18 de septiembre de 2009

RECLAMACIÓN DE MULTA ADMINISTRATIVA; Multa dejada sin efecto; Falta de elementos suficientes para sostener existencia de relación laboral; RIT I-2-2009.

Valdivia, quince de junio del año dos mil nueve.


Vistos, oídos y considerando:

PRIMERO: Que ha comparecido a este tribunal Claudio Andrés Márquez Oyarzún, abogado, en representación de Sociedad Apache Inversiones Limitada, R.u.t. N°76.012.909-7, domiciliada en calle General Lagos N°1083, deduciendo reclamo en contra de la resolución dictada por el Inspector Provincial del Trabajo de Valdivia, Kanfuff León Rojas, quien actuando por orden del Director, dictó la resolución N°4220/08/95-1,-2,-3,-4,-5,-6 y-7, con fecha 18 de diciembre del 2008. Alega en síntesis, que todas las multas impuestas tienen un denominador común, cual es la existencia de una supuesta relación laboral entre su representado y las personas que se indican en la constatación de hechos de la resolución N°4220/08/95-1, eso es, los señores Cristian Soto, Francisco Isla, Francisco Silva, Cristian Álvarez, Manuel Villanueva, Ignacio Sandoval, Romina Contardo, Viviana Fuentealba, Andrea Álvarez y Rodrigo Ponce. Expone que la Inspección del Trabajo de Valdivia impuso las siguientes multas: 1.-La multa Nº 4220/08/95–1, por no escriturar el contrato de trabajo de los citados trabajadores; 2.- La multa Nº 4220/08/95–2, por no entregar un comprobante de remuneraciones con indicación del monto pagado, de la forma en que se determinó y de las deducciones efectuadas. 3.- La multa Nº 4220/08/95–3, por no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales de las personas indicadas. 4.- La multa Nº 4220/08/95–4, por no entregar un ejemplar del reglamento interno de higiene y seguridad. 5.- La multa Nº 4220/08/95–5, por no informar a los trabajadores los riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas pertinentes y métodos de trabajo correctos. 6.- La multa Nº 4220/08/95–6, por no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales del Seguro de Cesantía de los trabajadores indicados. 7.- Por último, la multa Nº 4220/08/95–7, impuesta por no contar con servicios higiénicos separados e independientes para hombres y mujeres, lo que es una medida para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, de acuerdo a lo previsto en el artículo 22 del D.S. Nº 594 de 1999 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en relación con el artículo 184 del Código del Trabajo. Cada una de dichas las multas, presupone la existencia de la relación laboral entre los trabajadores señalados y la empresa reclamante, y, los fundamentos legales de cada una de ellas y que en cada caso indica, parten siempre del mismo supuesto. A objeto de fundamentar la inexistencia de la relación laboral, expone que no puede considerarse de naturaleza laboral la relación existente entre su representada y los Sres. Cristian Soto, Francisco Isla, Francisco Silva, Cristian Álvarez, Manuel Villanueva, Ignacio Sandoval, Romina Contardo, Viviana Fuentealba, Andrea Álvarez y Rodrigo Ponce, por cuanto no se encuentran presentes todos y cada uno de los elementos que determinan la existencia de la relación laboral, particularmente no se aprecia la subordinación o dependencia ni la remuneración, la cual se manifiesta a través de los siguientes requisitos copulativos: 1.- El cumplimiento de horario; 2.- La supervigilancia en el desempeño de las funciones; 3.-La obligación de ceñirse a las instrucciones impartidas por el empleador; 4.- La obligación de mantenerse a disposición del empleador. Invoca fallos en tal sentido. 5.- La continuidad en la prestación de los servicios. Alega que el inspector de la Inspección del Trabajo, concurrió en una sola oportunidad a las dependencias de su representada, lo cual es absolutamente insuficiente para acreditar la existencia de la relación laboral en los términos expuestos. Finalmente, alega que conforme lo señala el artículo 8° del Código del Trabajo, no dan origen a contrato de trabajo aquellos servicios que se efectúan discontinua o esporádicamente a domicilio, caso en el cual se encontraban las personas por las que se impuso la multa y que ya han sido individualizadas toda vez que ellos prestaban servicios en forma esporádica. Por último alega que su representado fue sancionado con seis multas infringiendo el principio del non bis in idem, ya que todas las multas son consecuencia de su representado estimó que la relación no era de naturaleza laboral sino civil, por ello en caso de que se determine que la primera de ellas procedía, deben dejarse sin efecto las demás por aplicación del mismo principio. En consecuencia solicita que se dejen sin efecto todas las multas impuestas por no existir relación laboral, y en su defecto para el caso de considerar que dicha relación existe, mantener sólo la primera dejando sin efecto las demás.

SEGUNDO: Que por su parte la Inspección del Trabajo de Valdivia contesta el traslado evacuado solicitando el rechazo de la reclamación con costas. Funda sus alegaciones en que con fecha 9 de diciembre de 2008, ingresa una comisión de fiscalización a la Sociedad reclamante. Esta comisión de fiscalización es asignada al fiscalizador dependiente de la Inspección Del Trabajo de Valdivia don Luis Rubio Araya, quien la realiza el 18 de diciembre de 2008, quien luego de hacer la correspondiente revisión documental, entrevistas y observación en terreno, pudo constatar las siguientes infracciones a la legislación laboral: 1.- No escriturar contratos de trabajo. 2.- No entregar comprobante de pago de remuneraciones. 3.- No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales. 4.- No entregar ejemplar escrito del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. 5.- No informar a los trabajadores acerca de los riesgos laborales. 6.- No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales del seguro de cesantía. Y 7.- No contar con servicios higiénicos independientes y separados para hombres y Mujeres. Las infracciones señaladas fueron sancionadas a través de Resolución de Multa Nº4220/2008/095 de 18 de diciembre del mismo año, y notificada en forma personal el 28 de Enero de 2009. El fiscalizador en terreno pudo comprobar, mediante la observación, que los dependientes del reclamante, además de estar bajo las órdenes de los representantes de la Sociedad, éstos llevaban un registro de asistencia del cual da cuenta en el respectivo informe de fiscalización, determinando de esta manera que la jornada laboral era desde las 21 horas hasta las 3 horas del día siguiente, y la distribución de la jornada laboral era de miércoles a Sábado. Quien actuaba como representante del empleador, en conformidad al artículo 4º del Código del Trabajo el día de la fiscalización, era la Sra. Soledad Schneider, quien se desempeñaba en aquel momento como administradora del local, y quien además ejercía las funciones de subordinar a los trabajadores, controlándolos y convocándolos para acudir al Trabajo, controla su asistencia, siendo ella quien firma el acta de Constatación de hechos en terreno. Todo lo anterior queda debidamente consignado en los informes de fiscalización emitidos por el funcionario de la Inspección del Trabajo de Valdivia. Respecto a la justificación jurídica de la multa recurrida, señala que respecto de las dos primeras sanciones, ellas fueron impuestas por la situación de informalidad laboral, por no cumplirse lo dispuesto en los artículo 9 inciso 1° y 2°, y artículo 54 inciso final. Hace hincapié en el carácter consensual del contrato de trabajo y cita dictámenes del la Dirección del Trabajo en dicho sentido. Alega que cuando un fiscalizador de la Dirección del Trabajo, concurre, como en este caso, a fiscalizar a un empleador, debe atender en su apreciación a los hechos, siguiendo el Principio de Primacía de la Realidad, el carácter consensual del contrato de trabajo, recogidos en la jurisprudencia emanada de la Dirección del Trabajo, la que le es obligatoria. Ocurre que cuando se fiscalizó a la reclamante, el fiscalizador constató en forma personal que en los hechos entre los trabajadores y el reclamante de autos existía una relación laboral, ya que concurrían todos los elementos establecidos en el artículo 7 del Código del Trabajo. Que a mayor abundamiento, la Dirección del Trabajo está plenamente facultada para sancionar la no escrituración de los contratos de trabajo, por lo establecido en el artículo 9 en relación con el 505, ambos del Código del Trabajo. En cuanto a las sanciones impuestas por no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales, por no entregar ejemplar escrito del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, por no informar a los trabajadores acerca de los riesgos laborales, por no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales del seguro de cesantía y por no contar con servicios higiénicos independientes y separados para hombres y mujeres, expone que la reclamante no controvierte la veracidad de los hechos constatados como infracciones laborales. Lo que señala es que estas conductas no le son exigibles, dado que sostiene que no existe relación laboral con las personas respecto de las cuales se aplicó la multa. Es decir, admite como cierto lo constatado, en el sentido de no escriturar contrato, no otorgar comprobantes de pago, y de las demás infracciones. Es decir, la materia controvertida del juicio es la existencia de la relación laboral que fue constatada por el fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Valdivia. Ahora bien, en consecuencia, de determinarse esta situación, entonces necesariamente se tiene como admitido por la reclamante que las infracciones son ciertas. En cuanto a la continuidad de la prestación de los servicios como supuesto elemento necesario en la relación laboral, cabe señalar que ese argumento debe rechazarse de plano por cuanto el artículo 8 citado por el reclamante, expresamente señala: “Los servicios prestados por personas que realizan oficios o ejecutan trabajos directamente al público, o aquellos que se efectúan discontinua o esporádicamente a domicilio…”, norma que utiliza el vocablo “o”, para referirse a aquellos casos de personas que atienden directamente al público, o aquellas que prestan sus servicios a domicilio, caso éste último en el cual si los servicios son discontinuos o esporádicos, éstos no constituyen relación laboral. En consecuencia, y a contrario sensu, las relaciones laborales que no son “a domicilio”, pueden perfectamente discontinuas o esporádicas, hecho que además es ampliamente reconocido por la legislación eventual. Por otra parte, el reclamante intenta afirmar que la prestación de los servicios de las personas por las cuales fue sancionado sería a domicilio, en el local donde funciona la sociedad, afirmación que resulta evidentemente absurda, ya que se trata de un local nocturno, aparentemente discoteca, si ello es considerado una prestación de servicios a domicilio, entonces todos los trabajadores tendrían esa calidad, o sea los que se desempeñan en restaurantes, hoteles, oficinas, etc. Agrega que basta con una sola visita Inspectiva para que el fiscalizador pueda constatar los elementos de una relación laboral, a través de la observación, declaraciones y revisión documental. Expone que una reciente jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, se ha pronunciado justamente en el sentido de reconocer que la Dirección del Trabajo tiene plenas facultades para sancionar la no escrituración de un contrato de trabajo cuando ha constatado una relación laboral. En relación con la petición subsidiaria de la demanda, alega que no hay infracción al principio non bis in ídem ya que existe relación laboral respecto de cada uno de los trabajadores por los cuales se aplicó la sanción, y respecto de esas relaciones laborales existen múltiples infracciones, lo que es perfectamente posible. Agrega que la reclamante textualmente señala en su presentación que su “representado, creyendo que la naturaleza de la relación era de carácter civil, no escrituró los correspondientes contratos de trabajo;…” lo que estima es una confesión de parte, ya que es evidente que el reclamante, en su propio reclamo ha confesado que estaba actuando bajo una creencia errada.

TERCERO: Que la reclamante para acreditar sus alegaciones ha rendido en la audiencia de juicio las siguientes probanzas:

1.- Copia de la resolución N° 4220/08/95, de fecha 18 de diciembre de 2008, que dan cuenta de las multas impuestas y que fueron detalladas en el primer considerando de este fallo.

2.- Copia del acta de notificación de las mismas multas señaladas.

3.- Declaración del testigo Francisco Andrés Isla Duarte, quien previamente juramentado e individualizado expone que trabaja en la empresa demandada, que antes no tenía obligación de asistir ya que era ayudante, registraba su asistencia diciéndole a la administradora que había llegado, y le pagaban cada noche después de que terminaba de trabajar, expone que las primeras veces se le dijo lo que tenía que hacer, que después ya no porque no era necesario recibir instrucciones ya que lo que le correspondía hacer era recoger los vasos de las mesas, lavarlos y dejarlos posteriormente en la barra. Agrega que posteriormente empezó a registrar su asistencia en un libro de asistencia cuando lo contrataron como encargado de local, eso fue el primero de abril de este año. En cuanto a lo ocurrido el 18 de diciembre expone que en general no se acuerda lo que pasó, salvo que llegó el fiscalizador de la Inspección del Trabajo y le preguntó su nombre y carnet.

4.- Declaración de la testigo Mónica Andrea Castillo Flores, quien previamente juramentada declara que el 18 de diciembre del año 2008 ella se encontraba en el local de la empresa demandada por lo que presenció la fiscalización, la cual duró 10 o 15 minutos, expone que el fiscalizador no le pidió ningún dato. Señala que ella era encargada en temas de producción porque es amiga del dueño de la discoteca, pero que lo hacía como favor.

5.- Oficio de la Notaria Podlech por el cual remite a este tribunal copia de un proyecto de transacción entre la Sociedad Apache Inversiones Limitada y don Cristian Andrés Álvarez Vásquez, de fecha 13 de febrero de 2009, Repertorio 565, firmada sólo por este último, por la que las partes acuerdan en su cuarta consideración que: “Con un mayor análisis de la situación las partes llegan a la conclusión de que la prestación de servicios que hizo don Cristian Andrés Álvarez Vásquez no fue de naturaleza laboral principalmente por ausencia del vínculo de subordinación o dependencia. Las partes consideran que tal subordinación no existió debido a que en los servicios que prestó don Cristian Andrés Álvarez Vásquez no había continuidad, ya que se prestaban los servicios en forma esporádica, en la prestación de servicios no había un cumplimiento de jornada de trabajo; tampoco existía la sujeción a instrucciones por parte de don Cristian Andrés Álvarez Vásquez a la Sociedad señalada; ni se encontraba a disposición de la sociedad, razón por la cual arriban a la conclusión de que la relación que los unió no era de naturaleza laboral sino que una prestación de servicios a honorarios”. En su considerando quinto acuerdan el precio de la transacción en la suma de $400.000.-

CUARTO: Que la reclamada para acreditar sus alegaciones ha rendido en la audiencia de juicio las siguientes probanzas:

1.- Informe de fiscalización N° 1401-2008-1310, formulario F11, practicada a la demandada de fecha 13 de enero del año 2009, suscrito por el fiscalizador Luis Alberto Araya Rubio, el cual da cuanta que el día de la fiscalización habían 10 personas trabajando, tres mujeres y siete hombres, que el resultado de la fiscalización fue la imposición de las 7 multas que indica. Detalla que se entrevistó a los trabajadores presentes, quienes informan que registran su asistencia los días que son llamados a trabajar en un libro de horas y firmas, que posteriormente se requirió la presentación de documentación laboral, consistente en contratos de trabajo y comprobante de pago de remuneraciones, informando el representante de la empresa que esa documentación no existía por cuanto a los jóvenes presentes se les pagaba con boleta de honorarios emitidas por la empresa. Se sanciona por no escriturar contratos de trabajo, no entregar el comprobante de pago de remuneraciones y la no declaración de cotizaciones previsionales y de la AFC. Se requirió también la presentación de acta de entrega de reglamento interno de higiene y seguridad y las charlas del derecho a saber a los trabajadores, no siendo exhibidas estas últimas por parte del representante del empleador, posteriormente en visita ocular a recinto se constata que esta cuenta con un solo baño para trabajadores, sancionándose estos hechos.

2.- Acta de entrevista y de revisión documental que se hizo a cada uno de los trabajadores por los cuales se aplicó la sanción.

3.- Acta de hechos constatados relativos a condiciones de salud y seguridad básica en los lugares de trabajo.

4.- Acta de constatación de hechos en terreno de fecha 18 de diciembre de 2008, que da cuenta de los hechos constatados por el fiscalizador y dieron origen a las multas impuestas, los cuales ya fueron detallados en el considerando primero de este fallo por lo que no se reiteran por ser innecesario.

5.- Acta de audiencia única de contestación, conciliación y prueba de procedimiento monitorio de este Tribunal cuyo rol es M-2-2008, en la cual consta la sentencia dictada que acoge la demanda, declarándose la existencia de la relación laboral entre el demandante Luis Mauricio cañete Villanueva y le demandada Sociedad Apache Inversiones Limitada.

6.- Fiscalizador que realizó la comisión, don Luis Rubio Araya, fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Valdivia, quien previamente juramentado expone que el 18 de diciembre de 2008, se constituyó en la discoteca Apache a las 21:00 horas, mientras ingresaban trabajadores, solicitó la presencia de el administradora Soledad Schneider y entrevistó a los trabajadores presentes, 7 hombres y tres mujeres, para posteriormente efectuar una revisión documental y inspección ocular a las dependencias de dicha discoteca. Verificó que no tenían contrato de trabajo ni comprobantes de pago de remuneraciones y consultó si sabían si sus cotizaciones estaban canceladas o declaradas y de quien recibían instrucciones a lo que los trabajadores contestaron que recibían instrucciones de la administradora, posteriormente constató algunos hechos infraccionales en materia de higiene y seguridad. Al momento de llegar al lugar los trabajadores estaban firmando un libro de registro donde quedaba consignada la hora y la firma de cada trabajador, en ese momento estaba consignada solo la entrada, al revisar el registro estaba la hora de ingreso y salida de fechas anteriores. Expone que estuvo desde las 9 hasta las 11 de la noche aproximadamente, y que observó a las personas trabajando, algunas personas barrían y cuando llego la señora Soledad empezó a dar instrucciones verbales a la gente que estaba en una barra, a la gente que iba quedarse en la parte donde guardan el vestuario, a la persona que iba estar en caja, entre otras materias. Expone que cuando le informó del procedimiento de fiscalización a la administradora, le preguntó quién convocaba a los trabajadores, porque en el registro de asistencia figuran aproximadamente 35 a 37 trabajadores y no todos estaban presentes al momento de la fiscalización, a lo que la administradora respondió que ella telefónicamente los llamaba para ciertas ocasiones, no necesariamente tenían que estar todas las personas que figuraban en el registro de asistencia, que dependía del día porque había días que tenían más o menos movimiento según la afluencia de público, que dependía del fin de semana, que si era fin de mes o quincena ella convocaba a más trabajadores.

QUINTO: Que los hechos constatados por el fiscalizador en cumplimiento de sus funciones y contenidos en su informe de fiscalización, gozan de presunción legal de veracidad, en conformidad a la Ley Orgánica del Servicio. Ello, en concordancia con lo dispuesto el artículo 1689 del Código Civil, determinan que el onus probandi corresponderá a la reclamante, quien deberá acreditar sus alegaciones, esto es que no existe relación laboral. En efecto, si se determina que no existe relación laboral todas las multas aplicadas serán dejadas sin efecto toda vez que parten del supuesto de que tal relación existe. Por el contrario si se determina que tal relación existió, tales multas se mantendrán toda vez que la reclamación será rechazada. En tal sentido la reclamante ha rendido la prueba señalada en el considerando tercero de este fallo, la cual apreciada conforme a las normas de la sana crítica permite tener por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que no se escrituraron contratos de trabajo respecto de los siguientes personas y periodos: Cristian Soto, 01/06/2008; Francisco Isla, 01/09/2008; Francisco Silva, 01/07/2008; Cristian Álvarez, 01/07/2008; Manuel Villanueva, 01/07/2008; Ignacio Sandoval, 01/09/2008; Romina Contardo, 01/04/2008; Viviana Fuentealba, 01/09/2008, Andrea Álvarez, 01/06/2008, y Rodrigo Ponce, 01/07/2008.

2.- Que no se entregaron liquidaciones de remuneración, por los periodos y respecto de las personas señaladas en el número anterior.

3.- Que no se declaró oportunamente las cotizaciones previsionales en la AFP, respecto de las personas y periodos señalados en el punto número uno.

4.- Que no se entregó ejemplar escrito del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad a los personas indicados precedentemente.

5.- Que no se informó a las personas indicados precedentemente, acerca de los riesgos laborales, las medidas preventivas pertinentes y los métodos de trabajo correcto.

6.- Que no se declaró oportunamente las cotizaciones previsionales del seguro de cesantía respecto de las personas y periodos ya indicados.

7.- Que no existían servicios higiénicos independientes y separados para hombres y Mujeres.

Los precedentes hechos se desprenden, de los documentos signados con los números 1 y 2 del considerando tercero de este fallo.

8.- Que a la fecha de la fiscalización, no existía relación laboral entre Francisco Andrés Isla Duarte y la reclamada, lo que fluye de sus propias declaraciones.

9.- Que Cristian Álvarez Álvarez, declara en un proyecto de transacción, firmado por él, que la prestación de servicios que realizó para la reclamada, no fue de naturaleza laboral, principalmente por ausencia del vínculo de subordinación o dependencia, porque no había continuidad en los servicios, los que se prestaban en forma esporádica, ni existió cumplimiento de jornada de trabajo, como tampoco se encontró sujeto a instrucciones ni a disposición de la sociedad reclamante.

Los hechos precedentes, esto es los signadas con los números 8 y 9, se deprenden de las probanzas 3 y 5, del considerando tercero de este fallo.

Por último la declaración de la testigo Mónica Castillo Flores nada aporta a las pretensiones de la actora toda vez que se refiere a su situación personal y no a la de las personas involucradas en la resolución de multa. Sus demás declaraciones relativas a la demora del fiscalizador en realizar su cometido, son impertinentes a lo controvertido.

SEXTO: Que las probanzas rendidas por la reclamante, permiten tener acoger la reclamación toda vez que ellas, apreciadas en conformidad a las normas de la sana crítica permiten sostener que la reclamada al momento de imponer las multas no tuvo elementos para sostener fundadamente que existiera una relación de naturaleza laboral entre la reclamante y las 10 personas indicadas en su resolución de multa como trabajadores, entendiéndose aquella como toda prestación de servicios convenida entre el empleador y el trabajador, por la cual se obliga este último a prestar servicios continuos o permanentes de carácter personal, bajo dependencia y subordinación del primero y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Por el contrario, se limitó a constatar infracciones, sin tener elementos suficientes para sostener que existía una relación laboral que vinculara a las personas que prestaban servicios con la actora y que lo habilitara para imponer las 7 multas que cursó.

SEPTIMO: En, efecto la copia de la resolución que impone la multa y su acta de notificación permiten tener por establecidos los hechos que se han dado por acreditados y que se describen en el considerando tercero con los números 1 al 7. A tales hechos el fiscalizador les atribuye el carácter de infracciones laborales y señala que los constató en forma personal. Lo que no aparece de su resolución es porqué estimó que existía una relación laboral entre el reclamante y los prestadores de servicio que él denomina trabajadores, cuando ninguna constatación fáctica realizó en tal sentido. Ello lo confirma la declaración del testigo Francisco Isla que expone que a la fecha de la imposición de la multa él no era trabajador de la reclamante. Por su parte, el proyecto de transacción firmado por Cristian Álvarez ante la Notaría Podlech de esta comuna, nos conduce a la misma conclusión, toda vez que en tal documento el firmante reconoce que la prestación de servicios que realizó para la reclamante, no fue de naturaleza laboral, sino civil, principalmente por ausencia del vínculo de subordinación o dependencia, porque no había continuidad en los servicios, los que se prestaban en forma esporádica, ni existió cumplimiento de jornada de trabajo, como tampoco se encontró sujeto a instrucciones ni a disposición de la sociedad reclamada.

OCTAVO: Que por otro lado, la constatación de las infracciones ya detalladas, en nada nos debe sorprender toda vez que al no existir una relación laboral, evidentemente no puede haber contrato de trabajo escrito, liquidaciones de remuneración, declaración y pago de cotizaciones previsionales y de cesantía, reglamento interno, derecho a saber, ni tiene porqué cumplirse con la exigencia de existencia de baños separados para hombres y mujeres. Tales hechos, no pasan de ser más que una manifestación de la inexistencia de la relación laboral.

NOVENO: Que, por otro lado, las probanzas rendidas por la actora se han visto complementadas por las presentadas por la parte reclamada, toda vez que de ellas, apreciadas en conformidad a las normas de la sana crítica, se pueden desprender los siguientes hechos:

1.- Que la fiscalización se realizó por instrucciones de la Dirección Regional del Trabajo, esto es, de oficio.

2.- Que al momento de realizar la fiscalización, habían 10 personas en la discoteca Apache prestando servicios, 7 hombres y 3 mujeres.

3.- Que las personas que se encontraban prestando servicios en el local, registraban su asistencia los días que eran llamados a trabajar en un libro de registro de horas y firmas.

4.- Que no existían contratos de trabajo ni liquidaciones ya que según lo informado por el representante del empleador dicha documentación no existía por cuanto a los jóvenes presentes se les cancelaba con boleta de honorarios emitidas por la empresa. Se sanciona entonces a la reclamante, por no escriturar contratos de trabajo, por no entregar el comprobante de pago de remuneraciones y por no declarar las cotizaciones previsionales y de cesantía.

5.- Que no se exhibió acta de entrega de reglamento interno de higiene y seguridad y las charlas del derecho a saber a trabajadores, sancionándose por estos hechos.

6.- Que el recinto cuenta con un solo baño para los trabajadores, sancionándose por este hecho.

Todos los hechos que se han dado por acreditados precedentemente, se desprenden del “informe de fiscalización” contenido en el formulario N°11, en el “acta de entrevista y revisión documental” contenida en formulario N°4/6 y en el “acta de hechos constatados relativos a condiciones de salud y seguridad básicas en los lugares de trabajo”, contenida en formulario N°26.-

7.- Que los hechos constatados por el fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Valdivia, y que se contienen en el formulario N° 8 denominado “acta de constatación de hechos en terreno”, son exactamente los mismos señalados en la resolución de multa y que constituyen las supuestas infracciones que han sido objeto de multas.

DECIMO: Los antecedentes referidos en el considerando precedente, complementan las probanzas aportadas por la reclamante porque de ellas se desprenden indicios de que la relación no era de naturaleza laboral. A saber, el hecho de que las personas que prestaban servicios concurrieran a trabajar, sólo cuando eran llamados y podían hacerlo, cancelándoles por tales servicios con boletas de honorarios y por otro lado el hecho de que en ninguna de las 4 actas de constatación de hechos realizadas por el Fiscalizador Luis Rubio, aparezca mención alguna a la existencia de la relación laboral, salvo la referencia a la existencia del registro de asistencia, son indiciarios de que tal relación no existía.

UNDECIMO: Por otro lado la existencia de un libro de registro de asistencia, hecho que si se constató, y del que da cuenta el formulario N°11, no permite concluir algo distinto, menos cuando en él figuran aproximadamente 35 a 37 personas y al momento de la fiscalización habían sólo 10 desempeñando funciones, según lo constatado por el propio fiscalizador y menos cuando tales personas eran llamadas para ciertas ocasiones, dependiendo del día y de la afluencia de público. Lo anterior, por el contrario nos permite concluir que tales prestadores de servicio, no se encontraban a disposición de la empresa multada, sino que acudían, a petición telefónica de la administradora, cuando podían a su entera voluntad, y para el caso que no pudiesen concurrir se llamaba a otra persona del listado, conclusión que descarta la continuidad de los servicios exigida para estimar existente la relación laboral.

DUODECIMO: Concuerda con lo anteriormente concluido lo declarado por el propio fiscalizador Luis Rubio Araya, quien expone que cuando le informó del procedimiento de fiscalización a la administradora del local y le preguntó quién convocaba a los trabajadores, porque en el registro de asistencia figuran aproximadamente 35 a 37 trabajadores y no todos estaban presentes al momento de la fiscalización, ella le respondió que era ella misma quien telefónicamente los llamaba para ciertas ocasiones por lo que no necesariamente tenían que estar todas las personas que figuraban en el registro de asistencia, ello dependía del día, porque habían días que tenían más o menos movimiento según la afluencia de público, o del fin de semana ya que si era fin de mes o quincena ella convocaba a más trabajadores.

DÉCIMO TERCERO: Que la conclusión expuesta no se puede ver modificada por la sentencia dictada en causa RIT M 2-2008, seguida entre Luis Mauricio Cañete Villanueva y Sociedad Apache Inversiones Limitada, toda vez que, si bien en ella se da por establecida la relación laboral entre las partes, el trabajador demandante no se encontraba dentro de las personas que prestaban servicios a la actora al momento de la fiscalización, de hecho la sentencia fue dictada acogiendo la demanda con las probanzas aportadas y en rebeldía del demandado con fecha 24 de noviembre del año 2008 y la fiscalización se realizó con fecha 18 de diciembre del año 2008.

DECIMO CUARTO: Que se ha resuelto en forma reiterada por la E. Corte Suprema que si bien la Dirección del Trabajo tiene las facultades de fiscalización que le confiere su estatuto orgánico y los artículos 503 y 505 del Código del Trabajo, éstas sólo deben ejercerse cuando se sorprendan claras infracciones a la legislación laboral. En el caso que nos convoca tal claridad estaría dada por la irrefutable existencia de la relación laboral y la concurrencia prístina de las infracciones constatadas, toda vez que no puede sostenerse la imposición de infracciones de naturaleza laboral a prestaciones de naturaleza dudosa o derechamente de naturaleza civil. A juicio de esta Juez tal claridad no existe, y no existe ya que no se constató previamente a imponer las sanciones que faculta la Ley a la autoridad administrativo, el presupuesto sine qua non para hacerlas procedentes, cuál es la existencia de la relación laboral. Nada se dijo en las diferentes actas levantadas por la inspección del Trabajo de Valdivia, sobre cuál era la prestación de servicios de carácter personal y continuo que desarrollaba cada persona al momento de realizar la inspección; nada se constató tampoco sobre su remuneración, naturaleza, monto, ni periodicidad; elementos todos que son de la esencia de una relación laboral. Si mencionó el Fiscalizador el procedimiento utilizado para llegar a imponer las multas, y a este respecto detalla que en la visita inspectiva entrevistó a los supuestos trabajadores y requirió el libro de asistencia y la documentación laboral, comprobando que dicha documentación no existía por cuanto según lo informado por la administradora a los “jóvenes presentes se les cancelaba con boleta de honorarios emitidas por la empresa”.

DECIMO QUINTO: Que no existiendo duda sobre la existencia de la relación laboral, procedía la aplicación de sanciones por las infracciones constatadas , sin embargo, en este caso, sólo se constataron infracciones sin constatar la existencia de la relación laboral, y digo constatar y no declarar, toda vez que esta última es materia de carácter jurisdiccional y por consiguiente de competencia exclusiva de los Juzgados de Letras del Trabajo en conformidad a lo dispuesto en el artículo 420 letra a) del Código del ramo. Por lo concluido y expuesto latamente, se acogerá la reclamación dejando sin efecto la resolución que impone las multas impugnadas.

Y visto lo dispuesto en los artículos 7, 8, 446 y siguientes, 503 y siguientes del Código del Trabajo, se resuelve:

Que se acoge la reclamación interpuesta dejando sin efecto la resolución de multas N°420/08/95 de fecha 18 de diciembre del año 2008.

Que no se condena en costas a la reclamada por haber tenido razones plausibles para litigar.

RIT I-2-2009.- RUC 09-4-0009894-5.-



Resolvió Inge Müller Méndez, Juez del Trabajo de Valdivia.



En Valdivia, a quince de junio de dos mil nueve, notifiqué por el estado diario la sentencia que precede.

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