22 de junio de 2010

TUTELA; 2do JLT Santiago 21/06/2010; Rechaza tutela y demanda subsidiaria; Los hechos sobre los cuales se funda la acción tutelar resultan absolutamente vagos e imprecisos, limitándose a señalar que el despido es derechamente una represalia que constituye un apremio ilegítimo, sin indicar ningún otro antecedente que permita a lo menos configurar un indicio, de porqué sufrió una represaría, quien le causó la represaría, que hechos motivaron la represalia; RIT T-68-2010

(no ejecutoriada)

Santiago, veintiuno de junio de dos mil diez.
VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que ha comparecido a este Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en causa RIT T-68-2010, la demandante doña SANDRA ELIZABETH ALVAREZ CAMPOS, auxiliar de enfermería, domiciliada para estos efectos en Avenida Las Torres N° 5.490 Edificio C, Departamento 308, comuna de Peñalolén, Santiago, quien interpone denuncia en procedimiento de tutela laboral por transgresión de derechos fundamentales, en contra de su empleadora INTEGRAMEDICA CENTROS MÉDICOS, sociedad comercial del giro de su denominación, representada por su Gerente General don GONZALO GUERRERO YAMAMOTO, de quien ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en Avenida Vicuña Mackenna Oriente N° 6.969, tercer piso, Comuna de La Florida, Santiago, a fin de que se tutele eficazmente sus derechos fundamentales que han sido vulnerados por su empleadora con motivo del despido abusivo, discriminatorio e ilegal, de que dice fue objeto y se ordene el pago de las prestaciones que cobra en su libelo.
Fundamenta su acción tutelar, en los siguientes hechos:
Señala que con fecha 27 de Agosto de 1999, celebró un contrato individual de trabajo con la empresa Sociedad "FLORIDA SALUD INTEGRAL S.A , para desarrollar el cargo de Auxiliar de Enfermería, en las dependencias del establecimiento ubicado en Avenida Vicuña Mackenna Oriente N° 6.969, Comuna de La Florida, posteriormente mediante modificaciones del primitivo contrato de trabajo, se acordó con fecha 01 de junio de 2008 que el nuevo empleador y continuador de todos los derechos laborales del trabajador era INTEGRAMEDICA CENTROS MÉDICOS, Rut N° 76.398.000-6, reconociéndose además, que la fecha de la relación laboral se iniciaba con fecha 27 de Agosto de 1999, sin perjuicio que hubo una serie de modificaciones de mutuo acuerdo al contrato de trabajo, y se puso término en forma indebida por el empleador con fecha 23 de diciembre del año 2009.
Agrega que su remuneración mensual, ascendía a la suma de $166.596 pesos, como sueldo base mensual imponible, con una gratificación anual garantizada al 25% de lo devengado por el trabajador por concepto de remuneración durante cada ejercicio anual, con un máximo equivalente a 4,75 ingresos mínimos mensuales, cuyo pago se podía anticipar en forma mensual, en conjunto con las remuneraciones mensuales y un bono de movilización por concepto de asignación de movilización proporcional a los días trabajados de $45.121 pesos mensuales.
Indica que el día 23 de diciembre del año 2009, fue despedida por doña Patricia Espejo, mediante una serie de amenazas, ya que pretendían obligarle a presentar una renuncia voluntaria, respecto de hechos falsos y ajenos a la realidad, de hecho con fecha 19 de octubre de 2009, dejó constancia en la Inspección del Trabajo del hecho que el día sábado 17 de octubre del año 2009, los apremios ilegítimos que estaba sufriendo y que son los siguientes:
"El día 17 de octubre de 2009, la Jefa de Operaciones doña Elizabeth Hidalgo, no le dejó trabajar obligándole a que firmara una renuncia voluntaria, por acusación infundada, dejo la constancia con el objeto de no ser acusada de abandono de trabajo e inasistencia, de hecho en la carta de despido al no aceptar ni firmar la renuncia voluntaria que pretendía mi empleador, invocaron como causal de despido la falta de probidad y el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo".
Indica que con fecha 23 de diciembre de 2009, se le remite la carta de despido en la cual señalan las causales invocadas por el empleador y lo que más llamo su atención es que los hechos a partir de los cuales fundamenta las causales de despido son falsos, al sostener que: "Su término obedece a los hechos por Ud., conocidos y ocurridos el día 15 de octubre donde usted, en dependencia de su empleador procedió a sustraer un recetario médico sin autorización del facultativo respetivo y a suscribirlo suplantando y falsificando la firma de la odontóloga María Teresa Gallo Muñoz, con el objeto de obtener medicamentos de manera indebida, situación que luego fue detectada por la Sra. Danixa Áivarez Candía en el Satme de lab. Recalcine. Esta circunstancia no solo implica incurrir en las causales señaladas sino que también ha puesto en peligro la salud de potenciales personas que podrían utilizar de manera no conveniente los medicamentos que fueron por Ud., recetados".
Señala que dichos hechos, y conforme a la acta de constancia que realizó su parte demuestran la falsedad de la causal de despido, hechos de los cuales de su sólo tenor, además, son imputaciones falsas de carácter delictual que formula el empleador en contra del trabajador.
Indica que, con fecha 23 de diciembre del año 2009, se le comunicó por parte de su empleadora el término de la relación laboral, invocando como causal "la falta de probidad y el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”, sin mediar explicación alguna, ni ningún detalle sobre en qué consisten los hechos que fundaron las causales de despido invocadas.
Agrega que la verdadera razón de su despido, es derechamente una represalia que constituye un apremio ilegítimo por parte de la empresa en contra del trabajador, las causales invocadas y fundadas en hechos falsos que imputan delitos afectan en su esencia derechos fundamentales garantizados por la Constitución.
Por lo que expone y normas legales que invoca solicita tener por interpuesta denuncia por vulneración de derechos fundamentales, y en definitiva condenar a la demandada, declarando:
1. Que, se ha afectado su derecho a la intimidad, al ser despedida como represalia, siendo el verdadero motivo la represalia, y no pagar las indemnizaciones correspondientes.
2. Que, consecuencialmente, corresponde condenar a la empresa denunciada a pagarme las indemnizaciones sustitutiva de aviso previo y por años de servicio, previstas en los artículos 162° y 163° del Código Laboral, esta última incrementada en un 80% o 100%, conforme a lo previsto en la letra c) del artículo 168° del mismo cuerpo legal;
3. Que corresponde, asimismo, condenar a la empresa al pago de la indemnización especial prevista en el artículo 489° del Código del Trabajo, la que solicito sea la máxima que prevé la ley atendida la gravedad de la situación denunciada o la que SS., determine, la que en ningún caso podrá ser inferior a seis meses de la última remuneración mensual;
4. Que, se condene a la denunciada, como medida de reparación, a entregar un ejemplar del fallo que se dicte a cada uno de sus trabajadores, dentro del plazo de 15 días, para el efecto de disipar el amedrentamiento ejercido sobre mis compañeros de trabajo por efectos de las amenazas y represalias que motivan esta denuncia y lograr de este modo que el derecho de intimidad de esos trabajadores sea percibido por ellos como algo efectivo y no meramente retórico; o a aquella medida que SS., disponga;
5. Que, las indemnizaciones que ha de pagar la denunciada deberán ser incrementadas con los reajustes e intereses aludidos en los artículos 63° y 173° del Código del Trabajo;
6. Que, la denunciada deberá soportar las costas de la causa.

En subsidio de su acción tutelar y para el evento de que no se haga lugar a la denuncia formulada, y en virtud de los mismos antecedentes de hecho expuestos, interpone demanda por despido injustificado, en contra de la empresa INTEGRAMEDICA CENTROS MÉDICOS, sociedad comercial del giro de su denominación, representada por su Gerente General don GONZALO GUERRERO YAMAMOTO, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados en Avenida Vicuña Mackenna Oriente N° 6.969, Comuna de La Florida, Santiago, a fin de que se ordene el pago de las indemnizaciones de los artículos 162°, 163° y 168° del Código del Trabajo, que le corresponden a todo evento, atendida que se ha invocado como causales legales para término de la relación laboral, aquellas contenidas en el artículo 160° N°s 1o y 7o del Código del Trabajo, siendo obligación del empleador acreditar la efectividad de los hechos que motivan las causales invocadas, respecto de la "falta de probidad esta tiene que ser debidamente comprobada por el empleador", situación que no se verifica al ser hechos falsos los denunciados, por otro lado, respecto de la causal relativa al "incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo", es menester señalar que dicha causal para que se configure, requiere los siguientes requisitos copulativos:
1. Que sean relativos a obligaciones directamente relacionadas con el contrato de trabajo, sea expresamente, o bien de acuerdo al principio de la buena fe en el cumplimiento de los contratos;
2. Deben ser hechos graves y probados y
3. Deben ser sancionados en el momento oportuno, ya que de lo contrario, puede entenderse que el empleador ha renunciado a hacer valer sus derechos.
En efecto S.S., la jurisprudencia ha sostenido, en primer término, que se requiere acreditar los hechos que configuran la causal, y que éstos se encuentren suficientemente precisados, correspondiendo en autos a la contraria acreditar los hechos constitutivos del incumplimiento invocado, como asimismo, que éstos revisten de una gravedad suficiente como para poner término al contrato, sin perjuicio de que dicha calificación la deberá efectuar en definitiva el juez de la causa; además, la jurisprudencia también ha concluido que los hechos que configuren la causal deben ser de tal naturaleza y entidad que conlleven a un quiebre de la relación laboral e impida una normal convivencia entre uno y otro contratante, o formar parte de una conducta que conduzca a la indisciplina y/o lesiones o amenace en cierto modo la seguridad y estabilidad de la empresa. Por otro lado y, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 161° del Código del Trabajo, para que el tribunal., declarando injustificado el despido, ordene además el pago del incremento asociado a la aplicación improcedente del artículo 161 del Código del Trabajo.
Indica que a su vez, el artículo 168° del Código del Trabajo, autoriza al trabajador a reclamar de la injustificación de la causal de despido aplicada, en la especie, las establecidas en los artículos 159°, 160° y 161° o cuando no se haya invocado causal legal, dentro del plazo que dicha norma legal contempla. Al así solicitarlo, el dependiente tiene derecho a exigir el pago de la remuneración por omisión del aviso de despido, y de la indemnización por años de servicios.
Cuando el empleador comunica al dependiente el término de su contrato por alguna de las causales establecidas en el artículo 160° del Código del Trabajo, se parte de la premisa que la terminación del contrato de trabajo debe estar asociada, por regla general, a una causa que no sea la sola voluntad unilateral y discrecional, del empleador, por cuanto el despido debe fundarse en hechos objetivos que hagan inevitable el despido del dependiente. De esta forma, el empleador, en la comunicación que dirija al trabajador, debe señalar expresamente los hechos en que se funda ei despido por la causal invocada.
Por su parte, el artículo 168° letra c) del Código del ramo, contempla el incremento de la indemnización por años de servicios, si se ha dado una aplicación improcedente de la causal del artículo 160 del Código del Trabajo, la que va desde un incremento del 80% a un 100%.
Señala que el despido es injustificado, pues no existe razón alguna que fundamente su exoneración como elemento causal, más aún cuando se funda en hechos falsos.
Indica que en su concepto tal carencia de fundamento importa necesariamente una represalia en mi contra por haber ejercido el derecho a accionar en contra de la empresa conforme a lo expuesto en lo principal.
Por lo que expone y normas legales que invoca, solicita en forma subsidiaria y para el evento que se rechace su acción principal, se acoja su acción por despido injustificado y se condene a la demandada a pagarle las siguientes prestaciones:
1.- Indemnización por falta aviso previo, conforme lo previenen el artículo 162 del Código del Trabajo, ascendente a la suma de $365.000.-
2.- Indemnización por años de servicios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 163° del Código del Trabajo, la suma a pagar es de $3.650.000. De conformidad a lo establecido en el artículo 168° letra c) corresponde un recargo del 80% o 100% del total, en atención a la causal invocada de despido, esto es $7.300.000.- Es así como, el total a indemnizar por años de servicios es la suma de $7.300.000.-
3.- Intereses y reajustes legales sobre las cantidades reclamadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63° del Código del Trabajo, lo anterior con expresa condena costas.
SEGUNDO: Que en tiempo y forma comparece don MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ, abogado, en representación de la sociedad INTEGRAMEDICA CENTROS MÉDICOS S.A., quien contestando la demanda por tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales interpuesta en contra de la sociedad demandada, solicita su rechazo en todas sus partes, con expresa condenación costas, en base a los siguientes antecedentes de hecho y de derecho que expone:
Señala que la demandante ingresó a prestar servicios para su representada con fecha 27 de agosto del año 1999, ejerciendo sus funciones hasta el día 23 de diciembre del año 2009, fecha en la cual fue despedido por las causales establecidas en el artículo 160 N° 1 letra a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones y la del Artículo 160 N° 7, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato:
Indica que es efectivo: lo señalado en la demanda en cuanto a:
- Tiempo de duración y lugar de la relación laboral.
- Cargo, con la salvedad que a la fecha del despido la demandante se desempeñaba como cajera recepcionista.
- Horario de la jornada laboral.
- Remuneración.
Indica que los siguientes hechos no son efectivos:
- Que la actora haya sido violentada en sus derechos fundamentales, que se le haya tratado por parte de su empleadora.
- Que se le hayan proferido amenazas, no obstante que no señala cuales ni su naturaleza.
- Que los hechos denunciados como vulneración de derechos fundamentales hayan sido con ocasión del despido, y menos por parte del empleador.
- Que la actora sufriera lesiones y fracturas y que haya sido operada con ocasión del despido.
- Que sean falsos e infundados los hechos descritos en la carta de despido, los que además fueron la causa basal de éste.
- Que el despido haya sido por represalia, a pesar de que no señala ni da detalles de éstas.
EN RELACIÓN AL DESPIDO;
Indica que las razones y hechos circunstanciados, y la verdadera relación de la conducta de la demandante, son los siguientes:
En los centros médicos de su representada para la atención de pacientes en el ámbito de la medicina ambulatoria, existen unos puestos en que se entregan promocionalmente y en forma restringida y gratuita, medicamentos del laboratorio Recalcine. A su vez, existe la posibilidad de que los médicos de la red Integramédica, receten a sus pacientes algunos de los medicamentos que puedan existir en estos puestos denominados SATME.
Este sistema consiste en que el paciente una vez que le entrega la receta el médico, la presenta en el SATME, junto con su cédula de Identidad (en caso de no tenerla, sirve el comprobante de atención medica) y se le entrega el medicamento indicado para iniciar una determinada terapia, timbrándose a su vez el reverso de la receta y entregando un comprobante de despacho por la entrega.
Todos los documentos de respaldo y comprobantes de entrega emitidos se envían al laboratorio ya que hay un sistema de control de muestras médicas y auditorias.
Pues bien, ocurrió que el día viernes 16 de octubre del año 2009, doña Danixa Álvarez Candía, en ese entonces encargada del SATME, una auxiliar fue enviada por la demandante con una receta a retirar los siguientes medicamentos: "1 Ciclomex -15 Plexus Comp". I c/8 hrs. X 5 días.”
Indica que la encargada del SATME, quién regularmente entrega medicamentos recetados por los médicos del centro, le extrañó la letra y la firma de la Dra. María Teresa Gallo Muñoz, supuestamente quién había emitido la receta. Llamó también la atención que la receta dijera que era paro uso personal.
Consultada la auxiliar emisaria, señaló que había sido enviada a retirar este medicamento por doña Sandra Alvarez, circunstancia que incluso anotó al reverso de la receta.
La encargada del SATME, reparó además que la Dra. María Teresa Gallo siempre iba personalmente a retirar lo que necesitaba, y los medicamentos no eran de los que comúnmente retira, pero no cuestionó la receta ya que venía con timbre y firma. Los medicamentos fueron entregados, y al día siguiente la encargada del SATME, se encuentra con la Dra. Gallo en la sala de médicos y le preguntó si ella había mandado a retirar los medicamentos referidos ya que le había llamado lo atención la letra. La Dra. le contestó que no y sorprendida le indicó que no era su letra ni su firma y que tampoco ese día ella va a la consulta, por lo que tenía que informar a la administración por la gravedad del hecho, lo que finalmente hizo.
Indica que con esos antecedentes se informó a la Gerente del Centro Sra. Patricia Espejo G., quién con otros facultativos del centro requieren y consultan a la demandante lo sucedido, quién finalmente confiesa que ella había escrito la receta y que reconocía que había cometido un error.
Señala que dado que a los días siguientes la actora presentó licencia médica, y unida a la circunstancia de que tenía fuero, no pudo ser despedida por estos hechos sino hasta que la empleadora pudiese legalmente hacerlo.
Agrega que de esta manera, no es posible que pueda prosperar la pretensión de la señora Álvarez, ni menos pretender que se trata de una vulneración de derechos fundamentales. Comenta que lo que se pretende la actora es, fabricarse una posición de demanda de derechos fundamentales en contra de su ex empleadora, con ocasión de sus propios actos y errores.
En cuanto al derecho, indica que los hechos antes señalados no constituyen una vulneración como los que se describe y requiere el artículo 485 y siguientes del Código del Trabajo, Más aún, si se observa del relato formulado en la demanda, ninguna de las causales en las que se sustenta dice relación a que esta vulneración sea con ocasión del despido.
Por lo mismo, no puede su representado explicar hechos que no ha causado, menos cuando ni siquiera se detallan claramente.
Por lo que expone y normas legales que invoca solicita se rechace la demanda en todas sus partes y conceptos demandados, sobre la base de las consideraciones que expone, con expresa condenación en costas.
En cuanto a la acción subsidiaria, indica que contesta en base a los siguientes fundamentos:
Señala que la demandante ingresó a prestar servicios para su representada con fecha 27 de Agosto del año 1999, ejerciendo sus funciones hasta el día 23 de Diciembre del año 2009, fecha en la cual fue despedido por las causales establecidas en el Artículo 160 N° 1 letra a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones y la del Artículo 160 N° 7, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato.
En primer término señala que es efectivo lo señalado en la demanda en cuanto a:
- Tiempo de duración y lugar de la relación laboral.
- Cargo, con la salvedad que a la fecha del despido la demandante se desempeñaba como cajera recepcionista.
Horario de la jornada laboral. Remuneración.
Niega expresamente los siguientes hechos señalando que: No es efectiva las circunstancias en cuanto a:
- Que se le hayan proferido amenazas, no obstante que no señala cuales ni su naturaleza.
- Que la actora sufriera lesiones y fracturas y que haya sido operada con ocasión del despido.
- Que sean falsos e infundados los hechos descritos en la carta de despido, los que además fueron la causa basal de éste.
- Que el despido haya sido por represalia, a pesar de que no señala ni da detalles de éstas.
Señala que las razones y hechos circunstanciados, y la verdadera relación de la conducta de la demandante, serían las siguientes:
Que en los centros médicos de su representada para la atención de pacientes en el ámbito de la medicina ambulatoria, existen unos puestos en que se entregan promocionalmente y en forma restringida y gratuita, medicamentos del laboratorio Recalcine. A su vez, existe la posibilidad de que los médicos de la red Integramédica, receten a sus pacientes algunos de los medicamentos que puedan existir en estos puestos denominados SATME.
Este sistema consiste en que el paciente una vez que le entrega la receta el médico la presenta en el SATME, junto con su cédula de Identidad (en caso de no tenerla, sirve el comprobante de atención medica) y se le entrega el medicamento indicado para iniciar una determinada terapia, timbrándose a su vez el reverso de la receta y entregando un comprobante de despacho por la entrega.
Todos los documentos de respaldo y comprobantes de entrega emitidos se envían al laboratorio ya que hay un sistema de control de muestras médicas y auditorias.
Indica que el día viernes 16 de octubre del año 2009, doña Danixa Álvarez Candía, en ese entonces encargada del SATME, una auxiliar fue enviada por la demandante con una receta a retirar los siguientes medicamentos: "1 Ciclomex-15 Plexus Comp". 1 c/8 hn. X 5 días.
Señala que la encargada del SATME, quién regularmente entrega medicamentos recetados por los médicos del centro, le extrañó la letra y la firma de la Dra. María Teresa Gallo Muñoz, supuestamente quién había emitido la receta. Llamó también la atención que la receta dijera que era para uso personal.
Agrega que consultada la auxiliar emisario, señaló que había sido enviada a retirar este medicamento por doña Sandra Álvarez, circunstancia que incluso anotó al reverso de la receta.
Manifiesta que la encargada del SATME, reparó además que la Dra. María Teresa Gallo, siempre iba personalmente a retirar lo que necesitaba y los medicamentos no eran de los que comúnmente retira, pero no cuestionó la receta ya que venía con timbre y firma. Los medicamentos fueron entregados, y al día siguiente la encargada del SATME, se encuentra con la Dra. Gallo en la sala de médicos y le preguntó si ella había mandado a retirar los medicamentos referidos ya que le había llamado la atención la letra. La Dra. le contestó que no y sorprendida le indicó que no era su letra ni su firma y que tampoco ese día ella va a la consulta, por lo que tenía que informar a la administración por la gravedad del hecho, lo que finalmente hizo.
Con estos antecedentes se informó a la Gerente del Centro Sra. Patricia Espejo G., quién con otros facultativos del centro requieren y consultan a la demandante lo sucedido, quién finalmente confiesa que ella había escrito la receta y que reconocía que había cometido un error.
Dado que a los días siguientes la actora presentó licencia médica, y unida a la circunstancia de que tenía fuero, no pudo ser despedida por estos hechos sino hasta que la empleadora pudiese legalmente hacerlo.
Agrega que los hechos antes señalados, constituyen una evidente conducta indebida de carácter grave tal como se señala en la carta de despido, por lo cual, no corresponde el pago de las indemnizaciones demandadas, las que deben rechazarse en todas sus partes, con costas.
TERCERO: Que, se llevó a efecto la audiencia preparatoria celebrada con fecha 07 de mayo de 2010. El tribunal llamó a las partes a conciliación, proponiendo bases de acuerdo, sin resultados positivos, sin perjuicio de lo anterior y por acuerdo de las partes se fijaron como hechos no controvertidos los siguientes:
1) Que entre las partes existió relación laboral la que se inició el día 27 de agosto de 1999 y concluyó el día 23 de diciembre de 2009.
2) Que la demandada puso término a la relación laboral de la demandante invocando al efecto el artículo 160 N° 1 letra a) y 7 del Código del Trabajo, esto es, falta de probidad e incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.
3) Que la remuneración de la demandante ascendía a la de $365.000 mensuales.
Posteriormente se recibe la causa a prueba y se fijaron como hechos a probar los siguientes:
1) Funciones desempeñadas por la demandante.
2) Efectividad de haber acaecidos los hechos que se señalan como fundantes del despido y que se invocan en la carta aviso del mismo.
3) Efectividad que las medidas adoptadas por el empleador ante los hechos señalados en la carta de despido, fueron proporcionales a las facultades que la ley le reconoce.
4) Efectividad de haber vulnerado la demandada con su actuar del 23 de diciembre de 2009 las garantías contempladas en los N° 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respecto de la demandante.
5) Efectividad de haber sido objeto la demandante, de apremios ilegítimos el día 17 de octubre de 2009 para obtener su renuncia por parte de la demandada, y que tal circunstancia la puso en conocimiento de la Inspección del trabajo con fecha 19 de octubre 2009.
6) Efectividad que la demandante con posterioridad al 17 de octubre de 2009 presento licencia médica, época de duración de la misma.
CUARTO: Que para acreditar sus alegaciones, las partes rindieron e incorporaron en la audiencia de juicio, los siguientes medios probatorios:
DE LA DEMANDANTE:
Documental:
1) Contrato de trabajo, con tres anexos, dos de fechas 01/06/2008 y uno de fecha 01/04/2006.
2) Acta de comparendo de conciliación ante la Inspección del trabajo de fecha 23/12/2009.
3) Carta aviso de termino de la relación laboral de fecha 23/12/2009.
4) Constancia denuncia ante la Inspección del trabajo 19/10/2009.
5) Copia reclamo 1324/2009/5224 de fecha 23/12/2009.
Testimonial:
Comparece doña Andrea Campos Campos, Rut 15.600.242-6., quién legalmente juramentada expone sobre los hechos que constan en el registro de audio.
Oficios:
Se incorpora respuesta oficios debidamente diligenciados de la Dirección del Trabajo y Ministerio Público.
DE LA DEMANDADA:
Documental:
1) Comprobante de licencia médica de la demandante N° 25023464, de fecha 20/10/2009.
2) Original de la receta médica que fue sustraída, de fecha de emisión 15/12/2009, suscrita por María Teresa Gallo Muñoz.
3) Set de cuatro hojas emitidas por el Ministerio Publico, Fiscalía Local de La Florida, parte denuncia realizada por María Teresa Gallo Muñoz con fecha 06/11/2009. ruc 0901061247-8.
Confesional:
Comparece la demandante doña Sandra Elizabeth Álvarez Campos, Rut 12.890.462-K, quien legalmente juramentada, absuelve posiciones declarando lo siguiente: “Interrogada: Cuales eran las labores que usted desempeñaba al momento de su despido, Responde: Secretaria Recepcionista; Interrogada: esto que implicaba, en el hecho cuales eran las labores que tenía que realizar; Responde: Contestar teléfono, como call center, ya que tomábamos las horas de los médicos del piso, cajera porque recibíamos dinero del pago de las consultas de los médicos, y secretaria porque también se atiende a los pacientes de los médicos, si necesitan algún papel o algo. Interrogada cuanto tiempo trabajó; Responde: como 8 años; Interrogada: Usted escuchó las conclusiones de la perito, se le exhibe la receta médica, y se le pregunta su ella la hizo de puño y letra, especialmente donde dice doctora María Teresa Gallo y los medicamentos que están escritos ahí: Responde: si yo lo hice; Interrogada: cual es el motivo por el cual en su demanda señala que los motivos por los cuales se le imputa en la carta de despido esa confección que usted ha reconocido son falsos. Responde: por la firma, porque era una conducta habitual en Integramédica, y las recetas estaban siempre preparadas, entonces yo no la firmé, yo solo la saqué, escribí el nombre de los medicamentos y el nombre de la doctora, porque a veces venían pacientes a buscar recetas y los médicos no estaban y había que dárselas: Interrogada: Quien le pidió que hiciera esa receta: Nadie, yo la hice para mi, de uso, porque Recalcine regalaba los medicamentos, era una conducta habitual, que todo el mundo lo hacía y los pedí ahí, porque eran gratis: Interrogada: O sea, usted hizo la receta para obtener medicamentos de uso personal: Responde: Claro por necesidad, porque los medicamentos que están aquí suscritos los necesitaba yo y son caros, y uno nunca tenía los recurso como para hacerlo. Interrogada: después que se descubrió que usted suscribió la receta usted presentó una licencia médica, podría decirnos porque, en que consistió y cuanto duró, Responde: Fue por 15 días o por 7 días no lo recuerdo, pero fue porque me amenazaron que si no firmaba mi renuncia, iba a tener mis papeles manchados, y mis compañeras sabían que yo no estaba tranquila en el piso, ya veía que en cualquier momento se habría el ascensor y llegaba carabineros o investigaciones y me tomaban detenida. Interrogada: pero el motivo medico: Responde: no estar en el trabajo, o sea, estrés laboral. Interrogada: Usted participó en la negociación colectiva que en ese momento había en Integramédica: Responde: Sí porque había que firmar sí o sí, Interrogada: Pero, participó en la comisión negociadora: Responde: No, yo no, participe años anteriores, pero mis estudios ya no me lo permitían, así que ya no participaba en nada de eso.
Testimonial:
Comparece doña María Teresa Gallo Muñoz, Rut 07.424.169-7, quién legalmente juramentada expone sobre los hechos que constan en el registro de audio.
Peritaje:
Se incorpora Peritaje Calígrafo mediante la declaración en juicio de la perito calígrafo, doña Magdalena Carrasco Moyano, Rut 6.920.938-6, el que consta en el sistema de audio y cuyas conclusiones son las siguientes:
1.- Que la firma trazada a nombre de la Doctora María Teresa Gallo Muñoz, en la Receta de INTEGRAMEDICA, de fecha 15 de Octubre del 2009, no se corresponde con la media firma de esta persona.
2.- Que las anotaciones manuscritas que ostenta la Receta de INTEGRAMEDICA, de fecha 15 de Octubre del 2009, no fueron confeccionadas por la doctora María Teresa Gallo Muñoz.
3.- Que las anotaciones manuscritas de la Receta de INTEGRAMEDICA, de fecha 15 de Octubre del 2009, exceptuando las grafías que señalan "H - 08892 1" y "A 09129 7", fueron confeccionadas por Sandra Elizabeth Álvarez Campos.
4.- Por las razones señaladas en el respectivo punto de la Investigación pericial, no es factible atribuir o descartar la participación caligráfica de Sandra Elizabeth Álvarez Campos en la confección de la media firma trazada en la Receta de INTEGRAMEDICA, de fecha 15 de Octubre del 2009 cuestionada.
5.- Las letras y guarismos que indican "H - 08892 1" y "A 09129 7" trazados en la Receta de INTEGRAMEDICA, de fecha 15 de Octubre del 2009 dudosa, no fueron escritos por Sandra Elizabeth Álvarez Campos.
En cuanto a la acción tutelar:
QUINTO: Que los hechos que la demandada alega como constitutivos de la vulneración alegada consisten que “fue despedida por doña Patricia Espejo, mediante una serie de amenazas, ya que pretendían obligarle a presentar una renuncia voluntaria, respecto de hechos falsos y ajenos a la realidad, de hecho con fecha 19 de octubre de 2009, se dejo constancia en la Inspección del Trabajo del hecho que el día sábado 17 de octubre del año 2009, los apremios ilegítimos que estaba sufriendo y que son los siguientes:
"El día 17 de octubre de 2009, la Jefa de Operaciones doña Elizabeth Hidalgo, no me dejó trabajar obligándome a que firmara una renuncia voluntaria, por acusación infundada, deje la constancia con el objeto de no ser acusada de abandono de trabajo e inasistencia, de hecho en la carta de despido al no aceptar ni firmar la renuncia voluntaria que pretendía mi empleador, invocaron como causal de despido la falta de probidad y el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo".
SEXTO: Que los hechos sobre los cuales la denunciante fundamenta su acción tutelar resultan absolutamente vagos e imprecisos, sólo se limita a señalar que su despido es derechamente una represalia que constituye un apremio ilegítimo, sin indicar ningún otro antecedente que permita a lo menos configurar un indicio, de porqué sufrió una represaría, quien le causó la represaría, que hechos motivaron la represaría, etc., asimismo, indica que ésta supuesta represaría constituye un apremio ilegitimo, sin indicar cual es el apremio ilegitimo que denuncia, quién lo habría causado, que hechos lo habrían motivado , etc.
Todos los antecedentes que aporta la denunciante en su libelo, llevan a concluir que la conducta que considera apremio ilegitimo y represaría, es el despido del que fue objeto, el cual, sin mayores antecedentes que permitan establecer que dicho despido sea consecuencia de una represalia que atente contra un derecho fundamental o la garantía de indemnidad, no cabe más que concluir, que no existió acto vulneratorio alguno en contra de la demandada basado en motivaciones ilícitas, por cuanto, la demandante no cumplió siquiera el estándar mínimo de determinación de los hechos que alega, e incluso, y pese a la vaguedad de los hechos denunciados, del material probatorio incorporado no se aportan indicios que cumplan con los parámetros mínimos en materia de tutela laboral, o sea la multiplicidad de ellos, la concordancia, es decir que éstos deben coincidir en una misma dirección, plausibilidad, o sea, que los hechos de cada indicio se encuentren acreditados fehacientemente y coherencia de los mismos, lo que implica que las inferencias sean racionales y se correspondan con los dictados del buen sentido y de la lógica.
SEPTIMO: Que, de acuerdo a lo expuesto, no cabe estimar que la demandada haya incurrido en las conductas que se denuncian como represarías y apremios ilegítimos en contra de la trabajadora, razón por la cual la denuncia será desestimada.
En cuanto a la acción subsidiaria:
OCTAVO: Que, respecto de la demanda subsidiaria por despido injustificado, como consta de la carta de despido incorporada, la causal de término de la relación laboral invocada por la demandada es la indicada en el artículo 160 N°1 letra a) del Código del Trabajo, esto es, esto es, Falta de Probidad, y la del artículo 160 Nº 7, esto es incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, y el fundamento fáctico lo hace consistir en: “Su termino obedece a los hechos por Ud. conocidos y ocurridos el día 15 de octubre donde usted, en dependencias de su empleadora procedió a sustraer un recetario médico sin autorización de la facultativa respectiva y a suscribirlo suplantando y falsificando la firma de la odontóloga María Teresa Gallo Muñoz, con el objeto de obtener medicamentos de manera indebida, situación que luego fue detectada por la Sra. Danixa Álvarez Candia en el SAME de Lab. Recalcine.
Esta circunstancia no solo implica incurrir en las causales señaladas sino que también ha puesto en peligro la salud de potenciales personas que podrían utilizar de manera no conveniente los medicamentos que fueron por Ud. recetados.”
NOVENO: Que atendido lo señalado en el motivo precedente, es menester determinar ahora, si los hechos en que se fundan las causales del despido resultan suficientemente probados por la demandada.
Al respecto, es necesario hacer presente que respecto de la causal invocada por la demandada correspondiente al artículo 160 N° 1 letra a) del Código del Trabajo, esto es, “Falta de Probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones”, es menester señalar, que dicha causal hay que entenderla relacionada con el comportamiento que observa el individuo dentro de su trabajo, con su forma de actuar, de suerte que si ésta no se ajusta a los cánones de buena conducta, responsabilidad y corrección en los asuntos que le son confiados, acarreará el despido inmediato y con privación de acceder al pago de indemnizaciones correspondientes.
Que, por otra parte, en la configuración de la causal de falta de probidad, lo que se discute, no tiene que ver con lo valores económicos, sino que con la confianza depositada en el trabajador y la correspondiente lealtad esperada, en relación a su cargo, de otro lado, para que pueda tenerse por configurada dicha causal, debe ser debidamente probada, esto es, verificarse los hechos dolosos atribuidos al trabajador y la entidad de las acciones, de esta manera la falta de probidad, o sea la rectitud, integridad y honradez en el obrar, debe quedar firme con los antecedentes que se aporten al proceso.
DECIMO: Que, atento a lo establecido precedentemente, correspondía a la demandada probar los hechos en que funda el despido, y la causal invocada para ello, al efecto, rindió e incorporó en juicio, la confesión de la demandante, quien declaró ante estrados, señalando que efectivamente confeccionó la receta medica que se indica en la carta de despido, escribió en ella los medicamentos y el nombre de la doctora María Teresa Gallo Muñoz, confesando además que los medicamento que eran para su uso personal, justificando su accionar en el hecho que los medicamentos eran caros y ella no tenía los recursos para comprarlos e indicando que era una conducta habitual en Integramédica, y que todo el mundo lo hacía.
Que la conducta de la demandante y la justificación de la misma, no se condice con un recto obrar en el desempeño de sus funciones, en efecto, que una persona tome un recetario de un profesional médico, confeccione la receta y ponga el nombre del profesional, quién no ha intervenido en su otorgamiento y no tiene conocimiento que su nombre se esta utilizando para recetar remedios sin su consentimiento, no es, ni puede ser una acto habitual en ninguna parte, alegar lo contrario atenta contra las normas de la lógica y la experiencia, además de constituir un ilícito de carácter penal.
Reafirma lo anterior, la declaración de la propia afectada, Dra. María Teresa Gallo Muñoz, quién al ser interrogada por el Tribunal, si es práctica habitual en el ejercicio de su profesión que le encargue la confección sus recetas a una asistente, y esta solo se limite a sacarle la firma, responde que nunca, que ella siempre confecciona sus propias recetas.
UNDECIMO: Que atendido a las pruebas incorporadas en este juicio por la demandada, y lo señalado precedentemente, esta magistratura estima que se encuentra acreditada y debidamente justificada la causal invocada por la demandada para poner término al contrato de trabajo que la vinculaba con la demandante, encontrándose acreditado que la actora, en el ejercicio de sus funciones, efectivamente desarrolló conducta que permite configurar la causal que originó su despido, esto es, la causal prevista en el artículo 160 N° 1 letra a) del Código del Trabajo, ello se desprende de lo señalado en su carta de notificación de despido, que guarda estrecha relación con lo confesado en juicio por la demandante, con lo declarado por la testigo de la parte demandada, por el resultado del peritaje incorporado en juicio, y por los documentos reseñados precedentemente.
Que atendido lo señalado anteriormente, y estimando el tribunal suficientemente acreditada la causal del artículo160 N° 1 letra a) del Código del Trabajo, resulta inoficioso pronunciarse respecto de la concurrencia de la causal del articulo 160 Nº 7, fundada en los mismos hechos.
DUODECIMO: Que, por lo concluido y razonado en los motivos anteriores, resulta forzoso rechazar la demanda en cuanto se solicita por la demandante se declare injustificado el despido del que fue objeto, y en consecuencia, el pago de indemnización sustitutiva del aviso previo y por años de servicios.
DECIMO TERCERO: Que la prueba analizada lo ha sido conforme a las reglas de la sana crítica, y la restante documental y la declaración de la testigo de la demandante, no contiene información que contradiga aquellos hechos asentados por los medios que se han tenido en consideración para resolver la controversia en este pleito.
Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 7, 160, 162, 162, 168, 172, 425 y siguientes, 456, 459, 485 y siguientes del Código del Trabajo, se resuelve:
I.-Que SE RECHAZA, en todas sus partes, la acción de tutela de derechos deducida en lo principal del libelo de autos;
II.-Que SE RECHAZA, en todas sus partes, la acción de despido injustificado deducida subsidiariamente por la demandante;
III.-Que no se condena en costas a la trabajadora por estimarse que tuvo motivos plausibles para litigar.

Regístrese y archívese en su oportunidad.
RIT T-68-2010

Dictada por don RICARDO ARAYA PEREZ, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

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