 28 de febrero de 2010;
3.- Hacer lugar al pago de las indemnizaciones adicionales por despido vulneratorio establecidas en el artículo 489 inciso 3º del código del Trabajo, estableciéndola en el máximo permitido por la ley atendida la gravedad y concordancia de los hechos denunciados (once meses de remuneración)
4.- Las sumas demandadas y que ordene pagar S.S. deben ser reajustadas, a las que se les debe aplicar el interés máximo permitido para operaciones reajustables, según lo dispone el artículo 63 del Código del Trabajo;
5.- La expresa condenación de la contraria respecto de las costas;
6.- Que en conformidad a lo prescrito por el artículo 495 inciso final del Código de Trabajo, se remita copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo para su registro.
En cuanto a la nulidad del despido, al cobro de cotizaciones remuneraciones adeudadas:
1.- Se condene a la contraria al pago de la totalidad de las remuneraciones que a la fecha me adeuda la demandada, esto es, las correspondientes a los meses de febrero y julio de 2009, como al pago de la diferencia de remuneración, correspondiente a los meses de marzo y junio, que fueran objeto de descuentos indebidos.
2.- Al pago de las remuneraciones y demás prestaciones que en derecho se devengaren entre la fecha de separación legal de mis funciones y hasta la fecha de pago de las cotizaciones de seguridad social adeudadas, y consecuente convalidación del despido.
3.- Se declare, la procedencia del pago de las cotizaciones de seguridad social adeudadas y que doy por expresamente reproducidas;
4.- Las sumas demandadas y que ordene pagar S.S. deben ser reajustadas, las que se les debe aplicar el interés máximo permitido para operaciones reajustables, según lo dispone el artículo 63 del Código del Trabajo.
En subsidio de la denuncia de tutela, solicita se condene a la demandada por despido injustificado e indebido, ordenando el pago de las siguientes prestaciones:
1.- El pago de las indemnizaciones establecidas en la ley, esto es, la indemnización sustitutiva del aviso previo..-
2.- El pago de la totalidad de las remuneraciones que a la fecha le adeuda la demandada, esto es, las correspondientes a los meses de febrero y julio de 2009, como al pago de la diferencia de remuneración, correspondiente a los meses de marzo y junio, que fueran objeto de descuentos indebidos.
3.-- Se ordene el pago de las indemnizaciones por lucro cesante correspondientes y devengadas entre la fecha de separación de funciones y vencimiento del plazo fijo convenido en el contrato, esto es, el año escolar 2009, es decir, hasta el 28 de febrero de 2010.
4.- Las sumas demandadas y que ordene pagar el Tribuna deben ser reajustadas y a las cuales se les debe aplicar el interés máximo permitido para operaciones reajustables, según lo dispone el artículo 63 del Código del Trabajo;
5.-- La expresa condenación de la contraria respecto de las costas.
Por lo tanto, solicita en conclusión que se acoja la denuncia de tutela laboral planteada, haciendo lugar a las peticiones señaladas, asimismo se acceda a la demanda de nulidad de despido y cobro de cotizaciones previsionales y remuneraciones adeudadas interpuestas en forma conjunta, en subsidio, se acoja la demanda de despido indebido, haciendo lugar a la totalidad de las prestaciones supra solicitada, con costas.-
SEGUNDO:- Que contestando la demanda en representación de Sociedad Educacional Pierrot Ltda. del giro de su denominación, comparece doña Franca Lanas Mellado, educadora de párvulos, ambas domiciliadas en calle Los Carrera N°851, La Serena,, señala los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, que se exponen a continuación.-
En cuanto a la acción de tutela laboral.-
Falta de efectividad de los hechos que fundamentan la acción.
En primer lugar, señala no es efectiva la extensión de la relación laboral señalada en la demanda de la actora, por cuanto ella sólo ingresó a trabajar para la sociedad que representa el día 9 de marzo de 2.009 tal y como señala el contrato de trabajo firmado libre y voluntariamente por la demandante.
Tampoco es efectivo que sus funciones como coordinadora se limitaren a captar alumnos, buscar la sede para la realización de clases y contratar profesores; sino también el cumplimiento completo de su jornada de trabajo; velar por el cumplimiento del horario de cada grupo curso y el fiel cumplimiento de las horas de trabajo de los profesores; preocuparse de actualizar la información de los alumnos de los respectivos cursos, registrando sus ingresos y egresos en los libros de clases y libro de registro, manteniendo actualizado éste, y controlar asistencia, puntualidad y trabajo pedagógico del personal a su cargo, todo ello de conformidad a la cláusula sexta del contrato de trabajo.
Al respecto, parece impresentable que la demandante alegue o que “informe” al Tribunal que el libro de asistencia era firmado en forma irregular por los docentes y que ella misma lo firmaba esporádicamente, por cuanto, como hemos señalado, el control de asistencia y puntualidad del personal a su cargo era parte esencial de su labor como coordinadora.
Lo cierto es, agrega, que, a pesar de lo expuesto por la demandante en su libelo y a que su desempeño laboral no fue el esperado, no existía en la sociedad que representa la intención de poner término a su contrato, sino que fue directamente la propia Sra. Blanlot quien manifestó, tanto a través del correo electrónico como personalmente, su intención de renunciar a su trabajo, considerando no encontrarse capacitada para el mismo.
Es efectivo que con fecha 15 de julio de 2009 la demandante le remitió un correo electrónico, sin embargo, es precisamente a través de la referida correspondencia ,que la actora manifestó no encontrarse capacitada para el cargo, sugiriéndome derechamente que una vez que nivelara los cursos, buscara a alguien más capacitado que ella.
A pesar de ello, señala que le sugirió a la demandante, recapacitar en su decisión y seguir trabajando con ellos, sin embargo ella manifestó que su renuncia era indeclinable y que le llevaría a la brevedad su carta de renuncia. Ante tal situación y ante la impostergable necesidad de seguir trabajando y funcionando como colegio, le pidió al otro coordinador, que los apoyara en las funciones de la Sra. Blanlot.
La última conversación con la demandante se produjo el día 20 de julio de 2009, fecha a contar de la cual ésta dejó de asistir a sus labores sin haber formalizado su renuncia.
Efectivamente con fecha 31 de julio de 2009 se realizó una reunión en el colegio, a la que asistió la Sra Blanlot. En aquella ocasión, supuso que había concurrido con el objeto de despedirse de sus compañeros y formalizar su renuncia, sin embargo no lo hizo, pero tampoco manifestó sentirse agraviada por alguna decisión supuestamente tomada a sus espaldas.
Como ya se señaló, el hecho de pedir a otro coordinador el apoyo en las funciones anteriormente ejercidas por la demandante, se fundamentó en una situación de hecho, la cual fue la decisión manifestada por la propia Sra Blanlot en orden a no seguir trabajando en el colegio y a que, en la práctica, no volvió a trabajar desde el día 20 de julio de 2009.
Finalmente, y ante la falta de formalización de la supuesta renuncia de la demandante, con fecha 25 de agosto de 2009 se adoptó la decisión de poner término al contrato de la Sra Ana Blanlot fundado en el artículo 160 N°3 del Código del Trabajo, esto es “No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada dos días seguidos…” configurada en exceso, por la no concurrencia de la actora desde el día 20 de julio de 2009 en adelante.
Inexistencia de la vulneración de garantías fundamentales.
Al respecto, como ya se ha señalado, los hechos que fundamentan la demanda no son efectivos y, consecuencialmente, las supuestas vulneraciones de garantías invocadas tampoco lo son, sin embargo, resulta necesario efectuar ciertas reflexiones sobre el tema.
La demandante alega que se han afectado sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 19 N° 1 en lo relativo a la protección de la integridad psíquica de la persona y N°4 en lo relativo a la protección de la honra a consecuencia del despido “verbal” del que fue objeto.
Considera esa parte, que bajo tal criterio todo despido generaría vulneración de garantías, por cuanto éste normalmente produce una afectación en el trabajador que lo sufre, sin embargo, la sola injustificación del término de la relación laboral no puede dar lugar al ejercicio de esta protección excepcional, sobretodo tomando en consideración que la posición de la trabajadora ante un despido injustificado se encuentra resguardada por acciones específicas que establece el derecho laboral.
A mayor abundamiento agrega, debemos tener presente que del texto mismo de la demanda no podemos concluir que el supuesto despido verbal invocado fuera abusivo, ignominioso o practicado en medio de expresiones injuriosas y calumniosas por parte del empleador. Manifiesta la demandante que la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución comprende el deber de garantizar una vida digna de ser vivida “carente de presiones morales, amenazas y abusos de poder”, sin embargo, de la sola lectura de los hechos invocados por la actora, podemos concluir que no han existido tales presiones, amenazas o abusos de poder y, por ende, tampoco ha existido vulneración de tal garantía.
En cuanto a la supuesta vulneración de la garantía del artículo 19 N°4 en lo relativo al derecho a la honra, no podemos sino concluir que tal alegación es de todo infundada, a menos que consideremos que “afirmaciones falsas acerca de una supuesta renuncia” constituyen expresiones injuriosas que signifiquen un falso concepto de la reputación profesional de la actora. La demandante pretende sostener que un trabajador que renuncia a su trabajo es un profesional de mala reputación laboral y, por lo tanto, imputarle tal comportamiento, implica una afección a su dignidad de persona.
En tal sentido no podemos sino concluir que no ha existido vulneración de garantías fundamentales por parte del empleador y, en consecuencia, la acción de tutela laboral debe ser rechazada.
En cuanto a la acción de nulidad del despido.
Al respecto no nos cabe sino solicitar el rechazo de tal acción, por cuanto, las cotizaciones previsionales de la demandante se encuentran a la fecha completamente pagadas.
Debo reiterar para tal efecto que la demandante sólo trabajó efectivamente para la sociedad que represento desde el día 9 de marzo de 2009 hasta el 20 de julio de 2009, período respecto del cual sus cotizaciones se encuentran íntegramente pagadas.
La demandante fundamenta el ejercicio de la acción de nulidad de despido en el no pago de cotizaciones previsionales respecto de los períodos febrero y julio de este año, sin embargo, sólo ingresó a trabajar el 9 de marzo de 2009, por lo que el pago del mes de febrero demandado carece de causa y las cotizaciones de julio se encuentran pagadas.
Por el mismo motivo, solicito el rechazo del cobro de las cotizaciones demandadas correspondientes a tales períodos por encontrarse estas pagadas.
En cuanto al cobro de remuneraciones adeudadas.
Como ya hemos señalado, las remuneraciones de la trabajadora se encuentran íntegramente pagadas, resultando improcedente el cobro del mes de febrero de 2009 por cuanto la trabajadora sólo ingresó a sus labores con fecha 9 de marzo de 2009, mientras que respecto al mes de julio de 2009, sus remuneraciones se encuentran a disposición de la trabajadora en las oficinas de la empresa, sin que hasta la fecha haya concurrido a retirar su cheque.
Respecto a la petición de “pago de diferencia de remuneración, correspondiente a los meses de marzo y junio, que fueran objeto de descuentos indebidos”, se solicita su rechazo por no ser efectivos tales descuentos indebidos. Además, la demandante no señala medianamente en que consisten los supuestos descuentos indebidos ni menos aún su monto, lo que unido al hecho de que la actora firmó oportunamente sus liquidaciones sin formular reparo alguno ni reclamar ante instancia pertinente, constituye razón bastante para rechazar tal solicitud.
En cuanto a la acción de despido indebido y las prestaciones relativas a tal declaración.-
El despido de la actora se encuentra completamente ajustado a derecho por cuanto se puso término a la relación laboral con fecha 25 de agosto de 2009 fundado en la causal de despido contemplada en el artículo 160 N°3 del Código del Trabajo, esto es “No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada dos días seguidos…” configurada en exceso, por la no concurrencia de la actora desde el día 20 de julio de 2009 en adelante, en virtud de los hechos ya narrados en el cuerpo de este escrito.
Debemos hacer presente señala, que la tardanza en tomar la decisión de despedir a la trabajadora ocurrió a consecuencia del respeto por parte de la empleadora a lo manifestado por la Sra. Blanlot en orden a renunciar voluntariamente a su trabajo, sin embargo, al no formalizar ésta su decisión, no se tuvo más opción que poner término a la relación laboral en virtud de la causal que en el hecho se configuró, esto es, la contemplada en el articulo 160 N°3 del Código del Trabajo.
No es efectivo que la carta de despido no señale los hechos que fundaron el despido, por cuanto su texto señala claramente “…por no presentarse al trabajo desde al 20 de julio de 2009 a la fecha…”
Finalmente agrega, resulta claramente justificado el despido de la demandante, por lo que la demanda subsidiaria interpuesta debe ser rechazada en todas sus partes, con expresa condena en costas, como asimismo la demanda principal, con expresa condena en costas
TERCERO:-- Que en la audiencia preparatoria celebrada en autos comparecieron ambas partes debidamente representada por sus abogados don Felipe Rioseco Yáñez y doña Constanza Sepúlveda Grusic, por delegación de facultades del abogado don Cristian Marcelo Geraldo Cortés.-
Que se efectuó el llamado a la conciliación, el que no tuvo resultados positivos, procediendo el Tribunal a recibir la causa a prueba, fijándose los siguientes puntos de prueba:

1.- Existencia de relación laboral entre las partes, fecha de inicio y de término.
2.- Hechos y circunstancias en virtud de las cuales se puso término de la relación laboral.
3.- Efectividad de adeudarse remuneraciones correspondientes al mes de febrero del año 2009 y julio del mismo año, y diferencias de remuneraciones correspondientes a los meses de marzo y junio del 2009.
4.- Efectividad de adeudarse cotizaciones previsionales correspondientes a los meses de febrero y julio del 2009, y diferencias de cotizaciones de los meses de marzo y junio del 2009.
5.- Monto de la última remuneración percibida por la trabajadora.
CUARTO:- Que la parte demandante rindió las siguientes pruebas:
Documental, consistente en.-
1.- Copia de contrato de trabajo suscrito entre las partes, de fecha 9 de marzo de 2009.
2.- Copia de dos correos electrónicos enviados por doña Ana Blanlot Cecchi a doña Franca Lanas, de fechas 15 de junio de 2009 y 27 de julio de 2009 respectivamente.
3.- Liquidaciones de sueldo de la demandante de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2009.
4.- Certificado de cotizaciones previsionales, emitido por A.F.P. Habitat S.A., que corresponde a Ana María Blanlot, que va desde agosto de 2007 hasta el mes de junio del 2009.
5.- Certificado emitido por A.F.P. Habitat, de fecha 2 de septiembre de 2009 el que no otorga información del mes de julio del 2009.
6.- Volantes que le entregó en el mes de febrero del 2009 la demandada a la demandante para promocionar los cursos que realizaba.
7.- Presentación de reclamo ante la Inspección del Trabajo de La Serena, de fecha 20 de agosto de 2009.
8.- Acta de comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo de La Serena, de fecha 26 de agosto de 2009.
9.-- Anexo de reclamo que da cuenta de comparendo ante la Inspección del Trabajo de La Serena, de fecha 1 de septiembre de 2009.
Testimonial: consistente en las declaraciones de los testigos
Milko Ivan Jiménez Ruiz, quien declaró que conoce a la demandante desde el año 2.007, se relacionó con ella como ayudante en un curso coordinado por ella en el Colegio Pierrot; las labores de coordinación se hacían en terreno, consistían en inspeccionar a los profesores, ver la parte administrativa. Respecto del término de la relación laboral de doña Ana María Blanlot con el Colegio Pierrot, señala que estuvo presente en una reunión, a fines del mes de julio en la cual se informó que ella no seguía con la coordinación, esta reunión fue una reunión de profesores que tuvo lugar en el colegio, en ella estuvo presente la Directora doña Franca Lanas, don Sergio López, don Eric Cabrera, como el nuevo coordinador. En la reunión se vieron estrategias para enfrentar el nuevo semestre, se le informó a doña Ana María que ella no seguía, fue sorpresivo para todos , se le dijo que no seguía porque habían problemas, se informó también que el nuevo coordinador era don Eric. Esta reunión se realizó después de las vacaciones de invierno, como el 29 de julio; después de la cual doña Ana María no siguió trabajando, hasta la reunión ella trabajó en el colegio. Respecto de don Eric cabrera, señala que él trabajaba para el colegio, era coordinador de media.-
También declaró como testigo don Alex Benjamín Moreno Huaiquilao, quien declaró que conoce a la demandante desde mediados del año 2.006, ella trabajó como coordinadora para el Colegio Pierrot. Señala que la demandante comenzó a trabajar en febrero del año 2.009, buscando alumnos para los cursos satélites, ello le consta porque la acompañó en esta tarea, trabajó desde principio de febrero, su función era supervisar a los profesores en cada curso que tenían. Respecto del término de la relación contractual. Respecto del término de la relación contractual, esto se produjo porque la citaron a una reunión sin saber que la iban a despedir; era una reunión con los demás profesores del colegio, esta reunión fue después del las vacaciones de invierno, en la reunión ella fue despedida.-
QUINTO:- Que la demandada rindió las siguientes pruebas:
Documental, consistente en:
1.- Contrato de trabajo suscrito entre las partes, de fecha 9 de marzo de 2009.
2.- Liquidaciones de sueldo de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio del 2009.
3.- Copia de correo electrónico enviado por doña Ana María Blanlot a doña Franca Lanas, de fecha 15 de julio del 2009.
4.- Carta de despido de fecha 25 de agosto del 2009, presentada ante la Inspección del Trabajo, (tres documentos ya que se adjuntan amonestaciones de dos funcionarios).
5.- Original de recepción de Correos de Chile, de fecha 24 de agosto de 2009.
Prueba testimonial consistente en las declaraciones de los siguientes testigos:
Sergio López de Maturana, quien declaró que se desempeña como Director Administrativo de la Sociedad Educacional Pierrot, por lo que tenía relación laboral con la demandante, quien trabajaba para el colegio, su función era coordinación de cursos paralelos, cursos de educación adulta que no funcionan en el colegio, sino fuera de él, es lo que se denomina cursos satélites, incluso pueden darse en otras comunas; agrega que desde el 20 de julio dejaron de tener comunicación con ella, antes de esa fecha tuvieron una reunión en la que se tocaron temas de funcionamiento de los cursos paralelos puesto que había irregularidades con inasistencias de profesores y de alumnos, agrega que es difícil fiscalizar por eso deben contar con un supervisor; en esa oportunidad hablaron los profesores, doña Franca la Directora ,él y la señora Ana María, ella sufrió un quiebre emocional, se sentía sobre pasada por los profesores, no tenía una ascendencia sobre ellos que le permitiera controlarlos.- Ellos como institución educadora, requieren de una cierta cantidad de alumnos que les permita financiar el curso, se concluyó que la demandante lo iba a pensar, ella mandó un correo, se planteó la posibilidad de renunciar puesto que los cursos no contaban con los alumnos que ella informó, después no pudieron ubicarla y se puso a don Eric Cabrera a cargo de las labores desempeñadas por la demandante , se hizo una reunión con todos los profesores que manejaba doña Ana María Blanlot, para que conocieran a la persona que se haría cargo de los cursos que quedaron en el aire.
También declaró como testigo de la demandada don Eric Fernando Cabrera Vega, quien declaró que se desempeña como coordinador de Educación de adultos, señala que a la demandante la conoció en el Colegio Pierrot, trabajaron de marzo a junio de este año; se produjeron algunas situaciones debido a que ella no estaba bien en el trabajo, fue decreciendo la gente en los cursos de ella, después asumió él, la conducción de los cursos. Agrega que hubo una reunión donde ella comunicó su intensión de no seguir trabajando; mandó una carta diciendo que no se sentía apta para el trabajo, él citó a los profesores a una reunión. Señala que el tema de educación de adultos es una caso especial, los cursos se hacen cuando están formados; la reunión fue dirigida a los profesores, no a la señora Blanlot, ella ni siquiera fue citada, los profesores no la respetaban.-
SEXTO:- Asimismo se incorporaron las respuestas recepcionadas en el Tribunal respecto de los oficios despachados a la A.F.P. Habitat S.A. informando sobre el estado de las cotizaciones previsionales de la demandante hasta julio del año 2.009, respecto del empleador Sociedad Educacional Pierrot y Compañía Ltda., las que aparecen canceladas hasta esa fecha.-
Se incorpora también la respuesta recepcionada de A.F.C Chile, el que certifica que la cuenta individual por cesantía perteneciente a doña Ana María Blanlot, registra cotizaciones por los meses de marzo a julio del año 2.009 durante el año 2.009,respecto de su empleador Sociedad Educacional Pierrot y Cía. Ltda..-
La información remitida por el Fondo Nacional de Salud, señala que las cotizaciones a nombre de doña Ana María Blanlot Cecchi, enteradas por la razón social Sociedad Educacional Pierrot y Compañía Ltda. , registradas en la Base de Cotizaciones de Fonasa, se encuentran canceladas entre los meses de marzo y julio del año 2.009.-
SEPTIMO:- Que en esta causa la discusión se centra en determinar la procedencia de la acción de tutela, deducida en lo principal, junto a otras peticiones o la acción subsidiariamente interpuesta de despido injustificado y cobro de indemnización por concepto de lucro cesante.-
OCTAVO:- Que en primer lugar es necesario determinar la existencia de relación laboral entre las partes, la fecha de inicio y de término; para lo cual el Tribunal se valdrá de los contratos de trabajo, acompaños por las partes, donde consta que la relación laboral entre las partes se inicio el 09 de marzo del año 2.009, en virtud de un contrato a plazo fijo cuya duración era hasta el 28 de febrero del año 2.010.- En dicho contrato las partes dejaron expresamente establecido que el trabajador ingresó al servicio el día 09 de marzo de 2.009.-
Que las aseveraciones de la parte demandante en orden a señalar que la relación laboral se habría iniciado con anterioridad a la fecha indicada en el contrato no se encuentran acreditadas en estos autos, toda vez que la única prueba rendida en tal sentido, es la declaración del testigo Alex Benjamín Moreno Huaiquilao, pero que el Tribunal la considera insuficiente, por lo que se dará por acreditado que la relación laboral se inició el día 09 de marzo del año 2.009.-
NOVENO: Que respecto de la fecha de término de la relación, el Tribunal estima que el despido se produjo en forma verbal el día 31 de julio del año 2.009, fecha en que las partes coinciden en que se hubo una reunión en el Colegio Pierrot, a la que asistió la demandante, además, asistieron los profesores de los cursos que ella coordinaba, la Directora del Colegio doña Franca Lanas, el nuevo coordinador designado en reemplazo de la demandante don Eric Cabrera y don Sergio López , director administrativo del colegio, todo lo cual resulta corroborado además por las declaraciones de los de la demandante quienes señalaron que en dicha reunión se informó que la demandante no seguía a cargo de la coordinación y se le informó a la demandante que ya no continuaba en el colegio, siendo despedida en la reunión.- Incluso el testigo de la demandada, don Sergio López de Maturana declaró también que se celebró dicha reunión, con todos los profesores que manejaba doña Ana María y don Eric Cabrera, para que éstos conocieran a la persona que se iba a hacer cargo de los cursos que quedaron en el aire ; lo cual resulta corroborado por las declaraciones del propio don Eric Cabrera, quien reconoció haber citado a dicha reunión a los profesores , señalando además que estos no respetaban a la demandante.-
DECIMO:- Que también el Tribunal dará por establecido, que antes de la reunión referida en el considerando precedente, hubo otra reunión, la que se celebró el día 10 de julio del presente, antes de salir de vacaciones de invierno, en la cual la demandante, según sus propios dichos, tuvo diferencias de pareceres con los profesores que asistieron a dicha reunión , recibiendo críticas de partes de éstos por la labor que realizaba, en relación con la asistencia de los alumnos a clases ; al término de dicha reunión la demandante señala que se reunió con la directora, indicándole que regresaría a trabajar el 21 de julio antes de que finalizaran sus vacaciones de invierno, para poder recuperar la asistencia de los alumnos inasistentes.-
Que con posterioridad a esta reunión la demandante con fecha 15 de julio del presente remitió un correo a la Directora del Colegio en el que anuncia que regresa la próxima semana para hacerse cargo de todo lo que a ella le compete, en especial se compromete a nivelar los cursos, expresa también su falta de conocimientos para realizar las labores encomendadas, sugiriendo incluso la posibilidad de buscar a otra persona con más conocimiento del tema y con más experiencia que ella, pero en ningún caso manifiesta intención de renunciar a su cargo, como erróneamente lo interpretara la parte demandada. Más aún, expresa su preocupación por la disminución de sus remuneraciones debido a la falta de alumnos, dada la inasistencia de estos últimos.-
Ratifica lo expuesto el correo de fecha 27 de julio enviado por la demandante a la Directora señora Franca, en el que le informa que ha estado en terreno, visitando las sedes y dejando organizado el tema de los libros de clases, evitando que los profesores se los lleven a su casa y vuelva a pasar lo que estaba pasando; le señala además, que pasará al día siguiente a hablar con ella, todo lo cual indica que la demandante se encontraba trabajando en esa fecha para la demandada, lo que refuerza aún más la conclusión anterior, en el sentido que la demandante no pretendía renunciar a su trabajo como trató de justificar la demandada su decisión de despedirla el 31 de julio del presente en forma verbal, y sin expresión de causa legal alguna.-
UNDECIMO:- Que por lo tanto, el despido realizado por la demandada, con posterioridad a la fecha indicada, esto es, el 25 de agosto del 2.009, mediante carta de despido de esa fecha, por la causal contemplada en el artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo, esto es, no concurrencia del trabajador a sus labore, sin causa justificada……..”, resulta injustificado, improcedente e indebido, además que la carta de despido tampoco cumple con las formalidades legales, puesto que no señala los hechos en que se fundamenta, limitándose a transcribir la causal invocada para el despido.-
DUODECIMO:- Que respecto de la petición principal de la acción de tutela deducida en estos autos, el Tribunal atendido lo razonado, entiende que ésta se fundamenta en los hechos acontecidos en la reunión del día 31 de julio de 2.009, donde como ya se señaló la demandante fue despedida en forma verbal y sin expresión de causa legal alguna , presentando en la reunión a la persona que la reemplazaría en sus funciones, no constituyen vulneración de los derechos fundamentales indicados en la demanda, esto es, el derecho a la integridad física y psíquica de la persona y el derecho a la honra, contemplados en el artículo 19 N°1 y N°4 de la Constitución Política de la República .-
Los demás hechos invocados por la demandante, no se encuentran acreditados, puesto que el trato humillante que asegura haber recibido la semana del 31 de julio de 2.009, de parte de la Directora del Colegio, al haber ésta visitado junto al actual coordinador las sedes de los colegios que coordinaba la demandante, no se encuentran acreditados en estos autos.-
Los hechos acreditado en la causa, ocurrieron como consecuencia de que la demandada entendió que la demandante, dadas las dificultades que tenía en el desempeño de su trabajo, por su falta de conocimientos y experiencia que reconoció iba a renunciar pero ello no era sí, porque su intención era seguir trabajando, de hecho continuó haciéndolo sin interrupción, tratando de solucionar los problemas que se le presentaron y que ella misma reconoció, pero en ningún caso su intención fue renunciar.-
Lo anterior tampoco es motivo para una acción de tutela como la deducida en estos autos, porque muchos serían los despidos que se encontrarían en la situación descrita, pero no por ello, el mal momento que obviamente produce un despido en las circunstancias descritas, constituye una vulneración a la integridad psíquica y de la honra de la persona que lo sufre.-
A mayor abundamiento, del texto mismo de la demanda se señala que los hechos en que fundamenta su petición de vulneración de derechos fundamentales consisten en que la directora señora Lanas, en una reunión de apoderados en una reunión realizada en el colegio, en presencia de los profesores y de la demandante indicó que ésta había renunciado y que asumiría sus funciones otra persona, eso fue todo, no hay ninguna otra circunstancia fáctica que motive la acción deducida en lo principal de este caso y esos hechos no pueden constituir vulneración de una garantía constitucional como las indicadas por al demandante; puesto que dichas expresiones aunque equivocadas, no pueden provocar una perturbación efectiva a su integridad física y moral , como tampoco un menoscabo a su honra, producto del descrédito que según la demandante le provocó a su persona el actuar de la directora del colegio.-
Más aún, interpretar los hechos como un abuso de poder de parte de la directora, a juicio del Tribunal constituye una exageración, más bien se trata de una actuación equivocada, que debe ser resuelta a través de la acción que la ley establece para ello y que ha sido subsidiariamente interpuesta en esta causa.-
Tampoco puede concluirse que la demandada con su actuar ejerció un descrédito público a la demandante, puesto que solamente se trató de su desempeño laboral, que no satisfacía a su ex empleadora y que incluso la misma demandante reconoció, en uno de los correos que le enviara, dada su falta de conocimientos, puesto que no era profesora y su falta de experiencia en la materia que tenía su cargo, todo lo cual en ningún caso significaba una actitud de descrédito en lo profesional y en lo personal como lo interpretó la demandante.-
Que por lo razonado, la acción de tutela deducida en autos será rechazada por el Tribunal.
DECIMO TERCERO:- Que en cuanto a la diferencia de remuneraciones correspondientes a los meses de marzo a junio del año 2.009, que el demandante señala que se le adeudan, efectivamente del mérito de las liquidaciones de esos meses , éstas aparecen con una cantidad inferior a la indicada en las liquidaciones correspondientes a los meses de abril y mayo del 2.009, pero el demandante no ha indicado el monto que se le adeudaría por tal concepto, lo que es imposible de determinar por el Tribunal con los antecedentes acompañados a la causa, motivo por el cual se rechazará esta petición.-.-
DECIMO CUARTO:- Que en cuanto a las remuneraciones que demanda correspondientes a los meses de febrero y julio del presente año, como ya se señaló el Tribunal dio por establecido que la relación laboral comenzó el 09 de marzo del año 2.0909, y que por lo tanto no se adeudan remuneraciones, ni cotizaciones de ningún tipo por dicho período de tiempo y respecto de la remuneración del mes de julio, la demandada reconoce adeudarla, tanto en su escrito de contestación de demanda como en forma verbal en la audiencia, pero como no hay constancia en autos de su pago, se le condenará por tal concepto.-
DECIMO QUINTO:- Que respecto de la nulidad de despido demandada, el fundamento de la misma era que se adeudaban las cotizaciones previsionales correspondientes a los meses de febrero y julio del 2.009, lo que no es efectivo por cuanto no existe obligación de su pago correspondiente al mes de febrero, por lo ya señalado anteriormente, y respecto del mes de julio se encuentran canceladas, tanto en la A.F.P. Habitat, como en Fonasa y la cotización correspondiente al seguro de cesantía, todo lo cual se acredita con los correspondientes certificados, remitidos a la causa e incorporados en la audiencia de juicio, informados al Tribunal por la AFP Habitat, Fonasa y AFC Chile, documentos que acreditan que las cotizaciones de la demandante desde el mes de marzo a julio del 2.009 se encuentran canceladas por la Sociedad Educacional Pierrot.-
Que por lo tanto la petición de nulidad de despido será rechazada por el Tribunal.-
DECIMO SEXTO:- Que respecto de la indemnización por lucro cesante demandada, el Tribunal estima que ella es procedente por aplicación de las normas contractuales civiles, puesto que el Código del Trabajo no regula especialmente el contrato a plazo fijo, como el de autos, por lo que no habiendo norma laboral que regule la materia, deben aplicarse las normas civiles que regulan los contratos y en tal sentido el incumplimiento contractual del empleador , genera la obligación de indemnizar el daño que esta actuación le ha provocado al trabajador, dada la falta de justificación del despido. Que por lo tanto, lógico resulta concluir que el monto de esta indemnización debe ser regulada por el Tribunal, en el pago de las remuneraciones adeudadas por el empleador, hasta el vencimiento del plazo convenido para la duración del contrato de trabajo pactado entre ambos, en este caso, el pago de las remuneraciones desde el mes de agosto del año 2.009 hasta el mes de febrero del año 2.010, puesto que el contrato vencía el 28 de febrero del año 2.010.-
Que atendida la conclusión precedente, no corresponde el pago de indemnización sustitutiva del aviso previo, por ser incompatible con la indemnización por concepto de lucro cesante, que como se señaló corresponde aplicar en este caso, ya que no se trata de una relación laboral de carácter indefinida, sino de un contrato a plazo fijo.-
DECIMO SEPTIMO:-Que para el cálculo de las respectivas indemnizaciones se considerará el monto de la remuneración indicada en el contrato de trabajo, la que es coincidente además, con el monto indicado en las liquidaciones de sueldo correspondientes a los meses de abril y mayo del 2.009, ascendente a la suma mensual imponible de $ 370.992, puesto que en el juicio no se rindió prueba alguna en orden a acreditar la procedencia de las diferencias, que aparecen en las liquidaciones de remuneraciones correspondientes a los meses de marzo, y junio acompañadas en prueba a la causa.-
Por lo expuesto, y visto lo dispuesto en los artículos 5, 7, 41, 58, 63,159 N°4, 160 N° 3, 162 incisos 4° y 5°, 163, incisos 1° y2°, 168, 184, 425 y siguientes, artículo 485, artículos 489 y siguientes, todos del Código del Trabajo, artículo 19 N° 1 y N° 4 de la Constitución Política de Chile,
SE RESUELVE:-
I.- En cuanto a la petición principal:
1.-Que se rechaza la denuncia de tutela de derechos fundamentales deducida en esta causa.,
2.- Que se rechaza la petición conjunta de declaración de nulidad de despido.-
3.- Que se acoge la petición de cobro de remuneraciones adeudadas, sólo respecto del mes de julio del presente año, por un monto de $ 370.992, suma que deberá ser cancelada por la demandada a la actora .-
II.- En cuanto a la petición subsidiaria de despido indebido:
1.- Que se acoge la petición de despido indebido.-
2.- Que como consecuencia de la declaración anterior se condena a la demandada al pago de las remuneraciones correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre del año 2.009 y las correspondientes a los meses de, enero y febrero del 2.010 , ascendente a las suma de $ 2. 596.454-
III.- Que las cantidades señaladas deberán ser reajustadas conforme lo dispone el artículo 63 del Código del Trabajo.-
IV.- Que se condena en costa a la parte vencida.-
Notifíquese con esta fecha a las partes por el Ministro de Fé del Tribunal
Regístrese,y archívese, dése copia a las partes.-
Rit : T-18-2009



Dictada por ROXANA CAMUS ARGALUZA, Juez titular del Juzgado e Letras del Trabajo de La Serena.-

TUTELA; SJL Calama 06/01/2010; Rechaza tutela (acoge excepción perentoria de preclusión de la acción de tutela por haberse deducido previamente recurso de protección por los mismos hechos; RIT T-9-2009

(no ejecutoriada)

Calama, seis de enero de dos mil diez

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
Que el día dieciocho de noviembre de dos mil nueve se realizó audiencia de juicio en causa Rit N° T-9-2009, RUC N° 09-4-0018590-2 ante la Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Calama doña Cecilia Toncio Donoso, en presencia de la parte demandante don Victor Salinas Rivera, representado por su apoderado el abogado don José Avendaño Salazar y de la parte demandada Codelco Chile, División Codelco Norte, representada por su apoderado el abogado don Patricio Novoa Pezo.
Con fecha 04 de septiembre de 2009, don Victor Salinas Rivera, Trabajador de Mantención de Mina, cédula de identidad N° 8.563.774-6, domiciliado en Pasaje La Tirana N° 616, Villa Las Leyendas, Calama, deduce en lo principal demanda de tutela laboral en contra de la empresa CODELCO CHILE DIVISION CODELCO NORTE, representada por don SERGIO JARPA GIBERT, solicitando en definitiva que el Tribunal declare: 1.- Que se afectó derechos fundamentales relativos al artículo 19 N° 1 y 16 y que el despido del que fue objeto es indebido; 2.- Que la demandada debe pagar las indemnizaciones y prestaciones correspondientes a indemnización especial por tutela laboral, equivalente hasta 11 meses; 3.- Que la demandada debe pagar además el 80% de incremento de la indemnización por años de servicio del actor, atendida la causal invocada para su despido; 4.- Que la demandada debe pagar las indemnizaciones estipuladas en los artículos 161 y 163, relativas al aviso previo y a la indemnización por años de servicio; 5.- Que la demandada debe pagar las remuneración del demandante desde el 1 al 8 de junio del año 2009; 6.- Que la demandada debe pagar el feriado anual adeudado al actor 2008-2009; 7.- Que la demandada debe pagar siete trienios adeudaos al actor; 8.- Que la demandada debe pagar incremento legal; 9.- Que la demandada debe pagar pasajes de retorno; 10.- Que la demandada debe pagar la suma de $20.000.000 por concepto de daño moral; 11.- Que las sumas adeudadas deben pagarse con reajustes e intereses 12.- Que la demandada debe pagar las costas de la causa.
Que en el primer otrosi de su demanda el actor deduce en subsidio demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones laborales en contra de de la empresa CODELCO CHILE DIVISION CODELCO NORTE, representada por don SERGIO JARPA GIBERT, solicitando en definitiva que el Tribunal declare que la demandada debe pagar las indemnizaciones estipuladas en los artículos 161 y 163, relativas al aviso previo y a la indemnización por años de servicio; además el 80% de incremento de la indemnización por años de servicio del actor, atendida la causal invocada para su despido; La remuneración del demandante desde el 1 al 8 de junio del año 2009; el feriado anual adeudado al actor 2008-2009; siete trienios adeudaos al actor; incremento legal; pasajes de retorno; los reajustes e intereses y las costas de la causa.
Que, con fecha 21 de septiembre de 2009, se practicó la notificación válida de la demanda, como consta en certificación efectuada por el funcionario notificador del Tribunal Ricardo Leyton.
Que, con fecha 15 de octubre de 2009, William Ávalos Céspedes, abogado, en representación de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, División Codelco Norte, ambos domiciliados en Avenida Once Norte Nº 1.291, Piso 5º B, Villa Exótica, Calama, contesta la demanda que en procedimiento de tutela laboral se dedujo en contra de su representada, solicitando en definitiva al tribunal que acoja las defensas planteadas en el orden en que fueron deducidas y, como consecuencia de ello, rechazar la demanda en todas sus partes, con expresa condena en costas.
Asimismo, procede a contestar la demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones laborales deducida en su contra, solicitando en definitiva que el Tribunal se sirva tener por contestada la demanda por cobro de prestaciones laborales y cobro de daño moral; rechazarla en todas sus partes, con costas.
Que el día 21 de octubre de 2009, se celebró audiencia preparatoria de juicio, audiencia a la cual asistieron los apoderados de ambas partes, oportunidad en la que se hizo el llamado a conciliación, de conformidad a lo previsto en el artículo 453 N° 2 del Código del Trabajo, la que no prosperó, recibiendo el tribunal la causa a prueba.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Contenido de la demanda.- Que, con fecha 04 de septiembre de 2009, don Victor Salinas Rivera, Trabajador de Mantención de Mina, cédula de identidad N° 8.563.774-6, domiciliado en Pasaje La Tirana N° 616, Villa Las Leyendas, Calama, deduce en lo principal demanda de tutela laboral en contra de la empresa CODELCO CHILE DIVISION CODELCO NORTE, representada por don SERGIO JARPA GIBERT, domiciliado en calle 11 Norte N° 1291, Villa Exótica, Calama, fundado en que fue contratado por la empresa demandada con fecha 01 de enero de 1989, relación laboral que se mantuvo inalterable hasta el 09 de junio del año en curso.
Refiere, que su remuneración a la fecha del despido ascendía a la suma de $2.020.025.
Señala que con fecha 25 de mayo de 2009, la empresa demandada informa en una reunión su decisión de desvincularlo de la empresa aduciendo falta de capacidades físicas para realizar sus labores, atendido los problemas de salud que padece. Agrega, que la determinación de falta de capacidad físico-laboral, se hizo arbitrariamente sin la realización de las pruebas físicas, ni exámenes médicos necesarios para ello, lo que gatilló que junto a otros trabajadores iniciara una huelga de hambre para revertir tal situación, con fecha 29 de mayo de 2009, en dependencias de la catedral de la ciudad, la que tuvo una duración de 12 días.
Asimismo señala, que a tres días de iniciada la huelga, es decir, el día 01 de junio de 2009, el señor Mario Elgueta González Subgerente de Desarrollo Humano, les envía un documento con el logo de Codelco, su firma y timbre, ratificando que la decisión de desvincularlos de la empresa, de fecha 25 de mayo de 2009, quedaba sin efecto. Que para acceder a la situación y tener claridad respecto a la misma antes de deponer la huelga solicitaron a la empresa la firma del cumplimiento de algunas condiciones, tales como, acuerdos marco, protocolos, reglamentos internos divisionales y Corporativos, Alianzas estratégicas que determinan que a los trabajadores enfermos de Codelco, deben ser retirados de sus áreas de trabajo y derivados a la Unidad de Estabilidad y empleabilidad, división que deberá enviarlos a un Centro de Capacitación y Reinserción Laboral, para posteriormente ser reubicados en otras labores acorde a su situación física y estado de salud; lo que refiere no acontece.
Que, con fecha 03 de junio de los corrientes, el señor Juan Carlos Canales Cabezas, Subgerente de Relaciones Laborales y calidad de vida, les envía una propuesta de la administración para dar por resuelto el conflicto, la que es aceptada por los trabajadores, solicitando sea firmada ante un Ministro de fe, comprometiéndose el señor Canales a volver con dicho documento al día siguiente, lo que no acaece. Luego de ello, el día 08 de junio, la administración de la empresa les envía a decir en forma verbal que están despedidos por no asistir durante más de dos días a sus labores, lo que no se condice con el tratamiento dado al conflicto y aprovechándose de su buena fe, le despido encontrándose en huelga de hambre y a la espera de la firma de un acuerdo que nunca llegó.
Manifiesta que al enterarse de la decisión de la empresa de poner término a su contrato de trabajo, concurrió junto a los demás trabajadores a interponer reclamo ante la Inspección del Trabajo de Calama, con fecha 17 de junio de 2009, siendo citado a comparendo de conciliación en el que no se llegó a acuerdo en relación a la causal de término del contrato de trabajo, pero si en cuanto a los ítems a considerar en el finiquito, sumas que no fueron pagadas por la empresa, motivo por el cual fue multada.
Señala, que los hechos relatados en su libelo, constituyen una vulneración a las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N° 1 y 16 de la Carta Fundamental, en cuanto segura a todas las personas la integridad física y psíquica de las personas y la libertad de trabajo y su protección.
Previas citas legales y fundamentos de derecho solicita en definitiva que el Tribunal declare: 1.- Que se afectó derechos fundamentales relativos al artículo 19 N° 1 y 16 y que el despido del que fue objeto es indebido; 2.- Que la demandada debe pagar las indemnizaciones y prestaciones correspondientes a indemnización especial por tutela laboral, equivalente hasta 11 meses; 3.- Que la demandada debe pagar además el 80% de incremento de la indemnización por años de servicio del actor, atendida la causal invocada para su despido; 4.- Que la demandada debe pagar las indemnizaciones estipuladas en los artículos 161 y 163, relativas al aviso previo y a la indemnización por años de servicio; 5.- Que la demandada debe pagar las remuneración del demandante desde el 1 al 8 de junio del año 2009; 6.- Que la demandada debe pagar el feriado anual adeudado al actor 2008-2009; 7.- Que la demandada debe pagar siete trienios adeudaos al actor; 8.- Que la demandada debe pagar incremento legal; 9.- Que la demandada debe pagar pasajes de retorno; 10.- Que la demandada debe pagar la suma de $20.000.000 por concepto de daño moral; 11.- Que las sumas adeudadas deben pagarse con reajustes e intereses 12.- Que la demandada debe pagar las costas de la causa.
Que, en el primer otrosi de su presentación, don Victor Salinas Rivera, ya individualizado, deduce en subsidio demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones laborales en contra de Codelco Chile, División Codelco Norte, fundado en los hechos que ya fueron referidos en lo principal de su libelo, citando las normas legales pertinentes y solicitando en definitiva que el Tribunal declare que la demandada debe pagar las indemnizaciones estipuladas en los artículos 161 y 163, relativas al aviso previo y a la indemnización por años de servicio; además el 80% de incremento de la indemnización por años de servicio del actor, atendida la causal invocada para su despido; La remuneración del demandante desde el 1 al 8 de junio del año 2009; el feriado anual adeudado al actor 2008-2009; siete trienios adeudaos al actor; incremento legal; pasajes de retorno; los reajustes e intereses y las costas de la causa.
SEGUNDO: Contestación de la demanda.- Que, con fecha 15 de octubre de 2009, William Ávalos Céspedes, abogado, en representación de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, División Codelco Norte, ambos domiciliados en Avenida Once Norte Nº 1.291, Piso 5º B, Villa Exótica, Calama, viene en evacuar el trámite de contestación de la demanda que en procedimiento especial de tutela laboral dedujo el ex trabajador de la División señor Victor Salinas Rivera, en contra de su representada la División Codelco Norte, de Codelco Chile, pidiendo el rechazo de cada una de las peticiones formuladas por el actor, de conformidad a los argumentos de hecho y de derecho que pasa a exponer:
Que en la parte principal de la demanda de tutela laboral, el ex trabajador Salinas Rivera, formula demanda o denuncia en procedimiento de tutela laboral, por supuestas infracciones que habría cometido su representada a los números 1 y 16 de la Carta Fundamental, sin indicar la forma como las infracciones se habrían cometido por el empleador y, si la medida de desvincularles del trabajo, estaba o no dentro de sus facultades legales, no dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 446 y 485 y siguientes del Código del Trabajo, al no indicar pormenorizadamente los fundamentos de derecho de sus pretensiones.
Que asimismo, En la parte petitoria de la demanda el actor hace una mixtura de peticiones contradictorias que no guardan relación con la pretensión anunciada al inicio de la misma.
Que, en la misma parte petitoria, sin fundamentación fáctica ni jurídica previas, el actor en la letra j) de esa misma parte se limita a pedir que se condene a su representada al pago de la suma de 20 millones de pesos, por concepto de daño moral, no explicando cómo y en qué forma se produjo el tal mencionado daño moral, ni menos señalar la relación de causalidad entre la conducta de su representada y el supuesto daño moral, el que ni siquiera se indicó en que consistía, por lo que dicha pretensión debe rechazarse, precisamente, por carecer de fundamentos jurídicos y fácticos.
En primer término deduce excepción perentoria de improcedencia de la demanda por preclusión del derecho a accionar por tutela laboral por haberse interpuesto por el ex trabajador y con anterioridad, por los mismos hechos, recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Chile, con fecha 28 de agosto del año en curso, el que corresponde a la causa caratulada “Castro Azolas, Gilda por Víctor Salinas Rivera con Codelco Chile, División Codelco Norte” Rol I. Corte 577/2009, el que fue presentado en plena vigencia del nuevo Libro V del Código del Trabajo, en el cual se establece el nuevo procedimiento laboral oral, público y concentrado.
Que en relación con dicho recurso refiere se debe señalar que el artículo 485 inciso cuarto o final del Código del Trabajo, indica expresamente que: “Interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, en los casos que proceda, no se podrá efectuar una denuncia de conformidad a las normas de este Párrafo, que se refiera a los mismos hechos”.
Señala que complementando lo anterior hace presente que el despido del señor Salinas, fue justificado, debido y procedente, es decir, plenamente ajustado a la normativa laboral vigente consecuencia de que el actor incurrió en la causal de caducidad invocada por el empleador en su oportunidad, contemplada en el artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo, esto es, faltar a su trabajo dos días seguidos sin existir causa justificada para ello.
En subsidio, deduce la excepción perentoria de caducidad de la acción de tutela, señalando que el plazo para requerir el procedimiento de tutela, corresponde a 60 hábiles días desde que se produzca la vulneración de los derechos fundamentales alegada, aumentables hasta un máximo de 90 días si se concurre a la Dirección del Trabajo.
Que, como consta de los antecedentes que proporcionan los actores en su demanda, la supuesta vulneración de derechos fundamentales que habrían sufrido como consecuencia de una también supuesta conducta de su representada, sucedieron, en relación con la fecha de presentación de la demanda (3 de septiembre de 2009) cuando el plazo legal de sesenta días había transcurrido, lo que significa que el plazo legal para accionar por tutela, conforme a la norma recién citada, se encontraba total y absolutamente extinguido por el transcurso del tiempo, a la fecha de la interposición de la demanda que dio origen a este juicio. Agrega, que es tan efectivo lo anterior, que el propio tribunal, en el examen de admisibilidad que realizó al recibir la demanda, declaró por medio de resolución de fecha 16 de septiembre de 2009, en la parte I de la misma resolución que “La acción de tutela laboral y despido injustificado ejercida por el actor don Luis Alberto Farías Araya, con fecha 3 de septiembre se encuentra caducada”.
En subsidio, para el evento que el despido sea considerado injustificado, alega extinción de obligaciones por el modo compensación legal, y en subsidio compensación judicial, al tenor de los artículos 1655 y ss., del Código Civil, ya que En el caso sub-lite, el ex trabajador, por su calidad de tal, contrajo con la empresa demandada las siguientes obligaciones pendientes de pago a esta misma fecha: a) Mutuo Habitacional Traslado por la suma de $15.106.528.- b) Préstamo negociación colectiva Rol B por la suma de $ 388.888.- c) Préstamo anual sueldo y medio Rol B por la suma de $ 548.166.- d) Préstamo excepcional ganancial por la suma de $ 480.000.- e)Préstamo gratificación año 1998 por la suma de $ 422.000.- f) Préstamo gratificación año 2001 por la suma de $ 28.000.- g) Anticipo especial por ganancial por la suma de $ 105.000.- h) Préstamo C. C. A. F. por la suma de $ 1.441.190; deudas que ascienden a un total de $18.519.772.-
Manifiesta que para el evento improbable que su mandante sea condenada a pagar los rubros demandados por la actora, éste y aquella, pasaran a tener la calidad de deudores y acreedores recíprocos, de obligaciones dinerarias, liquidas y actualmente exigibles, cumpliéndose de esa forma los requisitos exigidos por el legislador para que opera la compensación por el sólo Ministerio de la Ley, y que en subsidio, para el evento que SS., estime que en la especie no concurren los requisitos necesarios para que opere la compensación legal, alego compensación judicial, para el evento que mi mandante sea condenada a pagar los uno o más de los rubros demandados por la actora.
En subsidio, para el evento del rechazo de la alegación anterior, declarar que la indemnización por años de servicios se limita a un máximo de 330 días de remuneraciones y a un monto mensual que no exceda de 90 unidades de fomento, ya que refiere no existe ninguna norma de carácter legal ni convencional que exima al demandante de esta limitación por lo que, en la improbable eventualidad de estimarse el despido como injustificado, procedería limitar la indemnización por años de servicios al máximo de tiempo a los 330 días de remuneraciones que se contempla en el articulo 163 del Código del Trabajo.
Que igual limitación debe aplicarse con respecto al monto mensual por el concepto de indemnización por años de servicios, la que no puede exceder de 90 Unidades de Fomento por mes conforme a lo establecido en el artículo 172 del Código del Trabajo, como asimismo, rige respecto de la indemnización sustitutiva del aviso previo que se demanda por el actor en este juicio por lo que pido a SS., la limite a dicho monto, en su caso.
En subsidio, opone excepción perentoria de improcedencia jurídica del daño moral laboral demandado por el actor por falta de fundamentación fáctica y jurídica, ya que ha pretendido en su demanda el pago de un supuesto daño moral laboral señalando para ello sólo las infracciones a sus derechos fundamentales.
Que cabe consignar que el legislador laboral sanciona el despido abusivo que carece de motivo plausible (que no es el caso de la demandante) amen de ordenar al pago de las indemnizaciones de carácter estrictamente laboral, con la sanción contemplada en el art. 168 inciso 2°, esto es, el incremento de la indemnización por años de servicio en un 100%; más no, una indemnización por daño moral.
Que, a mayor abundamiento, en el evento que la acción de tutela prosperara, y despido fuese calificado como discriminatorio y grave por infracción del citado inciso 4° del art. 2°, lo cierto es que, la sanción dispuesta por el legislador, además de ordenar el pago de las indemnizaciones de los artículos 162, 163, recargos del artículo 168, la indemnización adicional que determine el juez pertinente; ordenará el pago de una indemnización adicional no inferior a 6 ni superior a 11 meses de la última remuneración mensual; indemnización adicional destinada a resarcir el eventual daño moral, ya que, al decir de Gamonal “no es una simple tarificación por antigüedad, sino que deja un margen de apreciación importante al juez de la causa, acerca del daño producido, especialmente el moral” (Gamonal, Sergio, El Procedimiento de Tutela de Derechos Laborales, Lexis Nexis, 2007, p. 27); o en su defecto la reincorporación, a elección del demandante.
Finalmente expresa que su parte Niega de mana absoluta todos y cada uno de los hechos alegados por la demandante en su libelo de demanda y que no hayan sido expresamente reconocidos por su representada en el cuerpo de esta presentación, de manera que el actor deberá, conforme las normas del onus probandi, demostrar y acreditar su existencia, en términos tales para formar el convencimiento del Tribunal, especificando cada uno de los rubros que solicitó la demandante.
Previo análisis doctrinario, fundamentos de derecho y citas legales, solicita en definitiva tener por contestada la demanda o denuncia por tutela laboral deducida en contra de su representada la División Codelco Norte; acoger las defensas planteadas en el orden en que fueron deducidas y, como consecuencia de ello, rechazar la demanda en todas sus partes, con expresa condena en costas.
Asimismo contesta la demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones adeudadas deducida por el actor, reproduciendo las excepciones opuestas y alegaciones ya efectuadas en lo principal de su presentación, esto es, los puntos 3), 4) y 6), de la principal, los que aparecen desarrollados con los títulos “para el evento que el despido sea considerado injustificado, alego extinción de obligaciones por el modo compensación legal, y en subsidio compensación judicial”; “que la indemnización por años de servicios se limita a un máximo de 330 días de remuneraciones y a un monto mensual que no exceda de 90 unidades de fomento”; y Negación absoluta de todos y cada uno de los hechos alegados por la demandante en su libelo de demanda, respectivamente.
Que de igual manera, sostiene que tampoco concurre el requisito de la subjetividad del agente; esto es, que su actuar se haya debido a dolo a culpa, señalando que la facultad para despedir un trabajador es inherente a la facultad de organizar, administrar y dirigir la Empresa. Que a diferencia de las otras figuras contractuales de nuestra legislación, el legislador laboral ha reglamentado la forma de terminación del contrato de trabajo, estableciendo causales taxativas, y las circunstancias que las configuran. Dichas hipótesis de terminación del contrato de trabajo, son conocidas y aceptadas de antemano por el trabajador al suscribir dicho contrato. Del mismo modo, el empleador sabe que concurriendo las circunstancias que configuran las causales de terminación, o hipótesis de aplicación legislativa, le asiste el derecho a poner término a la relación contractual que lo une con el trabajador. Que de esta manera se configuran las reglas del juego en materia laboral, reglas conocidas y aceptadas por ambas partes al momento de ligarse contractualmente.
Solicita en definitiva tener por contestada la demanda por cobro de prestaciones laborales y cobro de daño moral; rechazarla en todas sus partes, con costas.
TERCERO: Llamado a conciliación.- Que, con fecha 21 de octubre de 2009, tuvo lugar audiencia preparatoria de juicio, con la presencia de los abogados de ambas partes, resultando el llamado a conciliación frustrado.
CUARTO: Hecho no controvertido.- Que habida consideración de las alegaciones hechas por las partes en sus libelos, se estableció como hecho no controvertido el siguiente:
Que existió relación laboral entre el actor Víctor Salinas Rivera y Codelco Chile, División Codelco Norte, desde el 1 de enero de 1989 hasta el 9 de junio de 2009.
QUINTO: Recepción de la causa a prueba.- Que, no prosperando la posibilidad de una salida alternativa para el presente conflicto, se procedió a recibir la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:
1. Efectividad de haber incurrido la demandada Codelco Chile, División Codelco Norte en actos que constituyen vulneración de derechos o garantías fundamentales. Derechos y garantías vulnerados. Hechos y circunstancias.
2. Efectividad de haber interpuesto el trabajador don Víctor Salinas Rivera con fecha 28 de agosto de 2009, recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, por los mismos hechos materia de la acción de tutela.
3. Efectividad de concurrir en la especie compensación legal o judicial. Hechos que permiten establecerlo.
4. Efectividad de haber sufrido el actor, como consecuencia de los hechos que motivaron su despido, daños o perjuicio. Naturaleza, monto y entidad del mismo.
5. Efectividad de haber incurrido don Víctor Salinas Rivera en hechos constitutivos de la causal de despido prevista en el artículo 160 Nº 3 del Código del Trabajo, esto es, faltar a su trabajo dos días seguidos sin existir causa justificada para ello.
6. Monto de la última remuneración del actor.
7. Efectividad de aplicarse al caso límites para efectos de la indemnización de años de servicio. Antecedentes que lo justifican.
SEXTO: Prueba de la demandante.- Que, para acreditar sus asertos, la parte demandante ofreció en la etapa procesal pertinente y rindió en la audiencia de juicio las siguientes probanzas:
A.- Prueba Documental:
1. Carta de fecha 9 de junio de 2009 remitida por don Juan Canales, que da cuenta del término del contrato de trabajo al Sindicato al cual pertenece el actor.
2. Correo electrónico remitido por Codelco Norte con fecha 14 de marzo de 2007 por doña Dayu Gutiérrez Isabel a don Víctor Salinas Rivera, que da cuenta de los antecedentes de la demanda.
3. Formulario Derecho a Saber emitido por Codelco que se refiere a aspectos laborales del trabajador.
4. Proyecto de finiquito de fecha 26 de junio de 2009 donde está suscrito por Pedro Ardiles Berríos de Codelco Chile, División Codelco Norte, donde se da cuenta de los haberes que corresponden pagar al actor.
5. Documento emitido por Codelco y suscrito con fecha 25 de mayo de 2009, relativo a las enfermedades que padece y que tienen relación con la actividad laboral, en una reunión entre Codelco con los trabajadores.
6. Recorte periodístico de fecha 30 de mayo de 2009 del Diario El Mercurio; del 31 de mayo de 2009 y 1º de junio de 2009, que dice relación con la información periodística de la huelga realizada por el actor contra Codelco.
7. Documento de fecha 2 de junio de 2009 emitido por Codelco y suscrito por el Gerente de Desarrollo de las Personas, Mario Elgueta González dirigido a los trabajadores y que dice relación con las materias de la tutela.
8. Folio de atención del Hospital del Cobre a nombre de Víctor Manuel Salinas y que da cuenta de las patologías médicas de su afección.
9. Licencia médica emitida con fecha 5 de junio de 2009 y que da cuenta del reposo al que se encontraba afecto y la patología que afectaba al actor.
10. Certificación para atención de salud de Isapre Chuquicamata, donde indica el bloqueo y cierre de la cobertura de salud. Este documento está emitido por Fonasa.
11. Documento de fecha 7 de julio de 2009, emitido por la Isapre Chuquicamata a Víctor Salinas y que hace referencia a sus enfermedades.
12. Carta de fecha 3 de junio de 2009 y firmada por Juan Carlos Canales, Subgerente de Relaciones Laborales de Codelco, donde hace una propuesta a los trabajadores respecto a su reinserción laboral. Documento con la firma de Juan Carlos Canales de su puño y letra una propuesta escrita que tiene relación con el documento.
13. Documento emitido por Codelco relativo al informe médico ocupacional respecto a la salud de Víctor Salinas Rivera y las conclusiones que hace el jefe del Departamento de Gestión Salud Ocupacional de Codelco.
14. Documento emitido por Codelco con respecto a la capacitación de Víctor Salinas Rivera, con la fecha de inicio y término de esta capacitación.
15. Primer protocolo de proyecto común de empresa emitido por Codelco con fecha 21 de marzo de 2002, documento que está suscrito por Codelco y los dirigentes dentro de los cuales pertenecía el actor.
16. Documento de gestión de dotación de fecha 29 de julio de 2003 de la UCEE, que da cuenta de los requisitos y condiciones de traslado de los trabajadores.
17. Informe de Garantía de la Clínica Antofagasta de fecha 11 de agosto de 2009, que da cuenta de la internación del señor Salinas.
18. Carné de alta de Víctor Salinas de la Clínica Antofagasta de fecha 15 de agosto de 2009, que da cuenta de la atención a la que fue objeto.
19. Declaración de huelga de hambre, documento que fue suscrito con fecha 29 de mayo de 2009, donde firman trabajadores de Codelco y también ejecutivos, y que da cuenta de ese hecho.
20. Informe de liquidación de remuneraciones de fecha marzo de 2009 y abril de 2009 del señor Víctor Salinas (liquidación de haberes).
21. Comprobante de ingreso de comisión de fiscalización en la Inspección del Trabajo Nº 0202/2006/164 que se refiere al contenido de la fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo respecto a la situación del señor Víctor Salinas Rivera.
22. Carta de fecha 8 de junio de 2009 relativa al término del contrato de trabajo emitida por Codelco y que es materia del juicio.
23. Informe periodístico que da cuenta de una reunión sostenida entre los trabajadores con el Vicepresidente Ejecutivo, y que da cuenta de los problemas habido entre ellos con la administración.
24. Declaración emitida por Codelco Norte respecto al contenido de la huelga, dicho documento no lleva fecha pero si individualiza algunos antecedentes.
25. Informe de fiscalización por la Inspección del Trabajo Nº 507 del 2009, que da cuenta de los antecedentes.
26. Comunicación de reclamo dirigida a la Inspección del Trabajo con fecha 21 de julio de 2009, con su respectiva constancia de ingreso a la Inspección del Trabajo.
27. Comunicación de fecha 5 de junio de 2009 dirigida al Inspector Provincial del Trabajo respecto a los problemas laborales habido con Codelco.
28. Documento de fecha 10 de julio de 2009 dirigido al Presidente Ejecutivo de Codelco y que hace relación a los problemas habido con Codelco Norte.
29. Documento dirigido al Vicepresidente Ejecutivo de Codelco con fecha 30 de junio de 2008 respecto a antecedentes de la Unidad de Estabilidad y Empleabilidad.
B.- Confesional:
Oscar Gonzalo Guajardo Cabello, cédula nacional de identidad N° 12.271.072-6, abogado, domiciliado en 11 Norte 1291, piso 5 B, Villa Exótica, Calama, quien previamente juramentado, de conformidad al artículo 385 del Código de Procedimiento Civil, declara que conoce de nombre al demandante y que ha tenido la oportunidad de familiarizarse con su caso en particular; que desconoce el estado de salud del mismo cuando ingresó a la División, pero que lo usual es que se haga exámenes pre-ocupacionales para verificar cuál es el estado de salud del futuro trabajador que se va a desempeñar en la División para comprobar si efectivamente está en condiciones o no para desempeñar el cargo.
El absolvente declara que no sabe que patología actualmente padece el trabajador, lo que sabe, es que decía tener problemas respiratorios.
El absolvente declara que entiende que el trabajador fue despedido con fecha 08 de junio de este año, en esa fecha se le envió la carta de despido, desconociendo donde se le envió, es una materia que lo ve el Departamento de Desarrollo Humano, que se imagina que al domicilio de él. Agrega, que se despidió al actor por no haber asistido durante dos días seguidos injustificadamente a sus labores, pero que entiende que dejó de asistir por más días a su trabajo.
El absolvente declara que desconoce el día exacto en que el actor dejó de asistir a las dependencias de Codelco, pero lo que sabe, es que él inicio una especie de protesta, a fines de mayo y a partir de esa época habría dejado de asistir a la empresa, que por lo que entiende fue una huelga de hambre.
El absolvente declara que entiende que el trabajador estaba a disposición de la UDEE, que es la Unidad de Empleabilidad de la División Codelco Norte, por cuanto sufría algún tipo de enfermedad profesional que le impedía desarrollar las labores para la cual había sido contratado inicialmente. Aclara que cuando un trabajador ingresa a la Unidad de Empleabilidad precisamente tiene por objeto encontrar el remanente laboral que pueda tener éste para desarrollarse en la empresa. Por lo tanto, las acciones que se realizan dentro de esa unidad, tienden precisamente a la capacitación y a buscar alternativas al trabajador para poder desempeñarse en alguna función que pueda él desarrollar. No sabe si el actor fue específicamente capacitado, pero el sentido y el alcance que tiene la Unidad de Empleabilidad de la División es encontrar alternativas para que el trabajador pueda prestar un servicio en la División y justificar en definitiva la remuneración que se le paga.
Declara que no sabe si en el caso específico del actor se hizo la labor de capacitación para destinarlo a alguna otra labor en especial; que lo que si sabe es que de acuerdo a los diagnósticos de los médicos de la División este trabajador no habría tenido remanente laboral, es decir, no había donde ubicarlo, esa era la situación.
En relación a la huelga de hambre el absolvente declara que entiende que el tema de la huelga de hambre en que participó el trabajador, fue una decisión personal de los trabajadores, no está seguro si concurrió algún representante de la empresa a hablar personalmente con ellos o comunicarse con ellos. En todo caso, es probable que haya sido así, porque a la empresa si algo le preocupa, es precisamente la salud de los trabajadores, y si los trabajadores mismos en un momento determinado están atentando contra su salud, es evidente que la empresa se preocupe por ese tipo de situaciones.
El absolvente señala, que mientras este vigente la relación laboral el trabajador va a tener todos los derechos que en virtud del contrato colectivo le corresponda.
Preguntado por el Tribunal el absolvente declara que tenía conocimiento que habían participado en la huelga, el trabajador que está presente en la audiencia y a lo menos otro trabajador.
En relación al motivo de la huelga, el absolvente declara que tiene conocimiento y lo conoce en su calidad de abogado, es por lo que ha señalado el propio trabajador, que según él se estaría viendo afectada su estabilidad laboral en la empresa de alguna manera. Ese es el motivo que ellos tuvieron para iniciar ese cometido
c.- Testimonial:
1.- Luis Alberto Farías Araya, cédula nacional de identidad N° 9.886.784-8, cesante, domiciliado en calle Salar de la Luna N° 487, Villa Los Salares, quién juramentado en forma legal, previamente consultado, declara que tiene conocimiento sobre los hechos que rodearon la situación del actor, que significó en definitiva que fuera despedido. Refiere que lo que le pasó al actor es la carencia de tolerancia que tiene de la Administración de Codelco Norte hacia los trabajadores enfermos. Esa falta de tolerancia es compartida por el Servicio Médico del Hospital del Cobre, que trata la patología de los trabajadores enfermos, por la Isapre Chuquicamata y también por los jefes directos de los trabajadores enfermos antes que sean retirados de su área habitual de trabajo.
El testigo declara que el actor padecía de una enfermedad, de una patología, la cual de alguna forma le significó reducir su rendimiento laboral. Que todo trabajador entra sano en la empresa, en el transcurso va desarrollando enfermedad y el demandante si desarrolló una enfermedad bastante compleja.
El testigo declara que tiene entendido que el año 1996 este trabajador comenzó a presentar problemas de Salud. Respecto a las patologías, tiene antecedentes toxicológicos en su cerebro, sabe que tiene plomo en su cuerpo y producto de ello desarrollo con el tiempo una esclerosis múltiple. Que lo pudo haber contraído en el trabajo.
El testigo refiere que en la División Norte de Codelco a los trabajadores enfermos se los retira de su área y se los deriva a la Unidad de Estabilidad-Empleabilidad y de ahí se los envía al Centro de Reinserción y Capacitación Laboral que hay en Chuquicamata, que está disfrazado supuestamente de Centro de Capacitación porque ahí solamente se cumple asistencia diaria, mediante un encierro, que en fondo sólo sirve para desarrollar enfermedades mentales, producto de la incertidumbre que siente el trabajador de que lo tienen sin hacer ninguna actividad, sabiendo que tienen un contrato colectivo vigente y que eso es contrario a lo que dice la ley y al Código del Trabajo.
El testigo declara que no puede decir, por cuanto tiempo más o menos él fue destinado a esta clase de pasantía, en que consistió o en que consiste.
El testigo declara se pidió fiscalizaciones a la Inspección del Trabajo, de antigua data, y no sabe porque la Inspección del Trabajo siempre acude a hacer las fiscalizaciones al Edificio Corporativo, en circunstancias, que los trabajadores son mantenidos, en lo que llaman cárceles laborales en Chuquicamata, la que consiste en un recinto pequeño, en el cual el trabajador solamente va y cumple asistencia diaria y ninguna cosa más.
El testigo señala que el actor estuvo en esa situación, teniendo conocimiento que es desde el año 2004 en adelante y que las funciones que cumplía como trabajador, antes de ser destinado a esa área, era de mecánico de pala y perforadora en mantención de minas, y que sus labores consistían en armar y desarmar palas y perforadoras, maquinarias de gran dimensión. Agrega, que eso requiere no solamente de un trabajo físico, sino también intelectual, porque se está hablando de maquinarias de grandes dimensiones, complejas, de alta tecnología y el hombre sabía bien su pega
El testigo señala que tiene conocimiento que el actor participó en una huelga, producto de una comunicación de despido, que fue totalmente arbitraria, porque se supone que las personas que son derivadas al Centro de Capacitación y a la Unidad de Empleabilidad, van a eso, a capacitación, reinserción y reubicación, y cuando las cosas no se dan el trabajador no quiere reubicación o no quiere capacitación o la misma empresa determina que el trabajador ya no está apto para hacer ninguna función, los protocolos dicen, anexados al contrato de negociación colectiva, que al trabajador le asiste, como última instancia, ser desvinculado de la empresa, pero bajo un egreso especial. Agrega, que en el egreso especial está involucrado un importante monto de dinero, salud para el trabajador de por vida, para su familia, educación para los hijos y otros beneficios anexos.
En relación a la huelga, el testigo declara que el actor fue acompañado por otras cinco personas, los señores son Richard Castillo Vargas, Jorge Huerta González, Jorge Rodríguez Bustos, Sergio Rocha Marín y él que habla. Que la huelga duró doce días.
El testigo declara que el día 02 de junio del 2009, se acercó la dirigente sindical, Mirta Moreno, a decir de que, el señor Mario Elgueta, les decía de palabra, que los trabajadores en huelga no estaban desvinculados de la empresa, que la carta de aviso y la reunión que se había hecho, en la que se señaló que estaban despedidos con fecha 25 de mayo de 2009 quedaba sin efecto, solicitando lo anterior por escrito. Que al día siguiente, fue al lugar, el subgerente de Relaciones Labores y Calidad de Vida, don Juan Canales Cabeza, con una carta documento, diciendo que efectivamente él ratifica lo acordado verbalmente el día anterior, que quedaba sin efecto aquel aviso de despido y por lo tanto seguían con el contrato vigente y los invitaba a deponer la huelga. Entonces se que se les dice que deponen la huelga y elevaron una propuesta de cinco puntos, concurriendo el señor Canales al día siguiente, 3 de junio de 2009, con una contrapropuesta de la empresa, respecto de la cual se hicieron algunas correcciones, siendo firmada por todos. Agrega, que solicitaron se legalizara el acuerdo, a lo que el señor Canales se comprometió a entregar el día 04 de junio de 2009 a las 08:00 de la mañana con aquel documento autenticado y ellos terminarían la huelga pero él no apareció nunca más, entonces esperaron y el día 8 les avisaron que estaban despedidos.
El testigo declara que en la carta de despido enviada por la empresa al trabajador se señala que faltó a trabajar los días 4 y 5, y que don Juan Canales Cabeza, Subgerente de Relaciones Laborales y Calidad de Vida, dice de que no tiene idea donde están los trabajadores los días 4 y 5, y que le llama mucho la atención que el día 8 no presentaran licencias médicas a la Isapre Chuquicamata, al Hospital del Cobre ni al Edificio Institucional; en circunstancias, que el día 03 estuvo con ellos, y el día 04 lo estuvieron esperando, el 5 también, y el niega eso. Por un lado, cuando les firma la propuesta de la empresa, la que él trae, reconoce que están en huelga y por otro lado alega que no saben donde están; señala asimismo que ellos estuvieron 6 días en huelga los que fueron pagados igual y saben que aparecen que están en capacitaciones y sin embargo estaban en la iglesia, en la huelga.
El testigo señala, que el actor al momento de ser despedido se encontraba con licencia médica y que Codelco hizo un operativo, puso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, para que fueran chequeados médicamente en la catedral donde hicieron la huelga, que el día 4 el demandante se descompensó más de lo que estaba y se lo llevaron a Antofagasta en horas de la madrugada, volviendo con una licencia médica a partir del día 5, luego se enteró que el día 8 estaba despedido.
El testigo declara que sin lugar a dudas, la descompensación puso en riesgo la vida del demandante, que pusieron un recurso de protección una vez finalizada la huelga, buscando proteger a ese hombre que entró sano a la empresa y ahora no puede hablar, ni caminar, ni puede pensar bien, eso se buscó con el recurso de protección.
Refiere que nadie se acercó a dicho lugar para constatar la situación en que se encontraron, que se hicieron gestiones por familiares, quienes fueron a hablar algunos Diputados, a la OIT, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asimismo mandaron cartas al extranjero.
El testigo declara que la huelga se terminó porque se entró a cuestionar a los huelguistas y a darle el favor a Codelco. El obispo ordenó que ellos fueran desalojados por la fuerza policial, estuvo todo el perímetro de la iglesia y la plaza rodeado por los cuatro costados. Luego fueron al hospital del Cobre para ser chequeados y fueron enviados a su casa. El día 05 de junio de 2009, en el segundo día de despido, Codelco ya tenía bloqueado todo lo que les correspondía como beneficio, la salud, el persomático, no podían sacar información, se bloqueo todo, ya en el segundo día dejaron de ser beneficiarios de Codelco, en circunstancias que no es así.
Señala, que el demandante sufrió una clase de daño material, porque en este momento está perdiendo la casa, si Codelco quiere descontar lo que él le adeuda por el concepto de haber recibido una vivienda a través de Codelco. Asimismo refiere que el demandante se atiende en forma particular, porque sin perjuicio de seguir siendo cotizante de la Isapre Chuquicamata, le devuelven los cheques mes a mes, los rebotan, y porque se tienen que desafiliar si son trabajadores con enfermedad pre-existente, catastróficas.
El testigo declara que no conoce ningún caso de un trabajador que se haya ido de la empresa despedido, arbitrariamente o voluntariamente, sin que se vaya con los derechos de salud que le corresponde, porque el hombre cuando ingresa a Codelco, ingresa sano, y entonces, corresponde en el caso de los trabajadores enfermos, específicamente, un egreso especial, y está estipulado la salud de por vida del trabajador.
Contra-interrogado el testigo por la parte demandada señala que fue trabajador de Codelco, que participó en este juicio, que estuvo en la UDEE desde el 11 de marzo de 2008 hasta que el día que la empresa le avisa que está despedido con fecha 25 de mayo de 2009.
Refiere que los trabajadores que están en la UDEE registran asistencia sin hacer ningún tipo de actividad laboral.
El testigo declara que una vez que Codelco va a la Iglesia, con el recurso de protección, encuentra descompensado al señor Salinas, él no acepta irse, una vez que lo derivan al Hospital del Cobre para hospitalizarse, se devuelve a la iglesia y en el transcurso del día se descompensó más, de ahí avisaron, a altas horas de la madrugada a su familia para que lo retiraran y producto que no se le recibió en los hospitales públicos de Calama, se lo llevó en carácter de urgente a Antofagasta, y de allá él volvió con la licencia médica.
El testigo declara que el movimiento en que participó no era consecuencia de un procedimiento reglado de negociación colectiva, pero que no es necesario que lo sea, porque la huelga tiene su fundamento en las prácticas desleales de la empresa hacia el trabajador.
El testigo declara que el señor Salinas presentó un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Antofagasta y que dicho recurso fue rechazado.
El testigo declara que mientras estuvo prestando servicios para Codelco el señor Salinas pertenecía al sindicato N° 1 y después se cambio al Sindicato Minero. Refiere que los instrumentos colectivos que suscriben los trabajadores con la División Codelco Norte, tanto el sindicato 1 como el sindicato minero, contemplan dentro en sus clausulados beneficios médicos para los trabajadores que están adheridos a esos instrumentos colectivos y yendo a los estatutos base de la Isapre, salud integral. Que se supone que la salud en Codelco se basa en médicos de alta especialización, en circunstancias que tampoco es así.
El testigo declara que un trabajador enfermo, como el señor Salinas, tiene derecho, de acuerdo a los instrumentos colectivos a ser trasladado por ejemplo a Santiago junto con familiares que lo acompañen, que está en el contrato colectivo, que si se aplica en la práctica, pero no como debe ser, ya que supuestamente les pagan todos los gastos de traslados, los gastos de estadía incluido al acompañante, pero cuando llega a la Isapre de Santiago se restringe casi todo, lo que no debiera.
Preguntado por el Tribunal, el testigo declara que cinco trabajadores más participaron en la huelga, de hecho refirió los nombres, despidiéndose a todos menos a don Juan Rocha Marín, quien se descolgó al parecer el día 3 de junio.
Refiere, que el despido del 25 de mayo fue porque la empresa aduce que no tienen remanente físico y los estados de salud los hacen incompatibles con los trabajos al interior de los recintos industriales en la División. Eso se hizo sin que se le llamara al trabajador a los exámenes y a las pruebas funcionales para que así lo demostraran, que lo que se hizo es pedir a la Dirección de Medicina Ocupacional o Medicina del Trabajo que lo determinara revisando el historial clínico y patologías, lo que estaba en las fichas clínicas.
Declara que estuvieron en huelga desde el 29 de mayo al 12 de junio y que los días 29 al 3 de junio se les pagaron igual.
D.- Otros medios de Prueba:
Se incorporaron válidamente en juicio, mediante su exhibición, 4 cds que contienen fotografías y grabaciones de la huelga de hambre en la que participó el actor junto a otros trabajadores.
SEPTIMO: Prueba de la demandada.- Que, la parte demandada, para acreditar sus asertos, incorporó válidamente en juicio la siguiente prueba:
A.- Prueba Documental:
1. Carta de aviso de término de contrato en el cual se explicitan los fundamentos tanto de hecho como jurídicos que motivaron la terminación del contrato del señor Salinas, de fecha 8 de junio de 2009 y suscrita por don Rubén Soto Chandia, ejecutivo supervisor de la División Codelco Norte.
2. Contrato colectivo de trabajo del Sindicato N° 1 al cual se encontraba afiliado el señor Salinas.
3. Fallo dictado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 4 de septiembre de 2009, esto es un día después de haberse presentado la demanda de autos, en virtud de la cual la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió un recurso de protección presentado por el señor Salinas a través de su cónyuge la señora Gilda Castro Azola, el cual tenía por objeto obtener amparo por infracciones supuestas que habría cometido la División a normas constitucionales, el cual fue rechazado. Las copias que se acompañan corresponden a la causa Rol 577-2009 del ya mencionado Tribunal.
B.- Prueba Confesional:
Se citó a absolver posiciones al actor Víctor Salinas Rivera, bajo apercibimiento del artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo, diligencia de la que la parte demandada se desistió en audiencia de juicio.
C.- Testimonial:
1.- Bernardo José Gómez Aracena, cédula nacional de identidad N° 7.001.846-2, ingeniero comercial, domiciliado en pasaje Curo 3482, Villa Lomas Huasi, quién juramentado en forma legal, previamente consultado declara que trabaja en el Departamento de Relaciones Laborales, siendo el Jefe de Unidad Laboral de la empresa Codelco Norte, que labora desde hace 32 años en la empresa, desde octubre de 1986 que trabaja en el área con los trabajadores, primero departamento de personal, proyecto de recursos humanos y desde el 2003 a la fecha en relaciones laborales. Que, conoció la situación del trabajador, don Víctor Manuel Salinas Rivera, por efectos de turnos que hacen los supervisores que están a su cargo.
El testigo declara que el señor Salinas trabajó hasta el 08 de junio de 2009, fecha en que se procedió a poner término a su contrato, por el artículo 160 N° 3, ausentismo injustificado; el señor Salinas se encontraba adscrito a la Unidad de Empleabilidad y Estabilidad, conocida como la UDEE, esta unidad es producto de un protocolo de acuerdo de la Corporación con la Federación de Trabajadores del Cobre, en este protocolo de acuerdo, se establece que los trabajadores que por algún grado de problema de carácter médico, que le impida desempeñar la labor para la cual fueron contratados, se adscriban en la búsqueda de algún remanente laboral; si existiera esa situación de remanente laboral, de una u otra forma se les capacita entregándoles algunas armas o herramientas que puedan servir para que ellos puedan prestar otras funciones al interior de la División, por eso se llama estabilidad y empleabilidad con competitividad.
El testigo declara, que los trabajadores que están adscritos a ese plan, UDEE, son trabajadores que son dependientes de la empresa, están bajo la autoridad del empleador. Son trabajadores, que de una u otra manera han sufrido problemas de carácter médico y que cuando medicina del trabajador, a través de un informe, que se llama IMO, informe médico ocupacional, determina que ese trabajador por diferentes razones, no puede cumplir con las labores para las que fue contratado son derivados a esa unidad, que es un protocolo N° 2. Agrega que mientras están en esa unidad tienen la obligación de asistencia, y que es registrada a través de un libro de asistencia.
Declara que la división tiene autorizado por la Dirección del Trabajo, un sistema de presencia activa, que es un sistema computacional, donde todos los trabajadores están presentes los 365 días del año y, a este sistema se ingresan “las novedades”, es decir, permisos, licencias médicas o ausencias, o sea, es un sistema al revés de lo tradicional.
El testigo declara, que los días que no habría asistido a sus funciones el actor fueron los días 4 y 5 de junio de 2009 y que tiene entendido que el trabajador no gozaba de licencia médica al momento del despido. Que llegó una licencia médica pero posterior, o sea, cuando ya se había determinado el término del contrato, si no se equivoca fue alrededor del diez u once.
Refiere que la empleadora, División Codelco Norte, se preocupa de la salud de sus trabajadores en general; que tienen los contratos colectivos, la salud integral, excepto atención dental, la que es brindada por los sindicatos de acuerdo a otro tipo de convenio. La salud integral significa que es brindada por la División a través del servicio médico, Hospital del Cobre, y a su vez, éste sistema de salud le permite a los trabajadores no solamente ser tratados en la zona, sino que derivados en inter-consulta médica, o a Antofagasta o Santiago o a cualquier lugar del país donde éste el profesional que se requiera. Agrega, que el paciente-trabajador viaja en compañía de alguien especializado o de algún familiar, dependiendo de la condición, eso lo evalúa el médico tratante junto con el médico Director, si el trabajador se puede movilizar por sus medios o la situación de gravedad de la enfermedad si así lo requiera, se puede hacer acompañar por una enfermera o un paramédico o bien por algún un familiar, y que en este último caso, se pagan los gastos de traslados, estadías en la localidad en la cual va el trabajador-paciente, que está todo pactado en los contratos colectivos, desde la hotelería completa, alimentación, viático, movilización dentro de la ciudad por la distancia, con pasaje aéreo. En caso de Antofagasta por la cercanía, a veces, y dependiendo de la condición médica pueden ir por bus o por avión, así como también a Santiago, dependiendo de la condición médica, pueden viajar en un vuelo regular de una línea aérea o se les pueden enviar en un avión ambulancia.
El testigo declara que al término del contrato al actor le correspondía indemnización por años de servicios de acuerdo a los instrumentos colectivos, que el finiquito se hizo.
Refiere, asimismo, que a la fecha del término del contrato, 8 de junio de 2009, el trabajador mantiene deudas con la división, las cuales son las típicas deudas que se producen contractuales y deudas personales. Las primeras son las que están indicadas por los procesos de negociación colectiva, por los procesos de sueldo y medio, y que las segundas son las que él contrae con instituciones deportivas, mutuales, etc.
Continuando con el tema de las deudas el testigo declara que el actor tenía alguna deuda de carácter habitacional para con la división, con el proyecto de traslado del campamento. Que esa deuda corresponde liquidarla, desde el momento que él deja de pertenecer con cargo a sus años de servicios, lo que está estipulado en el contrato colectivo. Cuando los trabajadores dejan de pertenecer a la división, se deben rebajar todos aquellos compromisos económicos que había adquirido o con la División, vía contrato colectivo, o que él había autorizado expresamente que se descontara de su liquidación de sueldo.
Contra-interrogado el testigo, indica que específicamente no conoce la enfermedad que padece el actor
Contra-interrogado el testigo, declara que la única forma en que un trabajador llega a la UDEE es producto de un informe médico ocupacional, que lo realiza específicamente el área de servicio médico junto con medicina del trabajo.
Declara que el personal que llega a la UDEE pasa por el Edificio Institucional, y firman un libro de asistencia, de ahí los derivan a Chuquicamata, donde tienen una sede en que se le hace algún grado de capacitación, que no trabaja específicamente en la UDEE. Que en teoría, de acuerdo al informe médico, se puede determinar cuáles son las capacidades que se pueden potenciar, entonces, si por ejemplo, el trabajador puede potenciarse algún tema administrativo, se le prepara o se le hace un curso orientado al grado administrativo, manejo de Excel, manejo de computador principalmente, o bien, repartición de correspondencia, siempre orientado a lo que la parte médica dice, solamente se está refiriendo en teoría. De las personas que están en la UDEE, se han utilizado también algunos sectores donde se hacen las capacitaciones, dependiendo de la especialidad, que se hicieron muchas capacitaciones en un centro recreacional de Radomiro Tomic, que se le llama CCR, y se hace también en el centro que está ubicado en Chuquicamata en los antiguos staff, pero va orientado siempre si la persona tiene remanente; que si ello no es así, también se le debe comunicar al trabajador, porque esto no es una condición unilateral. La UDEE funciona por acuerdo entre la Corporación y la Federación de Trabajadores del Cobre, que es la entidad máxima del sindicato B, entonces, aquí no se trabaja unilateralmente; que por lo que tiene entendido el actor no tenía remanente laboral.
Contra-interrogado el testigo, declara que tiene a cargo cinco supervisores y cuatro trabajadores roles B, uno de ellos es el encargado de generar todo el proceso de término de contrato en conjunto con el departamento de consejería jurídica. Para generar los términos del contrato tienen que tener bien establecida la causa y la causa está establecida en base a la comprobación del ausentismo, mediante los formularios de ausentismo que se manejan en la División y mediante la hoja de asistencia de los días en cuestión. Refiere que no se recuerda bien, pero el día 10 u 11 de junio apareció una licencia médica, pero que el trabajador ya había sido despedido, eso es lo que conoce con respecto a la licencia médica. Agrega, que no recuerda la fecha de la recepción de la licencia médica, diez u once, no tiene el día específico, porque pertenece esa recepción al departamento de administración de las personas no a su departamento, que no tuvo en sus manos la licencia médica, que no tiene idea de la fecha concreta porque no la vio.
Declara que los despidos no son verbales en Codelco, los despidos pasan obligatoriamente a su departamento, dice obligatoriamente porque está establecido en el artículo 51 del Reglamento Interno, que se expresa claramente cuando alguna área determina poner término a un contrato de trabajo de un trabajador o más de algún trabajador, los antecedentes deben ponerlos a disposición de su departamento y de la consejería jurídica; que se analizan todos los antecedentes que llegan, como en este caso, que llegaron los dos formularios de ausentismo, llegaron las fotocopias del libro de asistencia que demostraron claramente su inasistencia. Teniendo esas pruebas, hay también un protocolo de consulta al interior de la División, porque puede que el señor Salinas se le haya mandado a Santiago a una inter-consulta médica, por eso se el consulta al servicio médico; puede que el señor Salinas lo pudieron haber enviado como un acompañante de un enfermo, también se le consulta al servicio médico; puede que el señor Salinas haya sido enviado a algún tratamiento de la PADT, que es un protocolo de alcohol, droga y tabaco, que también pueden ser derivados a Antofagasta o Santiago; y se le consulta al departamento de administración de las personas por si hubiera alguna licencia médica; hecho todo este protocolo, se eleva toda esa información a la conserjería jurídica, y consejería jurídica da su opinión. En conjunto, la opinión jurídica y la opinión laboral se pone a disposición del jefe del área, quién determina si lo hace efectivo o no lo hace efectivo. Muchas veces no lo hacen efectivo, sino se le aplica al trabajador una carta de amonestación u otro tipo de sanción. En este caso, llegando la solicitud del término del contrato de la jefatura del área se procede a la generación de la notificación del departamento de administración de las personas y todo el sistema que conlleva al término del contrato.
2.- Guido Arnoldo Cereceda Cortes, cédula nacional de identidad N° 5.764.842-2, contador auditor, domiciliado en Salar de la Luna 599, Villa Los Salares, quién debidamente juramentado, previamente consultado declara que trabaja en remuneraciones, Codelco Norte, que tiene que ver con el pago de todas las remuneraciones de todo el estamento de la División, sueldos, anticipos, préstamos e indemnizaciones.
Con respecto de la situación del señor Salinas, declara que ha tenido la oportunidad de acceder a la información respecto de las remuneraciones que debía percibir y que actualmente es ex trabajador, desde junio.
Declara que conoce la base de cálculo de indemnización de años de servicios del señor Salinas, que no tiene la cifra concreta, pues no tiene el documento, pero cree que es ochocientos por mes, y eso por veinte años de servicios, que da un total a pagar de dieciséis millones y fracción.
Refiere, que a la fecha de término del contrato del señor Salinas tenía deudas laborales para con la División Codelco Norte, por un monto que alcanzó a cubrir hasta dieciocho millones de pesos más o menos, que tenía un crédito y varios ítems, por ejemplo préstamo con la empresa, un préstamo habitacional, etc.
En cuanto a los ingresos que le correspondía percibir al trabajador, declara que tiene conocimiento que es la indemnización por años de servicio, más la proporcionalidad de las vacaciones, más una diferencia de la indemnización, que en total le daban unos dieciocho millones de pesos y fracción, no quedando remanente a pagar.
Contra-interrogado el testigo, declara que desconoce si el actor firmó finiquito y que no sabe el motivo por el cual fue desvinculado.
Refiere que la cantidad de ochocientos mil pesos, corresponde al promedio de las rentas de los dos últimos meses efectivamente trabajados, donde está involucrado su bono producción, sobre tiempo si corresponda, los trienios, más un sueldo base por año.
En cuando a la deuda de terceros que tendría el trabajador, declara que fue autorizado por el mismo para que se hicieran los descuentos. Agrega, que con los valores a favor que tenía no alcanza a cubrir los descuentos de terceros, es decir, quedó con deudas que no se descontaron de la indemnización; que lo que alcanzó a cubrir son las deudas con la empresa.
3.- Rubén Hernando Soto Chandia, cédula nacional de identidad N° 4.502.221-8, administrador de empresa, domiciliado en Riquelme N° 4155, Villa Ayquina Calama, quién debidamente juramentado en forma legal, previamente consultado, declara que trabaja en el Departamento de Relaciones Laborales, en Codelco, División Codelco Norte, que por alrededor de 40 años presta servicios a la división, siempre vinculado a esa área, desarrollo humano.
De la relación laboral que existió entre la División Codelco Norte y el señor Salinas, refiere que trabajó durante 20 años, desde el año 1989 al 2009, que no recuerda las funciones, por cuanto al final fue cambiado de área por tener una declaración de invalidez, a la Unidad de Estabilidad y Empleabilidad, que es un área que intenta capacitar a los trabajadores para reinsertarlos en otra área de acuerdo a sus limitaciones físicas.
Declara, que el trabajador fue despedido el día 8 de junio de este año, que conoció de cerca esa actividad de término de contrato, porque en ese entonces, era representante legal, por lo tanto, le llegaron los antecedentes del jefe del departamento de gestión dotacional y desarrollo organizacional, diciendo que había fallado los días 4 y 5 de junio; fallado significa inasistencia injustificada al área de trabajo de Estabilidad y Empleabilidad.
Agrega, que los trabajadores que están en la Unidad de Estabilidad y Empleabilidad están obligados a registrar asistencia. Los que trabajan están destinados a otra área, en forma de pasantía, y los que no van, firman en la mañana y se retiran a su domicilio, los que están más enfermos. Que los días 4 y 5 el señor Salinas no firmó la asistencia, lo que le consta porque el jefe les mandó los antecedentes, y estos antecedentes indicaban que no habría asistido.
Señala que los trabajadores que están en la UDEE, como señaló anteriormente, que firman y luego se van a su domicilio, se les da un bono compensatorio, precisamente para no perjudicarlos por el traslado a la UDEE, se les paga su remuneración íntegra del área de origen. Que cuando son trabajadores antiguos la empresa les otorga la salud del hospital del cobre, a través de la Isapre. Cuando hay inter-consulta la empresa tiene convenio a través de la Isapre Cruz Blanca, pudiendo atenderse en distintas localidades. Que en este último caso, los gastos de traslado y de permanencia del trabajador, cuando la interconsulta es autorizada por el servicio médico, la cubre la empresa, incluso de un acompañante, los gastos significan el alojamiento para el acompañante, atención farmacéutica y atención médica, de acuerdo a lo que determine el médico de la otra localidad.
El testigo, declara que a la fecha de término del contrato el señor Salina resultó sobregirado, que su indemnización por años de servicios alcanzaba a dieciséis millones ochocientos mil pesos, por veinte años de trabajo, además, tenía vacaciones pendientes por novecientos mil pesos aproximadamente, eso era los dos abonos que tenía, lo que ascendía a dieciocho y medio millones de pesos. Agrega que el trabajador tenía varias deudas con la división, recuerda un mutuo habitacional bastante alto de quince millones de pesos, más prestamos de negociación colectiva, prestamos sueldo y medio. Agrega, que la empresa dedujo las deudas de la empresa y de terceros lo que alcanzó a pagar, las deudas que quedó sobregirado son todas de terceros, incluso hay una repactación alta con el BBVA, de unos veintitrés millones de pesos, la que no se alcanzó a deducir.
El testigo declara que la causal de despido del señor Salinas, fue por inasistencia injustificada, artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo, y los días que faltó fueron el 4 y 5 de junio y la empresa lo canceló el lunes 8 de junio y esos días no tenía licencia médica.
Contra-interrogado el testigo, declara que al trabajador se le hizo una declaración de invalidez del 75% de su capacidad de ganancia, cree de origen profesional, por la 16.744. Que conforme a esta declaración fue destinado a la UDEE para intentar su reinserción en otra área, previa capacitación. Que la persona que entra en esa unidad especial, no obstante que no trabaja, no sufre una merma en su remuneración.
El testigo declara que no recuerda si recibió una licencia médica por parte del trabajador que fue despedido, pero la esposa de uno de ellos, que no recuerda quién fue, le llevó una licencia médica cuando ya estaba despedido, no sabe si es el caso.
El testigo señala que si tomó conocimiento que el trabajador estuvo en huelga cuando fue despedido, que era un hecho público que estuvieron en la catedral, que la huelga empezó el 29 de mayo, que eran cinco trabajadores que estaban en esa posición.
Refiere que estos trabajadores estuvieron en huelga a la que asistió su jefe, don Juan Carlos Canales, desconociendo mayores antecedentes.
OCTAVO: Observaciones a la prueba rendida.- Que, las partes hicieron uso del derecho previsto en el artículo 454 N° 9 del Código del Trabajo, es decir, efectuaron observaciones a la prueba rendida en juicio.
NOVENO: Que, la parte demandante dedujo en lo principal de su presentación acción de tutela de derechos fundamentales, refiriendo como derechos vulnerados los consagrados en los artículos 19 N° 1 y N° 16 de la Constitución Política de la República.
Que en relación a dicha pretensión la demandada, División Norte de Codelco Chile, dedujo la excepción perentoria de preclusión del derecho de la denunciante a entablar dicha acción por haberse deducido con anterioridad, fundada en los mismos hechos, acción de protección.
Que, de la lectura del libelo de la demandante y del análisis de la prueba documental consistente en sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, de fecha 04 de septiembre de 2009, en autos Rol N° 577-2009, resulta acreditado para esta sentenciadora, que los hechos que fundan la presente acción de tutela de derechos fundamentales sustentada por el actor, son los mismos que aquellos que fueron objeto de recurso de protección conocido por la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta y que fue resuelto con fecha 04 de septiembre del año 2009.
Que, el artículo 485 del Código del Trabajo, en su inciso final, es claro al establecer la incompatibilidad de la acción de protección prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y la acción de tutela de derechos fundamentales, resultando por ello improcedente la interposición de una acción de tutela referida a los hechos ventilados en el presente juicio, por lo que esta juez no puede si no desestimar la pretensión del actor en este sentido, acogiendo la excepción opuesta por la demandada.
Que, por lo razonado precedentemente, y siendo la pretensión del daño moral ventilada por el actor, una consecuencia directa de la supuesta existencia de vulneración de derechos fundamentales, la que se rechazará, no resulta procedente ni necesario pronunciarse en relación a la misma.
DECIMO: Que, habiendo acogido esta juez la excepción opuesta por la demandada y desestimando la acción deducida por el actor en lo principal, corresponde pronunciarse respecto a la acción de despido injustificado y cobro de prestaciones laborales interpuestas en subsidio por el demandante.
Que, en relación a la acción de despido injustificado, es menester establecer previamente, que de conformidad a lo dispuesto en inciso 2° del artículo 454 N° 1 del Código del Trabajo, en los juicios sobre despido, el demandado deberá acreditar la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos primero y cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido.
Que, en la carta de despido dirigida por Codelco a don Victor Salinas Rivera, fechada 08 de junio de 2009, se consignan como hechos que motivaron la decisión del empleador de desvincular al trabajador, las ausencias injustificadas de este, los días 04 y 05 de junio del año en curso; hechos que configuran a su parecer, la casual de despido, prevista en el artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo, esto es, “no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguritos…”; por lo que la controversia se circunscribe a la acreditación por parte de la demandada de los hechos alegados en su comunicación de término de contrato y determinar si los mismos configuran la causal legal invocada.
UNDECIMO: Que, con las pruebas incorporadas al juicio, analizadas conforme a la reglas de la sana crítica, esto es, sin contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los principios científicamente afianzados, resultó acreditado a juicio de esta sentenciadora, que el trabajador don Víctor Salinas Rivera no concurrió a prestar los servicios para los que fue contratado por su empleador durante los días 29 a 08 de junio de 2009, por encontrarse junto a otros trabajadores en una “protesta”, llamada por los mismos, como huelga de hambre, en dependencias de la catedral de la ciudad de Calama, motivo por el cual, con fecha 08 de junio de los corrientes, la División Norte de Codelco Chile, comunicó al trabajador su decisión de poner término a su contrato de trabajo con dicha fecha, por ausentarse injustificadamente de sus labores los días 4 y 5 de junio del año en curso.
Que, lo anterior resultó acreditado, con las probanzas consistentes en carta de despido de fecha 08 de junio de 2009, en la que constan los hechos y causal legal invocada por la demandada para poner término al contrato de trabajo de don Víctor Salinas Rivera; proyecto de finiquito de trabajo elaborado por Codelco, el que no se encuentra firmado por el trabajador, de fecha 26 de junio de 2009, en el que se consigna la fecha de despido del actor y la causal invocada por el empleador; copia de notas periodísticas que dan cuenta de huelga de hambre en la que participó el trabajador demandante; declaración de huelga de hambre, en la que consta fecha de inicio de la huelga y que don Victor Salinas Rivera participó en la misma; declaración de los testigos Gómez Aracena, Cereceda Cortés y Soto Candía, quienes contestes y dando razón de sus duchos refirieron en estrados que el ex trabajador don Victor Salinas Ramos fue despedido por su empleador por faltar injustificadamente a su trabajo los días 04 y 05 de junio de 2009. Que, en el mismo sentido, el testigo presentado por la demandante don Luis Farias señaló que participó junto al actor en una huelga de hambre la que se extendió durante 12 días, y que en la fecha en que se les dio aviso de su despido, aun se encontraban en ella, lo que coincide con lo declarado por don Gonzalo Guajardo representante de la demandada al absolver posiciones.
DUODECIMO: Que, el artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo establece como causal de terminación del contrato de trabajo la no concurrencia injustificada del trabajador a sus labores durante dos días seguidos; lo que conforme a lo preceptuado en el código del ramo y normas del onus probandi contenidas en el Código Civil, era de cargo acreditar por la demandada Codelco Chile, División Codelco Norte, lo que a juicio de esta magistratura aconteció, ya que se estiman suficientemente probados los dichos consignados en la comunicación de despido fechada 08 de junio de 2009.
DECIMO TERCERO: Que, así las cosas, acreditada las ausencias del actor los días 04 y 05 de junio de los corrientes, a éste correspondía acreditar en autos que dichas inasistencias se debían a causas justificadas, puesto que como lo preceptúa la norma antes citada, lo que habilita al empleador para poner término al contrato de trabajo, sin derecho a indemnizaciones son las ausencias “injustificadas” del trabajador.
Que, el demandante alegó en su libelo, la circunstancia de encontrarse desde el día 29 de mayo al día 08 de junio del año 2009, es decir los días 04 y 05 de junio inclusive, en una “huelga de hambre” en dependencias de la Catedral de Calama, lo que era conocido por su empleador, motivo por el cual sus ausencias al trabajo estarían por ello justificadas.
Que, resultó acreditado en juicio, con las probanzas que ya se indicaron, más los documentos consistentes en carta dirigida a don Victor Salinas Rivera, de fecha 02 de junio de 2009, firmada por don Mario Elgueta González y propuesta de la administración de fecha 03 de junio de 2009, firmada por don Juan Canales Cabezas, Subgerente de Relaciones laborales y Calidad de Vida de la División Codelco Norte, y los dichos de don Luis Rivera, que don Victor Salinas Rivera participó durante el período comprendido entre los días 29 de mayo y 08 de junio de 2009 en una “huelga de hambre” en la catedral de Calama, por lo que no asistió durante dichos dichas a trabajar, existiendo conversaciones informales para efectos que los trabajadores depusieran sus acciones con representantes de la División Codelco Norte.
Que, para determinar si las ausencias del actor a su trabajo, pueden calificarse como justificadas, debe establecerse si lo que él califica como una huelga de hambre, se encuentra reconocida en nuestra legislación laboral, lo que claramente no es así, ya que lo que se encuentra expresamente consagrado en el Código del Ramo, en concordancia a las normas Constitucionales y Tratados Internaciones, es la huelga legal, encuadrada dentro del proceso de negociación colectiva, lo que en caso alguno es lo que ocurrió en la especie, no pudiéndose desconocer que en nuestra legislación no se reconoce la “huelga justa”.
Que, no puede estimarse como legítimo el que un grupo de trabajadores en demanda de pretensiones que estiman “justas” y cuya calificación en dicho sentido no es de competencia de esta juez, utilicen como medio de presión a su empleador su inasistencia a trabajar, ni aún cuando el empleador voluntariamente haya efectuado conversaciones para efectos de disuadir su actuar, lo que de modo alguno, convertiría el actuar del actor como justificado.
Que, a mayor abundamiento, cabe hacer presente que nuestra Excma. Corte Suprema de justicia ha estimado como ausencias justificadas aquellas que se deben a un hecho no imputable al trabajador, ya sea por un acto de la administración o error común, pero siempre dentro del contexto de una huelga legal.
DECIMO CUARTO: Que, asimismo, se refiere por el actor en su demanda que al momento de ser despedido por su empleador se encontraba amparado por una licencia médica, lo que justificaría sus inasistencias e impediría a su empleador poner término legítimamente a su contrato de trabajo.
Que, correspondiendo al trabajador acreditar la circunstancia alegada, incorporó válidamente en juicio, folio de atención en el Hospital del Cobre a nombre de don Victor Salinas Rivera, de fecha 04 de junio de 2009 y Copia autorizada de licencia médica N° 2-27303420 de fecha 05 de junio de 2009, en la que consta el reposo otorgado con dicha fecha, por 10 días al actor, por razones psiquiátricas, lo que sumado a los dichos de los testigos que declararon en juicio, permite tener por acreditado que al 05 de junio de 2009 el actor se encontraba con licencia médica.
Que, habiéndose acreditado la circunstancia anterior, debía probarse por el demandante el hecho de haberse recepcionado por la demandada la licencia médica, antes de la comunicación de poner término a su contrato de trabajo, lo que a juicio de esta juez no resultó suficientemente probado, ya que el testigo Luis Farias, solamente manifestó que el demandante se encontraba con licencia médica, sin dar mayores especificaciones y los testigos de la demandada manifestaron tener conocimiento de la existencia de una licencia médica, la que habría sido entregada con posterioridad al despido del trabajador; lo que no permite a esta juez estimar que Codelco actúo a sabiendas de encontrarse el actor amparado por una licencia médica, contrariando el principio de buena fe.
DECIMO QUINTO: Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente y de estimarse por esta juez que el despido del demandante fue ajustado a derecho, no procediendo por ello las indemnizaciones legales establecidas en los artículos 163 y 168 del Código del Trabajo, no puede desconocerse que las partes, como consta en contrato colectivo de trabajo 2007-2009, pactaron una indemnización de años de servicio al término de la relación laboral, que puede denominarse “a todo evento”, ya que en el punto N° 4.6 del instrumento antes referido se establece expresamente “la indemnización por años de servicio que más adelante se contempla, procederá en todos los casos de término de contrato individual de trabajo….”, señalando a continuación las situaciones de excepción en las cuales no procede la indemnización, por lo que debe entenderse que en este caso resulta procedente que el demandado pague al actor la indemnización convencional pactada, puesto que este no fue despedido por alguna de las causales que expresamente se exceptuaron.
Que, no obsta a lo anterior, el que el actor al formular sus peticiones concretas no señalara expresamente que solicita el pago de la indemnización por años de servicio convencional, puesto que al pedir que se condene a la demandada al pago de las indemnizaciones contempladas en los artículos 161 y 163 del Código del Trabajo, se entiende comprendida aquella, ya que el legislador la establece expresamente en el inciso 1° de la segunda disposición citada y que la misma parte demandada ha efectuado una manifestación de voluntad en el sentido de pagarla, como se evidencia en proyecto de finiquito de contrato de trabajo firmado por la misma.
DECIMO SEXTO: Que, en relación a la excepción opuesta por la parte demandada en el sentido de existir límite de la indemnización por años de servicio, ha resultado acreditado en autos con la prueba documental consistente en contrato colectivo suscrito entre Codelco Chile, División Codelco Norte y el Sindicato N° 1, al que pertenecía el trabajador, de fecha 2007-2009, que da cuenta en su acápite 4.6 de un tratamiento especial en relación a la indemnización por años de servicios de los trabajadores y copia de proyecto de finiquito de trabajo emitido por Codelco Chile División Codelco Norte de fecha de 26 de junio de 2009, que da cuenta en los abonos que corresponden al trabajador de una indemnización por 20 años de servicios, que existe una manifestación de voluntad de las partes en el sentido de establecer una indemnización convencional que no se encuentra afecta a los límites establecidos para la indemnización legal, por lo que deber estarse a dicha voluntad.
Que, como ya lo ha resuelto esta juez, el artículo 163 del Código del Trabajo, en su inciso primero, establece la obligación del empleador de pagar al trabajador cuyo contrato hubiere estado vigente un año o más, al momento de la terminación, la indemnización por años de servicios que las partes hayan convenido individual y colectivamente, siempre que esta fuera superior a la establecida en el inciso segundo; que se refiere a la indemnización legal, la que está afecta al límite máximo de 330 días de remuneración.
Que, en el caso sublite, existe un contrato colectivo suscrito entre la empleadora y el Sindicato al que pertenecía el trabajador, que contiene normas especiales en relación a las indemnizaciones por años de servicios que corresponden a sus trabajadores al término de la relación laboral, por lo que nos encontraríamos en el supuesto establecido en el inciso 1° de la norma antes citada, por lo que a juicio de esta sentenciadora en dicho instrumento debió establecerse la existencia de un tope en relación a la indemnización antes referida y al no establecerse se entiende que esta no lo tiene, lo que resulta del todo coherente con el documento proyecto de finiquito válidamente incorporado en autos, en el que el propio empleador establece que la indemnización del trabajador es por 20 años de servicios, dando aplicación práctica al contrato colectivo.
Que, el artículo 1564 del Código Civil, en su inciso final, a propósito de la interpretación de los contratos, establece que las cláusulas de un contrato se interpretarán “por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con la aprobación de la otra”, lo que a juicio de esta juez resulta plenamente aplicable al presente caso, ya que fue el empleador quien manifestó su voluntad en el sentido de pagar la totalidad de años servidos por el trabajador en documento que no objetó y que es valorado de acuerdo a la sana crítica, que permite valorar la prueba en su conjunto, resultando asimismo contrario a toda lógica, el que el empleador considere una base de cálculo para aquello que lo beneficia y otra para efectos de los abonos del trabajador, por lo que se desestimará la alegación de la demandada en orden a limitar la indemnización por años de servicio del trabajador.
DECIMO SEPTIMO: Que, establecida por esta juez la procedencia del pago de la indemnización convencional por años de servicios al trabajador y que la misma debe extenderse a los 20 años servidos por éste, corresponde determinar cual es la base de cálculo de la misma, considerando que existe controversia al respecto.
Que, la parte demandante refirió en su libelo que su remuneración a la fecha del despido ascendía a la suma de $2.020.025 y la parte demandada refirió que la misma ascendía a la suma de $839.625.
Que, la demandante incorporó válidamente en juicio liquidaciones de remuneraciones correspondientes a los meses de abril y junio del año 2009, ascendiendo los haberes imponibles del trabajador en el mes de abril a la suma de $1.620.479, y la demandada sólo se limitó en su contestación a señalar el monto de la última remuneración del actor, sin acompañar antecedente alguno que diera cuenta de la misma, por lo que siendo la liquidación del mes antes referido el único antecedente con que cuenta esta sentenciadora, se estará a este monto, no pudiendo considerar el mes de junio, ya que se pudo término al contrato de trabajo del señor Salinas Rivera con fecha 08 de junio de 2009.
Que, no obsta a lo anterior, el que al revisar el contrato colectivo de trabajo, en el punto N° 4.6.1. letra c) se establezca una base de cálculo especial para los años de servicios de los trabajadores que se encuentran enfermos, correspondiente a los dos últimos meses en que tengan, a lo menos, quince jornadas diarias efectivamente trabajadas, ya que en el mes de junio no se cumple con dicha exigencia y dicha circunstancia no fue alegada por la demandada, debiendo por ello estarse esta sentenciadora a las reglas generales, lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo, máxime si hizo referencia al oponer la excepción referida al límite de la indemnización de los años de servicio a dicha disposición legal.
DECIMO OCTAVO: Que, en su demandada el actor solicitó el cobro de la remuneración correspondiente a los 8 días del mes de junio en que prestó servicios para la demandada, como asimismo el feriado proporcional del período 2008-2009, pretensiones que acreditada la relación laboral, la que se estableció como hecho no controvertido, y no probándose por la demandada la extinción de dichas obligaciones, mediante su pago, resulta procedente acogerlas.
Que, en relación a los trienios y pasajes demandados, no obstante encontrarse establecidos en el contrato colectivo que esta juez ha tenido a la vista, al no haberse aportado las especificaciones precisas al demandarlos y no acompañarse antecedentes suficientes para determinar su procedencia y cálculo, esta juez procederá a desestimarlos.
Por último, el demandante solicitó en su libelo se condenara a la demandada al pago de incremento de indemnización, no señalando en forma precisa y concreta su monto, sin perjuicio de ello, y de haber sido negada su procedencia por la demandada en su libelo, se dará lugar a ella, considerando que esta juez cuenta con documento de proyecto de finiquito firmado por el empleador en que se establece como un abono dicho concepto, el que no fue objetado, aplicando el principio de interpretación de los contratos previsto en el artículo 1564 del Código Civil.
DECIMO NOVENO: Que, la demandada opuso la excepción de compensación legal, para el evento que se estimaran procedentes por esta juez algunas de las pretensiones demandas por el actor.
Que, previo a determinar la procedencia de la excepción opuesta, es necesario señalar cuales son los requisitos para que opere la compensación de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1656 y 1657 del Código Civil. Que conforme a dichas disposiciones legales, para que opere la compensación legal es necesario: que las deudas sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad, que ambas deudas sean líquidas y ambas sean actualmente exigibles.
Que, en el caso subjudice, era de cargo de la demandada acreditar los presupuestos necesarios para que operara el modo de extinguir las obligaciones llamado compensación; que no obstante, haber declarado los testigos Gómez Aracena, Cereceda Cortés y Soto Chandía la existencia de deudas de parte del trabajador don Víctor Salinas Rivera para con Codelco, División Codelco Norte; no podemos desconocer lo previsto en los artículos 1708 y 1709 del Código Civil, normas generales en relación a la prueba aplicables supletoriamente, que establecen, que no se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito, estableciéndose asimismo, que deben constar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de dos unidades tributarias; normas que en caso alguno pugnan con la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, toda vez, que a juicio de esta juez, obedecen a reglas de la lógica.
Que, resulta de toda lógica, que si el empleador otorgó créditos a su trabajador por los montos que se consignan en la contestación de la demanda, ello debe constar en algún documento, constando asimismo, si se ha efectuado algún abono por parte del trabajador, cual es el saldo adeudado, antecedentes que no se aportaron en juicio, por lo que esta juez no puede estimar, con los vagos dichos de unos testigos, acreditada la existencia de obligaciones del trabajador para con la demandada ni su monto, por lo que no se cumple con dos de los requisitos necesarios de para efectos de estimar procedente una compensación legal; que en igual sentido, tampoco resulta procedente una compensación judicial, al estimarse insuficiente la prueba rendida para efectos de acreditar la existencia de obligaciones recíprocas.
VIGESIMO: Que, las demás probanzas incorporadas válidamente en juicio, no serán valoradas, por estimarse innecesarias, pero en nada alteran lo razonado precedentemente.
Por las consideraciones antes expuestas y visto lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3 y sgtes., 162, y sgtes.; y 420 y siguientes del Código del Trabajo; artículos 1564 y 1.698 del Código Civil; artículo 142 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; SE RESUELVE:
I.- Que se rechaza la denuncia por vulneración de derechos fundamentales deducida en lo principal por don Victor Salinas Rivera en contra de Codelco Chile División Codelco Norte, representada por don Sergio Jarpa Gibert.
II.- Que se acoge la demanda deducida por don Victor Salinas Rivera en el primer otrosi de su libelo en contra de Codelco Chile División Codelco Norte, representada por don Sergio Jarpa Gibert, sólo en cuando se condena a la demandada a pagar las siguientes prestaciones:
a) La suma $32.409.580 por concepto de indemnización convencional de años de servicios.
b) La suma de $432.128 por concepto de remuneración de los días trabajados por el actor en el mes de junio de 2009.
c) La suma de $486.144 por concepto de feriado proporcional del año 2009.
d) La suma de $902.000 por concepto de incremento de indemnización.
III.- Que, se rechaza en lo demás la demanda deducida por la parte demandante en el primer otrosi de su libelo, declarándose en consecuencia, que el despido del que fue objeto don Victor Salinas Rivera por parte de la División Norte de Codelco Chile, con fecha 08 de junio de 2009, se encuentra ajustado a derecho.
IV.- Que, en virtud de lo resuelto se rechazan las demás excepciones opuestas por la demandada Codelco Chile, División Codelco Norte.
V.- Que, atendido lo resuelto, cada parte pagará sus costas.
Notifíquese, regístrese y en su oportunidad Archívese.
Notifíquese a las partes vía correo electrónico.
Se deja constancia, que para efectos del plazo dispuesto en el artículo 457 del Código del Trabajo, esta sentencia se entenderá notificada una vez efectuada la correspondiente certificación de envió de correo electrónico por el Ministro de fe del Tribunal.

RIT: T-9-2009
RUC: 09-4-0018590-2

Dictada por doña CECILIA ANDREA TONCIO DONOSO, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Calama.